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"La frontera epistemológica del psicoanálisis"

Fecha: 11/03/1975

MP3 90,9 MB

“Las fronteras vivas del psicoanálisis” ha sido el tema tratado por el profesor don Juan Rof Carballo en el tercero de los seis cursos universitarios organizados para este año por la Fundación Juan March en colaboración con el Instituto de las Ciencias del Hombre. El ciclo está integrado por cinco conferencias: "Metaciencia y psicoanálisis”; “La frontera epistemológica del psicoanálisis “La frontera estética. Psicoanálisis de la creatividad artística”; “La frontera sociológica. Sociología del conocimiento”; y “Ciencias del hombre y ‘ethos’ contemporáneo”.

La física actual describe el universo combinando un espaciotiempo clásico y una serie de campos cuánticos. Las partículas fundamentales son excitaciones de los campos cuánticos. Pero la gravitación es una teoría clásica resultado de la curvatura del espaciotiempo. No conocemos la naturaleza cuántica del espaciotiempo. Por ello no sabemos entender la gravedad como una teoría cuántica. Una futura teoría cuántica de la gravedad deberá unificar ambos paradigmas.

Foro de Análisis

Publicado el 22 ene. 2019

Conferencia impartida el 16 de enero de 2019 en el Aula de Grados de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla como parte del programa de actividades del Seminario 'Conocimiento, Identidad, Sociedad' (www.socidentity.com), organizado en colaboración con Foro de Análisis.

Más información acerca de próximas conferencias en www.forodeanalisis.org .

Juan Rof Carballo (Lugo, 11 de junio de 1905 – Madrid, 12 de octubre de 1994) fue un médico y ensayista español, padre de la medicina psicosomática y miembro1? de la Real Academia Española, encuadrado dentro de la llamada Generación del 36.

El estallido de la Guerra Civil Española en 1936 le sorprenderá en Berlín, y no regresará a España hasta el fin de la contienda. Durante ese período trabaja en Viena —junto a Carl Sternberg—, Copenhague y París —en el Hospital de la Pitié-Salpêtrière—. En la capital francesa, además de con su antiguo maestro Pittaluga, coincide también con Ángel Garma, a quien le presenta al también psiquiatra y psicoanalista argentino Celes Ernesto Cárcamo, quien motivará la marcha de Garma a Buenos Aires, donde se establecerá. Garma y Cárcamo se convertirían en los primeros referentes del psicoanálisis en Argentina. Tras su regreso a España, Rof vuelve a trabajar junto a Jiménez Díaz, fundando ambos lo que más tarde sería la Clínica de la Concepción, y obtiene una beca de la Fundación Rockefeller para estudiar junto a Francisco Grande Covián (destacado discípulo de Juan Negrín antes de la guerra, en cuyo laboratorio tuvo como compañero a Severo Ochoa) el déficit nutricional en los niños de la posguerra en Vallecas. Los resultados se publicarían en 1942. Permanecería con Jiménez Díaz hasta 1948, año en que Rof Carballo decide abandonar la colaboración debido a diversas discrepancias.

Fruto de esos años son sus numerosos trabajos clínicos, así como un Formulario clínico que, en su momento, rellenó una laguna importante en la profesión médica nacional. Sin embargo, a partir de 1945 comienza a interesarse fuertemente por la antropología médica, lo que marcará su trayectoria en adelante, convirtiéndole en una autoridad mundial en las dimensiones psicológicas de las relaciones interpersonales. Sería, asimismo, el principal introductor en España, tras abrir el camino Ortega y Gasset años antes, del psicoanálisis de Freud (a quien Rof conoció en sus años en Viena) y su estudio crítico, combinado y en comparativa con las teorías de Carl Gustav Jung y su discípulo Erich Neumann.

En 1949 publica su famosa obra Patología psicosomática (primer tratado integral publicado sobre el tema; sería publicado en todo el mundo y brindó un amplio reconocimiento internacional a su autor), y a partir de 1950 empieza a colaborar estrechamente con Gregorio Marañón, quien le definía como un «francotirador del espíritu».

Con Cerebro interno y mundo emocional (1952) -en el que colabora con un trabajo complementario el neurocirujano Sixto Obrador Alcalde-, y Urdimbre afectiva y enfermedad (1964) se cierra la trilogía fundamental de Juan Rof Carballo en cuanto a la medicina psicosomática.

7Bodhisattva7

Publicado el 7 sept. 2018

Charla sobre medios de comunicación y manipulación informativa, de Pascual Serrano en el Club de Prensa de La Nueva España, en Oviedo. (Asturias)

Nacido en Valencia (España) el año 1964, Pascual Serrano se licenció en Periodismo en 1993 en la Universidad Complutense de Madrid. Se inició en el periodismo trabajando en el diario español ABC.

Sus trabajos se han desarrollado tras sus viajes por México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Cuba, Argentina, Bolivia, Brasil, Iraq, Jordania, Gaza, Egipto y Líbano.

En 1996 fundó junto con un grupo de periodistas la publicación electrónica Rebelión (www.rebelion.org), que hoy funciona como diario alternativo en Internet.

Durante 2006 y 2007 fue asesor editorial de Telesur, un canal de televisión promovido por Venezuela con la participación de Cuba, Argentina, Uruguay y Bolivia, que pretende ser un modelo de comunicación contrapuesto a los medios dominantes del primer mundo.

Es miembro fundador de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, creada en México en 2004.

Colabora habitualmente en una decena de publicaciones españolas y latinoamericanas sobre temas de comunicación y política internacional, entre ellas, los mensuales Le Monde Diplomatique, Eldiario.es, Público, y la revista cultural cubana La Jiribilla.

Es columnista y miembro del consejo de redacción de la revista Mundo Obrero.

En febrero de 2007 fue Primer Premio del Concurso Internacional de ensayo "Pensar a contracorriente", por su trabajo "Violencia y medios de comunicación", convocado por el Instituto Cubano del Libro, el Ministerio de Cultura de Cuba y la Editorial Ciencias Sociales.

En febrero de 2010 fue galardonado con la distinción Félix Elmuza, que otorga la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en casos excepcionales a periodistas no cubanos.

En la actualidad dirige la colección de libros A Fondo, sobre temas de actualidad, en la editorial Akal y es miembro del Consejo de redacción de la revista satírica El Jueves.

Sus libros:

Coautor de los libros "Periodismo y crimen" y "Washington contra el mundo" y compilador de"Mirando a Venezuela". ”Perlas. Patrañas, disparates y trapacerías en los medios de comunicación”(2006) editado en España por El Viejo Topo. En Cuba y Venezuela se editó una versión adaptada: “Juego Sucio. Una mirada a la prensa española”.

"Perlas 2. Patrañas, disparates y trapacerías en los medios de comunicación" (2007), con prólogo de Alfonso Sastre y epílogo de Ignacio Ramonet.

"Medios violentos. Palabras e imágenes para el odio y la guerra", (Editorial El Viejo Topo. Barcelona Mayo 2008). Existía una versión anterior en Venezuela escrita con Santiago Alba. La versión española se reeditaría en Venezuela por el Ministerio de Comunicación e Información en Junio de 2008 y al año siguiente por la Universidad Bolivariana de Venezuela. Posteriormente se publicaría en Ecuador (Ciespal) y Cuba (Editorial José Martí).

Conjura contra Cuba (2009). Editado con la asociación de solidaridad Cubainformación, sólo disponible a través de las organizaciones de solidaridad con Cuba ([email protected]).

