El llamado proceso de diálogo entre representantes de la Asamblea Nacional legítima elegida en 2015 y operadores del régimen de Delcy y Jorge Rodríguez comenzó este 1 de agosto de 2026 con más dudas que certezas.En este episodio de apolitiKO, analizamos por qué la mesa de trabajo arrancó “cojeando de una pata”: no hubo instalación presencial, solo una conversación telefónica; no se publicaron las delegaciones completas; faltaron miembros anunciados previamente; no existe claridad sobre el lugar, la metodología ni el cronograma; y la liberación de todos los presos políticos desapareció como punto específico de la agenda inicial.También revisamos las diferencias entre los comunicados difundidos por ambas partes. Mientras el régimen insiste en presentar el proceso como un “diálogo”, la comunicación de la Asamblea Nacional de 2015 evita deliberadamente esa palabra y habla de una agenda orientada a la atención de la emergencia sísmica, el fortalecimiento democrático y las garantías políticas.Sin embargo, Venezuela no necesita “fortalecer” una democracia existente. Necesita reconstruir desde cero las instituciones destruidas por el chavismo, liberar a los presos políticos, desmontar el aparato represivo, devolver los partidos secuestrados, levantar las inhabilitaciones, designar un nuevo Consejo Nacional Electoral y recuperar un Tribunal Supremo de Justicia independiente.El episodio profundiza además en las declaraciones de María Corina Machado, quien confirmó que no fue consultada para diseñar el mecanismo de conversaciones encabezado por Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez. La líder opositora aseguró que no lo obstaculizará y que lo respaldará únicamente en la medida en que conduzca al cumplimiento del mandato expresado por los venezolanos el 28 de julio de 2024.Machado fijó además indicadores concretos para evaluar cualquier transición: liberación de todos los presos políticos, regreso seguro de los exiliados, fin de la persecución, desmontaje de los organismos represivos y respeto absoluto a la soberanía popular.Pero la declaración más impactante llegó cuando habló de “amigos” en quienes había confiado, personas que consideraba “irreductibles” y que finalmente terminaron cediendo. La frase abre interrogantes sobre posibles rupturas internas, decepciones políticas y decisiones tomadas por aliados venezolanos o internacionales durante la negociación.También analizamos las protestas realizadas en Caracas por dos sectores distintos. Por un lado, grupos chavistas que rechazan el proceso por considerarlo una imposición de Estados Unidos. Por otro, sindicalistas y representantes de la sociedad civil que exigen transparencia, participación ciudadana, liberación de los presos políticos, renovación inmediata del CNE y un cronograma para elecciones presidenciales.La transición venezolana no podrá construirse a espaldas de los ciudadanos. Ninguna mesa puede sustituir el mandato popular, ninguna negociación puede ocultar sus participantes y ningún acuerdo será legítimo si protege a los responsables de la represión o convierte a la sociedad venezolana en una simple espectadora.El proceso acaba de comenzar. Pero su legitimidad dependerá de resultados verificables, no de palabras cuidadosamente escogidas en comunicados redactados desde Washington o Miraflores.

