Artículos de Adriana Delgado Ruiz

Los seres humanos tenemos muchas necesidades, pero tres de ellas son de vida o muerte: aire para respirar, beber agua y comer. Para el planeta, proveernos de ello es cada vez más complicado. Hoy somos siete mil 500 millones de habitantes y en 30 años seremos nueve mil 700 millones, según Naciones Unidas.

La tendencia internacional no es la autosuficiencia alimentaria, sino que muchos países importan una parte de lo que necesitan en sus refrigeradores y despensas, primero porque ya hay al menos 44 naciones que de plano no tienen suficiente agua potable para sus habitantes y 70 que sufren problemas relacionados con la escasez del líquido vital. En otros casos, el suelo y el clima local no son adecuados para la producción agrícola y ganadera, además de los desastres continuos que ocasionan tormentas y sequías.

Todos esos problemas están acentuándose rápidamente. En el Informe sobre la Disparidad en las Emisiones 2019 de la ONU, los gases de efecto invernadero han aumentado 1.5 por ciento anual en la última década y esa tendencia no se revertirá pronto, aun cuando se necesitaría reducirlos 7.6 por ciento anual desde 2020 para limitar el aumento de la temperatura del planeta a 1.5 grados Celsius hacia 2050. Las proyecciones son que el aumento podría ser mayor a 2 grados, lo que significa muchos más trastornos meteorológicos. El derretimiento de los casquetes polares aumentará el nivel del mar. Poblaciones costeras completas pueden desaparecer y la reducción del oxígeno en los océanos ocasionaría estragos en la vida marina. Pese a todo eso, la COP 25 se caracterizó por la falta de acuerdo entre los líderes mundiales.

Producir alimentos es cada vez más un tema estratégico. Poniendo el dedo en la llaga, el secretario de Agricultura y Desarrollo Social, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, me dijo: “La verdad es que no hay mucho espacio donde puedas anticipar dónde se va a producir la alimentación. No va a ser en África, tristemente; no va a ser en Asia, no es Europa, es en América en dos polos: Norteamérica y Sudamérica. Entonces como que además de atender nuestras demandas locales y en este sentido atender en el tratado a Norteamérica como un polo de desarrollo único, como que tendríamos que asumir la responsabilidad de considerar que tenemos un papel que jugar en garantizar la alimentación mundial”.

En México tenemos de todo. Además de agua, somos el quinto país del planeta con mayor biodiversidad y cantidad de climas que van desde sierras y desiertos hasta bosques y selvas espesas. Integrados al bloque comercial más importante del mundo, la negociación del T-MEC incluye que no haya aranceles ni otras trabas. Pero ¿qué más estamos haciendo para avanzar hacia convertirnos en una superpotencia alimentaria?

Apoyar al campo y su producción, desarrollar competitividad e impulsar el mercado es clave. México tiene lo necesario, no sólo para alimentarse a sí mismo, sino para contribuir al abasto del mundo. Su economía no creció este año, pero la del sector agrícola lo hizo 5.4 por ciento. Ése es el camino.

Todos los derechos inician con el más fundamental: la libertad. Ése es el que nos hace realmente humanos. La libertad de utilizar nuestro libre albedrío, que es lo que nos distingue de los demás seres vivos. Pensar y actuar a voluntad propia.

Pero la libertad no significa anarquía, ni caos, ni egoísmo. De acuerdo con el doctor Ulrich Wacker, experimentado director en Jerusalén de la fundación liberal Friedrich Naumann, ese derecho termina donde inicia el del prójimo. Ésa es la primera de sus siete tesis. La libertad, dice, respeta las pertenencias, requiere de Estado de derecho, promueve la formación de las personas, hace posible una mejor sociedad, es la base del bienestar y une al mundo.

En la estructura social en que vivimos, el acuerdo y el desacuerdo, el poder y la gobernanza, la búsqueda de una mejor calidad de vida, son parte de la libertad. Un punto de arranque es la economía. Si hay con qué, se puede ir, se puede hacer, se puede realizar, se puede ser libre. El presidente López Obrador identificó ése como uno de los grandes pendientes: hay que recuperar el crecimiento.