Desinformación. Cómo los medios ocultan el mundo (Península) (2009), con prólogo de Ignacio Ramonet. Esta obra recibió una de las cinco menciones honoríficas del Premio Libertador 2009. Se han editado ocho ediciones, además de la edición de bolsillo actualizada con la editorial Planeta.

El periodismo es noticia. Tendencias sobre comunicación en el siglo XXI. Icaria. (2010)

Traficantes de información. La historia oculta de los grupos de comunicación españoles. Foca. Noviembre 2010

¿El mejor de los mundos? Un paseo crítico por lo que llaman 'democracia'. Icaria. Junio 2011

Contra la neutralidad. Tras los pasos de John Reed, Ryzard Kapucisky, Edgar Snow, Rodolfo Walsh y Robert Capa. Península, octubre 2012.

Periodismo canalla. Icaria, noviembre 2012.

La comunicación jibarizada. Cómo la tecnología ha cambiado nuestras mentes. Península. marzo 2013.

La culpa es de los libros. Escritos tras mis lecturas Icaria, mayo 2014

La prensa ha muerto: ¡viva la prensa!. Península, octubre, 2014

Los gobiernos españoles contra las libertades (con Juan García). Akal, mayo, 2016.

Medios democráticos. Una revolución pendiente en la comunicación. Akal, mayo, 2016.

Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti

Publicado el 10 ago. 2018

Masterclass "Negritud y cuerpo político" de Eduardo Grüner en el primer encuentro del ciclo "Memorias en tensión. Fragilidades históricas y paradigmas políticos", coordinado por Gerardo Yoel. +info:https://bit.ly/2Emx5hK

Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti

Av. Del Libertador 8151

Entrada gratuita

Sujeta a capacidad de sala

Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Ex ESMA)

C1429BNB - Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Acceso vehicular: Comdro. Rivadavia 1273

(+54 11) 4702 - 7777

Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti

Publicado el 28 dic. 2017

#Encuentro 5 / 16 de noviembre de 2017

"Discurso, Poder, Deseo. Lo que queda del Post-Estructuralismo"

Por Sergio Tonkonoff *

Actualmente, algunos de los conceptos fundamentales del llamado postestructuralismo forman parte del vocabulario usual de las ciencias sociales y las humanidades tanto como del arte y aún de la política. Conceptos tales como dispositivo de poder, agenciamiento de deseo y formación discursiva se han integrado de un modo complejo a diversas prácticas teóricas, artísticas, sociales y políticas contemporáneas.

Buscaremos dar cuenta del contexto histórico de surgimiento y difusión de estos conceptos. Luego, haremos un esfuerzo por reconstruir el marco teórico en el que fueron elaborados, mostrando qué sentido adquieren cuando se los ordena sobre los ejes del lenguaje y el deseo. Finalmente, recuperaremos algunos análisis de las sociedades contemporáneas realizados con estas herramientas conceptuales.

* Es Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Estadual de Campinas (São Paulo, Brasil). Actualmente es Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET). Es Profesor Titular de las materias Teorías Sociales Estructuralistas y Postestructuralistas y Psicología Social de la Carrera de Sociología de Facultad de Ciencias Sociales de Universidad de Buenos Aires. Es director de Diferencia(s). Revista de Teoría Social Contemporánea. Ha impartido seminarios de posgrado en Argentina, Brasil, México y España. Entre sus últimas trabajos se cuentan el libro The Infinitesimal Revolution. From Tarde to Deleuze and Foucault de próxima aparición en Palgrave Macmillan-NY, y los textos “Heterología. La ciencia (imposible) de los residuos violentos” en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales y “Nunca Más / Aparición con Vida. Mito y tragedia como formas de intelección de la violencia Argentina” en Violencia y Cultura - Clacso Ed.

+ Información en: https://goo.gl/xnFKLU

Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti

Av. Del Libertador 8151

Entrada gratuita

Sujeta a capacidad de sala

Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Ex ESMA)

C1429BNB - Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Acceso vehicular: Comdro. Rivadavia 1273

(+54 11) 4702 - 7777

Rosa-Luxemburg-Stiftung

Publicado el 29 oct. 2013

Carlos Pérez Soto, ein bekannter chilenischer Linksintellektueller, kritisiert in den Interviewausschnitten die Vertiefung neoliberaler Programme unter den Mitte-Linksregierungen der Concertación. Er gibt eine Einschätzung zur Lage der Studierendenbewegung kurz vor den Wahlen im November, und er vergleicht die Repression gegen die Studierenden mit der gegen die Mapuche. In einem ausführlicheren Teil spricht er sowohl die Problematik einer schleichenden Privatisierung der chilenischen Gesundheitsversorgung an, als auch die gleichzeitige Zunahme medizinischer Ansätze zur Erklärung und Lösung sozialer Problemlagen der chilenischen Gesellschaft.

Carlos Pérez Soto war im September 2013 auf Einladung von medico international und der RLS in Deutschland - zum Anlass des 40ten Jahrestages des Putsches in Chile. Ursprünglich ausgebildet als Physiker unterrichtet er an verschiedenen Universitäten in Chile u.a. marxistische Theorie, Grundlagen der Psychologie und der Antipsychiatrie sowie die Geschichte des Tanzes. Er steht im intensiven Austausch mit den sozialen Bewegungen und ist an den Bildungsprotesten beteiligt. Zurzeit beschäftigt er sich mit den Perspektiven einer neuen Linken in Chile und entwickelt Vorschläge gegen die Kommerzialisierung von Bildung und Gesundheitsdiensten sowie für die Demokratisierung des Wissens.

El sistema neoliberal no requiere de una dictadura militar

Durante casi cuarenta años (desde 1975), Chile ha sido escenario de un profundo experimento económico y social. En un país pacificado a la fuerza por el golpe de Estado de septiembre de 1973, y por cinco años (1973-1978) de cruenta represión de dirigentes políticos y sociales, los ministros civiles del gobierno militar pudieron despejar brutalmente toda traba institucional e implementar, gobernando a través de decretos leyes, un modelo económico completamente ajeno a la tradición chilena, que carecía de precedentes incluso en cualquier política económica implementada alrededor del mundo durante el siglo XX.

Muchas de las fórmulas económicas y sociales ideadas por los teóricos neoliberales a lo largo de los años 40 y 50 fueron aplicadas por primera vez en Chile y luego, desde aquí, predicadas y aplicadas con diversos grados de autoritarismo prácticamente en todos los países del mundo desde los años 80 hasta hoy. Esto hace que Chile, un país de escaza población (16 millones en 2012), con una economía relativamente menor a pesar de sus enormes riquezas naturales, se haya convertido en un verdadero modelo para la nueva derecha a nivel mundial. Un modelo protegido por los grandes poderes mundiales de las oscilaciones más irresponsables del capital financiero y protegido también por una eficiente clase política de las tentaciones de convertir sus avances en provecho populista. Un país cuyo “éxito” económico es usado para disciplinar a los trabajadores en todo el mundo en torno a las políticas capitalistas más depredadoras. Políticas cuyas “bondades” son repetidas hasta el cansancio, como “verdades evidentes” y dogmas doctrinarios por las grandes cadenas de medios de comunicación a nivel mundial. “Verdades” y “evidencias” que apuntan sobre todo contra los peligros que representaría el Estado interventor, contra la “irresponsabilidad” contenida en cualquier política que busque asegurar derechos económicos y sociales básicos.