Este 1 de agosto de 2026 comienza formalmente una nueva etapa del proceso político venezolano impulsado por Estados Unidos, con conversaciones entre representantes de la Asamblea Nacional legítima elegida en 2015 y operadores de la Asamblea chavista dirigida por Jorge Rodríguez.En este episodio de apolitiKO analizamos las primeras señales del llamado plan de tres fases para Venezuela, la profunda opacidad que rodea el proceso, la falta de información sobre sus participantes y la preocupante revelación de que incluso diputados vinculados a la negociación desconocen quiénes integrarán la mesa, cuál será la metodología de trabajo y qué decisiones podrían adoptarse en nombre de todos los venezolanos.También examinamos la creciente fractura dentro del chavismo después de la denominada Declaración de Maracay, suscrita por dirigentes y antiguos operadores del movimiento oficialista que rechazan el tutelaje de Estados Unidos, cuestionan el manejo externo de los ingresos petroleros y exigen transparencia en las conversaciones políticas que comienzan este 1 de agosto.El documento representa una ruptura pública con la estructura encabezada por Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, conocida como el “Rodrigato”. Aunque todavía no existe una rebelión institucional o militar abierta, el chavismo ha perdido su capacidad de presentarse como una organización monolítica y comienza a dividirse entre quienes aceptan el nuevo tablero impuesto desde Washington y quienes acusan a la cúpula de capitulación.Revisamos además las cinco prioridades planteadas por Primero Justicia para una verdadera transición democrática: liberación de todos los presos políticos, desmontaje del aparato represivo, designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, conformación de un Tribunal Supremo de Justicia independiente, recuperación de la libertad de expresión, devolución de los partidos políticos a sus autoridades legítimas y levantamiento de las inhabilitaciones.El programa también expone el informe de SOS Orinoco, que documenta la presencia de al menos 26 grupos armados organizados en 20 de los 21 municipios ubicados al sur del río Orinoco. El ELN, las disidencias de las FARC, sindicatos mineros, garimpeiros, bandas locales y otras estructuras criminales controlan la minería ilegal, cobran extorsiones, imponen normas, administran territorios y sustituyen funciones que corresponden al Estado.Esta expansión de la llamada “gobernanza criminal híbrida” demuestra que la transición venezolana no puede limitarse a una elección o a la sustitución de algunas autoridades. Reconstruir Venezuela exige recuperar el control territorial, desmontar las redes criminales, devolver las instituciones a los ciudadanos y terminar con la explotación ilegal del oro, el diamante y el coltán.Hoy comienza una etapa decisiva. Pero sus resultados deberán medirse con hechos: presos políticos liberados, elecciones presidenciales con garantías, instituciones independientes, desmantelamiento de los cuerpos represivos, transparencia sobre los recursos petroleros y recuperación de los territorios dominados por organizaciones criminales.

La revista TIME publicó una entrevista y una portada dedicada a Delcy Rodríguez que ha generado una fuerte indignación entre los venezolanos. El reportaje intenta presentarla como una figura pragmática y tecnocrática capaz de dirigir la apertura económica de Venezuela, pero omite buena parte de su responsabilidad dentro del régimen de Nicolás Maduro, la destrucción económica del país y las violaciones de derechos humanos cometidas durante los años en que ocupó posiciones fundamentales de poder.En este episodio de apolitiKO desmontamos la narrativa construida alrededor de Delcy Rodríguez y analizamos por qué esta operación de imagen aparece precisamente cuando las empresas petroleras internacionales estudian regresar a Venezuela. Revisamos las contradicciones del artículo de TIME, las cifras cuestionadas sobre presos políticos excarcelados y la ausencia de contexto sobre el papel de Delcy dentro del aparato represivo y económico del chavismo.También analizamos la competencia entre petroleras estadounidenses por acceder a los principales campos de la Faja Petrolífera del Orinoco, Monagas y otras regiones estratégicas. Empresas como ExxonMobil y ConocoPhillips mantienen reservas debido a las expropiaciones, los litigios pendientes y la falta de garantías jurídicas, mientras compañías de menor tamaño muestran mayor disposición a recuperar pozos actualmente inoperativos.El programa aborda igualmente la investigación sobre los más de 13.000 millones de dólares generados por la venta del petróleo venezolano. Estados Unidos habría enviado una delegación para supervisar de cerca al régimen de Delcy Rodríguez y determinar qué ocurrió con parte de esos recursos, en medio de crecientes reclamos de transparencia por parte del Congreso, las petroleras y distintos sectores de la propia Administración Trump.Examinamos la pugna entre quienes dentro de Washington defienden una política pragmática de cooperación temporal con Delcy Rodríguez y quienes impulsan una transición completa que permita desmontar definitivamente el régimen chavista, restablecer la democracia y ofrecer condiciones jurídicas reales para las inversiones internacionales.Además, informamos sobre la grave crisis fronteriza en Ceuta, donde miles de jóvenes magrebíes cruzaron por mar y tierra, desbordando la capacidad de las fuerzas de seguridad españolas. Analizamos la presión migratoria ejercida por Marruecos, el despliegue limitado de militares, la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez y las advertencias sobre la soberanía española.Finalmente, revisamos el anuncio del presidente chileno José Antonio Kast sobre el restablecimiento de las relaciones consulares con Venezuela. Aunque la medida busca atender a ciudadanos chilenos y venezolanos, el reconocimiento público otorgado a Delcy Rodríguez abre un debate sobre la progresiva normalización internacional del régimen y el riesgo de que el pragmatismo diplomático termine sustituyendo las exigencias de democracia, justicia y rendición de cuentas.Un análisis sobre Delcy Rodríguez, la revista TIME, Donald Trump, las petroleras estadounidenses, ExxonMobil, ConocoPhillips, el dinero del petróleo venezolano, la delegación de Estados Unidos, la crisis de Ceuta, Pedro Sánchez, Marruecos, José Antonio Kast y la normalización internacional del chavismo.