¿Somos un país de libertades? El domingo del primer año de gobierno hubo dos manifestaciones masivas, una para apoyar y otra para increpar a la administración federal. Con sus apasionamientos o sin ellos, cada persona podía estar en una, en otra o en ninguna. El distintivo de los meses recientes es la discusión pública. Si la política de redistribución de la riqueza es justicia o populismo, si dejar ir a un narcotraficante capturado fue una forma de evitar violencia y muertes o un signo de debilidad. ¿Por qué no pasaba eso en los sexenios anteriores?

Pero partiendo de las tesis del doctor Wacker, ¿qué falta para que logremos un régimen pleno de libertades? Lo primero, queda claro, un estado de derecho. Poder andar en las calles sin peligro, tener a salvo a nuestras familias en casa, enviar a nuestros hijos a la escuela sin la presencia de drogas y otros peligros.

Que los jóvenes puedan emprender un negocio sin extorsiones, corrupción, ni miedo a un Estado represor. Un país que les garantice libertad para generar riqueza lícita, oportunidades de educación y también de especialización. Apostar a la investigación científica y tecnológica para innovar. Que sea común estar de acuerdo o no, en un ambiente de tolerancia y respeto.

Si la libertad hace posible una mejor sociedad y es la base del bienestar, el trabajo en equipo es lo indicado. Si la Presidencia de la República nos cuesta 75 por ciento menos este año como parte de la política de austeridad para que el gasto público se enfoque en la gente, los empresarios están haciendo también su parte comprometiendo inversiones importantes para la construcción de obras de infraestructura y reactivación de la economía. Debatir si los partidos políticos y el árbitro electoral nos cuestan excesivamente caros, es parte de una nueva forma de hacer las cosas.

Los desacuerdos sobre un aeropuerto son discusiones naturales e incluso necesarias en una sociedad plural. Sabemos el qué y discutir el cómo o el dónde de muchos temas no era algo común. Es un cambio de tiempo. No dejemos escapar la oportunidad.

POR ADRIANA DELGADO RUIZ

Nuestro sistema de partidos está hundido en una crisis de confianza y credibilidad tan severa que arrastra a la vida democrática y política mexicanas.

El nivel de debate en el Congreso baja continuamente a discusiones tan bizantinas como vergonzosas. Realmente no queda claro quiénes son de izquierda o de derecha, liberales o conservadores, porque las posturas oscilan a conveniencia, haciendo a un lado la congruencia al punto de negar convicciones. La fobia generalizada es asumir costos políticos sobre temas espinosos pero necesarios.

En las campañas electorales vemos ataques y guerra sucia en vez de propuestas, marketing político sin ética y uso de tiempos oficiales en radio y televisión con mensajes insulsos y caros, producidos con dinero de nuestros impuestos. El Presidente de México se ha comprometido a reducir esos tiempos y a impulsar la austeridad también en los partidos.

Si el presupuesto se aprueba como está planteado por ley, los partidos políticos recibirán cinco mil 239 millones de pesos en 2020, o sea 273 millones más que este año. Con todo ese dinero podríamos construir, por ejemplo, 40 escuelas para tres mil estudiantes cada una. Imagine para todo lo que alcanzaría en equipamiento de clínicas, medicamentos u otras necesidades sociales prioritarias.

La democracia cuesta pero ¿debe ser tan cara? ¿No deberíamos aspirar a mucho más con menos? Reducir el dinero a los partidos políticos está en las manos de ellos mismos dado que se trata de reformar la ley que los regula. Hasta ahora únicamente el mayoritario ha puesto el tema sobre la mesa. En legislaturas pasadas hubo iniciativas como la del ex legislador independiente Pedro Kumamoto, que quedaron en la congeladora. Hay que cambiar para mejorar. No sólo son los partidos actuales. En el camino ha habido otros con existencias fugaces, pero que han resultado ser negocios muy lucrativos. Tras la elección federal de 2018, Nueva Alianza y Encuentro Social perdieron sus registros por no obtener siquiera 3 por ciento de los votos, pero recibieron nada más ese año 419 millones uno y 398 millones el otro.

¿No debería ser éste un punto de inflexión? ¿No sería más adecuado que la consecuencia de un verdadero trabajo de convencimiento entre los ciudadanos y de construcción real de una militancia sólida hiciera que sus propios simpatizantes fueran los principales aportantes para el sostenimiento de los partidos políticos? La competencia real impulsa a mejorar con creatividad y propuestas en vez de prácticas como la de postular candidatos que terminan llegando a puestos de elección popular sin la legitimidad necesaria ni los conocimientos mínimos para el desempeño de sus funciones.