Que el tan cacareado “éxito” de este modelo en Chile sólo encubre una enorme catástrofe social para los más amplios sectores del pueblo chileno, y un modo de grosera depredación y saqueo de sus riquezas, es algo que se ha mostrado, con cifras impresionantes, muchas veces. Baste con indicar dos datos:

a. Entre 2006 y 2011 las grandes compañías mineras extranjeras se han llevado de Chile más de 160.000 millones de dólares en ganancias. Hay que notar, además que mientras la inversión total de estas compañías entre 1974 y 2006 sumó 19.976 millones de dólares, sólo en 2006 obtuvieron ganancias por 25.405 millones de dólares.

b. Según los datos del Servicio de Impuestos Internos (SII), el 99% de los chilenos vive con un salario promedio de 680 dólares ($339.680), el otro 1% con un salario promedio de 27.400 dólares ($13.703.000), es decir, 40 veces mayor. Es importante notar que esa mayoría también es desigual: el 81% de las personas en Chile viven con un salario promedio de tan sólo 338 dólares ($169.000) con un tope, en ese promedio, de 1096 dólares mensuales ($548.000).

Datos como estos son los que permiten entender el fraude que se esconde tras las cifras macroeconómicas “exitosas”. Pero más que las cifras que lo caracterizan, o su origen sangriento, lo que me importa aquí es más bien en que ha consistido de manera profunda este modelo, y cómo un análisis marxista puede dar cuenta de su “normalidad”, es decir, de la extraordinaria estabilidad política que lo ha acompañado hasta el día de hoy. Describir sus mecanismos y los compromisos políticos que permiten su funcionamiento.

La primera fase del modelo neoliberal, la privatización de los activos del Estado y la reducción del gasto estatal, es la que ha sido mejor estudiada y documentada. Es también la que sus propios gestores publicitan más a menudo, atribuyéndole toda clase de efectos “ordenadores”, “disciplinantes”, del caos en que los Estados habrían sumido a las economías modernas.

Los diversos analistas de izquierda que lo han abordado han puesto un gran énfasis en sus orígenes violentos. Por un lado la violencia militar extrema de las dictaduras latinoamericanas en los años 70. Por otro la extrema violencia de la corrupción civil que, amparada en esa posición de fuerza, privatizó y desnacionalizó las riquezas y los aparatos productivos estatales levantadas tras décadas de economías desarrollistas.

Este énfasis en la violencia explícita, sin embargo, ha contribuido durante mucho tiempo a oscurecer la segunda fase, mucho más profunda, en que el modelo se extiende y consolida, promovido incluso por los agentes políticos que han sido víctimas en diverso grado de la violencia primera, y que han usado sistemáticamente esa calidad de víctimas para legitimar como “alternativas”, o como “modificaciones en la medida de lo posible”, los propios dogmas económicos que dicen criticar.

Es la segunda fase, en que Chile es nuevamente un modelo ejemplar, la que hoy en día es urgente analizar y criticar pues es la que está presente en casi todas las “salidas” que se ofrecen a nivel mundial para los efectos de la crisis financiera que se arrastra desde 2008. Es la que es necesario exponer y denunciar sobre todo para dejar al descubierto uno de los principales mitos de la crítica anti neoliberal imperante: el modelo neoliberal NO fue impuesto, ni fue hecho eficaz y viable, a partir y a través de dictaduras militares. Su verdadera eficacia y profundidad ha sido implementada progresivamente a través de gobiernos civiles, por medios “democráticos”, y por coaliciones políticas que proclaman ser de “centro izquierda”. Lagos y Bachelet son los herederos perfectos de Pinochet y sus ministros de hacienda. El PSOE es el complemento perfecto del PP en España. Los Kirchner los sucesores perfectos de Menem. Lula es el complemento de Cardoso. Y esto es lo que ocurre en general con la “centro izquierda” europea y su retórica anti Thatcher y anti norteamericana.

La primera etapa del nuevo modelo de dominación capitalista que se ha implementado desde los años 80 en todo el mundo ha sido caracterizada frecuentemente como “política de shock”. A la luz de lo ocurrido con posterioridad, es necesario agregar bastantes matices a esa visión simple. Es indudable que han existido estos momentos de shock pero, a pesar de su importancia, han sido más bien la excepción que la regla. Y, en todo caso, el componente de violencia militar en ellos no ha sido el elemento crucial ni, mucho menos, su condición de posibilidad. El shock en Grecia, Irlanda, España, Portugal, se ha realizado en plena democracia. La transición neoliberal profunda se realiza en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Rusia y en casi todos los países que formaron parte del área socialista sin un shock visible, a través de múltiples medidas que apuntan en esa dirección, pero que no se presentan como una política masiva, rápida y explícita.

El shock neoliberal está relacionado básicamente con cuatro cuestiones:

a. las políticas de precarización del empleo y el debilitamiento de los derechos laborales;

b. las políticas de privatización de las ramas de la producción en manos del Estado;

c. una política general de desnacionalización de los recursos naturales

d. una política general de liberalización del comercio mundial, de apertura arancelaria, congruente con las nuevas formas de organización industrial distribuida a nivel mundial.

Más que una dictadura militar que ordene estas medidas por decreto (como ocurrió en Chile), en realidad es este último aspecto el que desencadena y opera como motor permanente de los tres anteriores. Desde fines de los años 70 ha ocurrido un drástico reordenamiento tanto en la base técnica del capital como en su localización. La producción manufacturera ya no está organizada en grandes instalaciones centralizadas, ubicadas de manera predominante en el primer mundo, sino que se ha desplazado hacia la periferia, en que es posible bajar notablemente los costos en salarios, y en forma de redes de producción de partes y piezas, en que sólo algunos módulos actúan como armadurías. Esto ha significado una radical desindustrialización de Estados Unidos y Europa, y a la vez una industrialización creciente de países como Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Malasia, en una primera oleada, y ahora de China, India, Brasil y México. Esta producción en red ha aumentado enormemente el comercio mundial al interior de las propias empresas trasnacionales, que se organizan como redes en que operan mercados “interiores” que deben traspasar las fronteras nacionales. Esta organización es la que ha obligado a la completa apertura comercial que, de paso, permite la destrucción de toda iniciativa de desarrollo industrial consistente y medianamente autónomo a todos los demás países.

Tanto la precarización del empleo, como la desnacionalización de los recursos naturales, como la destrucción de los aparatos productivos estatales, en realidad han sido efectos de esta profunda reorganización, de envergadura histórica, de la división internacional del trabajo capitalista. En rigor, el discurso doctrinario neoliberal, su pretendido saber “técnico”, no ha sido la causa, ni el motor, de esta reorganización, sino más bien el discurso con que se ha legitimado. La “ineficacia del Estado”, la necesidad compulsiva de integrarse a la “globalización”, las supuestas desgracias que traería el “proteccionismo”, las supuestas bondades de la iniciativa y el “emprendimiento” individual en torno a pequeñas unidades económicas, son todos argumentos que surgen desde, y son funcionales a, este proceso en el orden de la producción.