El Congreso de Estados Unidos abrió una investigación sobre el fondo en el que la Administración de Donald Trump administra los ingresos generados por la venta del petróleo venezolano. La revisión estará a cargo de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, conocida como GAO, después de que cuatro legisladores solicitaran información detallada sobre el funcionamiento del mecanismo financiero.En este episodio de apolitiKO analizamos qué busca determinar la investigación, cuánto dinero habría ingresado al fondo y por qué todavía no se han publicado de manera completa las cuentas, saldos, comisiones, desembolsos y auditorías prometidas. Donald Trump ha señalado que el monto administrado supera los 13.000 millones de dólares, mientras el Departamento del Tesoro asegura que los recursos continúan siendo propiedad soberana de Venezuela y se liberan únicamente para gastos autorizados.Explicamos por qué la investigación no significa necesariamente que exista una acusación de corrupción o desvío de fondos. La GAO busca verificar dónde están depositados los recursos, qué entidades financieras participan, cuánto dinero se ha entregado al régimen de Delcy Rodríguez, quién administra el fondo y cuáles son los controles utilizados para impedir fraude, conflictos de interés o uso indebido del dinero petrolero venezolano.También abordamos la llegada a Caracas de Ballard Partners, una de las firmas de lobby más influyentes de Washington y una de las más cercanas al presidente Donald Trump. La oficina venezolana estará dirigida por Scott Wagner, quien ha representado a clientes con intereses en operaciones petroleras y adquisiciones de activos en Venezuela.La apertura de Ballard Partners permite observar el creciente interés de empresas e inversionistas por el petróleo, la petroquímica y la infraestructura venezolana. Además, las leyes estadounidenses de lobby y representación de intereses extranjeros obligan a publicar los clientes, contratos y asuntos gestionados, lo que podría ayudar a identificar qué empresas, operadores o entidades vinculadas con Venezuela intentan obtener acceso a negocios y decisiones gubernamentales.Analizamos igualmente el nombramiento de José David Cabello como presidente de Pequiven y las implicaciones de colocar a una figura sancionada por Estados Unidos al frente de una de las empresas más estratégicas de la cadena petroquímica venezolana, precisamente cuando los nuevos actores privados y firmas de lobby comienzan a entrar al país.El programa también examina el enfrentamiento diplomático entre Venezuela e Irán después de que el canciller iraní Abbas Araghchi utilizara al chavismo como ejemplo de rendición frente a Estados Unidos. La respuesta de Delcy Rodríguez y Félix Plasencia expuso las grietas entre dos regímenes que durante años mantuvieron una estrecha alianza política, militar y económica.Finalmente, informamos sobre la excarcelación del coronel José Jesús Lozano Mogollón, detenido en agosto de 2024 y condenado por afirmar que Nicolás Maduro había perdido las elecciones presidenciales y que Edmundo González era el verdadero ganador. Su caso muestra cómo una opinión política terminó siendo procesada como instigación a la rebelión dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas.Un análisis sobre Donald Trump, la GAO, el Congreso de Estados Unidos, el dinero del petróleo venezolano, Delcy Rodríguez, Ballard Partners, Scott Wagner, Pequiven, José David Cabello, Irán, Abbas Araghchi, los presos políticos militares y la transición en Venezuela.

