En Argentina volvió sobre el tapete un tema que parecía enterrado en el pasado: la emisión de “cuasi monedas” a cargo de las provincias, como había ocurrido en la crisis financiera del año 2001, cuando colapsó el régimen de convertibilidad.

La iniciativa surgió por parte del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien se queja de que el gobierno nacional le debe fondos que se deben transferir en forma automática, en el marco del sistema de coparticipación de impuestos.

Este sistema implica que hay un porcentaje de la recaudación que debe ir directo a las cajas provinciales, según una fórmula preestablecida, y que ese dinero no puede ser interceptado ni su forma de reparto alterada por el gobierno nacional.

El riojano alega que el presidente argentino, Javier Milei, al no aprobar la ley de presupuesto 2024, le retiene fondos ilegalmente, por lo que planteó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia. Y, mientras tanto, avisó que para transitar la emergencia emitirá una moneda provincial.

Técnicamente se trata de un bono, porque tiene fecha de vencimiento, y se usa para pagarle a los empleados públicos y a los proveedores del gobierno provincial. Sin embargo en La Rioja, como en muchas provincias del norte argentino, los empleados estatales duplican a los privados del sector formal.

Estos billetes riojanos servirán para pagar los servicios públicos y los impuestos provinciales, aunque no los impuestos nacionales. Los comercios de la provincia deben aceptarlos en su valor nominal.

Los antecedentes históricos marcan que la valuación de mercado de esa moneda provincial pocas veces se mantiene a la par con el peso. En 2001, cuando proliferaron estas monedas y se llegaron a emitir 15 monedas provinciales, hubo algunas cuya aceptación en los comercios se desplomó, al punto que cotizaron a menos de un 25% el valor nominal.

En este caso, el gobierno de La Rioja afirma que eso no ocurrirá, porque solamente se emitirá por el 30% del ingreso por coparticipación, que es el recurso que respalda la moneda.

Lo cierto es que se generó nerviosismo en el mercado financiero por la posibilidad de que el ejemplo riojano se contagie, sobre todo a provincias grandes como Buenos Aires.

En la mayor provincia del país hay más de 600 mil empleados estatales. Y el gobernador, Axel Kicillof, que hasta ahora recibía un 14% de sus ingresos por fuera de la coparticipación, es decir mediante pagos discrecionales del gobierno nacional, se queja de que Milei lo discrimina.

En consecuencia, insinuó que él también podría apelar a una moneda provincial para pagar los sueldos y las deudas a proveedores.

Milei no se quejó. En cambio dijo que la competencia de monedas es algo beneficioso para el país pero hizo una advertencia: a diferencia de lo que había ocurrido en el 2001, esta vez el Estado nacional no hará ningún rescate financiero de las monedas provinciales.

(Fernando Gutiérrez, corresponsal en Argentina)