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Más allá del objetivo de abandonar los combustibles fósiles y sus consecuencias, Europa tiene especial interés en este recurso. Desde el año pasado la región vive una crisis energética por las restricciones a los combustibles rusos, debido al conflicto en Ucrania.
En este marco, Uruguay, Argentina, y Chile alcanzaron acuerdos con la UE para la producción de hidrógeno verde.
Parece una oportunidad para estos países, sin embargo es necesaria la visión estratégica de los Estados para evitar su exportación como un commodity, señaló a Sputnik el economista argentino especializado en desarrollo sostenible Leonardo Stanley.
El hidrógeno verde es una de las apuestas para el cambio de matriz energética a nivel global. Se produce a través de la electrólisis, mediante energías limpias como la eólica.
En Uruguay Contante y Sonante se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.
En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.
Al igual que en junio, Argentina reagrupó los tres pagos de capital de julio para cancelarlos a fin de mes. De esta manera, evitó desembolsar 1.294 millones de dólares este viernes 7.
La medida se da en medio de la grave crisis de reservas del Banco Central: según el último dato publicado, las reservas brutas se encuentran en el nivel más bajo desde 2016, con unos 27.529 millones de dólares.
A la vez, las reservas netas estarían en saldo negativo de alrededor de 5.000 millones.
De acuerdo al informe Faltan dólares y sobra el Fondo. El costo de intereses de los acuerdos Argentina-FMI, del economista Guillermo Oglietti, a marzo de 2023 las reservas internacionales brutas serían 16% mayores de no ser por los pagos de intereses al FMI. Y las disponibles 25% más.
Desde 2018 hasta marzo de este año, Argentina pagó 6.457 millones de dólares en intereses. Al finalizar el acuerdo, en 2034, habrá pagado 30.000 millones de dólares bajo ese concepto. Esto representa más del 6% del Producto Bruto Interno del país de 2022.
Las estimaciones, sin embargo, se verán superadas debido al incremento de las tasas.
Oglietti recordó que, según los fundamentos del FMI, el objetivo es aliviar la situación financiera de los países para evitar que tomen medidas "perniciosas para la prosperidad nacional o internacional", dice el Convenio Constitutivo.
"En teoría es un club de socios cuyo objetivo es ser benefactor, para que no haya crisis de balanzas de pagos y así evitar crisis que sacan a los países del comercio internacional, lo que genera ondas en el crecimiento de todo el planeta. Ese sería el mandato del FMI pero no lo está cumpliendo", afirmó el entrevistado.
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Apenas asumido en el cargo en mayo de 2022, el economista y ex ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves envío al legislativo el proyecto para habilitar un régimen de cuatro jornadas de 12 horas de trabajo, y tres de descanso.
La iniciativa fue intensamente discutida: hasta el momento los sectores de oposición, principalmente el Frente Amplio, presentó más de 800 mociones en su contra. Además podría llevarse a la Sala Constitucional por posibles violaciones al Código del Trabajo y la Constitución del país.
Uno de los principales argumentos de los defensores de esta modificación es que mejoraría la productividad.
En diálogo con Contante y Sonante el economista Leiner Vargas afirmó que en realidad reduciría el costo de las empresas.
El presidente Chaves defendió el proyecto a través de un mensaje en cadena nacional y aseguró que su aprobación es fundamental para las zonas francas.
Vargas señaló que las empresas instaladas en este régimen se han incrementado en los últimos años, y que este proyecto en particular está asociado a sectores de la agroindustria, industria médica, electrónica y servicios.
"El turismo se ha colado en esta noción de jornadas de 12 horas para justificar, por ejemplo, que los trabajadores puedan hacer esa carga horaria en temporada turística", afirmó el entrevistado.
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De acuerdo a datos del Banco Mundial, la de Guatemala es la economía más grande de Centroamérica. Después de un pico de 8% en 2021, en 2022 el Producto Bruto Interno se incrementó en 4%.
No obstante, la nación centroamericana es uno de los países con mayor pobreza y desigualdad de América Latina y el Caribe. Tras la pandemia el 59% de la población vivía en la pobreza y a pesar de que actualmente el porcentaje se redujo, aún más de la mitad de los guatemaltecos vive en esa situación.
"El 1% de la población guatemalteca concentra los mayores volúmenes de ingresos", señaló a Contante y Sonante el economista Luis Armando Ruiz Morales, del Instituto de Economía de Guatemala.
Estas familias son las propietarias de bancos y empresas que mueven la economía del país.
Al igual que en el resto de los países centroamericanos, las remesas cumplen un papel fundamental en la economía guatemalteca. Alrededor del 18% corresponde al aporte de los migrantes guatemaltecos.
