Artículo 66

La vicepresidenta y vocera de la dictadura, Rosario Murillo, confirmó en su alocución del mediodía el deceso del eterno alcalde orteguista de Masaya, Orlando Noguera, quién falleció la tarde del lunes primero de junio, después de permanecer 10 días internado en el hospital Militar Dr. Alejandro Dávila Bolaños, supuestamente por presentar problemas respiratorios asociados al COVID-19.

Murillo, además confirmó la muerte del director general del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (Telcor), Orlando Castillo, luego de batallar por su vida durante tres semanas, al presentar complicaciones relacionadas al COVID-19.

«Hoy dos, rendimos homenaje a nuestros compañeros y compañeras que han dejado huellas en los últimos años, como promotores de cultura, alcaldes, promotores revolucionarios (…) y recordamos a Orlando (Noguera), en Masaya, a Orlando Castillo, director del Telcor, a todos ellos, con la revolución vivimos sus legados. Hacen el tránsito a otro plano de vida, hacen su legado», expresó Murillo.

La periodista Josseling Rojas, reportera de Canal 10, confirmó este lunes que se encuentra aislada y con tratamiento médico tras presentar síntomas de coronavirus. Rojas no tiene idea de dónde pudo contagiarse, pues por su trabajo se desplazó por diferentes puntos de Managua. Asegura que intentó protegerse, pero las medidas no fueron suficientes.

«Desde el viernes me dio calentura, luego perdí el olfato, el gusto. El sábado en la noche tuve dificultad para respirar (…) consulte vía telefónica a un doctor y él le dijo que todos los síntomas están asociadas al COVID-19», detalló la reportera a Artículo 66. 

Después que el Gobierno de Estados Unidos impusiera sanciones  al ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, el dictador Daniel Ortega a través de un acuerdo presidencial, ordenó inhabilitarlo y quitarle todos los poderes legales en la estructura financiera del Estado de Nicaragua.

En el acuerdo 45-2020, Ortega nombra a José Adrián Chavarría Montenegro en el cargo de viceministro general, para «otorgarle facultades y competencias de firmar todos los documentos relacionados a la administración de las finanzas públicas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”. Además, ordenó quitarle a Acosta la representación legal dentro de la junta directiva de Dissnorte-Dissur y colocó en ese cargo a Bruno Mauricio Gallardo que a partir de ahora asume la representación de capital de propiedad del Estado de Nicaragua en dicha distribuidora

A través de una carta, siete senadores estadounidenses urgieron al secretario de Estado, Mike Pompeo y al secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, aplicar sanciones a funcionarios del Poder Judicial y de la Fiscalía General de la República, por estar involucrados en las violaciones de derechos humanos de los nicaragüenses.

Los funcionarios norteamericanos refieren que la mayoría de los miembros del Poder Judicial actúan como un «brazo político» del régimen de Daniel Ortega y aseguran que «la Fiscalía y los jueces bajo la influencia del Partido Frente Sandinista han facilitado y respaldado los abusos cometidos por grupos afines al gobierno y la Policía Nacional contra manifestantes y sus partidarios”. Asimismo aseguran que cuentan con  todas las pruebas condenatorias para poder sancionar a estos altos miembros de la dictadura.

El periodista y director de Artículo 66, Álvaro Navarro, fue ingresado el miércoles a un centro asistencial después de permanecer varios días con sintomatología del COVID-19. Navarro presentó serias afectaciones en la respiración, por lo que ameritó ser trasladado. Hace una semana, él empezó a sentir dolor en el cuerpo, fiebre, tos y cansancio, por lo cual siguió el tratamiento médico aislado en su vivienda después de realizarse unos chequeos preliminares el viernes, 22 de mayo, en los que aparecían infecciones leves.

En ese momento, el médico recomendó atenderlo como paciente sospechoso y con «tratamiento de casos leves», pero esta mañana fue trasladado al Hospital Vivian Pellas, porque su condición empeoraba y ante la falta de respiración requirió de un tanque de oxígeno, ya que llegó con una saturación de 85% cuando debería estar a 95%. En el transcurso de la mañana, Navarro fue sometido a una serie de placas y exámenes. Ante las complicaciones que presentó requirió ser ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de dicho hospital, mismo que se encontraba saturado. Eso obligó a trasladarlo de emergencia al Hospital Monte España, donde permanece con oxígeno.

