En Argentina, el rechazo de la justicia al capítulo laboral del decreto de Javier Milei enrareció el clima político, donde se prevé un aumento de la conflictividad. Y, sobre todo, puso una nota de duda sobre la capacidad del nuevo gobierno para aplicar su ambicioso programa de reformas.

El primer golpe al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) fue el miércoles, cuando un fallo de cámara del fuero laboral le dio la razón a una petición de la central sindical CGT. Alegando que el gobierno no tenía autoridad para modificar por decreto la legislación de trabajo, estableció la cautelar. Es decir, todo el capítulo laboral del decreto queda sin efecto hasta que haya una resolución sobre la cuestión de fondo.

Para la cámara, no está justificado ni la necesidad ni la urgencia de una reforma laboral cuyos resultados sobre el empleo no ocurrirán de inmediato.

El gobierno no terminaba de reponerse de ese revén en el ámbito de la justicia, cuando llegó el segundo golpe, esta vez con una nueva medida cautelar para hacer lugar a un planteo de la CTA, la otra central sindical, de orientación izquierdista.

Esta vez, en la argumentación del fallo los jueces expusieron el riesgo de que el DNU pudiera agravar la crisis social y que se produjeran hechos violentos.

En definitiva, lo que queda en suspenso es una serie de reformas que flexibilizan las modalidades de contratación y que, según el gobierno, tendrán el efecto de incentivar el empleo, al hacer menos oneroso un potencial juicio por despido.

Se establecía, por ejemplo, que el período de prueba para los recién contratados era de ocho meses. También se cambiaba el cálculo de la indemnización, al dejar de lado ítems no remunerativos y al no aplicar intereses a las multas. Y se permitía el empleo asociativo para los trabajadores autónomos, que pudieran contratar hasta cinco colegas sin que eso implicara una relación de dependencia.

Pero además se modificaban otros temas que hieren a los sindicatos en la faz económica, porque establecía que ya no fuera obligatorio el aporte de una parte del salario para el sindicato, ni que fuera obligatoria la afiliación a una obra social para el servicio médico.

El gobierno alega que esas son, en realidad, las verdaderas motivaciones que llevan a los dirigentes sindicales a plantear la acción judicial. Además, esto se complementará con protestas masivas y un paro nacional para el 24 de enero.

Pero, más allá de la cuestión específica de la reforma laboral, lo que el ambiente político interpreta es que Milei enfrentará su primer examen para ver cómo reacciona ante las trabas que vengan desde los sindicatos, la justicia o el Congreso.

Si Milei se mostrara débil ante esta situación, eso probablemente acotará sus chances de avanzar en otros temas de la agenda, sobre todo por su representación minoritaria a nivel parlamentario.

Por ahora, el primer paso será la apelación a estas medidas cautelares, y un intento por trasladar el tema desde el fuero laboral al fuero contencioso administrativo, donde cree que tiene mejores chances. De todas formas, se descuenta que el tema llegará hasta la Corte Suprema, que lo revisará cuando termine la feria judicial.

(Fernando Gutiérrez, corresponsal en Argentina)