Delcy Rodríguez firmó cuatro resoluciones mediante las cuales 122 oficiales del Ejército venezolano fueron enviados a la reserva activa o cesados de sus funciones. La decisión incluye a 30 generales —entre ellos cuatro mayores generales— y 92 coroneles, y podría representar el inicio de una reorganización mucho más amplia dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela.En este episodio de apolitiKO analizamos si ha comenzado una verdadera movida de mata dentro de la FANB, cuáles podrían ser sus objetivos y por qué esta depuración ocurre en vísperas de las negociaciones políticas previstas para agosto. Fuentes señalan que el proceso podría alcanzar a cientos de oficiales adicionales dentro de una estructura militar que, durante años, acumuló más de 2.000 generales como parte del sistema de control y reparto de lealtades del chavismo.También examinamos la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de ordenar la devolución de los bienes embargados a Halliburton de Venezuela y autorizar el reinicio de sus operaciones. La sentencia permite que la empresa estadounidense recupere equipos e instalaciones considerados estratégicos para la industria petrolera, después de años de litigios y restricciones. El cambio plantea una pregunta inevitable: ¿el sistema judicial venezolano está rectificando sus decisiones o simplemente adaptándose a las nuevas exigencias de Washington y de las compañías energéticas?Además, abordamos la denuncia sobre la falta de transparencia en las cifras de desaparecidos después de los terremotos del 24 de junio. Mientras el número de fallecidos, heridos y damnificados ha sido actualizado, la cifra oficial de personas desaparecidas permanece congelada en 157 desde el día siguiente a la tragedia. Analizamos por qué reconocer una cantidad mayor expondría la tardanza del Estado, las deficiencias de los equipos de rescate y la ausencia de una respuesta adecuada durante las primeras horas del desastre.El programa explica igualmente cómo funcionará el nuevo Impuesto Integrado de Hidrocarburos. Empresas como Chevron, Repsol, ENI, Maurel & Prom, Shell y BP deberán depositar los pagos asociados a regalías e impuestos en una cuenta administrada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en cumplimiento de la Licencia General 50 de la OFAC. Esto significa que los ingresos no llegarán directamente al régimen de Delcy Rodríguez, sino que estarán sujetos a la autorización de Washington.Finalmente, analizamos la protesta diplomática del régimen venezolano contra el embajador de Irán en Caracas por declaraciones consideradas despectivas hacia las instituciones venezolanas. El episodio refleja el cambio de alianzas producido después de la captura de Nicolás Maduro, el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos y el creciente tutelaje de Washington sobre las decisiones políticas, económicas y energéticas de Venezuela.Un análisis sobre Delcy Rodríguez, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la posible purga militar, Halliburton, el TSJ, el petróleo venezolano, OFAC, el Departamento del Tesoro, los desaparecidos tras los terremotos, Diosdado Cabello, Irán y la transición venezolana.

