El 6 de junio de 1981, Marlene Gularte fue secuestrada por fuerzas de seguridad del Estado en la calzada San Juan. Era maestra, sindicalista y militante del Frente Magisterial de Guatemala. Estaba embarazada de seis meses al momento de su desaparición. Su caso ilustra la persecución contra el movimiento magisterial durante el Conflicto Armado Interno y la violencia dirigida específicamente hacia las mujeres.

El 22 de marzo de 1979, Manuel Colom Argueta fue asesinado en la zona 9 de Ciudad de Guatemala, tras una persecución coordinada por fuerzas de seguridad del Estado. Había sido alcalde capitalino entre 1970 y 1974 y fundó el Frente Unido de la Revolución (FUR), con el que buscaba postularse a la presidencia. Su liderazgo popular, su defensa de la democracia y su oposición frontal al autoritarismo lo convirtieron en blanco del régimen de Romeo Lucas García.

El 31 de enero de 1980, un grupo de personas ocupó pacíficamente la embajada de España en Ciudad de Guatemala para denunciar las malas condiciones laborales y las masacres cometidas por el Ejército en sus comunidades en Quiché. El gobierno de Romeo Lucas García respondió con represión: la policía rodeó el edificio y lo incendió con 39 personas adentro. Murieron 37, entre ellas estudiantes, diplomáticos y líderes del Comité de Unidad Campesina.

El 13 de enero de 1971, el abogado y exdiputado Óscar Adolfo Mijangos López fue asesinado frente a su oficina, en la esquina de la 9 calle y 4 avenida de la zona 1 de Ciudad de Guatemala. Había denunciado la represión estatal y defendía los derechos laborales desde el Congreso. Su pensamiento crítico y su oposición al poder lo convirtieron en un claro objetivo a eliminar. Hoy, una placa en la acera recuerda el lugar donde fue ejecutado.

El 15 de mayo de 1984, Rubén Amílcar Farfán fue secuestrado por las fuerzas de seguridad del Estado en la esquina de la 12 avenida y 9 calle, de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. Era sindicalista, estudiante de Humanidades y corrector en la editorial de la Universidad de San Carlos. Su nombre y fotografía aparecieron en el Diario Militar. Desde entonces, su familia, especialmente su hermana Aura Elena Farfán, se ha dedicado a buscar justicia por Rubén y los miles de desaparecidos durante en la guerra.

El 2 de marzo de 1985, en Quetzaltenango, Joaquín Rodas Andrade fue detenido por las fuerzas de seguridad del Estado guatemalteco y desaparecido. Era maestro, dirigente estudiantil y militante político. Su caso fue documentado en el Diario Militar y años más tarde llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado por su desaparición forzada.

Entre 1981 y 1988, durante el Conflicto Armado Interno, el Ejército instaló un destacamento militar en las afueras de San Juan Comalapa, Chimaltenango. En ese lugar fueron torturadas, asesinadas y enterradas decenas de personas. Años después, gracias al trabajo de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala y la FAFG, se exhumaron más de 200 osamentas. Hoy, en ese mismo terreno, funciona «Paisajes de la memoria»,  un memorial que honra a las víctimas de desaparición forzada.

En julio de 2005, por una denuncia vecinal, se descubrieron miles de documentos abandonados en una antigua sede de la Policía Nacional en la zona 6 de Ciudad de Guatemala. Ese hallazgo dio origen al Archivo Histórico de la Policía Nacional, un acervo con más de 80 millones de folios que revelan el funcionamiento de una de las instituciones clave en la represión estatal durante el Conflicto Armado Interno.

 Rosalina Tuyuc tuvo que dejar su casa y a su familia para resguardar la vida durante el Conflicto Armado Interno. Perseguida por su activismo y marcada por la pérdida de su padre y su esposo, su historia está atravesada por el desplazamiento forzado y la incansable búsqueda de los desaparecidos. Durante años, se ha enfrentado al miedo y a la incertidumbre con la convicción de que la memoria histórica es un acto de justicia.

Julia Corado soñaba con ser periodista desde joven. Pero, a la parte emocionante y vocacional, la de las aulas, las coberturas y la redacción, se sumó el riesgo, el miedo, la criminalización. Cuando la Fiscalía puso el ojo en ella y en sus colegas, tuvo que irse de Guatemala. Ahora, desde el exilio, sigue trabajando como codirectora del medio EPinvestiga. Su historia refleja el alto costo de informar en un país donde la verdad incomoda al poder.

Un podcast de Ir y venir.