Es por eso que el llamado shock neoliberal no ha llegado de manera masiva, explícita y uniforme a aquellos países donde imperan regímenes “democráticos”, es decir, a aquellos lugares y espacios sociales en que esta revolución post fordista no ha sido necesaria aún. La precarización del empleo, por ejemplo, se ha introducido en la mayor parte del mundo por áreas, a través de políticas que se presentan paradójicamente como “fomento”, o “generación de nuevos empleos”, o como “excepción”: empleo precario para jóvenes, para mujeres, para zonas pobres, para profesionales universitarios recién egresados. Normas que se agregan a las ya existentes, sin eliminarlas, aunque de hecho las nieguen, van creando una tendencia, acompañada de aparatosas campañas de propaganda, en que se debilitan por sectores los derechos laborales tradicionalmente adquiridos a través de prolongadas luchas de los trabajadores. Una propaganda que sostenidamente afirma favorecer el empleo, hacer viable la economía, abrir nuevas posibilidades al adelanto económico de los individuos y las familias, sin hacerse cargo en absoluto ni de la calidad del empleo que favorecen, ni de los bajos niveles salariales implicados, ni de la absoluta falta de derechos laborales y sindicales que los rodean. Eso explica que en la mayor parte de los países del mundo el avance de la precarización laboral coexista perfectamente con sectores enteros de trabajadores que mantienen aún sus derechos clásicos, sobre todo en la administración y en los servicios que provee el Estado, en las fábricas en que subsiste el régimen fordista, y en el campo que no se ha reconvertido aún a las nuevas formas de industrialización agrícola. Cuestiones que son claramente visibles en países como México, Brasil y Argentina.

De la misma manera, la desnacionalización de los recursos naturales, no se ha operado de un modo uniforme y tajante, que suprima o revierta las grandes nacionalizaciones promovidas por gobiernos antiimperialistas en los años 70. Las formas más eficaces son más bien el control de la comercialización de los recursos de los que no se es dueño, el dominio de toda la cadena de elaboración de los derivados o concentrados, que son los que realmente se ocupan en la producción industrial, e incluso el dominio de la administración financiera de los excedentes en dinero que produce la riqueza teóricamente nacionalizada. Los países son dueños de la piedra, del crudo, pero de nada más. La industria petroquímica, las refinerías del cobre y el estaño, las grandes productoras de acero, permanecen en manos del capital trasnacional. Los excedentes en dinero son administrados por la banca trasnacional. Y ahora, en la segunda fase del modelo, dos mecanismos adicionales. Uno explotación “mixta” en que los Estados nacionales entran en sociedad con las empresas trasnacionales (que frecuentemente los exceden en poder económico), en tratos “paritarios” que favorecen escandalosamente al capital, y a la vez lo liberan de cargas tributarias o excesos de fiscalización sobre sus operaciones. El otro es el régimen de “concesiones plenas”, ideado en Chile, ante la negativa del gobierno militar a privatizar el cobre, por José Piñera Echeñique, uno de los principales ideólogos nacionales del modelo, y dictado como ley en 1981, según las cuales el Estado no pierde la propiedad de los recursos, pero si una vez dictada la concesión decide retirarla (para lo cual bastaría un simple decreto presidencial), debe pagar a la empresa afectada ¡el 100% de las ganancias que podría haber obtenido por su explotación!.

Por último, la privatización de los activos económicos en manos del Estado no ha operado en general sobre la base de decretos dictados bajo el amparo militar sino más bien tras un proceso de destrucción metódica e intencionada: la disminución de su productividad y eficacia por falta de inversión, la reducción de sus ganancias y aportes al presupuesto general por la vía del despilfarro. Con esto el dogma neoliberal de la “ineficiencia del Estado” se ha convertido en una mera profecía auto cumplida, tras la cual la privatización aparece casi como un beneficio para toda la sociedad. Es el caso de la empresa telefónica privatizada en la época del PSOE en España, es el caso de la telefónica mexicana que, “milagrosamente”, duplicó su valor en menos de dos meses después de ser privatizada. Los servicios de comunicaciones, de transportes, de agua potable, pueden ser privatizados cómodamente, y en forma “pacífica” por esta vía.

Incluso, cuando se observa el propio proceso chileno, del que se dice que estaría fundado en la violencia militar, lo que se encuentra es que los efectos reales del shock, y sobre todo su consolidación como régimen de normalidad económica, se produjeron a partir de 1990, durante los gobiernos de la Concertación, no bajo la dictadura. A pesar de que la Ley de Concesiones Plenas se dictó en 1981, la inversión minera en Chile entre 1974 y 1989 sólo llegó a 2390 millones de dólares. En cambio, entre 1990 y 2005 subió a 17578 millones de dólares. Las leyes que han permitido que las empresas mineras eludan o evadan impuestos proceden del gobierno de Patricio Aylwin. A pesar de las garantías ofrecidas, aún en 1990 las grandes mineras privadas controlaban sólo el 16% de la producción de cobre; en 2007 esta proporción había subido, en cambio al 69%. Otro tanto se puede decir de todas y cada una de las grandes medidas económicas dictadas en la época dictatorial. Hoy en día nadie pone en duda que los gobiernos de la Concertación han respetado y profundizado plenamente el modelo económico que heredaron, en contra incluso de lo que fue presentado como su propio Programa Fundacional.

2. Los mecanismos básicos del modelo en Chile

Considerando estas múltiples evidencias es que importa hoy enumerar con la mayor claridad posible cuáles han sido las herramientas económicas han permitido que los tecnócratas chilenos prediquen el “éxito” de su modelo.

a. El cobre

Desde luego, y largamente, el gran asunto en juego es la desnacionalización del cobre. Chile es un país que vale para el capital trasnacional lo que valen sus recursos naturales. Hoy en día la producción de la minería chilena equivale al 17,4% del PIB. En esta cifra, el 16% corresponde a las exportaciones de cobre. En esta cifra, cerca del 70% corresponde a la minería privada. Es decir, más del 12% del PIB sale de Chile por la vía de la producción minera privada.

b. Las Administradoras de Fondos de Pensiones

El crecimiento económico exhibido o, al menos, el exorbitante crecimiento del que han gozado los sectores privilegiados de este país tiene, sin embargo, otros dos componentes, que dan cuenta ahora de la expansión de los empresarios chilenos hacia los demás países de América Latina. Uno es el sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), creado en 1980, que obliga a los chilenos a cotizar el 10% de sus salarios en Administradoras privadas, que pueden utilizar este ahorro forzoso como fuente de capital para empresas relacionadas, sin ofrecer a cambio ninguna garantía real de rentabilidad, ni absolutamente ninguna participación en la política de inversiones, a los que son propiamente los dueños de ese capital.

Tras más de treinta años del sistema se han acumulado más de 250.000 millones de dólares, nominalmente propiedad de los trabajadores. Sobre esos fondos los propietarios de las Administradoras han cobrado cerca de un 30% de las cotizaciones en comisiones por su administración independientemente de si las inversiones que hacen tienen o no rentabilidad real. Esto ha significado que, a pesar de las fluctuaciones y las crisis financieras, los dueños de las AFP han recibido entre 500 y 1000 millones de dólares cada año. Es notable que desde 2008, debido a la crisis financiera internacional, el fondo global, perteneciente a los trabajadores, ¡disminuyó en cerca de un 30%!, una cifra mayor que todas las ganancias obtenidas por esos fondos en los 27 años anteriores, y aún así los dueños de las AFP obtuvieron en 2008 ganancias por 10 millones de dólares. Pero ya en 2009, sin que los fondos se hubiesen recuperado realmente, sus ganancias volvieron al orden de los 500 millones de dólares. Por estas dos vías, la posibilidad de utilizar el ahorro forzoso de los trabajadores de todo un país, y la libertad de apropiar cerca de un tercio de ese ahorro como comisiones, las AFP han sido la viga maestra de los empresarios nacionales del retail, de la fruta y las pesqueras, de la celulosa y el papel, de la mediana minería privada. Como dato ilustrativo hay que considerar que el 70% de los fondos han sido invertidos en tan sólo diez grandes grupos de empresas chilenas.

