Contante y sonante

El viernes 12 la oficina de presupuesto del Congreso de EE.UU informó que "existe un riesgo significativo" de que Washington incumpla el pago de su deuda "en algún momento de las dos primeras semanas de junio".

Esto tendría repercusiones a nivel mundial, advertidas incluso por el Fondo Monetario Internacional que llamó al Gobierno de Joe Biden y al partido Republicano a alcanzar un acuerdo para aumentar el tope de la deuda.

Caída del dólar, aumento del precio del petróleo, suba de las tasas de interés, son solo algunas de las consecuencias del posible impago, indicó a Contante y Sonante la economista y catedrática de la Universidad de Puerto Rico, Martha Quiñones.

Sin embargo para Puerto Rico el impacto sería mayor por su estatus y por "no tener control" de su economía.

En 2016 la isla tuvo una crisis por la falta de solvencia y el congreso de EEUU instaló una Junta de Control y Administración Financiera, que funciona hasta hoy.

El organismo ya no toma en cuenta como prioridad del pago de los servicios esenciales para luego encargarse de la deuda, como lo marca la Constitución de la isla. Ahora "primero se paga la deuda y luego lo demás", señaló la entrevistada.

De acuerdo a Quiñones "eso fue lo que hizo que se impusiera nuevamente un gobierno neocolonial sobre Puerto Rico a través de la parte económica".

En la negociación entre gobierno y Congreso por el aumento del techo de la deuda, el recorte presupuestal es un tema clave.

Los posibles recortes afectarían a las agencias del gobierno Federal, incluidas las que se encuentran en la isla, además de los montos destinados a salud, educación y vivienda.

"Los fondos que llegan atados a esas tres partidas van a ser reducidos, y si se reducen en EEUU se van a reducir más en los territorios como Puerto Rico, Islas Vírgenes, Guam y Samoa", remarcó la economista.

El experto entrevistado es coordinador de justicia fiscal de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd). En la primera semana de mayo participó de la 'Primera cumbre de Latinoamérica y el Caribe para una tributación global incluyente, sostenible y equitativa'.

El evento se realizó en Colombia y su tema principal fue la cooperación entre los países de la región como forma de evitar la evasión y la elusión, tal como anunció el ministerio de Hacienda del país sudamericano.

Moreno catalogó de "regresiva" la forma de recaudación en la región, al considerar que la mayor parte proviene del impuesto al consumo como el IVA y no gravámenes vinculados a la riqueza o rentas personales.

Según el informe 'La ley del más rico', realizado por Latindadd y Oxfam, solo cinco países de América Latina tienen impuesto al patrimonio. Por lo que el 90% de los milmillonarios (persona natural o jurídica, cuyo patrimonio neto supera los 1.000 millones de unidades de una divisa) viven en lugares donde sus fortunas están totalmente fuera del sistema fiscal.

Por otro lado, las exoneraciones tributarias a empresas con la intención de atraer inversiones provocan pérdidas de recaudación a los Estados.

Según Latindad, en América Latina hay una brecha de 650.000 millones de dólares necesarios para lograr que la población tenga acceso a la educación pública, servicios de salud, alimentación, vivienda, y políticas que hagan frente al cambio climático.

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En Bolivia, desde el año 1996, durante el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, las pensiones eran manejadas por las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP). Futuro, de la compañía suiza Zúrich, y la española Previsión.

En este mes de mayo culminó el proceso iniciado en 2009, con la nueva carta magna que estableció que la administración de las jubilaciones debe estar al cargo del Estado y que prohíbe su privatización o concesión.

En diálogo con Sputnik el gerente de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, Jaime Durán, dijo que esto tiene varios beneficios, entre ellos la eliminación de la comisión que las empresas cobraban a los usuarios.

El cambio ha generado controversia: desde la oposición se ha cuestionado el uso de los recursos. Durán explicó que los fondos se constituyen en patrimonios autónomos. "No se mezclan con el patrimonio de la gestora y menos con el patrimonio del Estado", apuntó.

"Nosotros vamos a administrar invirtiendo esos recursos, logrando mayores rendimientos, lo que nos va a permitir ir aumentando las pensiones. Otras características de las AFP en estos años es que han pagado pensiones muy bajas", afirmó el gerente de la Gestora Pública.

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Pocos meses después de asumir la presidencia en mayo de 2021, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso presentó un proyecto para modificar el régimen laboral.

Esa iniciativa, llamada Ley de Creación de Oportunidades, no llegó a tratarse en el Legislativo por varios errores de fondo y de forma. En octubre de ese mismo año, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) presentó su proyecto, que esta última semana de abril tuvo su primer debate en el pleno.

El texto se encuentra ahora nuevamente en la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social.

Su rápida aprobación será una de las reivindicaciones para este lunes 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.

