Cuestión Pública

Entre 2017 y 2021, 20 entidades estatales suscribieron al menos 30 contratos y dos órdenes de compra por al menos $45 mil millones para adquirir armas de letalidad reducida y elementos de dispersión de multitudes, según el SECOP I. Pese a su supuesta no letalidad, parte de los dispositivos han sido usados por algunos agentes de la Policía y el ESMAD para disparar contra civiles. Las proveedoras fueron siete compañías, una de ellas investigada por la Procuraduría. El monto total de los procesos equivale a comprar 1’030.039 vacunas de Pfizer, a 12 dólares.

Un vuelo oficial partió de Florencia, Caquetá, a Bogotá en vísperas de navidad pandémica. Viajaban la esposa del general de la Policía Julio César González Bedoya, su hija, un acompañante y dos perros. Una de las mascotas se vomitó. Bajaron a dos policías porque “no cabían”. Bienvenidos a González Airlines, en donde usted exige su asiento y acomoda a su perro en una silla si es cercano a mi general. Tome asiento y disfrute el viaje.

Cuestión Pública revela tres facturas del contrato celebrado entre Odebrecht y Marketmedios, firma publicitaria de la familia de Roberto Prieto, gerente de campaña de Juan Manuel Santos. La primera se dio en vísperas de las elecciones presidenciales de 2010. El negocio activó las alarmas de la revisora fiscal de la constructora brasileña.

Cuestión Pública revisó al menos cinco contratos y un convenio que suscribieron la Alcaldía de Soledad y Malambo, Atlántico, durante la pandemia. En total se invirtieron $14.045 millones en estos procesos cuya ejecución se desconoce o ha sido irregular. El dinero terminó en manos de fundaciones que estarían conectadas con el exsenador Eduardo Pulgar y sus aliados.