Artículo 66

Las aerolíneas que operan en Nicaragua anunciaron que alargarán hasta agosto la reanudación de los vuelos en el país debido a la pandemia del coronavirus. Aunque se tenía previsto que en julio retomaran su itinerario nuevamente decidieron postergar la decisión. Pese a que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no cerraron las fronteras de forma oficial, las compañías desde finales de marzo decidieron suspender sus servicios.

La Alianza Evangélica Nicaragüense, organización que aglutina a 105 asociaciones cristianas en el país,  emitió un listado en el que informa el deceso de 44 pastores evangélicos entre abril y junio de 2020, periodo en que la curva de contagio por la pandemia del coronavirus ha incrementado en Nicaragua.  Los delegados de esa organización señalan que no pueden asegurar que fue por el virus, pero reconocen que la mayoría de sus miembros fueron enterrados de forma inmediata. Junio, mes que aún está en curso, ha sido el más crítico, ya que han reportado 24 defunciones.

Siete organizaciones nicaragüenses firmaron los estatutos de la Coalición Nacional, con lo cual pretenden crear un frente sólido opositor para derrotar a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en un posible escenario electoral en 2021 para así buscar una salida democrática a la crisis sociopolítica que atraviesa el país desde abril de 2018, lo que incluiría esfuerzos para alcanzar reformas electorales con observación internacional.

El Consejo Federal de Suiza sancionó este miércoles a seis funcionarios del régimen orteguista, que corresponden a dos asesores presidenciales y cuatro altos mandos de la Policía. Con ello, la exministra de Salud y ahora asesora del Minsa, Sonia Castro; el asesor presidencial, Néstor Moncada; el jefe de la Policía y consuegro presidencial, comisionado Francisco Díaz, el máximo represor de Masaya y subdirector de la Policía, comisionado Ramón Avellán; el jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), comisionado Luis Pérez Olivas; y el jefe de la Dirección de Operaciones Policiales Especiales (DOEP), comisionado Justo Pastor Urbina; tendrán sus activos y bienes congelados y tampoco podrán viajar o transitar por ese país.

Con las sanciones, analistas y opositores de Nicaragua aseguran que a la administración Ortega-Murillo se le termina de cerrar el circuito financiero en la Unión Europea, ya que «le quita una gran capacidad de movilización de fondos», lo que para ellos afecta individualmente al régimen y no al país. Asimismo, detallan que la comunidad internacional ha cerrado filas demandando la urgente necesidad de libertad, justicia y democracia para Nicaragua.

El obispo emérito de la Diócesis de León, monseñor Bosco Vivas, falleció la madrugada del martes en un hospital de Managua. El religioso había sido intubado el sábado, 20, tras presentar problemas respiratorios. Sus funerales se realizaron en el "ámbito privado en la Catedral de León" donde descansan sus restos. El cardenal Leopoldo Brenes llamó a la feligresía a orar por el descanso de Vivas desde sus casas. Sus honras, además, se hicieron a puerta cerrada, con rapidez y bajo estrictos protocolos de seguridad en medio de la pandemia del coronavirus.

A monseñor Bosco Vivas, en vida, se le criticó por su cercanía con el régimen orteguista y por callar ante los crímenes ejecutados en León en el contexto de la crisis sociopolítica, donde, inclusive, falleció producto de un disparo el monaguillo Sandor Dolmus. La Diócesis de León que él presidía fue premiada con altas subvenciones a finales de 2018, pese al castigo que aplicó la dictadura con recortes presupuestarios a los obispos que levantaron su voz pidiendo el cese de la represión.

Las funerarias de Nicaragua han experimentado un incremento en su demanda desde abril de 2020 a la fecha de hasta un 150%. Este aumento se da en medio de la pandemia del coronavirus y aunque el régimen asegura que el virus solo ha dejado 64 decesos esta situación pone en duda sus cifras. Los responsables de estos lugares afirman que han pasado de garantizar 60 servicios funerarios al mes a 360 en los mismos 30 días.

Asimismo, mencionan que han triplicado su producción, garantizado mayores equipos de protección a los trabajadores y que el precio de los ataúdes se ha duplicado por la subida de los materiales. Igualmente, destacan que aunque la dictadura no pone en las epicrisis que los ciudadanos fueron víctimas del COVID-19, todos los casos de problemas respiratorios o neumonía atípica los están tratando, al momento del sepelio, como si fuese coronavirus.

El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, aprobó este viernes, 19 de junio, una resolución en la que muestra su preocupación por la represión ejercida por el régimen de Daniel Ortega desde abril de 2018 y las violaciones a los derechos humanos que persiste contra los nicaragüenses.

La resolución fue respaldada con 24 votos a favor, 4 en contra y 19 abstenciones, en la que dicho organismo llama al régimen a detener los abusos y respetar las libertades públicas en el país. Además destaca la preocupación «por la persistencia de las restricciones al espacio cívico y la represión de la disidencia en Nicaragua contra la sociedad civil, los defensores de derechos humanos, los líderes comunitarios y religiosos, los periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación».

Sergio Mercado, delegado municipal del Ministerio de Educación, Managua, amenazó a través de un audio a los maestros y directores de las escuelas públicas que «hagan campaña» para que los niños se queden en sus casas y no se expongan al contagio del COVID-19. Según el funcionario, estos maestros «están atentando contra su estabilidad laboral»

La más reciente encuesta de la firma CID Gallup resalta que los nicaragüenses actualmente tienen tres principales preocupaciones: la pandemia del coronavirus, la falta de trabajo y el Gobierno de Nicaragua, aunque de momento, lo que ocupa el primer puesto es el avance del COVID-19 frente a un régimen que hace casi nada por contener la propagación de la enfermedad y minimiza el impacto en el país.

CID Gallup entrevistó a 1,828 ciudadanos entre el 15 de mayo al ocho de junio de 2020 y el resultado que arrojó el estudio es que los pobladores no creen en el discurso de la dictadura. Por otro lado, un 70% afirma que el régimen orteguista no está ejecutando acciones para enfrentar la pandemia y solo un 25% considera que sí.

El Senado de los Estados Unidos aprobó el martes, 16 de junio, una serie de enmiendas a la resolución con la cual llaman al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a “liberar a todos los presos y presas políticas”, que según la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) ese número es de 86 ciudadanos encarcelados por protestar en contra de la dictadura de Nicaragua.

La iniciativa que fue introducida desde el dos de marzo por el senador Ted Cruz también exige a la administración Ortega-Murillo “cesar todos los actos de represión contra las voces disidentes”. Asimismo, alienta los “esfuerzos para avanzar en las reformas electorales en Nicaragua”, petición que creció cuando se instaló la mesa de diálogo nacional en mayo de 2018, pero que el orteguismo obvió y calificó como un “intento de golpe de Estado”.