Artículo 66

El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) se defendió de los señalamientos realizados por algunos miembros de la oposición, ante la intención del PLC de incluir en las comisiones de la Coalición Nacional a algunos delegados implicados en actos de corrupción durante el gobierno de Alemán.

María Fernanda Flores, esposa del exmandatario salió a la defensa de su partido asegurando que varios miembros de la Coalición fueron parte de los crímenes y corrupción de los años 80. La exprimera dama manifestó que nadie debe de inmiscuirse en los asuntos internos de su partido. La embestida de María Fernanda se dio mientras se anunciaba oficialmente la acreditación de la nueva directiva del PLC ante el Consejo Supremo Electoral. Donde se consolidó en su cargo como presidente a Miguel Rosales.

El doctor Alejandro Lagos informó del deterioro de salud que en las últimas semanas ha presentado Miriam del Socorro Alemán Matus, mejor conocida como «doña Coquito» o «la abuelita vandálica», quien se hizo popular durante la rebelión cívica en el 2018 por regalar su venta de agua.

Según la información, la anciana padece de hipertensión arterial, diabetes y presenta problemas en su «metabolismo», por lo que requiere de medicamentos para continuar su tratamiento. Si desea colaborar con doña Coquito puede comunicarse con el doctor Lagos, al número 8866-7038, quien posteriormente se encargará de brindarle el contacto de uno de sus familiares.

Los jóvenes de la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia amenazan a la Coalición Nacional con no permitir «una transición política» en Nicaragua sin que se incluyan las exigencias del sector estudiantil y juvenil del país.

Los integrantes además dejaron claro que su participación en las protestas sociales ha sido crucial para exponer la forma en que se han vulnerado los derechos humanos por parte del régimen orteguista, por lo que advirtieron que estarán tras los pasos de cualquier gobierno que asuma el poder hasta alcanzar la justicia, democracia y la autonomía universitaria.

El subsecretario de Estado adjunto de los Estados Unidos, Jon Piechowski, advirtió que la Casa Blanca continuará aplicando más sanciones contra “el círculo corrupto” del régimen de Nicaragua con el fin de presionar para que ceda a realizar reformas electorales, la libertad de los presos políticos y el restablecimiento de la democracia en el país.

El funcionario norteamericano afirmó que las herramientas políticas y económicas seguirán vigentes contra los que apoyan a la administración orteguista e impidan la restauración de la democracia e insistió en que su gobierno aislará a los Ortega Murillo diplomáticamente.

Tras el deceso del joven Jorge Rugama, a manos de un militante orteguista en el municipio La Trinidad, en Estelí, los nicaragüenses han emprendido una campaña humanitaria que consiste en recaudar alimentos, ropa, zapatos, muebles, y dinero en efectivo para apoyar a la familia y restaurar su vivienda que fue incendiada mientras le daban cristiana sepultura a su pariente.

Los hechos se registraron el 19 de julio, después que el joven gritara: ¡Viva Nicaragua Libre! Mientras pasaba una caravana de simpatizantes del régimen. A través una conferencia de prensa, la Policía de Estelí presentó a Abner Pineda como presunto responsable del caso del opositor Jorge Rugama. En la investigación, los agentes no reconocen que el suceso estuviera vinculado con razones políticas y lo atribuyen a una discusión de la cual no dieron más detalles.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó este 17 de julio a Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial y a su empresa Difuso Comunicaciones S.A. El hijo de los dictadores se convierte en el cuarto miembro de la familia presidencial castigado por la administración de Donald Trump.

Anteriormente, Laureano y Rafael Ortega Murillo, al igual que la vicedictadora de Nicaragua, Rosario Murillo, ya habían sido incluidos en la lista negra de Estados Unidos por violadores de derechos humanos y corruptos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incorporó este jueves, la Ley Nica-Act al reglamento de sanciones a funcionarios nicaragüenses señalados de cometer graves violaciones de derechos humanos.

Con estas modificaciones, explican analistas políticos, se abre la posibilidad de la aplicación de nuevas sanciones contra funcionarios aliados de la dictadura de Daniel Ortega. Es decir, incorpora la Nica Act como base legal de sanciones y no únicamente bajo el decreto firmado por el presidente Donald Trump en diciembre de 2018.

El Departamento del Tesoro busca, a través de este cambio, tener la libertad de acelerar las sanciones contra los violadores de derechos humanos. «El documento publicado el día de hoy hace efectivo cambios en las secciones de “transacciones prohibidas” y además, en cumplimiento con la Nica Act, amplía los permisos o licencias de acción de “ciertas actividades del gobierno de los Estados Unidos”», explicó el politólogo Félix Maradiaga.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), a través de su presidente José Adán Aguerri, informó que el régimen de Daniel Ortega hizo una solicitud de «oferta de bienes» sobre equipos médicos para el abastecimiento a hospitales públicos, en los que incluye unas cien mil pruebas rápidas de PCR, para la detección de COVID-19 y un millón 900 mil tabletas de cloroquina.

Aguerri señaló que esa cantidad es poca si se saca relación con los casi siete millones de nicaragüenses que están en riesgo por la pandemia. Igualmente, demandó transparencia, en especial, sobre los resultados que arrojarán las pruebas. Asimismo, demandó a la dictadura de Ortega que les permita a los laboratorios, hospitales y clínicas del sector privado la importación de equipos y medicamentos necesarios para atender la emergencia sanitaria.

El Ministerio de Salud (Minsa) presentó su más reciente informe que comprende del siete al 14 de julio sobre el avance del coronavirus en Nicaragua. La institución reconoció 301 nuevos casos confirmados en la última semana y solo ocho víctimas. Con esos datos, oficialmente el régimen asume 3,147 pacientes confirmados por el virus, 99 decesos y 2,282 recuperados, cifras con una diferencia abismal con respecto a las del Observatorio Ciudadano COVID-19, que registró hasta el ocho de julio, un total de 7,893 contagios y 2,225 víctimas.

A dos años del ataque de civiles progobierno y policías del régimen de Nicaragua contra los estudiantes que se encontraban atrincherados en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), la dictadura envió a sus fanáticos a «celebrar» desde el interior del recinto la llamada «liberación de la universidad» que no fue más que el plan limpieza que dejó como saldo dos víctimas entre la noche del 13 de julio y madrugada del 14 de julio de 2018. 

Los delegados de Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) realizaron una caminata acompañados de banderas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y posteriormente, organizaron un zumbatón en las canchas deportivas de la universidad al ritmo de músicas partidarias.