Esto incrementa el consumo, pero tiene una "condición perversa", señaló Ruiz Morales.
"No vienen para la inversión, y eso se debe a otra circunstancia que tiene que ver con el sistema educativo: el nivel de capacidad técnica de nuevos emprendedores es muy bajo", afirmó el analista.
Esta es la tercera vez que Sandra Torres, candidata de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), buscar llegar a la presidencia. En esta oportunidad obtuvo el 15,7% de los votos.
La sorpresa estuvo a cargo de Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, quien alcanzó el 11,8% del respaldo ciudadano.
De acuerdo al economista consultado, en caso de ganar la segunda vuelta del 20 de agosto, Arévalo va a tener muchas limitantes. "Algo así como lo que está pasando en Chile, va sostener el mismo sistema, reformarlo, pero no cambiarlo".
Por otro lado, según Ruiz Morales, Torres tiene la desventaja de ya haber estado en el Gobierno al ser esposa del expresidente Álvaro Colom (2008-2012)
"El alcance que tuvo fue el de brindar ciertas asistencias sociales, pero los efectos que pudo haber provocado no se vieron mucho", concluyó el economista.
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Desde 1957 Uruguay atravesaba un período de estancamiento económico, tras varios años de bonanza.
La puja distributiva aumentó las tensiones, y abrió paso a un proceso que derivó posteriormente en la fundación del partido político de izquierda Frente Amplio, la Convención Nacional de Trabajadores y la lucha armada.
Ya en 1968 el ejecutivo comenzó a gobernar bajo régimen de excepción y se anularon los consejos de salarios.
En diálogo con Contante y Sonante el economista y exministro uruguayo Daniel Olesker señaló que el modelo económico iniciado previo al golpe y que continuó durante el autoritarismo se basó en la baja del salario real.
El también exsenador y exdocente consultado denominó este modelo como liberal, aperturista, concentrador y excluyente (LACE).
Con el modelo LACE se pretendió el retiro del Estado de la actividad económica, con importantes subsidios a empresas exportadoras y créditos a tasas ínfimas. Además de la eliminación de impuestos, como los patronales, que bajaron de 30 a 14% y el ingreso de capital extranjero a la banca.
De 1973 a 1981, la economía del país sudamericano creció, pero hacia 1982 la crisis volvió a asomar.
La reapertura democrática de 1985 encontró al país con una deuda pública externa de casi 5.000 millones de dólares, equivalente a un año de Producto Bruto Interno. El desempleo estaba en el entorno del 15% y el salario real se redujo casi a la mitad de lo que era en 1973.
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Desde el año 2021 las nuevas líneas estratégicas están definidas pero recién entrarían en vigencia a fines de 2024 o en el 2025.
Así lo dijo a Contante y Sonante Isaac Ruiz, directivo del Centro de Estudios Sociales y Publicaciones (CESIP).
Esta organización de la sociedad civil integra el Comité directivo nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, compuesto también por actores gubernamentales, empresariales y sindicales.
Este lunes 12 de junio se conmemoró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, situación que en la región afecta a casi 8,2 millones de menores de 17 años.
Perú es uno de los países de la región con la tasa más alta, siendo las zonas rurales donde la problemática se concentra.
Cusco, Punto y Apurímac en la sierra sur, o Cajamarca en la sierra norte, tienen un alto porcentaje de chicos trabajadores. También en la selva es más elevado que en el resto del país.
Desde el CESIP se señala que el trabajo infantil es "un fenómeno complejo, con su origen en factores de tipo económico, cultural, social, histórico y político. El más conocido es la pobreza”.
Las familias compuestas por una madre sola a cargo de los niños, y la ausencia o escasez de políticas estatales enfocadas en este tema, colocan a los pequeños en situación de mayor vulnerabilidad.
"Perú tiene programas de protección social como el programa Juntos, de transferencia de recursos, pero que no incluye el trabajo infantil como uno de los aspectos", dijo Ruiz.
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La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados mantendrán la extracción de petróleo en un nivel de 40,46 millones de barriles diarios.
La decisión tiene como objetivo mantener la estabilidad del mercado y “garantizar la previsibilidad a largo plazo", según un comunicado de la organización.
A partir de la negativa de la OPEP+ a la exigencia de Estados Unidos de aumentar la producción, tras el recorte del año pasado, el país norteamericano ha impulsado un proyecto de ley que habilitaría a presentar una demanda antimonopolio contra OPEP+.
Además, junto con la Unión Europea estableció un tope de precio de compra del petróleo ruso.
En el marco del acuerdo de reducción, Rusia debe ajustar la producción de 10,478 millones a 9,828 millones de barriles diarios mientras Arabia Saudita reducirá su oferta en un millón de barriles diarios a partir del próximo 1 de julio.
