Desde hace un mes, el presidente emitió un acuerdo que faculta a las fuerzas armadas para realizar tareas de seguridad pública. El decreto despertó una ola de críticas porque pone en peligro de abusos a la población e incumple con la obligación de formar policías civiles profesionales. Alejandro Madrazo Lajous, profesor-investigador del CIDE; nos da su punto de vista. 

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