La reforma propuesta por el FUT abarca varios puntos. Entre ellos, el régimen de contratos. Actualmente la potestad para crear las modalidades es del Ministerio de Trabajo, lo que dio paso a contratos precarios que no garantizan un minino de remuneración, afirman los trabajadores.

Ahora se pretende que sea la Asamblea la que regule las formas contractuales.

Ella es abogada sindical, magíster en derecho laboral y seguridad social.

La propuesta de reforma también apunta a los salarios mínimos y las licencias, entre otros temas.

Para el Día del Trabajador, la proclama también incluirá la defensa de la seguridad social y medidas para atender la crisis de seguridad que atraviesa el país sudamericano.

"Estamos pasando por una ola de violencia bastante grande, la cual también afecta a los trabajadores que día a día tienen que salir a buscar cómo obtener ingresos para sostenerse y también son víctimas de la delincuencia", dijo la entrevistada.

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Las empresas tendrán entre 18 y 24 meses para establecer el sistema de trazabilidad que garantice que los productos no corresponden a zonas deforestadas con fecha posterior al 31 de marzo de 2020.

Para que la mercadería ingrese a la Unión Europea deberá contar con una declaración que certifique que se cumplen con esto, y con la legislación correspondiente a cada país productor, incluyendo el respeto a los derechos de pueblos indígenas afectados, dice la nueva norma.

América Latina es proveedora de la región con productos como café, carne, y soja. Además, el Mercosur y la Unión Europea tienen pendiente un Tratado de Libre Comercio.

El presidente brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva visita por estos días Portugal y España, y en ese marco el secretario ejecutivo del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, Márcio Elias, dijo que su gobierno espera cerrar el acuerdo este año.

De acuerdo a Ponce, a través de la reglamentación de la norma se podrían establecer mecanismos que “no hagan que esto aparezca tan evidente como un paraarancelario”.

"Esto es mirado como una legislación producto de lobbies muy fuertes de Francia, Irlanda, y algunos otros, vinculados a las producciones que son la más afectadas: café, madera, soja, carne", afirmó el entrevistado.

De acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) entre 1990 y 2020 se perdieron 420 millones de hectáreas de bosques por la producción agrícola. El consumo de la Unión Europea representa alrededor del 10% de esta deforestación mundial.

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Tras su encuentro en Pekín, el presidente brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva y su par chino Xi Jinping firmaron una declaración conjunta en la que China manifiesta el interés de profundizar la cooperación con el Mercosur.

En tanto, desde el domingo 16 y hasta el jueves 20 el canciller uruguayo Francisco Bustillo visita el país asiático y uno de los temas a tratar con su homólogo Qin Gang será el tratado de Libre Comercio entre ambas naciones, cuyo estudio de factibilidad ya arrojó buenos resultados.

Este interés de Uruguay ocasionó roces dentro del Mercosur. Sin embargo en enero Lula visitó el pequeño país vecino y dijo comprender la posición de Montevideo, e incluso que veía viable un acuerdo con China a nivel de bloque.

En conversación con Contante y Sonante el doctor en relaciones internacionales uruguayo Ignacio Bartesaghi consideró que esa postura de Brasil no quedó plasmada de forma explícita en la declaración firmada días pasados.

"La única mención al Mercosur es por el lado Chino", comentó el entrevistado, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay.

Según el entrevistado en este escenario, Uruguay tiene el gran desafío de "convencer" a China de empezar las negociaciones del tratado de Libre Comercio.

Según un informe del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay, en 2022 las exportaciones de Brasil a los socios del Mercosur significaron el 6,9%, la mitad de máximo alcanzado en 2007.

En cuanto a importaciones, el porcentaje fue de 7,1 mientras que el pico se registró en 2003 con 14,4%.

El peso del comercio intrabloque es un reflejo de la falta de discusión sobre temas de fondo, según el doctor en relaciones internacionales y director del Instituto, Ignacio Bartesaghi.

El entrevistado catalogó el Mercosur como "estancado" ya que "no logró implementar una unión aduanera donde exista libre circulación, tampoco ser un mercado común donde circule el capital y las personas, y no logró avances sustanciales en servicios".

A esto se suma que aún existen barreras no arancelarias que afectan el intercambio comercial.

"Lo peor es que no logró una de las grandes promesas: ser una plataforma para insertarse al mundo. No cerramos acuerdos comerciales con el mundo".

Esto se evidencia en la participación del Mercosur en las exportaciones globales: de acuerdo a una estadística elaborada por el entrevistado, en 1991 era de 1,3% y en 2022 de 1,8%.

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Frente al escenario actual, el Ejecutivo de Gustavo Petro anunció una serie de medidas para atender la situación.

Esto incluye el trabajo junto con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia y con la Sociedad de Agricultores para reducir los costos de los alimentos.

En el país se abrió el debate sobre un posible control de precios, algo que el Gobierno intentó hacer en enero con las tarifas públicas. Petro llegó a firmar el decreto en febrero pero el Consejo de Estado suspendió la medida, lo que fue apelado.

