El miércoles comenzó una nueva etapa en un camino largo: el intento por reemplazar la Constitución Política de 1980. El Consejo Constitucional tomó juramento a sus 50 miembros en una ceremonia marcada por gestos de transversalidad y vocación de consensos que marcó un ineludible contraste con la instalación de la Convención Constitucional en julio de 2021. La presencia y el discurso del presidente Gabriel Boric acentuaron ese carácter; pero los ojos y oídos estaban puestos principalmente en los consejeros del Partido Republicano, la fuerza política con mayor representación en este órgano, que cuenta con poder de veto y que, sumando fuerzas con los demás consejeros de la derecha, manejan un poder incontrarrestable.
Los gestos desde esa colectividad, manifestados principalmente por la flamante presidenta del organismo, Beatriz Hevia, se mantuvieron en la línea de la necesidad de acuerdos transversales. Sin embargo, los primeros días de funcionamiento, marcados por la elección de las presidencias de las cuatro comisiones de trabajo, dejaron claro que la derecha haría sentir su mayoría, en un gesto que provocó críticas desde el oficialismo. En la izquierda, sin embargo, están conscientes del significado de su minoría en el consejo. 
El periodista de La Tercera Juan Manuel Ojeda ha estado cubriendo en detalle todo el proceso constitucional. Hoy conversamos con él en la sede del Congreso Nacional en Santiago, donde sesiona el Consejo, sobre los temas que han marcado y marcarán estos primeros días de trabajo en este nuevo intento por dar al país una nueva Constitución. 

La trama se lee como una teleserie. Una rencilla personal que parte con la acusación de robo a una niñera por parte de su empleadora y que escala hasta convertirse en una trama mayor. Es una bola de nieve de acusaciones y amenazas que termina situando la sospecha sobre el presidente colombiano Gustavo Petro y el financiamiento de la histórica campaña electoral que lo llevó a asumir el poder hace menos de un año, convertido en el primer mandatario izquierdista de la historia de su país. 
El conflicto parte en la pelea entre los dos colaboradores más cercanos de Petro: el entonces embajador colombiano en Caracas -y mano derecha en su campaña- Armando Benedetti, y la hasta entonces jefa de gabinete del presidente, Laura Sarabia. El inicio: la acusación de Sarabia a su niñera de haberse robado un maletín con dinero en efectivo de su casa. La niñera -que antes trabajó con Benedetti- alegó inocencia y denunció haber sufrido apremios ilegales por parte de la policía. Benedetti saltó al ruedo enojado no tanto por eso, sino principalmente por la que considera una sistemática y notoria exclusión del círculo de poder. Y una serie de filtraciones de mensajes de audio, publicados por la revista colombiana Semana, hizo explotar todo. En uno de los mensajes más prominentes, Benedetti amenaza a Sarabia con dar a conocer de dónde vinieron los fondos que él mismo recaudó para la campaña, y habla de 15 mil millones de pesos, una suma de la cual los registros legales de la campaña no arrojan constancia. Y aunque hasta ahora hay sólo amenazas y dudas, ha sido suficiente como para que en el país se empiece a recordar lo sucedido en 1994 con el llamado “Proceso 8000”, donde se reveló que el Cartel de Cali había financiado la campaña del presidente Ernesto Samper. 
Aunque ha apartado a Benedetti y Saravia de sus cargos y ha dicho que no tiene nada que temer frente a cualquier investigación, el presidente Gustavo Petro ha sufrido un golpe, y uno duro, en momentos en que su popularidad ya había comenzado a erosionarse.  
Las investigaciones ya han comenzado, partiendo por el Consejo Nacional Electoral, que formó una comisión para estudiar el financiamiento de la campaña del presidente. 
Por su lado, el poder legislativo ya decidió poner pausa a la discusión de las múltiples reformas -más de una treintena- que ha enviado el ejecutivo. Los efectos políticos ya comienzan a sentirse. 
La politóloga Sandra Borda, profesora de ciencia política de la Universidad de Los Andes, nos cuenta desde Bogotá los inicios de esta trama y cómo podrían complicarse las cosas para el presidente colombiano. 

