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El senador republicano Marco Rubio y el demócrata Tim Kaine presentaron este jueves 8 de junio un proyecto de ley que pretende extender hasta diciembre de 2028 los efectos de la ley de sanciones a Nicaragua, conocida como “Ley Nica Act”.

La nueva propuesta de Rubio y Kaine también pretende ampliar las sanciones para “incluir a los funcionarios nicaragüenses responsables de violaciones a los derechos humanos de los creyentes religiosos” e insta al Departamento de Estado a promover el fin de las inversiones a Nicaragua provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

“La decisión tomada por el régimen criminal de Ortega-Murillo de socavar por completo el proceso de elección presidencial en el 2022, así como su decisión de forzar al exilio a casi toda la oposición de Nicaragua y reprimir activamente a miembros de la Iglesia católica, indica que la naturaleza vil de este régimen sigue creciendo”, dijo Rubio.

La “Nica Act” fue aprobada a finales de 2018 por el Congreso de EE. UU. para detener la financiación de las instituciones multilaterales de crédito al Gobierno de Nicaragua.

El senador republicano Marco Rubio y el demócrata Tim Kaine presentaron este jueves 8 de junio un proyecto de ley que pretende extender hasta diciembre de 2028 los efectos de la ley de sanciones a Nicaragua, conocida como “Ley Nica Act”.

La nueva propuesta de Rubio y Kaine también pretende ampliar las sanciones para “incluir a los funcionarios nicaragüenses responsables de violaciones a los derechos humanos de los creyentes religiosos” e insta al Departamento de Estado a promover el fin de las inversiones a Nicaragua provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

“La decisión tomada por el régimen criminal de Ortega-Murillo de socavar por completo el proceso de elección presidencial en el 2022, así como su decisión de forzar al exilio a casi toda la oposición de Nicaragua y reprimir activamente a miembros de la Iglesia católica, indica que la naturaleza vil de este régimen sigue creciendo”, dijo Rubio.

La “Nica Act” fue aprobada a finales de 2018 por el Congreso de EE. UU. para detener la financiación de las instituciones multilaterales de crédito al Gobierno de Nicaragua.

El presidente de Irán, Ebrahim Raisí, viajará la próxima semana a Nicaragua, Venezuela y Cuba para fortalecer las relaciones con estos países en materia económica, política y científica, anunció este miércoles la oficina presidencial iraní a medios estatales de su país.

Raisí es un dictador que comparte con Ortega la misma retórica antimperialista y un nutrido expediente como violador de derechos humanos. Amnistía Internacional señala a Raisí de dirigir una represión creciente, enfocado en disidentes pacíficos, defensores de derechos humanos y grupos minoritarios, quien además fue miembro de la “comisión de la muerte” que sometió en 1988 a desaparición forzada y ejecuciones a miles de disidentes políticos en las prisiones iraníes de Evin y Gohardasht.

La llegada a Nicaragua del presidente de Irán será la segunda de un alto dignatario de ese país en lo que va de 2023, luego de que el canciller Hossein Amir-Abdollahian visitó en febrero pasado. Entonces, el asesor presidencial Laureano Ortega Murillo, hijo del dictador, le propuso que Nicaragua fuese usado como plataforma de Irán en Centroamérica.

La dictadura orteguista ha obligado a salir de Nicaragua al menos a 77 líderes religiosos entre 2018 y 2023, de acuerdo con datos recopilados por la investigadora Martha Patricia Molina. De estos, 40 fueron expulsados del país; 17 salieron por motivos de seguridad; a 12 se les negó el reingreso al territorio nacional, y ocho fueron desterrados y declarados apátridas.

Entre los religiosos expulsados se encuentran 33 sacerdotes, tres seminaristas, tres diáconos, un obispo, un nuncio apostólico, y 36 monjas de distintas congregaciones religiosas. La mayoría de ellos son de nacionalidad nicaragüense y algunos extranjeros que tenían varias décadas en Nicaragua.

La expulsión, destierro o exilio de líderes religiosos es parte de la persecución contra la Iglesia católica en Nicaragua. El régimen de Ortega y Murillo, en el último año, suspendió relaciones diplomáticas con el Estado Vaticano y ha calificado como una “mafia” a los obispos.

El Gobierno de Estados Unidos tiene en revisión al menos 20 000 solicitudes de Parole Humanitario de nicaragüenses, reveló la cadena estadounidense CBS News, que tuvo acceso a documentos internos del Departamento de Seguridad Nacional. 

Mientras que unos 19 000 nicas ya han entrado legalmente a Estados Unidos a través de ese programa migratorio, entre enero y abril de 2023.

Según un análisis del medio cubano El Toque, los nicaragüenses tienen el mayor porcentaje de aprobación del parole con el 95%, mientras que el de cubanos es apenas del 6.3%, de los haitianos un 6.7%, y de los venezolanos del 38.3% 

En total, las autoridades de migración han recibido 1.5 millones de peticiones de parole, durante los primeros cuatro meses de vigencia del programa migratorio.

En La Tertulia de Confidencial conversamos sobre la defenestración del general en retiro y ex vicepresidente, Omar Halleslevens, por parte de Rosario Murillo. Además analizamos el caso de fabricación de delitos de lavado de la dictadura contra la Iglesia Católica.

