En Argentina, el gobierno de Javier Milei sigue implementando las medidas reformistas. Ayer debutó el nuevo bono en dólares, con el que se espera, por un lado, reducir la deuda por más de 50 mil millones que tiene el Banco Central con los importadores, y al mismo tiempo retirar pesos de la plaza financiera, para sacarle presión a la inflación.

Además, se anunció el nuevo régimen importador, que libera el esquema de licencias y permisos vigentes durante el gobierno peronista, y que era muy criticado por sus altos márgenes de discrecionalidad y sospechas de corrupción.

El nuevo sistema convive con el cepo cambiario, así que no no hay una liberación completa de las importaciones. Se estableció un orden de prioridades, de forma tal que los sectores considerados más importante, como el de energía, recibirán las divisas de inmediato pero otros las recibirán de manera gradual hasta en 120 días.

A su vez, se empezaron a implementar los cambios en temas más sensibles, como el de los contratos en el Estado. Se publicó el decreto que establece el cese de los empleados con antigüedad inferior a un año, y el inicio de un relevamiento de tareas para el resto.

Mientras tanto, la oposición define la estrategia para tratar de resistir el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) sobre la desregulación de la economía. Y se prepara para recibir el proyecto de ley con cambios en el sistema impositivo. El sector que se ha puesto al frente de la resistencia a las medidas es el sindical. Hoy se convocó a una marcha de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT), que confluirá en Tribunales, donde está la sede de la Corte Suprema de Justicia.

La consigna de la convocatoria es la denuncia, por inconstitucional, del DNU. En esa normativa, se establecen cambios del marco legal laboral, sobre todo en la aplicación del derecho de huelga y en las indemnizaciones por despido. Pero, además, se afectan intereses de la cúpula sindical, porque se anula el aporte obligatorio de los asalariados a su rama gremial, y se pone en igualdad de competencia a las obras sociales sindicales y las empresas de medicina prepaga.

Esta marcha podría ser, además, la antesala de la convocatoria a un paro general, en protesta por las medidas económicas de la gestión Milei. Sin embargo, lo que concitará más la atención, respecto de esta marcha, es que, como ya ocurrió la semana pasada, será otro test para el nuevo protocolo sobre manifestaciones en espacios públicos.

Este nuevo reglamento, elaborado por la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, establece la prohibición de cortar el tránsito y sólo permite la ocupación de veredas y plazas.

La semana pasada, en una marcha piquetera relativamente reducida, hubo conatos de incidentes con la policía, por lo que se estima que hoy, con una mayor convocatoria, el riesgo de situaciones violentas podría ser mayor.

(Fernando Gutiérrez, corresponsal en Argentina)