Como era de esperarse, el inicio de la semana ha estado marcado por las reacciones a las declaraciones de la ministra Ángela Vivanco a La Tercera Domingo (que abordamos en nuestro capítulo de ayer). Aunque la magistrada explicitó el fin de semana que hablaba como presidenta subrogante de la Tercera Sala de la Corte Suprema y no en su calidad de vocera del máximo tribunal, ayer el pleno le pidió que dejara este último rol. Su renuncia debería concretarse hoy.
En el Congreso, algunos parlamentarios ya comienzan a hablar de una acusación constitucional contra la magistrada por “notable abandono de deberes”, criticando lo que acusan como un cambio de criterio en el fallo, al comentar que los pagos de cobros en exceso de las Isapres debían ir sólo a aquellos cotizantes que presentaron recursos judiciales por ese motivo. Vivanco ha desmentido que su interpretación constituya un cambio de criterio.
El gobierno, por su parte, confirmó que pedirá formalmente una aclaración a la Corte Suprema. Un recurso al que algunas Isapres ya recurrieron. El lunes, Banmédica y Vida Tres -que pertenecen a la misma compañía-, presentaron respectivamente sus recursos de aclaración al máximo tribunal, incluyendo pero no limitándose a las declaraciones de Vivanco sobre el universo de cotizantes a los que el fallo ordena restituir cobros excesivos. También lo hizo la Isapre Más Vida y ayer se les sumó la Isapre Cruz Blanca, de propiedad del grupo inglés Bupa. Por su parte, el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simon, estuvo el lunes en la Comisión de Salud del Senado, donde enfrentó una pregunta recurrente: ¿por qué las aseguradoras no solicitaron una aclaración antes? Simon contestó que para estas empresas era importante la cuestión de en qué momento esa aclaración era necesaria. Un asunto que hasta el domingo las Isapres comunicaban en privado. Mariana Marusic, periodista de Pulso, de La Tercera, aborda hoy la visión de las aseguradoras privadas sobre los dichos de la ministra Vivanco, los escenarios que se abren y cuánto cambiarían las perspectivas de la industria si la Suprema refrenda lo expresado por la magistrada.  

Las declaraciones de la presidenta subrogante de la Tercera Sala de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, sorprendieron a todos los actores de un tablero que se ha visto convulsionado desde noviembre del año pasado. En entrevista con La Tercera Domingo, la magistrada explicó un alcance sobre el polémico fallo que ordenó a las Isapres devolver los cobros en exceso realizados por las aseguradoras en relación a la tabla de factores de la superintendencia de Salud del año 2020. 
Puntualmente, la ministra Vivanco precisó cuál era el universo de esos cotizantes que se consideran afectados por estos cobros. Hasta el domingo, se asumía que el fallo se refería a todos los cotizantes que según ese criterio habían pagado de más. Según los cálculos de la superintendencia, eso correspondía a unos 1.400 millones de dólares en devoluciones pendientes. Pero en sus declaraciones del domingo la ministra dijo que los excedentes debían devolverse a aquellas personas que habían demandado judicialmente por este motivo a las Isapres. 
Esa precisión, que de confirmarse formalmente en la Tercera Sala cambiaría radicalmente el escenario para las Isapres, generó reacciones inmediatas. Desde el gobierno, que en respuesta al fallo presentó hace unas semanas una ley corta proponiendo un mecanismo de cumplimiento del mismo, la respuesta fue la misma: tanto la ministra del Interior como la ministra vocera y el propio presidente Gabriel Boric declararon el domingo que pedirán una aclaración al tribunal. 
Es justamente ese pronunciamiento el que definirá cómo sigue una discusión que ha puesto contra las cuerdas al sistema de salud privado como lo conocemos.    
La periodista de La Tercera Domingo Leslie Ayala nos cuenta hoy sobre las circunstancias, alcances y repercusiones de su entrevista a la ministra Ángela Vivanco. 

