El Ministerio de Salud resolvió lo siguiente: “Que la Unidad Administrativa requerida alega un justo impedimento según lo establecido en el artículo 85 de la Ley de Procedimientos Administrativos, en relación con el Artículo 146 del Código Procesal Civil y Mercantil, ya que al encontrarnos en la fase III de contagios debido a la pandemia Covid-19, no cuentan con el personal mínimo necesario para ejecutar sus funciones en cumplimiento a las medidas de distanciamiento social”

El artículo 85 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que “Cuando por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente calificado por el órgano competente, no puedan realizarse las actuaciones para las que el plazo se establezca, el interesado podrá solicitar la reposición de las actuaciones y la habilitación de un nuevo plazo. La solicitud deberá presentarse dentro de los cinco días posteriores al día en que hubiera cesado la causa que la motive y no producirá por sí misma la suspensión del procedimiento”.

El Artículo 146 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que “Al impedido por justa causa no le corre plazo desde el momento en que se configura el impedimento y hasta su cese. Se considera justa causa la que provenga de fuerza mayor o de caso fortuito, que coloque a la parte en la imposibilidad de realizar el acto por sí”

Para Sandoval con esta justificante el Ministerio de Salud niega a la población conocer detalles sobre el uso de fondos públicos para enfrentar la pandemia.

El Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador, ALAC, de la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE, solicitó información al ministerio de Salud Pública sobre compras de medicamentos realizadas por el Estado entre enero y abril de 2021, en el marco de la pandemia.

La institución negó el acceso a la información que debe ser pública, según explicó el coordinador de ALAC, Wilson Sandoval.

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, ve con preocupación la decisión tomada en las distintas comisiones de la Asamblea Legislativa en cuanto a enviar a archivo las propuestas de ley sobre diferentes temáticas presentadas principalmente por organizaciones sociales antes del 1 de mayo del corriente año.

Una de las normativas fue la “Ley para el Reconocimiento y Protección Integral de las personas Defensoras de Derechos Humanos, para la Promoción y Garantía del Derecho a Defender Derechos”.

Según la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos” es responsabilidad de los Estados generar los ambientes propicios para la defensa de derechos humanos y libertades fundamentales, para ello deben crearse los marcos normativos internos que sean necesarios a fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos.

Sin embargo, para la Directora de Fortalecimiento a la Institucionalidad del Estado, Transparencia y Anticorrupción de FESPAD, Loyda Robles, no se tiene claro por parte de la Asamblea Legislativa cuál será la ruta de formulación de ley, más bien pareciera ser que hay una línea de no proteger las minorías en el país.

La otra cara del Programa de Emergencia Sanitaria PES: la sombra de extorsiones y desapariciones

En cada camión repartidor de alimentos va un motorista, un registrador o digitador, tres auxiliares de carga y dos soldados. Los camiones van en caravana desde que salen de la exterminal SITRAMSS y a veces llevan un guía que tiene como tarea ir mostrando los lugares que son desconocidos para los motoristas.

En las zonas consideradas de alto riesgo, deben pagar a las pandillas $10 dólares de extorsión por cada camión que ingresa. Así lo confirmó uno de los repartidores despedidos. Aunque puntualizó en que ahora ya no pasa tanto desde que los acompañan soldados en los camiones. Añadió que con los militares se sienten más seguros, pero aún con ellos “siempre hay desordenes”, dijo sin detallar.

El domingo 25 de abril un vídeo que circuló en redes sociales alertaba sobre un despliegue militar, luego de un ataque armado de pandilleros contra el personal que realiza repartición de paquetes de alimentos en Apopa. Según la breve descripción del vídeo, los pandilleros se enfrentaron con soldados que custodiaban los vehículos repartidores de alimentos en los alrededores del Instituto Nacional de Apopa.

Una hora después, exactamente a las 10:59 de la mañana, el ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, mediante su cuenta de Twitter calificó la información de falsa. “La difusión en redes sociales respecto a un ataque armado entre pandilleros y soldados mientras se entregaban paquetes PES en Apopa es totalmente falsa. Existen medios en redes sociales dedicados a desvirtuar la información y provocar pánico en la población”, escribió el ministro.

Dos minutos después, la cuenta de la Policía Nacional Civil también desmintió la información: “Lamentamos que algunos sectores sigan buscando desestabilizar la tranquilidad del pueblo salvadoreño”, se lee en el tuit de la cuenta institucional. El director de la PNC Mauricio Arriaza agregó: “No a la desinformación, no a las viejas prácticas del pasado, de meterle temor a la población. Estamos comprometidos con los salvadoreños, en llevarles la ayuda a las puertas de sus casas”. Así se desvaneció la información y se dio por hecho su falsedad.

Radio YSUCA conversó con varios repartidores de alimentos del programa PES, quienes confirmaron lo ocurrido. Uno de ellos dijo que la información había circulado en los grupos de WhatsApp de los repartidores, incluso uno de los coordinadores pidió que no salieran del centro de acopio por su seguridad.

En el audio se escucha al coordinador dando indicaciones ante lo que sucedía.

¿Sabía usted que ha habido operativos militares para buscar a trabajadores del PES que han desaparecido mientras realizaban la entrega de alimentos?

Distintos testimonios de personas que han trabajado en el reparto de paquetes de alimentos coinciden en que ha habido desapariciones, pero la información se maneja con hermetismo. De parte del Gobierno se ha ocultado la información.

Las violaciones laborales no son las únicas dificultades que enfrentan los trabajadores del programa PES. Actuales y exempleados de las empresas subcontratadas por el Gobierno para realizar las entregas de alimentos, coinciden en que ha habido operativos militares para buscar a algunos trabajadores que han desaparecido mientras hacían las entregas.

“La vez pasada secuestraron a una muchacha, la violaron. Igual hubo operativos. Los soldados la encontraron, pero nadie dijo nada”, expresó una de las fuentes que prefirió no ser identificada. Agregó que supo del caso porque los soldados le contaron. “En otro departamento se perdió un digitador, de ese digitador nadie supo nada. Hace poco se perdió otro y lo encontraron degollado”, agregó la fuente.

Los repartidores del PES se han enterado de algunas desapariciones, pero afirman que en los grupos nunca se menciona nada de lo que sucede en las zonas donde entran, aunque sí suceden cosas, pero todos callan. “Ahí lo que pasa no se dice (…) Todo queda como falso”, comentó uno de los trabajadores.

Otros aseguran que han ocurrido hechos que han puesto en riego a los trabajadores, lo que ha provocado deserción.

Días atrás, personal de la Fiscalía General de la República dijo que se habían localizado 25 cadáveres. El criminalista Israel Ticas de la Fiscalía, expresó que eran alrededor de 15 los cuerpos en la primera fosa, entre ellos, las dos mujeres por las que se conoció el caso el 8 de mayo.

El Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, dijo que iniciarán un proceso disciplinario contra la fuente de la Fiscalía que divulgo información del caso Chalchuapa.

Mientras acusan a la prensa por difundir información sobre caso Chalchuapa, instituciones no se ponen de acuerdo con las cifras de cuerpos encontrados en la zona.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, acusó a los medios de comunicación por consultarles cuántos cuerpos se encuentran en una fosa ubicada en la colonia Las Flores, en Chalchuapa.

El ministro Villatoro, calificó como “torpe” el manejo de la información de los medios con relación a los asesinatos, mientras los funcionarios de la Fiscalía General de la República y Ministerio de Justicia daban distintos resultados.

Tensión, miedo e inseguridad en Chalchuapa

Escuche los detalles en la siguiente nota: