En México, la lucha contra la corrupción ha funcionado más como eslogan electoral que como política de Estado. En campaña, todos los partidos prometen mano dura, transparencia y castigo a los corruptos, pero una vez en el poder, solo anuncian investigaciones y presuntos culpables. Después llegan los amparos, y las declaraciones de que no hay elementos suficientes. Así, el escándalo se apaga sin que se haya aclarado quién decidió, quién se benefició y cuánto se perdió. Y el culpable no pierde su libertad, patrimonio ni carrera y el mensaje es claro: el delito de cuello blanco conviene.
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