90 días de atraso en el salario denuncian maestros interinos, hora clase y técnicos.

Sandoval dijo que los funcionarios públicos saben que no recibirán un castigo penal por violar la ética, saben esquivar la ley y hay una institucionalidad débil en el país para la persecución del delito.

Esta debilidad institucional se podría agravar a partir del 1 de mayo, cuando los partidos políticos afines al Gobierno tomen el control de la Asamblea Legislativa y de los consejos municipales, lo que podría llevar a que desaparezca la rendición de cuentas en el país, advirtió Sandoval.

La Fiscalía General de la República se encuentra realizando un allanamiento en la Asamblea Legislativa en búsqueda de más de mil plazas irregulares o plazas fantasmas. Dicho procedimiento se da después de una denuncia del sindicato del congreso.

El tema de las plazas fantasma se venía denunciando desde hace mucho tiempo, por lo que debió haber sido investigado de oficio por la Fiscalía, según el coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, ALAC, de la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE, Wilson Sandoval.

Además, cuestionó que se critique las plazas fantasmas y se le reste importancia al tema del nepotismo, ya que ambos rompen el principio de probidad, que implica la moralidad, integridad y honradez en las acciones de los funcionarios públicos

En Nicaragua se anunció que para este fin de semana nuevamente los precios de los combustibles tendrán alzas, con lo cual suman 19 semanas consecutivas de incrementos.

La población se queja por estos incrementos que se traducen también en el aumento de los precios de los productos alimenticios.

Actualmente los litros de combustibles se cotizan en 1.10 dólares la gasolina súper, 1.5 dólares la gasolina regular y el diésel 0.91 centavos de dólar, pero estos precios van a variar con la nueva alza.

El reporte con todos los detalles en la voz del periodista Freddy Ríos de Radio Universidad en Nicaragua.

La Corte de Cuentas de la República ha presentado un informe definitivo sobre las auditorías que se han realizado por la entrega de bolsas alimenticias e insumos agrícolas durante la pandemia.

Según el informe dado a conocer por el organismo contralor, es necesario señalar dos acciones de control, las cuales tienen que ver con la adquisición y distribución de dichos productos.

Para el presidente de la Corte de Cuentas de la República, Roberto Anzora, hay una serie de hallazgos que pueden derivar algunos en responsabilidades administrativas y otros que pueden ser patrimoniales, según como se tramite en la Cámara de Primera Instancia.

Los docentes marcharon desde el monumento al Divino Salvador del Mundo hacia Casa Presidencial, fueron atendidos por un representante de CAPRES quien recibió las solicitudes de los tres mil docentes, según Zúniga.

Más de 3 mil docentes de diversos puntos del país han sido contratados por el Ministerio de Educación, bajo el concepto de servicios profesionales.

Al respecto, Idalia Zúniga, secretaria general del Frente Magisterial Salvadoreño, propone que el Gobierno deje de publicar las plazas oficiales y trasladar a los docentes interinos a plazas que son por Ley de Salario.

Por su parte, Teresa Hernández de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) señaló que muchas familias aún no tienen seguridad de los terrenos, por lo que piden al Ministerio de Vivienda concretar el proceso de escritura que manda la ley.

Mediante una carta el Movimiento por la Defensa de la Tierra de El Salvador (Movitierra) y la Fundación para la Aplicación del Derecho (FESPAD), solicitaron una nueva audiencia al Ministerio de Vivienda, con el propósito de fortalecer una acción conjunta para hacer efectivo el Decreto Ejecutivo 505 y sus reformas, a favor de las comunidades asentadas en la zona de la línea férrea.

Las organizaciones solicitaron una audiencia hace un año sin embargo no obtuvieron respuesta alguna sobre esa petición.

Maritza López de MOVITIERRA explicó que muchas familias beneficiadas se sienten en la incertidumbre, ya que el actual Gobierno no les ha dado la escritura respectiva.

Los terrenos en los que actualmente las familias viven fueron otorgados a través de un Decreto en los años ochenta, los propietarios en su momento tuvieron que pagar mediante créditos. De estos terrenos han sido tomadas de forma irregular por la compañía Azucarera quienes en su momento realizaron un acuerdo legal de arrendamiento.

Ante esto, las afectadas exigen una respuesta al gobierno y exponen su indignación, manifestando que se sienten ofendidas tras la usurpación de estas tierras que desde 2013 han venido luchando por obtener respuesta sobre sus terrenos expropiados.