En los largos años de reconstrucción democrática desde el autoritarismo hasta la alternancia, se argumentó que el financiamiento tenía que ser público para evitar que cayeran en las redes de intereses oscuros o el crimen organizado.

¿No llegó ya la hora de la transparencia, reglas bien diseñadas y una fiscalización eficaz en vez de tener que mantenerlos prácticamente por completo?

El precio de la democracia no es sólo dinero, también es tener reglas.

Eufemísticamente los llamamos “chocolates”, pero nombrarlos de manera más dulce al oído no hace que regularizar automóviles chuecos o ilegales signifique realmente un bocado menos amargo. De por sí, la situación económica actual es por demás complicada en el sector.

De acuerdo con el informe más reciente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, de enero a septiembre se produjeron 24 mil 393 vehículos menos que en el mismo periodo del año pasado, una baja del 0.8 por ciento. Las exportaciones crecieron en 13 mil 067, el 0.8 por ciento, pero las ventas en el mercado nacional se desplomaron en 7.5 por ciento, es decir, 77 mil 530 vehículos menos.

¿Qué pasaría si se legalizaran entre 10 y 18 millones de automóviles chuecos? El cálculo es que las ventas de los nuevos producidos en el país caerían hasta en 30 por ciento, pasando de 1.3 millones en 2019 a 900 mil en 2021.

No solo sería un golpe mortal para la industria automotriz mexicana, sino que terminaría siendo contraproducente para la recaudación considerando que por cada auto nuevo se paga Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), Impuesto sobre Autos Nuevos (ISAN) e Impuesto Sobre la Renta (ISR). Números simples.

Unos automóviles son significativamente caros y otros baratos. Estableciendo una media, de los 1.3 millones que se venden en un año en México a un precio promedio de 300 mil pesos, 46 mil pesos son impuestos, es decir, 59 mil 800 millones.

Visto de esa manera, los 50 mil millones de pesos que buscaría recaudar la regularización de los autos “chocolates” terminarían perdiéndose en el corto plazo, dejando además una industria mexicana fundamental muy lastimada y disminuida, con pérdidas grandes de empleos y capacidad productiva.

Se vuelve un círculo vicioso. La mayor parte de los llamados autos “chocolates” entran al país mediante permiso temporal de importación cuando los paisanos en Estados Unidos visitan a sus familias. Ya en México, ha sido un negocio clientelar de partidos y caciques políticos apoyar a organizaciones que pugnan por la legalización en masa, ocasionando daños grandes a la industria mexicana y la consecuente pérdida de oportunidades que se traduce en más migrantes.

¿Y si mejor se crea una política pública que dé dignidad a los mexicanos? Uno de los argumentos más recurrentes es que sale más barato traer un vehículo usado que obtener uno nuevo para las labores del campo, por ejemplo. A la larga no es cierto. Las refacciones no son las mismas, el mantenimiento tampoco y generalmente se trata de vehículos con tanto desgaste que contaminan mucho más, duran muy poco y se convierten en chatarra muy rápido.

¿Qué tal si mejor alineamos esfuerzos? Por un lado, Nafin tiene mecanismos para el otorgamiento de créditos a través de la banca tradicional. Por otro, el crédito comercial automotriz es uno de los más dinámicos y puede serlo aún más diversificando sus fuentes de fondeo mediante el mercado bursátil.

Crear competencia, crea mejores condiciones. Sería un ganar-ganar. Vehículos dignos para los productores rurales mexicanos, no llenarnos de chatarra, una industria automotriz mexicana fuerte, ingresos fiscales sostenidos y una manera más de inclusión financiera y justicia social.

Por qué es tan extraño que un poder ejerza la autonomía que tiene legal y legítimamente? ¿Por qué el ministro presidente de la Suprema Corte no podría ejercer su libertad de expresión y análisis jurídico en las redes sin que suene a conspiración política? Los asuntos legales se dirimen en juzgados y tribunales.

Un sistema de justicia sano en un Estado democrático tiene tres componentes básicos: un Poder Judicial autónomo, autorregulado por principios éticos y valores acordes con la transparencia y la rendición de cuentas; un Poder Legislativo que diseña leyes eficaces y un aparato de procuración e investigación independiente de los vaivenes políticos.

Según el Reporte de Competitividad Global 2019 del Foro Económico Mundial, México ocupa el lugar 103 de 141 en independencia judicial, con un valor de 3.0 en una escala del 1 al 7. El país mejor posicionado es Finlandia, con 6.6.