Hace una semana, los españoles amanecían con resaca. Unos, por la celebración de la noche anterior. Otros, por la paliza que habían sufrido. Las elecciones municipales y autonómicas del domingo 28 de mayo estuvieron marcadas por el gran avance territorial del Partido Popular, la colectividad de derecha que hace cinco años perdió el poder tras la caída de Mariano Rajoy, el primer presidente destituido con una moción de censura en el Parlamento. Junto al PP también celebró Vox, el partido de ultraderecha que con estas votaciones consolidó el gran crecimiento electoral registrado en las elecciones de 2019. Los grandes perdedores fueron los partidos de izquierda, partiendo por el Partido Socialista, que perdió un considerable poder territorial. Podemos, los socios del PSOE en el inédito gobierno de coalición que se mantiene hasta hoy, sufrieron un golpe mayor, simbolizado de manera contundente con su desaparición en Madrid y marcado por su retroceso en el resto del país. 
La semana política, sin embargo, no estuvo tan marcada por las elecciones sino por lo que siguió: la decisión del presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales para el 23 de julio, en pleno verano. Con ello, Sánchez determinó el inicio de una campaña electoral cuyos actores tienen ahora poco tiempo para decidir alianzas e implementar estrategias. La jugada del presidente español fue leída como una manera de cambiar la conversación, evitar una rebelión interna y convocar las fuerzas de izquierda, que concurrieron a la elección de mayo altamente fragmentadas, a la unidad contra la derecha.  
Paloma Román Marugán, doctora en Ciencias Políticas y directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid, advierte que aunque las elecciones del 28 de mayo marcaron una tendencia, será lo que suceda en varios frentes puntuales de aquí al 23 de julio lo que determine si la derecha vuelve a gobernar en España o si la izquierda logra retener el poder. 

Desde hace un tiempo, los casos de científicos involucrados en diversos proyectos de Inteligencia Artificial que advierten sobre los riesgos de este desarrollo parecen replicarse. Quizás el primero fue Blake Lemoine, un ingeniero que trabajaba en un modelo de IA para Google llamado LaMDA y que el año pasado fue despedido de la compañía por violar las cláusulas de confidencialidad, tras compartir públicamente que esa Inteligencia Artificial había desarrollado algo parecido a una conciencia o, literalmente, era un “ser sintiente”. La advertencia de Lemoine captó el interés, la preocupación y la imaginación de buena parte del mundo, aunque la compañía negó que sus afirmaciones fueran precisas. Eso fue antes de que la compañía Open AI pusiera a disposición de todo el mundo su modelo de lenguaje Chat GPT y desatara una verdadera avalancha de productos, aplicaciones y también preocupaciones en torno a la Inteligencia Artificial.
Hoy vivimos en un mundo en plena revolución, mientras las compañías tecnológicas luchan por una mejor posición en una carrera marcada por un genio que ya salió de la botella. En marzo, cerca de mil expertos en el tema, incluidos el ubicuo Elon Musk, el cofundador de Apple Steve Wozniak y el científico cognitivo Gary Marcus, además de ingenieros de compañías como Amazon, Google, Meta, Microsoft y DeepMind, publicaron una carta abierta demandando una pausa de seis meses en el desarrollo de nuevos sistemas de Inteligencia Artificial por los riesgos que implica para la humanidad. Luego, otro científico, el canadiense Geoffrey Hinton, un pionero en el área que es considerado “el padrino de la Inteligencia Artificial”, anunció que dejaba su puesto en Google para así poder, según explicó, hablar con libertad sobre un tema que le preocupa: los peligros que representa la IA, particularmente en momentos en que las compañías compiten en el área de la Inteligencia Artificial Generativa. Hace un par de semanas los focos estuvieron sobre Sam Altman, el CEO de Open AI, la empresa tras Chat GPT, quien fue a testificar sobre el tema frente a un panel del Senado de Estados Unidos para aclarar dudas y pareció dejar a los parlamentarios, y al resto del mundo, más preocupados. Altman llamó a los legisladores a regular la Inteligencia Artificial y a los gobiernos a trabajar para mitigar el riesgo de estos modelos “cada vez más poderosos”.
Este martes, a través de un breve comunicado, un grupo de líderes de la industria tecnológica reforzaron el llamado a una mayor regulación, comparando la IA con la amenaza de las guerras nucleares y las pandemias y advirtiendo que ésta podría convertirse en el futuro, derechamente, en “una amenaza existencial para la humanidad”. 
Con los propios protagonistas de la industria pidiendo una mayor regulación -pero con pocas respuestas en el mundo sobre cómo debería regularse una herramienta revolucionaria que parece avanzar tan rápida y vorazmente-, llamados como esos instalan más preocupaciones que certezas. ¿Es realmente posible controlar y poner límites a estos desarrollos hoy? 
El periodista experto en medios digitales Andrés Azócar, director de UBIK, advierte que intervenir la carrera en la que están embarcadas las grandes compañías y los gobiernos requerirá de algo más que declaraciones públicas. 

