Morena edifica una geografía de control absoluto. Una cartografía del poder donde ya no hay espacio fuera del mapa guinda. Bajo el discurso de participación popular, los Comités Seccionales, que movilizarán a casi siete millones de militantes, serán órganos de vigilancia, disciplina y reproducción ideológica. En cada rincón del país, una avanzada velará por la pureza doctrinal y la obediencia territorial. La política dejará de ser deliberación partidista, para volverse catecismo.

Esta maniobra organizativa es, también, un acto de fe, que comenzó con AMLO, en la perpetuación de un proyecto, que recuerda al viejo PRI: el partido como Estado, el Estado como partido, en una división casi invisible. Lo que antes era clientelismo, hoy se nombra como "formación política".

Sin embargo, al interior de Morena laten tensiones. Las ausencias en el Consejo Nacional y las disputas por el control territorial revelan un partido que, al crecer, se fractura. La Comisión Evaluadora, con su rigor selectivo, buscará purgar disidencias. Morena apuesta por la estructura sobre el espíritu, y en esa apuesta se juega su destino.

El partido teje una red que aspira a ser omnipresente, una maquinaria de lealtades que combina la disciplina del viejo régimen priista, con el fervor ideológico de la 4T. El éxito de esta iniciativa, dependerá de si logra un diálogo real con la sociedad o se degrada en un monólogo organizacional dictado desde la cúpula. Esa es la verdadera prueba de fuego.

Sin embargo, esta ambición revela una paradoja: la construcción de una base territorial masiva, puede sofocar la espontaneidad que dio origen a dicho movimiento. Morena corre el riesgo de transformar su espíritu en burocracia, sacrificando la utopía lopezobradorista, en el altar de la eficacia, como pasó con los excesivos e ineficaces megaproyectos del tabasqueño.

A medida que pierde frescura social, el partido busca blindarse desde abajo, cercando a los votantes con militancia disciplinada. La pluralidad del país -esa complejidad incómoda para la “4T”- se quiere reducir a una sola voz.

El sueño de un movimiento vivo se transforma, paso a paso, en el aparato de una máquina. La transformación se vuelve institucional, como una herencia de su padre: el PRI. Sin embargo, al envejecer, el movimiento, como lo trae en su ADN priista, comienza también a fosilizarse.

Manifestarse para destruir, es negar la ciudad como un espacio plural. El odio es el único inquilino verdaderamente ajeno. La marcha del 4 de julio en la Ciudad de México, dejó cicatrices: cristales rotos, pintas racistas y agresiones xenófobas. Entre el tumulto, los extranjeros se convirtieron en chivos expiatorios de una furia legítima, pero extraviada e irracional.

El encarecimiento de la vida, el desplazamiento de los humildes, la erosión del tejido social propio ante lo foráneo, la mercantilización del espacio público, son heridas reales. La gentrificación, innegable y dolorosa, no es solo el turista o el nómada digital, ni responde a un solo culpable. Es un sistema que devora la CDMX, que encumbra torres de cristal, mientras expulsa a los suyos. Es hija de políticas de desarrollo fallidas, del abandono del Estado, de los vaivenes del mercado, de migraciones internas y externas.

Pero la violencia no es el bálsamo, sino un veneno que encona. La furia disfrazada de legítimo reclamo deviene, en su extravío, en una negación elemental: no es la ciudad quien protege, sino quien expulsa; no es el barrio quien resiste, sino quien ataca. Hubo un tiempo en que la CDMX prometía el encuentro y la solidaridad: aquí se fundaron refugios, aquí llegaron quienes huían del miedo. Convertir la defensa del derecho a la vivienda, en cacería del forastero, sólo reproduce la injusticia bajo otra máscara.

La nueva marcha, la del 20 de julio, debe ser un espejo, no un puño. Que exija justicia habitacional, sin xenofobia, que reclame una ciudad para todos, no para unos contra otros. La capital de la República, santuario de identidades, no merece ser campo de batallas estériles. Entre el esplendor y la ruina, la CDMX exige algo más complejo que la consigna fácil.

El vandalismo deshilacha el tejido vecinal y ahuyenta la inversión que genera empleo. El derecho de manifestación no ampara la destrucción de propiedad, ni la agresión al otro. Para transformar el descontento en progreso, es imprescindible canalizar la indignación hacia propuestas viables.

Mi propuesta es, también, una solución política y pacífica al problema: vivienda asequible para quienes han sido desplazados, incentivos para que los comercios locales sobrevivan, normativas urbanas con equidad social, impuestos progresivos sobre inversión especulativa y diálogo vecinal abierto sobre el porvenir urbano.