Las diferencias de fondo están en lo referente a la cultura cívica y el estado de derecho. Ese país es también el más feliz del planeta, de acuerdo con el ranking de Naciones Unidas, y es considerado un modelo en educación, igualdad de género, calidad de vida y política anticorrupción. Eso explica por qué el sistema de justicia no tiene que lidiar con una descomposición social galopante.

Visto así, el diablo está en los detalles. ¿Qué necesitamos para que en México haya una justicia real? Es importante que el diseño de nuestro marco legal garantice igualdad de circunstancias para todos, procesos rápidos y expeditos, y una justicia que no mida con diferentes varas y medidas. Un síntoma de ello es la iniciativa de ley de amnistía impulsada recientemente para aliviar una cantidad considerable de injusticias. En un país tan desigual se agudiza la vulnerabilidad de personas procesadas por aborto o el robo de un pan, por no tener para pagar un defensor o simplemente por no hablar español, como ocurre con indígenas y extranjeros que no tienen un intérprete.

No son casos aislados. El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, dijo en su oportunidad que se habían recibido mil 221 solicitudes de personas encarceladas con presunciones sólidas de procesos indebidos y prácticas ilegales e injustas. De ese total, incluso 45 fueron liberadas mediante el desistimiento de la acción penal, reposición del proceso o sentencia absolutoria por falta de elementos. Pero ¿qué necesidad de llegar a ese punto?

Necesitamos leyes y reglas claras, arrancar la corrupción de raíz y crear una conciencia real en todos los eslabones de nuestro sistema de justicia. ¿Cómo es posible que 25 años después llegue una disculpa por parte del Estado por el maltrato y violación que sufrieron tres mujeres indígenas en Chiapas a manos de militares? Eso, sin contar la inaceptable e indignante impunidad de los culpables.

¿Cómo es posible que Karla Castro esté indefensa ante empresas como Ternium y Siemens que no asumen su responsabilidad en un accidente de trabajo que puso en riesgo su vida por la ausencia de medidas de seguridad industrial? Para que sea expedita, la justicia debe ser autónoma, libre de la corrupción, presiones e intereses externos.

La parte política y legislativa está aterrizada. El artículo tercero de la Constitución y sus leyes reglamentarias están nuevamente reformadas. Además de dictaminación y voto en el Congreso, hubo unas 130 reuniones con todos los sectores involucrados: CNTE, SNTE, maestros, padres de familia, expertos y sociedad civil organizada. Por eso no es una nueva reforma, “le llamamos acuerdo educativo”, especifica el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma.

Pasemos a la realidad que hay que transformar. No olvidemos que los maestros, integrados al SNTE, a la CNTE, institucionales o disidentes son mexicanos, y más aún, los encargados de formar a las nuevas generaciones de mexicanos. ¿Qué estamos haciendo en la práctica para dignificar su labor? Muchos de ellos, en las zonas rurales apartadas, no cuentan con material didáctico para dar clases, menos con una computadora ni conectividad. Más aún, en esas condiciones se les sometía a la misma evaluación que a todos. Las necesidades de capacitación y evaluación no son iguales para un profesor rural, incluso uno en una zona indígena, que las de uno en una ciudad.

Con la Reforma Educativa anterior, dice el titular actual del ramo, se dejaron sólo 75 millones de pesos para la capacitación de maestros y 2 mil millones que habrían sido para ese fin se usaron para imagen. El nuevo acuerdo educativo dispone un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas. ¿Cómo se implementará?

Mejorar la educación y las condiciones de los maestros pasa también necesariamente por arrancar de raíz la corrupción. Hoy sabemos que paralelos a la reforma anterior hubo mecanismos para burlarla. En Michoacán, se entregaron al magisterio 3 mil 500 contratos de honorarios para que los otorgaran a voluntad, pasando por alto las evaluaciones que se financiaban con un subsidio aparte. Huachicol educativo. Inaceptable.

Y qué decir de los seis mil 614 millones de pesos que el ahora desaparecido Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa ejerció en la rehabilitación de escuelas, tras los sismos de 2017, y en auditorías no documentó la información.

