#LaEntrevistaYSUCA | Miércoles 28 de abril:

Informe del OUDH, con Manuel Escalante, subdirector del IDHUCA y coordinador general del OUDH.

La Sala de lo Constitucional mandó a los diputados diseñar una Ley de Reconciliación Nacional, tras la derogatoria de la Ley de Amnistía en julio de 2016.

Montenegro dijo que diversas organizaciones de víctimas del conflicto armado han presentado propuestas para la consolidación de la ley de reconciliación, sin embargo los diputados salientes no han escuchado sus propuestas.

Montenegro espera que la nueva legislatura abra las puertas para una verdadera discusión de una ley de justicia transicional con: verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición.

El director Ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Miguel Montenegro, lamentó que la Asamblea Legislativa saliente haya insistido en querer ratificar la Ley de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional que los parlamentarios aprobaron en febrero del año pasado y que el presidente de la República vetó.

De acuerdo con Montenegro es irresponsable que en sus últimos días los diputados salientes quieran avalar una ley que beneficia a los victimarlos y no a las víctimas.

También, Sonia Girón, enfermera del Hospital de San Miguel, dijo que desde que inició la pandemia, un grupo de enfermeras fueron despedidas, con el justificante que el tiempo por el que habían sido contratadas había terminado. Luego de negociar con las autoridades, a través del sindicato, fueron reinstaladas pero luego despedidas, de nuevo, asegurando que se encontraban mal evaluadas.

Por otro lado, Petronila Miranda, auxiliar de estadística de documentos médicos, del Hospital Nacional de Suchitoto, expone que el director y la administradora del centro han notificado a los empleados que deben realizar la devolución del dinero correspondiente al bono otorgado durante la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno. También los pagos que recibieron correspondientes a nocturnidad y vacaciones. De no devolver este dinero, será descontado en planilla.

Empleados de los hospitales de San Miguel, Suchitoto, Chalatenango y en San Salvador, el Hospital El Salvador, acompañados del Sindicato de trabajadores de Salud (SITRASALUD) denuncian actos arbitrarios por parte de las jefaturas, quienes los instan a que devuelvan bonos otorgados durante la cuarentena, pagos de nocturnidad y de vacaciones. Además, denuncian despidos realizados mediante evaluaciones amañadas.

Un empleado despedido del Hospital El salvador, quien pidió el anonimato, manifestó que al negarse a prestar su servicio en su día de descanso, las autoridades le notificaron que sería cesado de sus labores. El trabajador desempeñaba como motorista de ambulancia y en sus días de descanso trasladaba las vacunas resguardadas en el CENABI en El Matazano.

De acuerdo con el apoderado Legal de la Corte de Cuentas de la República, José Napoleón Domínguez, el paro de labores iniciado por el Sindicato de Trabajadores de la institución está afectando la fiscalización de la ejecución de los fondos públicos.

El apoderado legal del ente contralor acudió al Juzgado de lo Laboral para solicitar que emita una medida cautelar y que suspenda el cierre y se aperturen las instalaciones de la Corte de Cuentas de la República.

De acuerdo con Karl, en El Mozote se encontraba un asesor militar de Estados Unidos, se trata del sargento mayor Bruce Hazelwood, que pudo haber conocido las órdenes verbales que se dieron durante el crimen.

La experta señala que la presencia de un asesor militar estadounidense en medio de una operación como la descrita en aquella época era ilegal. Terry Karl asegura que el militar se negó a hablar con ella.

Luego de la masacre de El Mozote la ayuda financiera formal de Estados Unidos a El Salvador aumentó significativamente señala la perito.

Por segundo día consecutivo, la perito Terry Karl continúa brindando su declaración en una audiencia de adelanto de pruebas en la causa penal que enfrentan 15 militares retirados por la masacre de El Mozote y sitios aledaños, en el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán.

La experta estadounidense dijo que en El Salvador se implementó una estrategia de exterminio, sin diferenciar entre combatientes y civiles y agregó que un grupo de oficiales planificó, ordenó, coordinó y encubrió tal estrategia y que operaciones, como la que derivó en la masacre de El Mozote, sólo eran posibles con la participación activa del Alto Mando del Ejército.

Karl dijo que esto está escrito en planes operacionales del batallón Atlácatl, por otra parte la perito señala que este grupo armado no tenía un destacamento militar en concreto, si no que dependían de una cadena de mando directa.

Las autoridades pueden hacer uso de la fuerza en un caso extremo, sin embargo para neutralizar a un individuo. No obstante durante el 2020 en 33 municipios hubo más asesinados que lesionados por parte de agentes de seguridad pública.

En cuanto a homicidios el informe del OUDH reveló que durante el 2020 se reportaron mil 332 homicidios, una baja del 44 % comparada con el 2019.