El empresario y excandidato al Concejo de Santa Marta, Enrique Vives Caballero, ya se encuentra en la cárcel de San Sebastián de Ternera, en Cartagena. La madrugada del 13 de septiembre Vives arrolló a 7 jóvenes con su camioneta y mató a 6 de estos. El samario fue acusado por la Fiscalía de homicidio doloso.

Lee más aquí.

Cuestión Pública y CONNECTAS revelan la red del barranquillero en Colombia antes y después de su fuga: desde importaciones y exportaciones irregulares hasta presunto lavado y posibles testaferros que apuntó la Fiscalía.

Lee la investigación completa aquí: https://bit.ly/3kDE9Oo

Cuestión Pública y CONNECTAS revelan la red del barranquillero en Colombia antes y después de su fuga: desde importaciones y exportaciones irregulares hasta presunto lavado y posibles testaferros que apuntó la Fiscalía.

Lee la investigación completa aquí: https://bit.ly/3kDE9Oo

Hace unos 20 años, en el municipio de Río Quito se extendía una enorme y definida serpiente de color oro cuyo cauce atravesaba una parte de la verde y tupida selva chocoana, una de las regiones más biodiversas del mundo. Imágenes satelitales evocan su antigua majestuosidad. Pero las incesantes actividades de minería ilegal desarrolladas por organizaciones criminales sin títulos mineros ni licencias ambientales, la devastaron. La actuación de la justicia no se compara con la destrucción ecológica y la tragedia humana ocasionada.

Lee la investigación completa aquí: https://cuestionpublica.com/rios-de-mercurio-parte2/

Durante siete años, una red de minería ilegal explotó oro en ese departamento. Dos estadounidenses de origen iraní representados por la firma de Diego Cadena, exabogado de Álvaro Uribe, habrían iniciado actividades mineras ilegales, según tres fuentes. Hassan Jalali y Amir Mohit-Kermani tienen abierta una indagación preliminar. Algunos integrantes de la red fueron sentenciados, pero salieron libres bajo supervisión.

Lee la historia completa aquí: https://cuestionpublica.com/rios-de-mercurio-parte1/

Cuestión Pública, en conjunto con OCCRP y la Revista Concolón de Panamá, además de una red de compañías relacionadas con China National Tobacco Corporation, la mayor empresa de cigarrillos del mundo, ha enviado cigarrillos chinos a América Latina. Los envíos se han realizado en países como Colombia, donde no hay un mercado legal para este producto. Según expertos, el contrabando es una parte importante de la estrategia para ampliar el alcance de la empresa china.

Lee la historia completa aquí: https://cuestionpublica.com/la-inundacion-de-cigarrillos-chinos-en-america-latina-pasa-por-panama/

Cuestión Pública, en conjunto con OCCRP y la Revista Concolón de Panamá, reveló que una red de compañías relacionadas con China National Tobacco Corporation, la mayor empresa de cigarrillos del mundo, ha enviado cigarrillos chinos a América Latina. Los envíos se han realizado a países como Colombia, donde no hay un mercado legal para este producto. Según expertos, el contrabando es una parte importante de la estrategia para ampliar el alcance de la empresa china.

Lee la historia completa aquí: https://cuestionpublica.com/la-inundacion-de-cigarrillos-chinos-en-america-latina-pasa-por-panama/ 

En 1992, María Fernanda Cabal le vendió un apartamento y un garaje en Cali a Rodrigo José Sarasti Guerrero, quien gerenció dos empresas fachadas de los líderes del Cartel de Cali, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, según el Departamento del Tesoro de EE. UU. Un año antes del negocio, Sarasti ya era accionista de la empresa Obursátiles SA, que entre 2003 y 2011 fue incluida en la Lista Clinton, designada como una “entidad traficante de estupefacientes”. Sarasti entró a esa lista el mismo año que Obursátiles, pero fue retirado en 2009.

Entre 2017 y 2021, 20 entidades estatales suscribieron al menos 30 contratos y dos órdenes de compra por al menos $45 mil millones para adquirir armas de letalidad reducida y elementos de dispersión de multitudes, según el SECOP I. Pese a su supuesta no letalidad, parte de los dispositivos han sido usados por algunos agentes de la Policía y el ESMAD para disparar contra civiles. Las proveedoras fueron siete compañías, una de ellas investigada por la Procuraduría. El monto total de los procesos equivale a comprar 1’030.039 vacunas de Pfizer, a 12 dólares.

Un vuelo oficial partió de Florencia, Caquetá, a Bogotá en vísperas de navidad pandémica. Viajaban la esposa del general de la Policía Julio César González Bedoya, su hija, un acompañante y dos perros. Una de las mascotas se vomitó. Bajaron a dos policías porque “no cabían”. Bienvenidos a González Airlines, en donde usted exige su asiento y acomoda a su perro en una silla si es cercano a mi general. Tome asiento y disfrute el viaje.