Defender la ciudad no es levantar muros, sino construir puentes de pertenencia. Así, la ciudad reconciliará su memoria con la esperanza de un futuro, donde el espacio común no sea privilegio, sino cauce de solidaridad y convivencia.

“La gloria es una estatua cagada por las palomas", escribió Fernando Vallejo, en ‘La Virgen de los Sicarios’. La decisión de Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, de retirar las estatuas de Fidel Castro y el Che Guevara, representa un acto de cordura cívica largamente postergado. No se trata únicamente de cumplir con la normatividad urbana, sino de confrontar el embuste que ha permeado durante décadas en nuestro imaginario político.

La historia tiene relojes que dan la hora atrasada. No se honra el porvenir celebrando a los opresores del pasado. Castro se convirtió en un tirano que sometió a Cuba durante más de medio siglo. Su legado no fue la liberación prometida, sino décadas de represión, exilio y miseria económica. El revolucionario convertido en déspota, prolongó su sombra sobre una isla donde la libertad fue proscrita y el pensamiento, vigilado.

El Che, por su parte, fue reducido a una caricatura comercial: su rostro adorna playeras de jóvenes que desconocen que fue corresponsable de ejecuciones sumarias. La iconografía revolucionaria lo despojó de su humanidad, para convertirlo en un cliché, en mercancía de tianguis para comunistas trasnochados.

Sin embargo, hay un grupúsculo que está ciego, o no quiere ver, el dolor, la desgracia, la ruina y la muerte que ambos provocaron en Cuba. Las protestas de quienes exigen la restitución de las estatuas, revelan una nostalgia equivocada por figuras que, más que revolucionarios, fueron arquitectos del autoritarismo.

México, que históricamente ha ofrecido refugio a los perseguidos políticos, no debe rendir tributo a quienes oprimieron a otros. La instalación de estas estatuas en 2017 representó un error histórico, además de ilegal, que la alcaldesa ha tenido el valor de corregir.

La dignidad, al contrario de la tiranía, no necesita bustos de bronce o fantasmas de tiranos, sino de ciudadanos despiertos. México merece plazas libres de efigies que enaltecen la demagogia disfrazada de redención. Decidir qué símbolos admiramos, es optar por el futuro que estamos dispuestos a invocar cada mañana.

Que la presidenta no tiemble ante los cárteles del narco es comprensible: su coraje descansa en la coraza del Estado mexicano. Pero fuera del Palacio Nacional, la República se borda con hilos sueltos. Gobernadores, alcaldes, regidores, funcionarios públicos estatales y municipales, caminan descalzos sobre pólvora: si no pactan, los pactan.

La autoridad local se ha vuelto un espejismo donde patrullan uniformes prestados o rendidos. Las policías municipales son cuarteles fantasmas tomadas por los soldados o por la delincuencia. Así, el miedo no es un defecto, sino un síntoma de lucidez. Mientras la cúpula celebra su invulnerabilidad, la base gubernamental local aprende que la neutralidad es una sentencia y la ley, un rehén.

Sheinbaum tiene razón: ella no debe temer al narco. Su posición en la cúspide del poder político mexicano le otorga un blindaje que otros funcionarios no poseen. Ella cuenta con el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y todo el aparato de inteligencia del Estado mexicano a su disposición. Es el privilegio del poder supremo: la capacidad de enfrentar al crimen organizado, desde una fortaleza institucional casi absoluta.

Pero esta ausencia de miedo de Sheinbaum, contrasta dramáticamente con la realidad que viven los demás políticos mexicanos. Desde gobernadores hasta el más modesto funcionario municipal, la ecuación se invierte: ellos sí deben temer, porque carecen del escudo que protege a la presidenta de la República. Los alcaldes, por ejemplo, dependen de policías locales cooptadas, amenazadas o directamente controladas por el crimen organizado.

A todo esto debemos sumar la militarización de la seguridad, que ha puesto a la Guardia Nacional bajo control de la Secretaría de la Defensa, con lo que se confirma implícitamente el fracaso de las instituciones civiles locales. El poder, paradójicamente, genera sus propias asimetrías del miedo. El verdadero reto no es la valentía presidencial, sino la reconstrucción del suelo cívico, donde cada voz pública pueda erguirse sin miedo y sin pedir permiso a una bala.

El Mundial 2026 será en México, sí… pero solo si usted se apellida Slim, o es hijo de López Obrador, o es gobernador de algún estado petrolero o lava dinero en chocolates del Bienestar de 24 quilates. Los boletos para ver un partido en el estadio cuestan más que el rescate bancario del FOBAPROA. No se puede comprar un boleto ni vendiendo el coche, el riñón o la colección completa de tazos de Sabritas.

