Es decir, el 21 de febrero se elegirá, durante las Asambleas Delegacionales Electivas y mediante el voto universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible a los miembros de la Sección 19 del SNTE, incluyendo desde luego al relevo de Gabriela Bañón Estrada en el cargo de secretario o secretaria general.

La emisión de la convocatoria siempre la ha hecho el CEN del SNTE. En nuestra entidad, además de la Secretaría General, habrán de renovarse un chingo de secretarías (unas 55-60), cuyas fórmulas deberán registrarse con los nombres del propietario y el respectivo suplente. A reserva de lo que señale la convocatoria, contenderán candidatos a los siguientes comités, con propietarios y suplentes: un Comité Seccional Electoral integrado por un presidente y dos secretarios; un Comité de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados, con un presidente, un vicepresidente, un secretario y dos vocales; y cuatro Concejales Nacionales.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia de prensa mañanera de este martes indicó que el juicio es un “show mediático”, pues hasta ahora no se han revelado cuestiones contundentes para sentenciar a García Luna y acusar como su cómplice a Calderón Hinojosa, a pesar de haber miles de informes periodísticos en las hemerotecas. Lo más importante que dijo el lunes “El Grande” fue que constató cuando se le entregaron millones y millones de dólares a García Luna, sin presentar pruebas fehacientes de cargo.

Aquí se inserta el “Plan B” del macuspano, cristalizado en el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, quien encarna a plenitud la personalidad del “Gran Tlatloani” y el deseo inconsciente de la inmensa mayoría de los mexicanos por tener a un hombre de mano dura en la Presidencia de la República. Este personaje es conocido por su inclinación hacia el autoritarismo.

En 1987, para graduarse y obtener su título, recurrió al plagio para elaborar su tesis. Esto ya fue confirmado, inclusive por el rector de la UNAM, Enrique Graue, quien, sin embargo, ha declarado varias veces que la institución carece de bases legales para cancelarle el título a la ministra lo cual, en un escenario dramático para la dama, repercutiría en su permanencia en la Corte, donde le faltan 11 laaargos años para concluir su período.

El funcionario señaló, sin embargo, que un operativo de revisión de mochilas, practicado desde los hogares por los padres de familia, lograría disminuir de manera notable el traslado de sustancias ilegales, sean del tipo que fuere, amén de que también se abatiría la portación de armas blancas (de diferente tipo) y armas de fuego.

Ni duda cabe que el informe difundido el lunes de la presente semana por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la supuesta causa del fallecimiento de la joven Ariadna Fernanda López Díaz, hallada muerta el 31 de octubre de 2022 en un paraje de la autopista La Pera-Cuautla (dentro de la jurisdicción de Tepoztlán), “cayó como anillo al dedo” a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien saltó a la palestra pública, no solo para convalidar la “opinión técnica” de la FGR, sino para arremeter de nuevo en contra del titular de la Fiscalía General de Morelos, Uriel Carmona Gándara

Así de que estaremos muy atentos a los siguientes acontecimientos, sobre un escenario donde volveremos a ver y escuchar a los mismos protagonistas, quienes buscarán salir lo menos raspados en un caso demasiado manoseado mediáticamente, debido a su politización. Desde esta tribuna periodística hemos sostenido que el feminicidio sí existió, por el evidente manejo del cuerpo, mismo que fue depositado como algo prescindible en un paraje de la autopista La Pera-Cuautla. La pareja hoy presa, debe pagar por ello. Y tocante al caso de las necropsias, tan divergentes, también esperaremos a ver aplicada la ley sobre servidores públicos adscritos a las áreas periciales respectivas.

Sin embargo, debido a los vaivenes en la incidencia delictiva de cualquier región mexicana, puede concluirse en que es la disuasión y prevención de los delitos la parte más vulnerable y vulnerada. Es el primer escalón de un número indeterminado de políticas públicas encaminadas a lograr la paz, la tranquilidad y la percepción de seguridad de la sociedad. Lo anterior, asimismo, es una obligación constitucional conferida a los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

Sin embargo, el propio abogado general de la UNAM aclaró que el artículo 23, fracción VII, de la Ley Reglamentaria del artículo quinto constitucional permite a la Dirección General de Profesiones de la SEP “cancelar el registro de los títulos de los profesionistas condenados judicialmente a la inhabilitación en el ejercicio y publicar profusamente dicha cancelación”. Esto significa que la mismísima UNAM encontró una rendija para conseguir la cancelación del título de la “ministra” quien, no obstante, se ha defendido como gato boca arriba frente al altísimo desprestigio de su persona a nivel nacional.