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Esta es la pregunta que plantean dos académicos: Cornelius Christian, profesor de economía en la Universidad de Brock en St. Catharines, Ontario, y Richard Ridyard profesor de derecho en la Universidad John Moores de Liverpool en el Reino Unido.

Esta interrogante surge ante la velocidad a la cual Canadá otorgó refugio a Rahaf Mohammed, una joven saudita. El proceso, dicen los académicos en las páginas del National Post, publicado en Toronto, huele a maniobra política y no a una causa de derechos humanos.

Hay mucho que elogiar en la decisión de Canadá de otorgar asilo a Rahaf Mohammed, una adolescente saudita que huyó de su familia en Kuwait, dicen los académicos.

Estamos contentos de que la joven viva ahora en Canadá. Después de todo, Arabia Saudita es una cruel dictadura que oprime a las mujeres, los homosexuales y a las minorías religiosas. Sin embargo, es difícil esconder la impresión de que este caso tiene más que ver con la política que con los derechos humanos, sostienen los autores del artículo, Cornelius Christian y Richard Ridyard.

La adolescente saudita Rahaf Mohammed al-Qunun, al centro, junto a la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá. Chrystia Freeland, a la derecha, a su llegada al Aeropuerto Internacional Toronto Pearson. (Chris Young/Canadian Press)

Rahaf Mohammed fue detenida el 5 de enero en Tailandia cuando viajaba a Australia. Después de que se le negara inicialmente la entrada, ella se atrincheró en su habitación de hotel y recurrió a las redes sociales para movilizar a mucha gente en su defensa.

Posteriormente se le concedió asilo en Tailandia con la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que tramitó su solicitud.

Tras negarse a reunirse con su padre y su hermano, que habían viajado a Bangkok, ella solicitó indirectamente ayuda al gobierno de Trudeau, que finalmente le otorgó refugio en Canadá.

Hay una serie de problemas con esta historia, señalan Cornelius Christian y Richard Ridyard en su artículo, destacando que no se respetaron los procedimientos legales, aparentemente debido al uso inteligente de las redes sociales por parte de Rahaf Mohammed para ganar simpatía. El espíritu de la ley, así como su letra, fueron socavados en este caso.

Primero, la joven saudita no corría peligro inmediato. Tailandia le había concedido asilo y protección. Un principio legal generalmente aceptado es que un refugiado debe establecerse en el primer "país seguro", en este caso Tailandia. Si ella quería venir a Canadá, debería haber seguido los procesos normales. Ningún migrante tiene derecho a elegir el país donde desee asilo, especialmente cuando se les niega esa oportunidad a tantas personas.

El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, de quien se cree que ordenó el brutal descuartizamiento del periodista crítico Jamal Khashoggi, cometido en el consulado saudita en Estambul el 2 de octubre de 2018 (Bryan R. Smith/AFP/Getty Images)

Una mujer a la que se le sigue negando asilo es Asia Bibi, que languidece en Pakistán, temiendo por su vida y la de su familia.

Bibi, una cristiana que supuestamente blasfemó contra el Profeta Mahoma, fue recientemente absuelta de todos los cargos, pero el gobierno de Pakistán se niega a dejarle salir del país.

Actualmente escondida, Bibi no puede viajar libremente dentro de Pakistán, ya que extremistas religiosos la buscan de "casa en casa". A primera vista, el caso de Bibi es más urgente que el de Rahaf Mohammed, pero tal parece que Trudeau prefiere no irritar a Pakistán.

La historia de Bibi puede distinguirse aún más de la de Mohammed. Esto porque no podemos verificar la veracidad del relato de la joven saudita. Rahaf Mohammed alegó maltrato familiar,