En el 70 y el 86, el pueblo llenaba el Azteca con suéteres tejidos y una torta de jamón envuelta en servilleta, sí, como las que se comía “El Chavo del Ocho”. Hoy, la FIFA cobra como si en vez de fútbol fuéramos a ver a Jesucristo dar el saque inicial. Y ya nos imaginamos los palcos: narcos con lentes Gucci, políticos con bufanda Luis Buchón y empresarios que huelen a licitación directa de la “4T”.

Boletos de decenas de miles de pesos, sin incluir los cacahuates, ni el soborno al revendedor, son el nuevo pase al paraíso futbolero… claro siempre y cuando uno sea narco, político reciclado bendecido por Morena o empresario consentido del régimen cuatrotero.

Ni juntando todas las pensiones del Bienestar alcanza para una butaca con vista parcial al saque de banda. Ni vendiendo la vajilla de la abuela, el refrigerador y el alma. Los palcos ya están reservados: no para quienes entonan el himno nacional con el corazón en la garganta, sino para quienes lavan dinero con el sudor ajeno.

En el 70 y el 86, las gradas eran una verbena popular. Hoy, el fútbol es pasarela en alfombra roja, con Rolex y guardaespaldas. Asistir ahora a un partido no requiere pasión, sino patrimonio. Lo que antes era un festejo popular ahora exige, como mínimo, un fideicomiso y dos avales. El balón rueda para unos cuantos. El resto, a verlo por televisión… claro, si el recibo de la CFE lo permite o Elektra no me embarga el aparato.

La fuga de Hernán Bermúdez Requena, quien dirigió la Secretaría de Seguridad de Tabasco, durante los gobiernos de Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino Campos, cruje hoy como hueso roto en el esqueleto con osteoporosis de la autoproclamada “cuarta transformación”

Si Genaro García Luna encarnó el pecado original del calderonismo, Bermúdez Requena amenaza con convertirse en su reflejo, en el espejo empañado, pero vanidoso y soberbio de Morena. No se trata solo de la caída de un funcionario más; es la fractura del relato heroico.

Quien fue el supuesto custodio del orden tabasqueño habría negociado en la penumbra con la maña, mientras desplegaba patrullas bajo la bandera regeneradora. El guion nacional exigía villanos azules, pero ahora descubre monstruos guindas.

¿Quién dejó abierto el portón de la impunidad, para que el ex policía tabasqueño se diera a la fuga del país? ¿Dónde estaba la agudeza de Adán Augusto, el hombre que presume saberlo todo desde el escaño, el palacio y la tarima? Fue secretario de Gobernación de AMLO, cuando Bermúdez Requena todavía patrullaba su reino tropical, conocía los callejones de Villahermosa y los laberintos estatales.

Se sabe que quien controla la información controla también las omisiones. El silencio posterior de Merino Campos, y el murmullo casi inexistente del partido que gobierna, completan la escena: un retrato de familia donde las miradas evitan la cámara que los inmortalizará como lo que son: unos cómplices.

Más elocuente que las palabras resulta el silencio. En Palacio Nacional, las voces que suelen dictar verdad moral hoy murmuran con boca de piedra. No hay mañanera que dedique epíteto a Bermúdez Requena, no hay tuit justiciero para el prófugo de la justicia. La complicidad, a veces, se escribe con puntos suspensivos.

El episodio desnuda una aritmética política elemental: si el aliado cae, se resta; si el adversario cae, se multiplica. Con Bermúdez Requena, la resta amenaza volverse división, y la palabra transformación podría quedar huérfana del adjetivo de cuarta.

La 4T había prometido desterrar la complicidad estructural entre Estado y crimen. Sin embargo, hoy enfrenta la prueba de su coherencia. Si la retórica respecto al viejo régimen fue implacable, la vara moral de la "4T" debe medir, con idéntica severidad, también a los suyos. De lo contrario, lo dicho se vuelve coartada y el combate a la corrupción se deshilacha en una decadente narrativa.

Cada día que pasa sin explicaciones amplía la sombra sobre la “4T”. La detención de Bermúdez Requena no bastará: se requiere una revisión pública de las cadenas de mando que permitieron su ascenso y blindaron su huida.

Sin ese ejercicio de transparencia, la “cuarta transformación” llevará, como un recordatorio eterno, el rostro del funcionario prófugo: la grieta que muestra qué tan frágil puede ser la supuesta “superioridad moral”, cuando se confronta consigo misma.