La elección presidencial del pasado domingo en Turquía concentró la atención de buena parte del mundo y con razón. El país, bajo el mando de Recep Tayyip Erdogan, el hombre que ha liderado sus destinos por dos décadas, ha administrado su posición de puerta de entrada a Europa en beneficio de su creciente influencia. Algo que alimenta el discurso nacionalista de un hombre que llegó al poder como la gran renovación de la política turca y que se ha mantenido en estos 20 años con una fórmula de liberalismo económico y un creciente islamismo. Una mezcla que, como apuntan sus críticos, se basa también en la acumulación de poder y en el silenciamiento de sus detractores.
Erdogan, un hombre de origen humilde que rechazaba a las élites laicas que gobernaban su país, entró en política de la mano del Partido Islamista, y desde su elección como alcalde de Estambul, en 1994, comenzó a cimentar una popularidad que luego lo llevaría a ser elegido primer ministro y luego presidente. Pero aunque durante estas dos décadas gobernando ha conquistado a las masas de su país, varios elementos marcaban su reelección con el signo de la incertidumbre. La crisis económica, las críticas a su gestión tras el terremoto de febrero -donde murieron cerca de 50 mil personas- y las acusaciones de corrupción auguraban una elección más desafiante que las anteriores. Y así fue: incapaz de conquistar la mayoría absoluta en primera instancia, el presidente debió enfrentar una inédita segunda vuelta.
Los números de este domingo le dieron el triunfo: conquistó el 52% de los votos. Pero también le dieron un mensaje: casi la mitad de los votantes de este país de 85 millones de habitantes prefería que se fuera. Cómo marcará eso la conducción de Erogan en este nuevo período de cinco años es sin duda algo que el resto del mundo estará tratando de descifrar. En particular en un momento en que el líder turco ha sabido jugar sus cartas en medio del conflicto que remece a Europa y que tiene consecuencias para todo el mundo: la guerra en Ucrania.
La corresponsal chilena en Europa Mariana Díaz comenta hoy en Crónica Estéreo cómo y por qué los líderes mundiales observaban la elección en Turquía con particular interés y recibieron los resultados con pragmatismo. 

Un cuerpo decapitado, con las piernas cercenadas, dentro de una bolsa, en plena Alameda. Un cadáver amarrado de manos, envuelto en una frazada, al costado de la autopista Los . El torso y partes del cráneo de una mujer en Lirquén. Tres cuerpos al costado de la ruta 68, en Curacaví. Una cabeza humana dentro de una bolsa de feria en Maipú. Es una lista macabra de hallazgos en las últimas semanas que llegaron a ganarse un lugar en los titulares de la prensa. Es también una pieza más en la construcción de una percepción ineludible que se replica en conversaciones cotidianas en todo el país: que Chile se ha transformado en un país más peligroso, más violento. Que el crecimiento del crimen organizado y la acción de bandas que exhiben métodos descarnados parece fuera de control. Que el problema se fue de las manos. Que somos, o pronto seremos, como aquellos países cuya violencia cotidiana mirábamos a una cómoda distancia. 
Y en el trasfondo, la idea, y el temor, de que sencillamente nos acostumbremos a vivir así. Porque si hace algunos años el hallazgo de un pie humano en Puente Alto dio inicio a un caso policial que paralizó al país y le dio una ingrata fama póstuma a la víctima, hoy nuestra capacidad de asombro parece exigir bastante más para despertar.
Christian Toledo, Fiscal Jefe de Delitos Violentos de la  Fiscalía Metropolitana Sur, ha visto cómo la actividad criminal ha “evolucionado”, si se puede usar esa palabra. Hoy comparte su diagnóstico, su experiencia como persecutor y su visión sobre qué se necesita para luchar contra este fenómeno.   