“Rusia y Arabia Saudita mañana pueden retirar 5 millones de barriles de petróleo cada uno y no les va a afectar (…) tienen capacidad”, afirmó el entrevistado.
En su presentación, Lula da Silva citó al CAF, al Fonplata, al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, y al Banco do Sul. A excepción de este último, surgido en 2009, el resto nació en la segunda mitad del siglo XX, asociados a los procesos de industrialización por sustitución de importaciones.
Y también como alternativa ante las dificultades para el acceso a financiamiento a largo plazo en instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial.
Ahora, además del interés por renovar el rol estratégico de los bancos de desarrollo regionales, hay "nuevos actores", explicó a Contante y Sonante el economista colombiano Manuel Martínez, doctor en desarrollo.
El banco de los BRICS "probablemente juegue un papel relevante" para la financiación en temas estratégicos.
La idea de Lula es que la integración sea "la piedra angular por la cual las tres iniciativas, con la coordinación de los bancos regionales y nacionales de desarrollo" van a poder hacerse efectivas.
Con la llegada de los gobiernos progresistas a partir de los años 2000, los bancos de desarrollo regionales asumieron un rol protagónico aunque con dificultades.
"Lograron cumplir algún tipo de función con ese propósito aunque, valga decirlo, las colocaciones no han sido superiores al financiamiento multilateral tradicional del Banco Mundial o el BID", señaló el entrevistado.
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Tras activar el mecanismo constitucional de muerte cruzada, que disolvió el parlamento y lo habilita a gobernar por decreto, el mandatario presentó este proyecto enmarcado en la Ley de Atracción y Fomento de Inversiones para el Desarrollo Productivo.
Si la Corte lo avala, la iniciativa de creación de una zona franca ya no quedaría exclusivamente en manos del Estado.
Así, con una inversión mínima de 100.000 dólares un privado puede ser habilitado para instalar un espacio bajo este régimen. De acuerdo al Ejecutivo, la modificación fomentará las inversiones, el empleo y el crecimiento.
En diálogo con Contante y Sonante el economista Diego Borja, exministro de Economía y Finanzas, y de Política Económica, cuestionó la medida.
El proyecto ya había sido presentado el año pasado por el Ejecutivo a la Asamblea, que lo rechazó.
El decreto-ley podría ser "una punta de lanza para crear una zona franca financiera donde además de los enormes beneficios que ha tenido ya el sector financiero se añaden estas exenciones tributarias", resaltó el entrevistado.
De acuerdo al decreto, las nuevas zonas francas no pagarán el impuesto a la renta por 10 o 15 años, y pasado ese lapso tendrán una rebaja de 10 puntos porcentuales. Además se les exonera de tributos de comercio exterior y del IVA en la compra de insumos, materias primas u otros productos, entre otros incentivos.
El entrevistado catalogó la propuesta como "muy aperturista" y aseguró que no habrá nuevas inversiones ya que más allá del incentivo tributario hay otros factores necesarios para atraer capitales. Por ejemplo la seguridad y la estabilidad política.
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Los primeros días de mayo el presidente Gabriel Boric, que prometió el perdón durante la campaña, dijo que avanzará de forma progresiva en ese objetivo. A la vez el ministro de Hacienda, Mario Marcel, descartó la medida como consecuencia del rechazo a la reforma tributaria en el Congreso Nacional el pasado 8 de marzo.
En diálogo con Sputnik el Juan Pablo Rojas, representante y vocero de Deuda Educativa, calificó la "grave incumplimiento" la situación. Esto no solo por el compromiso electoral sino porque posteriormente el presidente Boric afirmó que el perdón sería para quienes estuvieran al día con los pagos.
Según el estudio Endeudar para gobernar y mercantilizar: El caso del CAE, elaborado por la Fundación Sol, entre 2016 y 2022 hubo más de 350.000 nuevas personas deudoras. Y en diciembre de 2022 se llegó a la cifra histórica de 464.652 morosos en el pago el Crédito con Aval del Estado
De acuerdo a esa misma investigación, a mayo de 2023, el fisco adquirió 2.047.980 créditos a los bancos, equivalentes a 5,24 billones de pesos chilenos que en realidad se compraron por un valor final de 6,55 billones. El 85% de ese monto fue para tres bancos.
El lunes 22 de mayo los alumnos de la Universidad de Chile convocan a concentrarse frente al ministerio de Hacienda con ese fin.
El Crédito con Aval del Estado, CAE, corresponde a una ley de 2005 que entró en vigencia un año después. Desde ese momento, el Estado chileno es el garante de los créditos que ciertos bancos otorgan para estudiar carreras universitarias.
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