El reverso de este gigantesco aporte de los trabajadores a la gran empresa privada es dramático. En 2012 la pensión promedio pagada por el sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) alcanzó tan sólo 178.000 pesos (unos 360 dólares). Las pensiones pagadas correspondían en promedio a tan sólo el 33% del salario percibido por los trabajadores antes de pensionarse. Peor aún, el 60% de las pensiones pagadas por las AFP entre 1982 y 2009 ¡han sido aportadas por el Estado! Una situación que se explica porque el 60% de los pensionados recibe menos de $75.000 (150 dólares), y sus pensiones deben ser compensadas por un aporte estatal.

c. La elusión tributaria

El otro mecanismo, que explica que el 0,1% de los contribuyentes chilenos acumulen 17% de la riqueza nacional son las múltiples formas de evasión y elusión tributaria de las que han gozado las empresas por más de treinta años. Sólo por la principal de ellas, el llamado Fondo de Utilidades Tributables (FUT) los empresarios de este país han logrado evadir cerca de 40.000 millones de dólares en impuestos. Una módica contribución a costa de beneficios posibles para todos los chilenos, que les ha permitido capitalizar e imponer su crecimiento como si fuese un producto de su propia “eficacia”. En general, se ha construido un sistema impositivo en que los empresarios pagan sistemáticamente menos impuestos que los trabajadores.

Precarización del empleo, desnacionalización de los recursos naturales, privatización de la administración de los fondos de pensiones, un sistema de generosas ventajas tributarias, esos son los grandes mecanismos que han operado desde la época de la dictadura. Pero a ellos hay que agregar una segunda fase que, como he adelantado, amplía y profundiza el modelo, gestada e implementada ahora completamente en “democracia”.

3. La profundización del modelo

El gran asunto ahora, en general, es la completa funcionalización del Estado respecto del interés de los empresarios privados. Más allá de la privatización que recurre al expediente simple y brutal de vender a precio regalado los bienes acumulados por todos, se trata ahora de la introducción de la lógica de gestión de las empresas privadas en la gestión de los servicios públicos, acompañada de un masivo sesgo que lleva a que el Estado privilegie, e incluso financie directamente, a las empresas privadas en detrimento de sus propios servicios. Un régimen en que el gran capital logra convertir en áreas de negocios a los servicios, que se consideraron tradicionalmente como derechos sociales, que tenían que ser proveídos y garantizados por el Estado. En la mercantilización de los servicios, que resulta de estas políticas, el costo es descargado progresivamente sobre los usuarios, el Estado autoriza y avala el lucro con bienes esenciales, e incluso aporta directa e indirectamente los capitales que requieren los privados para implementar sus negocios. Esto resulta particularmente claro en cuatro áreas extremadamente sensibles para los ciudadanos comunes: el transporte público, la educación, la salud y la industria alimentaria.

a. El transporte público

El caso del transporte público en Chile representa una mezcla de neoliberalismo y corrupción abierta. La privatización de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado se llevó a cabo en los primeros años de la dictadura, bajo el pretexto de su ineficiencia y su obsolescencia tecnológica. El transporte de pasajeros en la ciudad de Santiago (que concentra al 40% de la población del país) y en todas las otras grandes ciudades, sin embargo, fue empeorando con el tiempo debido justamente a esas mismas razones cuya solución, por cierto, no interesó en lo más mínimo a los “eficientes” empresarios privados. A pesar de esta ineficiencia, cuando desde 2004 se pensó en hacer un cambio radical, la premisa que se dio por obvia es que tenía que ser realizado a partir de nuevas concesiones a esos mismos o a otros empresarios privados.

La extrema torpeza y falta de viabilidad del fastuoso proyecto que se diseñó durante el gobierno de Ricardo Lagos se hizo notoria en cuanto empezó su implementación, oportunamente apurada para imponerla al gobierno siguiente. Pero justo entonces, al enorme impacto que esta ineficiencia radical implicaba sobre las rutinas de la gran ciudad se le encontró una solución extraordinaria: que el Estado subvencionara completamente las pérdidas posibles que los empresarios pudieran enfrentar. Se supo entonces uno de los secretos a voces de esta gran renovación: en los contratos que el Estado firmó con esos empresarios se garantizaban, a todo evento, márgenes de utilidad.

Una fórmula que se ha usado de manera cada vez más frecuente en las licitaciones de obras llamadas por el Estado: en las carreteras, en las cárceles concesionadas, como veremos luego, en los hospitales públicos.

En el caso del sistema de transporte de pasajeros, por esta sola vía, en los cinco primeros años de su funcionamiento el Estado tuvo que desembolsar más de 9500 millones de dólares. Una cantidad absurda que es de hecho mucho mayor que la que esos empresarios tuvieron que gastar para comprar todas y cada una de las máquinas con que se presentaron a licitación para ofrecer el servicio.

No sólo eso, se firmaron contratos, redactados por los propios representantes estatales, que no establecían ningún mecanismo real de fiscalización a la calidad del servicio, que establecían estándares de cumplimiento para los que no se fijaba absolutamente ningún castigo en caso de no llevarse a cabo, que no establecían absolutamente ningún resguardo de los derechos laborales de los trabajadores que se emplearan.

No sólo eso. Cuando la oposición al gobierno de turno vislumbró la posibilidad de ganar las elecciones para el gobierno siguiente y, por tanto, la de heredar el desprestigio y enorme costo del sistema, ambos bloques se pusieron de acuerdo en no convertir el asunto en tema de las campañas electorales (ni la derecha criticó al gobierno en lo que era su flanco más débil, ni el gobierno emplazó a la derecha para que lo resolviera si ganaba), y acordaron una ley que aseguraba el financiamiento de la ineficacia, y las ganancias de los empresarios, a costa de todos los chilenos: se acordó por ley que el Estado apoyaría el sistema, y otros equivalentes en las demás regiones del país, por un monto equivalente a 16.000 millones de dólares en el decenio 2012-2022. Aún así, este monto no es suficiente, y cada año se aprueban partidas presupuestarias que incrementan los aportes.

Cuando se considera este cúmulo increíble de ineficiencias y costos con una cierta perspectiva, sin embargo, se advierte que tras lo que parece ser simplemente idiotez y descuido hay una política sistemática, unas prácticas que sistematizan la corrupción. En los grandes contratos de obras públicas que se licitan a privados, por ejemplo, además de garantizar los márgenes de ganancia, se suele aceptar a un oferente que promete, a un costo muy conveniente, realizar una obra, digamos, en 100 millones de dólares. Como su propuesta es la más barata y conveniente, se le adjudica, de manera válida, la licitación. Sin embargo, en el curso de la obra, el contratista declara que debe hacer “correcciones” o “ampliaciones” al proyecto original y entonces, fuera de toda licitación, se renegocia el contrato por montos que pueden incluso doblar el costo proyectado original. O, en otro caso, en los estudios del impacto ambiental que produciría una empresa privada, se autorizan instalaciones por una envergadura determinada, pero luego la empresa extiende sin límites sus instalaciones sólo con el estudio y la autorización inicial.