Hace exactamente dos años, el 28 de julio de 2024, Venezuela vivió uno de los episodios más controvertidos de su historia política reciente. Millones de ciudadanos acudieron a las urnas convencidos de que el cambio era posible, pero el resultado oficial anunciado por el Consejo Nacional Electoral fue denunciado por la oposición como un fraude masivo que desconoció la voluntad popular expresada en las actas.En este episodio de apolitiKO recordamos el segundo aniversario de aquel proceso electoral mientras analizamos una revelación publicada por el diario El Mundo: Delcy Rodríguez contrató en 2020 al bufete internacional Amsterdam & Partners por más de cuatro millones de dólares para realizar gestiones relacionadas con las sanciones estadounidenses y abrir canales de comunicación con Washington durante el primer mandato de Donald Trump.Examinamos el papel de Robert Amsterdam, las conexiones con Reinaldo Muñoz, el contexto del DelcyGate y la red de operadores, intermediarios y cabilderos que durante años han intentado mejorar la posición internacional del régimen venezolano. También repasamos las investigaciones que vinculan a Plus Ultra, José Luis Rodríguez Zapatero, Bandes y diversas estructuras financieras relacionadas con Venezuela.Además, analizamos la nueva decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de FinCEN, de flexibilizar determinados controles financieros para facilitar operaciones autorizadas destinadas a la reconstrucción de Venezuela tras los terremotos de junio de 2026. Explicamos qué implican realmente las licencias de OFAC, por qué no representan un levantamiento general de sanciones y cuáles son los riesgos de que el régimen intente aprovechar esta nueva ventana financiera.También abordamos la reunión entre Conatel y representantes de SpaceX para avanzar en la formalización del servicio Starlink en Venezuela. La negociación plantea una contradicción evidente: mientras el régimen busca beneficiarse de una empresa de Elon Musk para mejorar la conectividad nacional, mantiene restringido el acceso a X, la plataforma que también pertenece al empresario y que ha sido objeto de bloqueos y censura.Finalmente, comentamos las recientes declaraciones de Diosdado Cabello sobre los sistemas de alerta sísmica y revisamos la denuncia del Observatorio Venezolano de Prisiones sobre la muerte de un recluso bajo custodia estatal, un caso que vuelve a poner en evidencia la crisis estructural del sistema penitenciario venezolano.A dos años del fraude electoral, Venezuela continúa enfrentando el desafío de reconstruir sus instituciones, exigir justicia para las víctimas y evitar que el dinero, el lobby y los intereses políticos sustituyan nuevamente la voluntad popular.

La vía Dinorah: María Corina Machado fija posición, mientras que Dinorah en representación de la Asamblea Nacional 2015 se escuda en la sombra de Marco Rubio.María Corina Machado y Edmundo González rompieron el silencio sobre las negociaciones entre representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y el régimen chavista. Su comunicado marca un punto de inflexión dentro de la transición venezolana: dejan claro que no participaron en el diseño, construcción ni funcionamiento del mecanismo de diálogo y exigen que quienes lo impulsan expliquen al país sus objetivos, metodología y cronograma.En este episodio de apolitiKO analizamos por qué este pronunciamiento no representa una ruptura con la transición, sino una estrategia para preservar la legitimidad política del liderazgo que obtuvo el respaldo mayoritario de los venezolanos. Explicamos cómo María Corina Machado busca evitar cargar con el costo de decisiones tomadas por otros y por qué esta distancia puede fortalecer su posición de cara al momento en que el país vuelva a pronunciarse en las urnas.También revisamos la convocatoria realizada por Vente Venezuela para celebrar asambleas simultáneas en los 335 municipios del país el próximo 28 de julio. Estas concentraciones buscan ratificar el mandato ciudadano expresado en las elecciones presidenciales de 2024 y reforzar la organización territorial del movimiento liderado por Machado.Además, analizamos las declaraciones del portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas Pigott, quien confirmó que la transición impulsada por Washington contempla varias fases y reiteró que será el pueblo venezolano quien decidirá el rumbo definitivo del país. Pigott evitó definir un papel específico para María Corina Machado, aunque insistió en que la voluntad popular deberá expresarse libremente y que el regreso de los dirigentes perseguidos forma parte del proceso de reconciliación nacional.Finalmente, comentamos el video viral protagonizado por estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), cuya conducta volvió a abrir el debate sobre el modelo policial y militar construido durante el chavismo. Más allá del caso puntual, reflexionamos sobre las consecuencias de décadas de deterioro institucional, la formación de cuerpos de seguridad alejados de estándares profesionales y el impacto que esto tiene sobre la reconstrucción del Estado de Derecho en Venezuela.La transición venezolana entra en una etapa distinta. Ya no basta con hablar de acuerdos o negociaciones. Ahora toca exigir transparencia, cronogramas, instituciones legítimas y garantías para que la voluntad popular expresada por millones de venezolanos no vuelva a ser sustituida por acuerdos entre élites.Un análisis sobre María Corina Machado, Edmundo González, Vente Venezuela, Thomas Pigott, Marco Rubio, la Asamblea Nacional de 2015, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, la transición venezolana, las elecciones presidenciales, Estados Unidos, el Estado de Derecho y el futuro político de Venezuela.

