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Al menos 120 personas fueron despedidas u obligadas a renunciar a sus cargos en el Poder Judicial este año, como parte de una cacería del Frente Sandinista a lo interno de una de las instituciones del Estado que está bajo control de la dictadura, relataron fuentes a CONFIDENCIAL.

Esta cacería comenzó en 2022, con la captura de los trabajadores de la Corte Suprema de Justicia Roberto Laríos, Moisés Astorga y los hermanos Hans y María José Camacho, todos cercanos a la presidenta de la institución, la magistrada Alba Luz Ramos. Estos cuatro funcionarios fueron expulsados a Estados Unidos en una lista de 222 presos políticos, quienes también fueron despojados de la nacionalidad nicaragüense.

La Secretaría de Gobernación de México reveló que durante los tres años de implementación del Título 42 en Estados Unidos, más de 10 300 nicaragüenses fueron deportados o devueltos hacia ese país por diversos puntos de la frontera.

El Título 42 fue implementado por la administración de Donald Trump, y tuvo continuidad en la de Joe Biden, como una disposición de salud pública ante la pandemia de covid-19, que permitió la expulsión expedita de un total de 2.8 millones de migrantes, según la secretaría de Gobernación mexicana.

La Policía desató este sábado una nueva “cacería nocturna” de opositores a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que terminó en la detención y acusación de al menos cinco ciudadanos, aunque activistas en el exilio aseguran que los arrestados superan la decena.

Algunos de los detenidos son: el integrante de la Alianza Universitaria Nicaragüense, Juan Carlos Márquez; el médico José Luis Borgen quien formó parte de la Unidad Médica Nicaragüense; la opositora Yolanda González, el abogado Alejandro Vélez y el miembro del movimiento liberal, Dodanin Varela. A estos ciudadanos se les dejó también en libertad condicional.

En la Tertulia de Confidencial con Carlos F. Chamorro conversamos sobre el rechazo del BCIE a la reelección de Dante Mossi como presidente ejecutivo del banco. También hablamos sobre la ciudadanía española otorgada a los primeros 14 ciudadanos nicaragüenses desnacionalizados arbitrariamente por el régimen de Daniel Ortega. Además, analizamos el cierre de la Cruz Roja Nicaragüense y la suspensión arbitraria de 26 abogados.

También hablamos sobre otros temas como:

- Las implicaciones del fin del Título 42 en Estados Unidos para los migrantes y la urgencia de un nuevo TPS para los nicaragüenses.

- La expropiación de ocho propiedades por parte del régimen  para dos programas de viviendas populares.

- El proceso de reunificación familiar de los 222 excarcelados políticos y desterrados. 

La Policía de Nicaragua amenazó con arrestar a ciudadanos que critican en redes sociales al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y también a los que rememoran las manifestaciones antigubernamentales del 2018, denunciaron algunos afectados.

Un joven profesional amenazado, dijo que los policías le explicaron que estaba incluido en una lista elaborada por militantes sandinistas, que dan seguimiento a las publicaciones de opositores y críticos al régimen; y le advirtieron que no podía ni reaccionar con diversión a las publicaciones sobre los proyectos que ejecuta u ofrece el Gobierno.

a Corte Suprema de Justicia bajo el control de Daniel Ortega suspendió de “manera definitiva” los títulos de abogados y notarios públicos a 25 nicaragüenses, desnacionalizados y acusados por la dictadura de “traidores a la patria”.

Entre los afectados está el escritor Sergio Ramírez, premio Cervantes 2017; los defensores de derechos humanos María Oviedo, Vilma Núñez, Gonzalo Carrión y Álvaro Leiva; el exmagistrado de la Corte Suprema, Rafael Solís; el exvocero del Poder Judicial, Roberto Larios, el militante sandinista Marlon Sáenz, conocido como “Chino Enoc”; los dirigentes de Unamos Ana Margarita Vijil, Tamara Dávila y Héctor Mairena; los opositores, José Pallais, Edgar Parrales y Eliseo Núñez, entre otros.

La cancelación de la personería jurídica y confiscación del patrimonio de la Cruz Roja Nicaragüense por parte del régimen orteguista representa un “asalto” con el que desaparece un organismo de carácter humanitario internacional que actuaba bajo el principio de neutralidad y lo convierte en un instrumento de control de la dictadura, consideran defensores de DD. HH. consultados por CONFIDENCIAL.

Este miércoles la Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista, ordenó la eliminación de la Cruz Roja Nicaragüense y mandó a crear una “nueva”, pero esta vez controlada por el régimen a través del Ministerio de Salud.

La Asamblea Nacional canceló este miércoles la personería jurídica de la Asociación Cruz Roja Nicaragüense, y ordenó la creación de una nueva “Cruz Roja”, que será administrada por el Ministerio de Salud (Minsa).

Los diputados orteguistas acusan a la Cruz Roja Nicaragüense de atender a los heridos provocados por la represión gubernamental en la Rebelión Cívica de 2018.

Estados Unidos aumentará los operativos de procesamiento de inmigrantes y las devoluciones en caliente durante los próximos días, ante el fin de la polémica normativa del Título 42 que amenaza con desbordar las fronteras.

La normativa migratoria Título 42 es una medida que adoptó el expresidente republicano Donald Trump y después continuó el mandatario demócrata Joe Biden, para expulsar de manera expedita a migrantes con el argumento de la pandemia de covid-19.

El obispo auxiliar de Managua en el exilio, monseñor Silvio José Báez, exigió la “liberación inmediata” de su homólogo de la diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, de quien dijo está siendo “ultrajado” dentro de la cárcel donde lo mantiene encerrado la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El Ejército de Nicaragua puso sus ojos en las instalaciones robadas por el régimen de Daniel Ortega a las cámaras de Comercio y de Industrias, que colindan con el Hospital Militar, uno de los negocios más lucrativos del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), que es el brazo empresarial de las Fuerzas Armadas.

Las dos cámaras fueron canceladas en marzo de 2023, junto a otras 16 organizaciones gremiales y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

Fuentes empresariales indicaron a CONFIDENCIAL que, previo a la cancelación de las dos cámaras empresariales, representantes del Instituto de Previsión Social Militar mostraron su interés por comprar “una parte” de los terrenos de ambas para ampliar el Hospital Militar.

En el caso de la Cámara de Industrias, las negociaciones avanzaron hasta casi la compra-venta, mientras que de la Cámara de Comercio y Servicios existen dos versiones, una es que las propiedades fueron entregadas a Gobernación y otra es que se las dieron al Ejército sin proceder con la Procuraduría, que es el ente encargado de legalizar las confiscaciones.