El nuevo programa La Escuela es Nuestra fue lanzado el viernes pasado con 20 mil millones de pesos para beneficiar a más de 170 mil escuelas primarias. Si el dinero es administrado, como está planteado, por los padres y, sobre todo, las madres de familia junto con los maestros, los avances tendrían que notarse rápidamente. Yo confío, y seguramente usted también, en los padres que desean condiciones dignas para sus hijos.

Necesitamos infraestructura educativa y maestros de alto nivel porque queremos estudiantes con oportunidades. Necesitamos también que la escuela nos ayude a prepararnos para saber qué es la felicidad. El filósofo y psicólogo Tal Ben-Shahar insiste en la importancia de cultivar relaciones sanas, socializar en persona, rescatar la convivencia humana con el Civismo, la Educación Artística y la Física. Un uso equilibrado de la tecnología que nos vuelve antisociales y deprimidos. Ya tenemos los cambios legales, es momento de pasar a la acción.

Adriana Delgado Ruiz para #ElDedoEnLaLlaga de El Heraldo Radio.

¿Qué tan bien cuidamos a nuestros niños? Los números dicen que hemos mejorado bastante en muchos aspectos relacionados con la salud, pero siguen siendo muchas vidas que terminan cuando apenas están iniciando.

Según el Primer Informe de Gobierno, la Tasa de Mortalidad Infantil, es decir, durante el primer año de vida, en el 2000 fue de 20.8, o sea 49 mil 272, y ha ido descendiendo gradual y rápidamente. El año más reciente del que se tienen cifras es 2017, cuando la tasa ya había descendido a 12.1, lo que significó 26 mil 995 pequeños. La estimación para el cierre de 2019 es que haya bajado aún más a 11.8, lo que significaría 26 mil 147 menores.

¿De qué mueren los niños pequeños? En 2005 morían 21.2 de cada 100 mil menores de 5 años por enfermedades diarreicas y al cierre de 2019 serán 5.4. Por infecciones respiratorias eran 34 y ahora 14.8. Por deficiencia nutricional eran 8.9 y ahora 3.9.

En cuanto a enfermedades prevenibles por vacunación, la tasa de muertes en casi todas es muy cercana a cero, excepto en dos casos. La tuberculosis meníngea mató a 11 de cada 100 mil niños menores de cinco años en 2005 y en 2019 se espera que la tasa baje a 6. La tosferina es un caso mucho más complicado: en 2005 la tasa fue de 349 y al cerrar este año será de 515. Este padecimiento es una tos convulsa, muy agresiva y contagiosa, que se adquiere por vía respiratoria y pega duro a la vulnerabilidad de un organismo en desarrollo.

En términos globales, se trata de una enfermedad con la que están lidiando muchos países, incluso en el mundo desarrollado. La cobertura con esquema básico completo de vacunación en 2005 llegaba a 95.2 por ciento de los menores de un año y a 73.3 por ciento de los que cumplen esa edad. Para 2019 esos porcentajes son 85.1 y 87.7. Tenemos que llegar a 100. No es aceptable que haya niños sin la protección que dan las vacunas.

El rector de la UNAM, Enrique Graue, médico oftalmólogo de profesión, sostiene que el sistema de salud mexicano requiere “un presupuesto mucho más eficiente”, aunque priorizar siempre es un factor ineludible que suele dejar la prevención en segundo plano.

Hay que ver a la atención primaria, pero sin descuidar los niveles curativos porque la prevención es para el futuro, pero hoy se nos mueren familiares, se requiere una atención de calidad y es por eso que los presupuestos también tienen que ser para los problemas de hoy”, comenta.

De aprobarse como se propuso en el Paquete Económico 2020, el presupuesto de salud aumentará en cuatro mil 322 millones de pesos para el próximo año a 128 mil 589 millones. Adicionalmente, la Administración Federal ha estado encabezando una batalla frontal para hacer más eficientes esos recursos evitando sobrecostos en insumos y medicamentos mediante compras consolidadas.

¿Lograremos por fin en este sexenio la tan anhelada cobertura universal de salud? Además, es fundamental llegar al punto en que más que curar, podamos centrarnos en prevenir. Cuidar de la salud también es vivir en mejores condiciones sanitarias, abatir la pobreza, hacer campañas de información y concientización. Necesitamos cuidar mejor de nuestros niños.

En #ElDedoEnLaLlaga Adriana Delgado Ruiz conversa con la Secretaria de la Función Pública (SFP) sobre el "Barómetro de la Corrupción.

Dedicado a Antonellla por Adriana Delgado Ruiz