"La forma del control de precios se da con el apoyo del Estado por medio de la oferta pública de crédito, de la regulación, la desindexación, la reducción de aranceles, y que todo eso pueda redundar en un impacto en los precios de los alimentos", explicó a Sputnik el economista colombiano Manuel Martínez.

La escalada de precios no es un problema solo de Colombia. El informe sobre las perspectivas de la economía mundial que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha divulgado el 10 de abril da cuenta de un proceso inflacionario a nivel global.

"Las tenues señales a comienzos de 2023, de que la economía mundial podría lograr un aterrizaje suave —con inflación a la baja y crecimiento firme—, se han disipado en medio de una inflación persistentemente alta y de la reciente turbulencia en el sector financiero", dice el texto.

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La cifra de personas que vive en la pobreza en el país sudamericano aumentó en un millón con respecto al año pasado, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos divulgados el jueves 30 de marzo.

Más de 18 millones de argentinos atraviesan la situación: 39,2% de la población. Y si bien se registra un aumento del empleo y del crecimiento del Producto Bruto Interno, cada vez más trabajadores formales son pobres.

"Este aumento se corresponde con una tendencia de mediano plazo", dijo a Contante y Sonante la economista Natalia Pérez Barreda, integrante del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE).

Durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) hubo un incremento, pero con la inflación cada vez alta —la variación interanual alcanzó el 102,5%—, la cantidad se duplicó.

"Durante 2017 era una de cada 10 personas que vivía en hogares pobres. Hoy son dos de cada 10. (…) Es el sector que más ha sufrido la caída en la pobreza", remarcó Pérez.

La economista sostuvo que si bien en la crisis del 2001 hubo empobrecimiento de los sectores medios y trabajadores formales, la recuperación fue rápida.

Sin embargo, ahora preocupa el aceleramiento y la tendencia de mediano plazo registrada desde hace cinco años.

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Brasil tiene la responsabilidad de presidir el banco hasta 2025 y en ese marco, este miércoles 29 Rousseff asumió el cargo, con el respaldo unánime de todos los socios.

La ex mandataria sustituye al economista y diplomático brasileño, Marcos Troyjo, que lo presidió desde 2020 y renunció los primeros días de marzo.

Rousseff conjuga dos perfiles: el técnico, debido a su extensa carrera como economista en instituciones públicas de investigación y estadística; y el político, bajo cuya trayectoria llegó a ser presidenta del gigante latinoamericano.

El banco se creó en 2014 para financiar proyectos en los países BRICS pero posteriormente incorporó socios por fuera de este grupo, como Bangladesh, Egipto y Uruguay, entre otros. Hasta el momento aprobó la financiación de 96 proyectos por un total de 32.800 millones de dólares.

De acuerdo al economista entrevistado, el Nuevo Banco de Desarrollo se posiciona como una alternativa a otros organismos tradicionales como el Banco Mundial ya que impulsa una "economía con funciones públicas más presentes".

El grupo BRICS está conformado por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Se trata de una asociación económico-comercial entre estos países que reúnen el 22% de la superficie continental, el 42% de la población mundial y reúnen el 24% del PBI (Producto Bruto Interno) mundial. Los países BRICS son responsables del 16% de las exportaciones mundiales de bienes y servicios y del 15% de las importaciones.

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De acuerdo al informe del BCR presentado el viernes 24 para el primer trimestre del año se espera un crecimiento 0.

"En enero el impacto que hemos sentido de las protestas ha sido casi 4% del PBI, nosotros esperábamos un crecimiento de alrededor del 3% y ha terminado cayendo más de 1%", dijo en rueda de prensa el presidente del organismo, Julio Velarde.

Hasta el año pasado-y a pesar de la inestabilidad política de larga data-Perú mantenía un crecimiento de entre 3 y 4%.

En diálogo con Contante y Sonante el economista peruano y docente de Economía Publica en la Universidad Nacional de Ingeniería, Raúl Mauro, señaló el umbral de 3% como fundamental.

A fines de 2022 el ejecutivo de Boluarte lanzó un programa de reactivación económica que a los proyectos de obra de infraestructura como uno de sus principales ejes. Mediante el "destrabe" de 2500 obras paralizadas se busca generar alrededor de 130.000 empleos en el primer semestre de año.

"Lo que me ha llamado la atención es que el programa no consiguiera una cantidad de recursos públicos importante, en el mejor de los casos llega a representar el 1% del PBI. Esto significaría que su impacto sería bastante limitado", comentó Mauro.

El 7 de diciembre Dina Boluarte asumió la presidencia de Perú tras el intento del ahora ex presidente Pedro Castillo de cerrar el Congreso.

Desde entonces miles de personas, especialmente del sur del país, se movilizan exigiendo la renuncia de la mandataria, de los congresistas y la convocatoria a elecciones.