Nelson Ayala, es profesor del Instituto Nacional de Arcatao. Nació en una guinda cuando su familia huía de su comunidad hacia la zona conocida como Chupamiel en Honduras. Conoce muy bien las estrategias de los militares y los gobiernos y cree que el discurso de cerrar el paso de droga es solo una fachada usada para quebrar el nivel de organización que tienen las comunidades de Chalatenango y obtener beneficios políticos en períodos electorales.

El narcotráfico, la segunda excusa para militarizar

A medida pasaba el tiempo y se comenzaban a abrir los espacios públicos y el comercio se reactivaba, Arcatao seguía cerrado. Ya no era válida la justificación de la pandemia. Entonces surgió otro argumento, debía seguir vigilado por ser un paso de droga y contrabando.

En octubre de 2020 el presidente Nayib Bukele le solicitó al ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, que reforzara la presencia militar en los municipios de Arcatao, San Fernando, San Ignacio y Nueva Trinidad, todos municipios de Chalatenango.

La petición se debía, según el presidente, a que se buscaba vigilar y restringir el paso de droga y contrabando que hay en esos municipios fronterizos con Honduras. Bukele, además de reforzar la zona con militares, sin pruebas, acusó a los alcaldes de esos municipios de ser cómplices del narcotráfico.

Pero el discurso del presidente no convence a don Julio, un residente de Arcatao que sufrió la guerra y siguió de cerca el proceso de desmilitarización, fruto de los Acuerdos de Paz. Es por eso que no entiende la orden de nuevamente militarizar la zona.

Asegura que no ha observado beneficios a partir de la presencia de los soldados en los pasos fronterizos. Tampoco se ha enterado de decomisos de droga. A su juicio, el presidente debería retirar las tropas de Arcatao que no han dejado buenos frutos, solo violaciones a los derechos de los pobladores.

La pandemia fue la causa del cierre del paso en los puntos fronterizos. Hasta ahí, los habitantes de Arcatao estaban de acuerdo, pues el contagio del covid-19 les preocupaba. Sin embargo, comenzaron a observar acciones que no eran precisamente para protegerlos, sino, todo lo contrario, violaba sus derechos.

En plena pandemia los militares no dejaron que las comunidades se abastecieran de insumos como mascarillas y alcohol gel que urgían para hacer frente al nuevo virus. Cuando se suponía que el objetivo era proteger a la población, los soldados restringieron el paso entre los mismos cantones de Arcatao e intentaron bloquear el ingreso de insumos médicos, poniendo en riego la salud de los lugareños.

Un feligrés de la iglesia católica estuvo a punto de ser golpeado y remitido a un centro de contención por querer llevar insumos médicos a su comunidad. Ese caso lo narró Nelson Ayala, profesor residente en Arcatao, quien considera que los miliares han sobrepasado sus funciones en la frontera.

Julia no cree que los soldados estén ahí para cuidarlos. Han detenido a jóvenes de manera injustificada, han decomisado granos básicos a los agricultores y han acosado a mujeres de la comunidad.

El discurso de que estaban ahí para cuidar el paso y proteger a la población de un contagio de covid-19 se desvaneció y los pobladores comenzaron a creer que su estadía en la frontera tenía otros fines.

Los soldados también instalaron sus puestos en zonas recreativas de la comunidad, limitando el acceso a ellos.

Para Julia, los militares no aportan nada en Arcatao, más bien han llegado a quitar la paz.

Arcatao es un municipio de Chalatenango que se encuentra a 135 kilómetros de San Salvador. Durante la guerra fue uno de los municipios más afectados, a tal punto que se convirtió en un pueblo fantasma por un tiempo. Ahí se registraron combates entre la guerrilla y el Ejército. Para salvar sus vidas, los habitantes tuvieron que desplazarse a otras zonas del país. Otros huyeron a Honduras.

Para quienes vivieron la guerra no es fácil ver soldados en la zona, el escenario les suena a represión, sobre todo a las madres a quienes los militares les asesinaron a sus hijos. Es el caso de Julia, quien a sus 69 años aun recuerda cuando los soldados mataron a 5 de sus hijos. Otros 4 le quedaron lisiados.

En 1986 llegó a Arcatao y el fantasma de la guerra todavía la persigue. La militarización que inició en 2020 en Arcatao no ha hecho sino recordarle lo que vivió hace más de 30 años.

“Lo hizo para cerrar la frontera y dejarnos a nosotros aquí como que nos tiene en la cárcel”, se lamenta don Juan, habitante de Arcatao, un municipio de Chalatenango fronterizo con Honduras.

Don Juan no ha podido ver a su hermana que gravemente enferma agoniza en la zona de los exbolsones. Los soldados se lo impidieron. “Yo pedí permiso a los militares aquí y me dicen que no pueden dar permiso (…) Dicen que es una orden que tienen del presidente”.

A casi un año que los soldados se radicaran en varios puntos fronterizos de Chalatenango y cerraran el paso a los mismos salvadoreños que viven en los exbolsones debido a la pandemia, la preocupación de don Juan crece porque no ve algún beneficio para los habitantes, solo observa violaciones a sus derechos.

Desde marzo de 2020 con la llegada de la pandemia hubo restricciones en las fronteras terrestres para evitar el contagio del covid-19. Pero además se reforzaron los pasos fronterizos por donde los salvadoreños que quedaron en los exbolsones, luego del fallo de 1992 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), pasan hacia El Salvador para asistir a las unidades de salud, iglesia, escuelas y comprar y vender productos.

La orden de cerrar los pasos fronterizos no le gusta a don Juan sobre todo porque viene del presidente Bukele, quien durante su campaña presidencial llegó a Chalatenango para hacer promesas que no ha cumplido. Tampoco le gusta la medida porque le recuerda a la guerra civil que vivió en los años 80.

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