b. La industria alimenticia

El caso de las industrias de alimentos es ilustrativo de este sistemático sesgo de los funcionarios públicos a favor del interés privado, que incluso se defiende doctrinariamente en los cursos de capacitación en que son formados. Se dicta un reglamento sobre los contenidos máximos que los componentes de un alimento deben tener para no dañar la salud de tal manera que esos máximos permiten prácticamente todos los alimentos ya en circulación, sean dañinos o no. Se suscriben los tratados de libre comercio con toda clase de cláusulas que permiten debilitar la autonomía e incluso la seguridad alimentaria del país. Se aceptan las imposiciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en torno a la circulación de transgénicos y las patentes a productos biológicos. Se acepta y promueve, sin gran publicidad, sin que haya una ley que lo autorice, el cultivo de transgénicos en Chile (“sólo para la exportación”). Se autoriza sin límite la importación de transgénicos para el consumo. Se logra, por la vía reglamentaria, que los productos que contienen transgénicos no lo adviertan a los consumidores.

c. El sistema educacional

Pero son las áreas de la educación y la salud las que muestran mejor, en todas sus facetas, en qué consiste la profundización del modelo. En la educación, el regalo a privados del sistema de educación tecnológica con que contaba el país, y la absoluta ausencia de inversión estatal en ese rubro durante 35 años. La creación de un sistema de universidades privadas que recurren a todo tipo de triquiñuelas para obtener el lucro que formalmente la ley les prohíbe, a lo que hay que sumar toda clase de nuevas y especiales exenciones tributarias. La municipalización de la enseñanza media básica y media, paralela al crecimiento, fomentado por el Estado, de un sistema de educación privada subvencionada, que también goza de privilegios tributarios. El encarecimiento de las escolaridades de las universidades estatales al mismo nivel de las privadas, obligado por las políticas de autofinanciamiento y por el retiro progresivo del aporte directo del Estado.

Con las movilizaciones estudiantiles de 2005 y 2011 toda el drama de la educación chilena ha salido flote por fin, y ha sido ampliamente discutida en la esfera pública, sin que se haya logrado, por cierto, mover ni un milímetro ni la política oficial, ni la decisión de llevarla adelante en contra de la opinión de las más amplias mayorías nacionales. O, peor aún, todas las medidas propuestas desde las autoridades como “soluciones” no apuntan sino a profundizar el modelo.

Una consecuencia es el que el 40% del costo de la educación superior lo deben aportar las familias, en casi todos los casos sobre la base del endeudamiento con la banca privada, o con el Estado, en una situación en que las escolaridades se encuentran entre las más altas del mundo. Otra, los colegios privados subvencionados por el Estado crecen, y se agrupan en grandes sociedades en manos de sostenedores que pueden lucrar libremente con el servicio directo, y con los servicios relacionados como el transporte escolar, los materiales de estudio, o el financiamiento de las escolaridades compartido entre el Estado y las familias. Paralelamente, los colegios municipales se empobrecen, porque no pueden realizar ese lucro relacionado, porque los municipios, manifiestamente en contra de la ley, desvían los fondos que reciben para educación hacia otros rubros, sin que haya la menor fiscalización y, junto con su empobrecimiento, van perdiendo a sus estudiantes, que migran al sistema privado, y desaparecen uno a uno. Otra consecuencia: crece la precarización del trabajo docente hasta el punto inverosímil de que en la educación superior el 60% de la docencia es impartida por profesores que no tienen contratos estables y que frecuentemente sólo reciben diez u once meses de paga cada año.

Pero el aspecto más profundo de estos cambios es quizás, como he sostenido más arriba, la introducción de formas de gestión típicas del sector privado al sistema de educación estatal. Por esta vía las universidades del Estado se han convertido en centro de negocios para muchos profesores, a los que se alienta a crear programas de diplomado, post título o post grado administrados por ellos mismos, bajo el nombre y la normativa de la propia universidad a cambio de un cierto porcentaje de lo que recauden por escolaridad. Siguiendo el mismo estilo, las universidades estatales se han rodeado de sociedades relacionadas, formadas por los propios profesores, que usufructúan del nombre y prestigio, e incluso de las instalaciones y personal de la universidad para concursar a fondos que resultan casi completamente destinados a su propio usufructo privado, nuevamente, a cambio sólo de un porcentaje de los ingresos, que luego se exhibe orgullosamente como contribución al autofinanciamiento decretado y promovido por la política oficial.

Por supuesto, resulta plenamente funcional a esta situación en la educación superior, la adhesión a un sistema de certificaciones que privilegia las formas de gestión particularistas, de corto plazo, en beneficio de los académicos individuales. De esta forma la certificación que se presenta como evidencia de la “calidad” de las universidades privilegia los grados en su aspecto meramente formal, las investigaciones de corto plazo que pueden dar origen a publicaciones en revistas indexadas a nivel internacional, la gestión de los programas de post grado que, justamente contribuyen a reproducirla. Es decir, un sistema en que la “calidad” de la enseñanza universitaria ha perdido toda conexión con el desarrollo nacional, con proyectos estratégicos de desarrollo del conocimiento y, mucho menos aún, con las funciones tradicionales de recreación de la cultura, extensión y diálogo con las necesidades del país. Las universidades, incluso la del Estado, se han convertido en fábricas de profesionales individualistas, que sólo compran una formación que los habilite para el mercado laboral inmediato. Y esto es lo que la doctrina oficial describe, acertadamente, cuando considera a la educación ya no como un derecho sino como un “bien de consumo”.

A través un sistema de mediciones periódicas en torno a estándares competitivos y meramente formales, desde sus primeros niveles (SIMCE en segundo básico, cuarto básico, octavo básico, SIMCE por asignaturas, PSU para el ingreso a la universidad), el modelo se instala en la gestión de la educación convirtiendo a cada unidad educativa, en todos los niveles, en una unidad en competencia, que lucha por destacarse en los índices de resultados, que adapta completamente su modelo formativo a la formalidad de tales instrumentos, convirtiéndose en un sistema “preparador de pruebas”, que discrimina fuertemente según los puntajes obtenidos, que adiestra cada vez más y forma o educa cada vez menos. Pero con esto los actores mismos, los maestros, los estudiantes, las familias, internalizan el sistema de la competencia. Las mismas familias se acostumbran a demandar esos resultados formales, los maestros son evaluados en torno a ellos, las unidades educativas enteras son expuestas año a año a la publicación de los resultados, y se prestigian y autoevalúan como “exitosas” o no a partir de ellos.

d. Las políticas en Salud Pública

Las políticas implementadas en la salud pública durante los gobiernos de la Concertación, que continúa las políticas formuladas durante la dictadura son otro ejemplo central. El paradigma de “focalización de los recursos” terminó con el gasto global, basal y permanente en salud, instaurando un modelo de gestión en que el Estado sólo construye la planta física de los hospitales públicos, y concesiona todo su funcionamiento, y en que el sistema público de salud (FONASA, AUGE, GES) se dedica sólo a pagar prestaciones individuales.

Consecuencia de esto es que se ha privilegiado completamente la medicina curativa, en detrimento absoluto de la prevención primaria y de la medicina paliativa, a las que se accede sólo a través de su medicalización (vacunación, rehabilitación física, chequeos médicos), y sólo en la medida en que se asimilan al régimen de las prestaciones curativas.

Por un lado la licitación y concesión, primero de los servicios anexos (aseo, alimentación), y luego incluso de los centrales (administración, prestaciones médicas) precariza el empleo en el sector y convierte el gasto estatal más bien en un privilegio, en un sistema de bonos y asignaciones, debilitando de manera sustantiva su carácter de derecho permanente.

