En diálogo con La marca de la almohada, Ariel D’Orazio, referente de Concejalía Popular, fue tajante al afirmar que la situación es “aberrante”, ya que, según sostuvo, “el Estado no invierte un solo peso para que se construyan estas viviendas”. Y agregó: “Es un negocio que está haciendo una empresa privada (constructora) sin garantizar el derecho al acceso a la vivienda, priorizando a trabajadores de determinados ingresos”.