Se puede argumentar que Henry Kissinger no necesitaba llegar a celebrar sus 100 años de vida para convertirse en una de las figuras más importantes e influyentes en la política internacional en los últimos 50 años. Pero durante estos días el hito de su centenario cumpleaños ha servido para que el mundo revisite su figura y su obra. Una obra que se sigue escribiendo; hace pocos meses Kissinger lanzó su último libro,  “Liderazgo: Seis estudios sobre estrategia mundial”, cuya promoción ha servido para que a Kissinger se le consulate por estado de las cosas en el mundo hoy, desde la guerra en Ucrania hasta la confrontación de Estados Unidos con China, una potencia con la que él mismo contribuyó a reestablecer relaciones durante el gobierno de Richard Nixon. 
También se puede argumentar, como sus críticos en todo el mundo lo han hecho y como también se ha recordado con ocasión de su cumpleaños número 100, que Henry Kissinger es un criminal. En su prontuario resaltan los bombardeos en Cambodia y Laos en 1969 y 1970 -países neutrales en la guerra de Vietnam-, que según los documentos oficiales dejaron casi un milón de civiles muertos. Paradójicamente, los esfuerzos por terminar la guerra de Vietnam con las negociaciones de París le valieron a Kissinger el Premio Nobel de la Paz en 1973. El mismo año, como está acreditado en los documentos oficiales de su gobierno, el mismo Kissinger apoyó como parte del gobierno de Nixon el golpe de Estado en Chile. Unos años más tarde hizo lo propio con el golpe y la represión en Argentina. Timor Oriental y el territorio que hoy es Bangladesh también dan cuenta de la obra más oscura del Nobel. En su libro “Juicio a Kissinger”, el británico Christopher Hitchens argumentó que existían bases para procesarlo por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, y  por ofensas a las leyes internacionales como conspiración para cometer asesinatos, secuestros y torturas. 
Con todo, Kissinger exhibe una influencia innegable que ha trascendido los puestos formales que ha ocupado. 
El editor de La Tercera Juan Paulo Iglesias conversa hoy con Crónica Estéreo sobre la controversial pero ineludible figura de Henry Kissinger. 

Después de las elecciones legislativas de medio término del año pasado, algunos personeros del partido Republicano se permitieron ciertas manifestaciones de alivio e incluso celebración por lo que parecía el final de la influencia arrolladora del ex presidente Donald Trump. En un rendimiento electoral decepcionante para ese partido en una noche que se esperaba que una “marea roja” tomara el control del poder legislativo estadounidense, fueron los candidatos promovidos por Trump los de peor rendimiento. Más aún, lo que se esperaba para los próximos meses sucedió: Trump desconoció cualquier responsabilidad en los resultados, las diversas investigaciones en su contra prosiguieron y el ex presidente fue imputado en una de ellas. Su prematuro anuncio de que buscaría ser el nominado Republicano para las elecciones presidenciales del 2024 parecía condenado a un fracaso. Esa misma sucesión de eventos, sin embargo, no sólo no ha hecho mella en la base más fiel de Trump; en alguno sentidos incluso ha parecido consolidar sus apoyos y aumentar las donaciones a su campaña. Hoy, a juzgar por los sondeos, Trump parece encaminado a conquistar con facilidad la nominación de su partido y a obtener su revancha contra el presidente Joe Biden en las elecciones generales. 
Pero la carrera no está corrida y, como advierten algunos, el proceso de primarias -que se inicia en enero próximo- puede dar lugar a sorpresas. En tres meses más, los aspirantes a la nominación republicana debatirán por primera vez. Esta semana oficializó su candidatura quien parece el principal rival de Trump, el gobernador de Florida Ron De Santis, quien ha reforzado su imagen de ultraconservador tomando medidas como la prohibición de libros y  otros actos de censura en su estado, llegando incluso a iniciar una guerra con la compañía más icónica de Florida: Disney. Pero ¿podrá la nueva estrella republicana lograr que su partido dé vuelta la página y deje atrás a Donald Trump? 
El ex diputado y ex embajador Darío Paya tiene una larga historia de cercanía con el Partido Republicano estadounidense, y en esta entrevista expresa su visión sobre lo que ha pasado en la colectividad de Reagan tras la irrupción de Trump, y lo que podría venir a continuación.