El Ministerio de Salud (Minsa) presentó este martes, 26 de mayo, el «reporte semanal» sobre la situación del coronavirus en el país, donde detalló que en este período se registró un total de 480 nuevos casos, lo que eleva la cifra a 759 nicaragüenses afectados. El secretario de la institución sanitaria, Carlos Sáez, también señaló que las muertes en la nación por la enfermedad pasaron a 35, pues en una semana se registraron 18 nuevos fallecimientos como consecuencia del COVID-19. Igualmente, elevó la cifra de recuperados a 370. De la misma forma, en el comunicado afirmó que desde el inicio de la pandemia, hasta el día de hoy, han atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 885 personas. Hasta la fecha el Minsa se niega a reconocer que el país entró a la fase de transmisión comunitaria.

Este lunes la dictadura de Nicaragua presentó a los nicaragüenses y a la comunidad internacional su «libro blanco» donde resalta el trabajo realizado para combatir a la COVID-19. En dicho informe el régimen detalla que desde el nueve de febrero se establecieron medidas preventivas para reducir la transmisión del virus e implementó un plan comunicacional permanente, dirigido a la población. En el libro blanco la tiranía también minimiza las muertes por COVID-19 y registra un mayor número de mortalidad por otras causas.

Por otro lado la dictadura dice que el coronavirus vino para quedarse y recomienda a la población a «aprender a defenderse y funcionar al mismo tiempo». Además compara que el modelo que se implementa en el país es igual que al de Suecia, ignorando que Nicaragua es el segundo país más pobre en América Latina.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó este viernes al jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, y al ministro de Hacienda y Crédito Público (MHCP), Iván Acosta Montalván. Con este castigo a estos dos altos funcionarios orteguistas, la lista de sancionados por el Gobierno de Donald Trump se incrementa a 21 y la presión contra la dictadura aumenta. Avilés y Acosta son señalados de «apoyar al corrupto régimen de Ortega» y de ser partícipes de la masacre perpetrada en contra de los ciudadanos en el marco de las protestas que iniciaron en abril de 2018, uno por apoyar en el ámbito militar, y el otro por buscar fondos para oxigenar a la administración Ortega-Murillo.

Al jefe de la institución castrense lo sancionaron por negarse a «desmantelar a los grupos paramilitares», mismos que dirigieron la «Operación Limpieza», con la cual levantaron a punta de balas los tranques que instaló la población en forma de protesta el régimen. Además, el Departamento del Tesoro resalta entre sus argumentos que el Ejército proporcionó las armas a los «parapolicías» para ejecutar los «actos de violencia contra la población nicaragüense», entidad que está bajo las órdenes de Avilés.En el caso de Acosta le aplicaron esa medida por «organizar un importante apoyo financiero al régimen de Ortega y por amenazar personalmente a los bancos para que no participaran en una huelga organizada por los líderes de la oposición en marzo de 2019, cuyo objetivo era impulsar la liberación de los presos políticos».

La Policía al servicio de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo detuvieron ilegalmente este jueves a cuatro ciudadanos, entre ellos un menor de edad, que vendían hojas de eucalipto en Managua. Aunque se desconocen los nombres de los ciudadanos arrestados arbitrariamente por buscarse la vida vendiendo hojas de eucalipto, los comerciantes informales que laboran en esa zona y presenciaron la detención arbitraria reprocharon la acción por parte de la Policía orteguista, que en los últimos días ha asediado a vendedores ambulantes que se dedican a comercializar ese producto, que se ha popularizado para hacer té que dicen pueden servir para prevenir el COVID-19. 

Según las declaraciones de los afectados, la Policía les dijo que en «Nicaragua no hay coronavirus y que todas las muertes en el país son por neumonía». Escuchemos las declaraciones de los ciudadanos que presenciaron el suceso.

El director del Hospital Humberto Alvarado de Masaya, Leonel Jiménez, respondió a Yader Montalván, quien lo cuestionó por el fallecimiento de su padre que «si usted mira en la constancia de defunción que su paciente murió de neumonía atípica, quiere decir que murió por el virus». Montalván quería tener más información sobre el fallecimiento de su progenitor Javier Antonio Montalván Pérez, un hombre de 54 años, originario del municipio de Nindirí, que murió el miércoles 13 de mayo a causa, según el acta de defunción, de una «neumonía atípica».

En la grabación en poder de Artículo 66, el médico señala que «todas las neumonías, nosotros (el Ministerio de Salud) las estamos tipificando como atípica, porque esto es lo que provoca el virus (COVID-19). De una neumonía atípica el paciente se muere; por ejemplo: si usted viene (al hospital) y miramos el patrón de una neumonía atípica es que tiene el virus».