El exmilitante sandinista Vladimir Rodríguez denunció ante Artículo 66 que su hermano identificado como Domingo Elder Rodríguez Gaitán, de 44 años, falleció la tarde del lunes, 11 de mayo, por coronavirus, en el Hospital Carlos Roberto Huembes, y que el doctor identificado como Sarrias firmó la carta de defunción indicando que la razón del deceso fue por «neumonía» y no por COVID-19, debido a que esas son las órdenes de la vicepresidenta, Rosario Murillo, y que si no lo hacía podía perder su trabajo.

El denunciante sostuvo que su hermano trabajó en el área de Migración del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino y que fue ahí donde se contagió. El cuerpo de su pariente se lo entregaron hasta por la noche del lunes 11 de mayo, en bolsas negras, caja sellada y ordenaron su entierro de inmediato.

Los 52 diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica a través de una carta solicitaron a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) realice una «evaluación externa» sobre la situación del COVID-19 en Nicaragua. El documento fue dirigido a la directora del organismo, Carissa Etienne.

En la misiva, los legisladores expresaron su molestia y preocupación por la manera en que el régimen de Daniel Ortega está manejando la emergencia sanitaria y señalaron seriamente la actitud irresponsable de los gobernantes nicaragüenses. Precisamente por eso urgen a la OPS evaluar la situación de Nicaragua para permitir a los ciudadanos y gobiernos de la región tomar las medidas que estén a su alcance para mitigar los efectos de la pandemia.

La vocera gubernamental y vicedictadora de Nicaragua, Rosario Murillo, arremetió nuevamente este jueves, 14 de mayo de 2020, contra los grupos de oposición, especialistas en Salud que critican la gestión del régimen orteguista frente a la pandemia del coronavirus y también incluyó a los obispos de la Iglesia católica.

Murillo empezó su monólogo en los medios oficialistas hablando de oración y «amor al prójimo», en referencia a la plegaria que convocó el papa Francisco para este jueves. Pero más tarde, se fue en contra los jerarcas a quienes señaló de emprender llamados desde campanarios de odios.

Fuentes médicas del Hospital Monte España en Managua informaron a este medio de comunicación que la administración del centro hospitalario decidió mandar por 21 días a sus casas, a una cantidad de personal que dieron positivos a COVID-19. Entre los afectados se encuentran: oncólogos, médicos internistas, médicos generales  y personal de enfermería.

Pese a que la prueba dio positivo a coronavirus, el informante afirmó que se les está tipificando como “neumonía típica”. En cuanto a los pacientes positivos internados en ese hospital, un trabajador de este centro dijo que hay diez casos, entre ellos uno que se encuentra grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El secretario general del Ministerio de Salud, doctor Carlos Sáenz, compareció este martes, 12 de mayo de 2020, ante los medios oficialistas a brindar el «reporte semanal» sobre la situación del coronavirus en Nicaragua. El funcionario aseguró que las cifras de casos positivos aumentaron a 25 y que en la última semana fallecieron tres nicaragüenses a causa de COVID-19 por lo que la cifra de decesos se elevó a ocho.

Sáenz reveló que en los 12 primeros días de mayo, le han dado seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 a 54 nicaragüenses y añadió que desde que se conoció el primer caso (el 18 de marzo) le han dado el mismo seguimiento a 216 personas, de las que no dio más detalles.

Asimismo, el Minsa continúa tratando de minimizar el agravamiento de la pandemia argumentando que la mayoría de personas en seguimiento por COVID-19 padecen de enfermedades crónicas como «diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades cardiacas, Síndrome de Inmunodeficiencia Humana, insuficiencia renal crónica, obesidad mórbida, antecedentes de cerebros antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas».

El funcionario del Gobierno de Estados Unidos, Michael G. Kozak, puso en tela de duda las estadísticas oficiales que presenta el régimen orteguista sobre el impacto del coronavirus en el país, a través de su cuenta de Twitter afirmó que en esta nación centroamericana «existen numerosos y creíbles reportes de un mayor contagio de COVID-19 en Nicaragua que lo indicado por las cifras oficiales».

El subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos llama a Daniel Ortega a «ajustarse a la realidad que viven los nicaragüenses, cumplir las obligaciones de su mandato y proteger al pueblo de Nicaragua», pues el gobierno en lugar de fomentar medidas de protección promueve la aglomeración de personas en un contexto donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) insta al distanciamiento social.

Durante una entrevista con la revista Acción 10 en la mañana, de Canal 10, el epidemiólogo Leonel Argüello reveló que dos médicos nicaragüenses se encuentran graves y tuvieron que ser intubados después de haber sido contagiados por el COVID-19.

El especialista detalló que los profesionales de la salud fueron ingresados a una sala de Cuidados Intensivos y aclaró que ambos doctores tuvieron contacto con pacientes contagiados. «Uno de ellos es del servicio público y el otro trabaja en un hospital privado», explicó Argüello, quien también informó sobre el contagio de más trabajadores de la salud, sin precisar una cifra.

El seis de mayo entraron en vigencia las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, contra la Policía orteguista y tres altos mandos de las fuerzas del orden. Esta medida advierte a entidades financieras y/o terceros suspender cualquier tipo de relación con la institución castigada.

Las repercusiones son graves, aseguran expertos, porque ahora la institución deberá pagar las planillas en efectivo y tendrá que estudiar un nuevo sistema para la cancelación de multas y otros servicios administrativos. La socióloga y experta en temas de seguridad Elvira Cuadra explicó a Artículo 66 que uno de los aspectos más sensibles de estas sanciones tiene que ver con las operaciones bancarias que la Policía realiza a nivel nacional e internacional.

Por su parte Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencia, aprovechó el aniversario de su Movimiento 4 de Mayo para lanzar una serie de improperios contra la Unión Europea y Reino Unido, por haber sancionado a seis funcionarios aliados de la dictadura de Nicaragua. El «chigüín», a través de un comunicado se lanzó varios descalificativos contra la comunidad internacional, tildando a Europa como «carroña», por las medidas impuestas al círculo cercano de sus padres.

También responsabiliza a la oposición de Nicaragua de acelerar estas medidas con el objetivo de «acceder al poder por el poder» y los señala de ser «incapaces de construir propuestas que hablen en nombre de los verdaderos intereses del pueblo, y que corren a los brazos de los viejos y nuevos politiqueros, ofreciéndoles, una vez más la entrega del control del Estado nicaragüense», expresó el predilecto.

Después que el Consejo de la Unión Europea anunciara el lunes, cuatro de mayo, las primeras sanciones contra seis funcionarios aliados de la dictadura de Daniel Ortega, el Gobierno del Reino Unido también anunció este martes esta medida para las mismas seis fichas, entre ellos el comisionado Ramón Avellán;  la exministra de Salud, Sonia Castro; el director general de la Policía Nacional Francisco Díaz; el asesor presidencial, Néstor Moncada; el comisionado general de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), comisionado Luis Pérez Olivas y el jefe de la Dirección de Operaciones Policiales Especiales (DOEP), comisionado Justo Pastor.

Con esta medida el Reino Unido ordena la congelación de activos y embargo de cualquier propiedad que tengan en esa nación  y por ende se le prohíbe el ingreso a cualquier país del Reino Unido. Por su parte opositores confirman el respaldo que ha dado la comunidad internacional a la lucha de los nicaragüenses.

El Consejo de la Unión Europea sancionó este lunes, cuatro de mayo, a  seis funcionarios de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, acusados de cometer graves violaciones de los derechos humanos en Nicaragua. Entre los sancionados están; el comisionado Ramón Avellán, la exministra de salud, Sonia Castro, el director general de la Policía, comisionado Francisco Díaz, el asesor presidencial Néstor Moncada, el comisionado general de la Dirección de Auxilio Judicial, Luis Pérez Olivas y el jefe de la Dirección de Operaciones Especiales, Justo pastor.