El régimen de Delcy Rodríguez anunció que Venezuela iniciará su retiro de la Corte Penal Internacional y denunciará el Estatuto de Roma. La decisión fue presentada como un acto de soberanía, pero no elimina las investigaciones existentes ni borra los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.En este episodio de apolitiKO explicamos qué implica realmente el retiro de la CPI, por qué tarda un año en entrar en vigor y por qué el caso Venezuela I puede continuar pese a la decisión adoptada por la estructura chavista.Analizamos además la reacción de Estados Unidos, que celebró el retiro venezolano y cuestionó duramente la legitimidad de la Corte Penal Internacional. La coincidencia entre la estrategia de Donald Trump contra la CPI y la decisión de Delcy Rodríguez abre una pregunta inevitable: ¿el régimen está intentando escapar de la justicia o alineándose con Washington para obtener protección política?También abordamos la explosiva información divulgada por el periodista César Bátiz, según la cual John Barrett, encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, estaría actuando en contra de una eventual candidatura presidencial de María Corina Machado. Se trata de una afirmación que necesita pruebas y confirmación, pero que, de ser cierta, tendría consecuencias políticas enormes para Washington y para el proceso de transición venezolano.El programa examina igualmente las recientes declaraciones de Donald Trump, quien afirmó que Venezuela todavía no está preparada para celebrar elecciones, aunque reconoció avances y volvió a elogiar la gestión temporal de Delcy Rodríguez.¿Tiene razón Trump al señalar que todavía no existen condiciones mínimas para votar? Revisamos los argumentos a favor: un CNE desacreditado, presos políticos, ausencia de independencia judicial, restricciones a la prensa, necesidad de actualizar el registro electoral y una grave emergencia humanitaria después de los terremotos de junio.También analizamos los argumentos en contra: el mandato popular expresado en 2024, la ausencia de legitimidad de Delcy Rodríguez, el riesgo de consolidar un interinato indefinido, la prioridad otorgada al petróleo y el peligro de que el chavismo utilice el tiempo adicional para reorganizarse.La tensión real se encuentra entre celebrar elecciones rápidamente y construir primero condiciones capaces de impedir un nuevo fraude. Pero cualquier retraso debe tener límites, metas verificables y un calendario concreto.Un análisis sobre Donald Trump, Delcy Rodríguez, María Corina Machado, John Barrett, la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, las elecciones venezolanas, los presos políticos, el CNE, la transición y la justicia para las víctimas.