Rosario Murillo defenestró de las oficinas de la vicepresidencia al general de Ejército en retiro Omar Halleslevens, exvicepresidente de Daniel Ortega entre 2012 y 2016.

La dictadura de Daniel Ortega fabricó una acusación de lavado de dinero contra  la Iglesia Católica, por el uso de fondos donados legalmente por Catholic Relief Services en 2012, una fundación creada por los obispos estadounidenses. 

Catholic Relief Services donó hace once años el monto de 563 206.54 dólares a la Asociación Cáritas Diocesana de Estelí, para la construcción de un hospital, cuando esa sede episcopal estaba a cargo de monseñor Abelardo Mata.

En 2018 el proyecto se canceló y la cuenta bancaria a nombre de ese proyecto quedó inactiva, según fuentes vinculadas a la provincia eclesiástica.

Luego que el régimen ilegalizó la Asociación Cáritas Diocesana de Estelí en 2022, se acordó que el destino de los fondos para proyectos sociales se donarían en su totalidad a la Diócesis de Estelí, por lo que el dinero se trasladó a las cuentas bancarias a nombre de la diócesis. 

Aunque el origen de esos fondos están lejos de ser ilícitos, la dictadura mantiene su escalada de represión contra la iglesia, llevando a cabo una presunta investigación con el congelamiento de todas sus cuentas bancarias en el país, y la detención de ocho personas incluyendo dos sacerdotes.

En declaraciones exclusivas con CONFIDENCIAL desde Ucrania, el presidente de ese país, Volodímir Zelenski lamentó que el régimen de Daniel Ortega respalde la invasión rusa en Ucrania, y opinó que los “los dirigentes de Nicaragua y los de Rusia no tienen nada en común, sino solo el dinero”. 

Desde su búnker en Kiev, la capital de Ucrania, Zelenski atendió por primera vez a un medio de Nicaragua y a otros siete medios latinoamericanos, y conversó sobre la reacción de los países de América Latina a la invasión rusa, el desarrollo de la guerra, y el futuro de este conflicto armado. 

Al referirse a Nicaragua, mencionó que aunque el régimen de Ortega y Murillo sean aliados de Vladimir Putin, lo más importante es que el pueblo nicaragüense no esté del lado del agresor, y auguró que la verdad vencerá por encima de la propaganda y la narrativa prorrusa.

Rosario Murillo defenestró de las oficinas de la vicepresidencia  al general de Ejército en retiro Omar Halleslevens, exvicepresidente de Daniel Ortega entre 2012 y 2016, lo que habría causado malestar entre ex militares y la cúpula castrense, revelaron  fuentes vinculadas al partido de gobierno.

Halleslevens se mantuvo entre 2017 y 2022 a cargo de las oficinas de la vicepresidencia, con mas de 50 funcionarios atendiendo el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología, Conicyt, y en su nuevo cargo de . “ministro delegado para asuntos específicos”. Sin embargo en octubre de 2022, el gobierno disolvió el Conicit y los subordinó a la presidencia

La relación de Halleslevens con la vicepresidenta se deterioró al grado que Murillo ordenó que no se entregara la canasta navideña a los trabajadores del despacho de Halleslevens en diciembre de 2022. Tampoco se les dio un bono a quienes tenían los salarios más bajos.

Una fuente vinculada a ex militares asocia la defenestración de Halleslevens con el acercamiento del ex vicepresidente con el general en retiro Humberto Ortega Saavedra, después de que este se reunió con Daniel Ortega en diciembre de 2022.

Mientras que fuentes políticas sugieren que fue a raíz de una reunión de partidos liberales “zancudos”, para conversar sobre el adelanto de elecciones, sobre la cual Halleslevens estaba informado.

Con la caida de Halleslevens fueron despedidos decenas de funcionarios, entre ellos cinco coroneles en retiro de la contrainteligencia, que formaban parte de sus despacho

Las fuentes vinculadas al partido de Gobierno confirmaron a CONFIDENCIAL que Hallesleven fue reubicado en  una oficina de Cancillería, a cargo de su antiguo subordinado, el canciller Denis Moncada. 

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo asaltó y tomó por la fuerza el Instituto Técnico Santa Luisa de Marillac, propiedad de la congregación religiosa del mismo nombre, y el único centro católico de educación secundaria en el municipio de San Sebastián de Yalí, en el departamento de Jinotega. 

La dictadura también  ordenó la expulsión de tres monjas de la misma congregación, según denunció la investigadora y abogada, Martha Patricia Molina, quien documenta las agresiones contra la Iglesia Católica en Nicaragua. 

Según confirmó el medio local Mosaico CSI, en la toma del instituto estarían implicados funcionarios del Ministerio de Educación, que aprovecharon el feriado nacional por el Día de las Madres para irrumpir en el centro de estudios. 

La semana pasada, el régimen también intervino el colegio Susana López Carazo, una de las obras emblemáticas de las Hermanas Dominicas de la Anunciata en en Rivas, después de expulsar del país a tres monjas de esa congregación.

Estos ataques son parte de una escalada represiva del régimen contra la Iglesia Católica en la última semana, que incluye el congelamiento de las cuentas bancarias de todas las diócesis del país, y el arresto de otros tres sacerdotes.