Por otro lado, el debilitamiento sistemático de la infraestructura de la salud pública, unida al sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES), constituyen uno de los mecanismos característicos de transferencia de los fondos públicos al sector privado.

En Chile dejó de haber auténticamente salud pública, con las connotaciones sociales, de prevención y empoderamiento de los ciudadanos que eso implica. En realidad lo que hay es un sistema de bonos y asignaciones estatales a las necesidades médicas de los individuos, considerados como particulares aislados. Un sistema de prestaciones en que se evalúan y fijan los montos de las asignaciones según tablas de siniestralidad, al estilo de las compañías de seguros, y no de acuerdo a criterios sociales o de prevención. Con esto el gasto estatal deja de ser inversión destinada a mejorar los niveles de salud de la población, y empieza a ser simplemente gasto, costos que se deben vigilar permanentemente para que no aumenten demasiado el presupuesto estatal.

La manera en que este modo de pago favorece a las empresas de salud privadas puede ejemplificarse con el escándalo de los pagos que hace el Estado a través del sistema de garantías GES. Consideremos un ejemplo representativo. Si un cotizante de FONASA (en que se atiende el 84% de la población) necesita hospitalización el Estado aporta un bono GES, a través de FONASA, para pagar al hospital público que lo atiende. En 2012 la cantidad pagada por el concepto de “día cama” ascendió a $129.000. Pero el costo real de ese “día cama” es de alrededor de $300.000. Como el hospital público es administrado como una unidad económica independiente, por los municipios, el hospital queda debiendo esa diferencia al Estado. Ese costo debería ser solventado por los municipios, pero estos no reciben fondos del Estado dedicados a cubrir esa diferencia. Con esto sólo los cuatro o cinco municipios en Chile (¡de 350!) que tienen superávit económico, porque en ellos se concentran los sectores económicamente más privilegiados del país, pueden mantener sus servicios. En el resto los hospitales acumulan una “deuda hospitalaria” que, desde luego, les impide mejorar sus prestaciones, o aumentar las camas disponibles. Pero como el usuario ha recibido un bono que implica una garantía en salud, y como el hospital público, debido a su deuda, no dispone de las camas necesarias, entonces tiene derecho a acudir a una clínica privada, y el Estado debe asumir el costo que ello implique. Pero entonces, mágicamente, el Estado acepta pagar ¡$800.000! por el “día cama” a esa clínica, es decir, ni siquiera el costo real sino el costo ¡comercial!, establecido de manera unilateral por el empresario privado. Por esta vía, sólo en los primeros nueve años de la implementación del sistema GES, el Estado ha traspasado 8.000 millones de dólares al sistema privado de salud. En otro ejemplo del mismo tipo: FONASA paga $4.950 por el ítem “consulta médica” a los hospitales públicos, y paga, en cambio, por el mismo concepto, $11.730 a las clínicas privadas. El resultado es que hasta 2012 se habían acumulado más de 200 millones de dólares en “deuda hospitalaria”. Para el Estado es relativamente poco, pero es lo suficiente como para que el sistema público, administrado con criterios de “autofinanciamiento”, no pueda invertir en su propio mejoramiento.

Durante el gobierno de Michele Bachelet se propuso, proclamándolo como solución al problema, la construcción de más hospitales públicos. Una medida aparentemente muy progresista, porque la construcción de infraestructura hospitalaria pública había estado prácticamente paralizada durante casi treinta años. Pero tanto la construcción como la operación de estas unidades se han planeado a través del sistema de licitaciones y concesiones a privados. Pero, a su vez, para “atraer al sector privado” a un área de negocios que aparece como deficitaria, se han contemplado subsidios de construcción y de operación que garanticen que los privados tendrán ganancias. Por esta vía, en la construcción de sólo dos hospitales, cuyo costo real asciende a 300 millones de dólares, el Estado pagará ¡600 millones de dólares! sólo en subsidios.

Un efecto notable de estas políticas es que el Estado chileno puede proclamar triunfalmente que el gasto que hace en el sector salud ha aumentado. Del mismo modo, a través del mismo tipo de políticas, ha aumentado también en forma extraordinaria el gasto en educación, en cultura, en vivienda y en obras públicas. Lo que no se dice, en cambio, es que los beneficiarios son usados como un modo de desviar el gasto público al sector privado; que se le paga al sector privado sobreprecios y márgenes de ganancias completamente por fuera del mercado; que la política de salud propiciada de esta manera (énfasis en la medicina curativa) empeora la salud pública en lugar de mejorarla; que el gasto estatal se realiza a través de concesiones y bonos cuyos montos no constituyen un derecho permanente, y que pueden ser congelados o desvalorizados progresivamente a través de simples medidas administrativas (sin que haga falta una ley); que la proporción en que aumenta el gasto público es absolutamente inferior al aumento de la inversión privada, sobre todo porque la mayor parte de ese aumento público va destinado justamente a esos privados.

Es importante agregar a esto una triste perspectiva histórica. En Chile se intentó privatizar la salud obligando a los trabajadores a cotizar el 7% de sus salarios en un sistema privado de seguros médicos, las ISAPRES. Sin embargo, para que este sistema tenga una mínima “viabilidad”, es decir, para que garantice ganancias a los empresarios privados, es necesario que los salarios sean relativamente altos. Pero en Chile el salario promedio es sólo de $390.000, y era mucho menor cuando se instaló el sistema. Debido a esto, a pesar de que las ISAPRES llegaron a captar al 25% de la población, actualmente sólo afilian al 16%, que cuenta con los salarios más altos. El 84% de los chilenos se atiende por FONASA. Aún así, entre 1990 y 2004 las ISAPRES recibieron subsidios directos del Estado por 530 millones de dólares, lo que les permitió no sólo tener ganancias crecientes, sino comprar o formar sociedad con las principales clínicas privadas. Y luego, en una operación que ya debe sernos familiar, se proclamó con bombos y platillos que “se termina la subvención directa a privados en salud” mientras, paralelamente, se implementó desde 2005 el sistema GES. Con esto las ISAPRES y clínicas, que hoy forman sociedades estrechamente relacionadas, han llegado a tener acceso a los usuarios de FONASA, al otro 84%, ¡pagado por el Estado! El resultado está en las cifras que ya he expuesto: entre 1990 y 2004 (15 años) 530 millones de dólares en subsidios; entre 2005 y 2013 (9 años) 8.000 millones de dólares en transferencias. El Estado ya no “ayuda” a las ISAPRES, simplemente les paga lo que ellas mismas, de manera unilateral, consideran su ganancia legítima. Esto ha llevado a que actualmente el 57% del gasto en salud en Chile se realiza en el sector privado, que atiende de manera preferente sólo al 16% de la población.

Demás está decir que con esos 8500 millones de dólares se podrían haber construido y gestionado 20 hospitales públicos de calidad, mientras lo que ocurre, en cambio, es que la infraestructura pública en salud es cada vez más pobre y deficitaria. Y esto es lo mismo que ocurre que ocurre con la educación pública, el transporte, la vivienda, el derecho a la cultura, la inversión en infraestructura.

Es importante añadir a todo esto que también en la salud pública, como ocurre en educación, las familias chilenas pueden optar a mejorar sus niveles de atención aportando un “copago” a costa de sus propios bolsillos. El efecto de esta descarga de un derecho básico sobre los propios usuarios, es que actualmente un 37% del gasto en salud proviene directamente de las familias, de sus salarios. Y esta es una situación que se repite en educación: cerca del 40% del gasto en educación superior en Chile proviene directamente de las familias de los estudiantes.