Donald Trump afirmó públicamente que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, “está dirigiendo Venezuela”. La frase abre una discusión fundamental sobre quién conduce realmente la estrategia estadounidense, cuáles son sus prioridades y qué intereses se encuentran detrás de la reconstrucción energética del país.En este episodio de apolitiKO analizamos el papel de Chris Wright dentro de la política de Washington hacia Venezuela, su supervisión de la producción petrolera, las licencias internacionales, el regreso de empresas extranjeras y la arquitectura económica diseñada para sostener el proceso de transición.El petróleo se ha convertido en la principal herramienta de estabilización promovida por Estados Unidos. Sin embargo, también surgen preguntas sobre los resultados de esa conducción, la falta de transparencia, el beneficio directo para compañías estadounidenses y el riesgo de que la recuperación económica termine consolidando temporalmente a las mismas estructuras políticas responsables del desastre venezolano.También examinamos las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio, quien afirmó que María Corina Machado es un “elemento importante” para la reconciliación y la transición y prometió orientación y apoyo por parte de Estados Unidos.Las palabras de Rubio envían un mensaje directo a Dinorah Figuera, al chavismo y a todos los participantes de las próximas conversaciones: ningún acuerdo será políticamente legítimo si pretende excluir a la dirigente que concentra el mayor respaldo democrático del país.Además, analizamos la revelación del general John Teichert, quien asegura que Nicolás Maduro utilizó criptomonedas junto a narcoterroristas, Hezbolá y otras organizaciones para blanquear aproximadamente 150.000 millones de dólares al año. Una acusación que podría ampliar el prontuario financiero y criminal presentado contra el antiguo dictador ante la justicia estadounidense.Finalmente, abordamos los nuevos ascensos ordenados por Delcy Rodríguez dentro de la Fuerza Armada, la Guardia de Honor Presidencial y la DGCIM. Entre los promovidos aparecen funcionarios relacionados con casos de tortura, represión y violaciones de derechos humanos, incluyendo actuaciones vinculadas con la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo.Mientras miles de venezolanos continúan buscando a sus familiares tras el terremoto, el régimen recompensa a quienes sostuvieron su aparato represivo. El Delcinismo confirma así que no representa una ruptura con Maduro, sino la continuación de sus métodos bajo una nueva administración.Un análisis profundo sobre Donald Trump, Chris Wright, Marco Rubio, María Corina Machado, Delcy Rodríguez, Nicolás Maduro, petróleo venezolano, transición democrática, criptomonedas, Hezbolá, DGCIM, Fuerza Armada y derechos humanos.

los detalles que no ocuparon los grandes titulares: la apariencia física de Maduro después de 200 días detenido, el uniforme caqui de prisionero, su actitud disciplinada ante los custodios, la separación visible entre los equipos legales de Maduro y Cilia Flores, y el momento en que el juez tuvo que ordenar que se les permitiera hablar con sus abogados antes de abandonar la sala.

Analizamos además la próxima batalla jurídica por la supuesta inmunidad soberana de Maduro, las fechas establecidas para la entrega de evidencia clasificada y no clasificada bajo la Ley CIPA, y los potenciales testimonios de Alex Saab, Clíver Alcalá Cordones y Hugo “el Pollo” Carvajal.

También abordamos una nueva inferencia alrededor del caso Plus Ultra. Informaciones difundidas en España señalan que Jorge Rodríguez y José Luis Rodríguez Zapatero podrían estar detrás de la propiedad real de la aerolínea rescatada por el Gobierno español con 53 millones de euros. Revisamos el papel de presuntos testaferros, las revelaciones atribuidas al Pollo Carvajal y Víctor de Aldama, y las posibles consecuencias judiciales y políticas para el entorno de Pedro Sánchez.

Aclaramos igualmente la situación de Delcy Rodríguez y la protección temporal que Estados Unidos reconoce mientras ejerza como interlocutora dentro del proceso transicional. Esta medida no constituye inocencia, legitimidad ni inmunidad permanente: depende de su reconocimiento como jefa de Estado de facto y puede desaparecer cuando deje de resultar funcional para la estrategia estadounidense.

El programa también incluye la posible detección de señales de vida en el sector OPP26, 29 días después de los terremotos, y las operaciones desplegadas en La Guaira para determinar si existen sobrevivientes.

Finalmente, examinamos el reportaje del Financial Times sobre más de 13.000 millones de dólares generados por las exportaciones petroleras venezolanas desde enero. Mientras Washington afirma haber desembolsado miles de millones, el portal oficial del régimen solo refleja una transferencia de 300 millones de dólares sin información detallada sobre el destino del resto de los recursos.

Un análisis sobre Nicolás Maduro, Cilia Flores, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Rodríguez Zapatero, Plus Ultra, el Pollo Carvajal, Alex Saab, Víctor de Aldama, la justicia estadounidense, los fondos petroleros y el futuro de Venezuela.