4. Burocratización y Estado Complaciente

a. Derechos permanentes y beneficios precarios

La esencia de estos mecanismos es la precarización del gasto estatal y, con ella, la conversión progresiva de todos los derechos permanentes y globales conquistados por los trabajadores en bonos y asignaciones personalizadas. Bonos a las madres por cada hijo, bono a las víctimas de un terremoto, subvenciones a los padres que deben hacer copagos en los colegios privados, bonos para mejorar las viviendas, para afrontar el alza de precio de los combustibles, para afrontar los gastos escolares a principios de cada año, bonos a voluntad de la política neo populista y neo clientelista de los partidos que lleguen temporalmente al gobierno. De esta forma el gasto estatal, se convierte en un conjunto de concesiones ocasionales, de asignaciones especiales, para situaciones puntuales, que se pueden otorgar cuando las finanzas del estado marchan bien, pero que desaparecen cuando las finanzas andan mal o las prioridades exigen atender primero a la banca o a las grandes empresas.

Y hay que observar que se trata de una situación en que el retroceso del gasto estatal NO implica una disminución de los derechos de los ciudadanos simplemente porque esos derechos ya no tienen la fuerza y permanencia propia de un derecho, que es exigible, sino la precariedad de un beneficio o una regalía que no constituye derecho.

De la misma manera, en las relaciones contractuales, el salario base, fijo, que es reclamable como un derecho disminuye, y es reemplazado por un sistema de bonos (por productividad, por responsabilidad, por festividades especiales, por las cualidades mostradas en la realización del trabajo), que constituyen más bien privilegios o derechos que puedan ser exigidos. Bonos y asignaciones variables sometidos a formas de asignación frecuentemente informales, que dependen de evaluaciones en que prima la subjetividad, y obligan, de paso, a los trabajadores a mantener una “actitud positiva”, “proactiva” para hacerse acreedores o elegibles, creando con eso una suerte de clientelismo interno entre los trabajadores y los mandos medios de una empresa y, a su vez, entre estos mandos medios y sus directivos superiores. No es raro, en los sectores de empleo más precario que los trabajadores de menor nivel de especialización deban pagar parte de los bonos que reciben a los mandos medios que están en posición de asignárselos pero, a su vez, que estos mandos medios deban pagar también más arriba, por la posición que mantienen, con lo que se crea una cadena de depredación de los salarios en que la base más amplia, y la que mantiene el sistema, es siempre el nivel de los salarios más bajos.

b. Burocratización al interior de las empresas

Pero, también, se observan prácticas análogas entre los propios empresarios capitalistas. De manera habitual y formal, como parte de los contratos de compra y venta, las grandes cadenas de comercialización de productos de consumo habitual (retail), cobran a sus proveedores entre un 15% y un 20% sólo por mantener sus productos en las estanterías a disposición del público. Una cantidad que se suma al margen de comercialización habitual que ya obtienen por la operación de comprar esos productos y venderlos a los consumidores. Y también, de manera informal, las compañías proveedoras pagan de diversas formas directamente a los encargados de escogerlas. El caso más extendido y común es el de los “visitadores médicos” a través de los cuales la industria farmacéutica ofrece toda clase de “incentivos” a los médicos para que receten los productos que promocionan, aunque sean más caros que las posibles alternativas. Una política que se repite al tratar con las farmacias, o con los servicios públicos. El resultado, por supuesto, es el encarecimiento en cadena de los precios de cada producto, que recae finalmente en el consumidor directo.

Considerados de una manera más general, lo que observamos en todos estos planos es un proceso de burocratización creciente al interior de la propia dinámica capitalista. Cada vez más agentes económicos intermediarios se interponen entre los productores directos de bienes y servicios y los consumidores y, paralelamente, entre los propietarios jurídicos de los medios de producción y los trabajadores que reciben salario por tareas de producción directa. Una burocratización de nuevo tipo, que ya no responde a las formas fordistas de la burocracia del siglo XX, sino que está constituida como una capa enorme y creciente, volátil y fluctuante, de prestadores de funciones de dirección y coordinación que usufructúan de manera formal e informal de las ventajas que pueda proporcionarles su espacio local e inmediato de poder.

Y una burocratización, también, en que los recursos del Estado se ponen completamente al servicio del interés de los empresarios privados, lo que tiene como resultado una presión constante del empresariado sobre los agentes estatales y, desde luego, un chantaje permanente de estos funcionarios sobre el emprendimiento capitalista, que ha llegado a depender completamente de él. Esto explica el horror de los sectores empresariales ante los proyectos políticos populistas. No se trata ya de que se ponga en peligro la propiedad privada, como en los buenos tiempos de la amenaza marxista, se trata más bien del precio, de la tajada, que los empresarios tendrán que pagar a quienes dominan el mecanismo de legitimación de todo este sistema: la democracia administrada.

c. Retórica “progresista” y disciplinamiento

Porque, en efecto, nada de todo esto habría sido posible sin la activa y complaciente colaboración de los propios agentes del Estado, cuya reproducción y usufructo de la riqueza social proviene cada vez más de la medida en que sepan administrar la democracia en beneficio del capital, y de sí mismos. Para esto han destruido completamente el régimen fordista de derechos laborales permanentes y estables, promoviendo y manteniendo sistemas de trabajo precario que han destruido los sindicatos, que anulan completamente el derecho de huelga, que obliga a los trabajadores a condiciones absolutamente desiguales de negociación. Manteniendo el régimen tributario regresivo, el sistema de las AFP, el sistema de concesiones plenas.

Pero también, profundizando la precariedad del empleo estatal; destruyendo de hecho los sistemas de educación y salud públicos; manteniendo un sistema de quórum calificado para cambiar las leyes que afectan al interés privado, junto a un sistema electoral que asegura a la derecha el control de la mitad del parlamento con sólo un tercio de los votos.

Es esencial notar que, en estas estrategias, el disciplinamiento de los ciudadanos en torno al modelo pasa por una constante retórica “progresista”. No sólo la precariedad del empleo y el endeudamiento excesivo mantienen a los ciudadanos atados a un sistema que cotidianamente los sobreexplota y niega, también resultan atrapados por la construcción permanente, orquestada desde el monopolio de los medios de comunicación, de ilusiones en torno a la pronta y segura superación de las miserias que “temporalmente” los afligen. El consenso básico de lo que se ha llegado a llamar la “clase política” (que en Chile es el duopolio Alianza – Concertación), apoyado y magnificado casi unánimemente por los medios de comunicación, es un discurso a la vez populista y claudicante, que se mueve desde una peculiar reconstrucción de un discurso “izquierdista” (“todo esto es herencia de la dictadura”), hasta el populismo atemperado por la “prudencia de los expertos” (“estamos avanzando día a día… en la medida de lo posible”).

Se trata de una retórica en que juega un papel esencial el relato épico de la “lucha contra la dictadura”. Incluso el presidente Piñera, un notorio derechista, y un poderoso empresario, reclama entre sus méritos haber votado por el NO, contra Pinochet, en 1988. Un discurso en que los personajes que han traicionado a Chile exhiben, en tono moralizante, como si aún sufrieran las secuelas, que estuvieron en el exilio, que sus padres fueron asesinados, o que estuvieron algunos meses en campos de prisioneros hace más de treinta años. Una retórica en que buscan distinguirse de manera ostentosa de lo que llaman “la derecha” sólo para implementar ellos mismos las políticas de la derecha. En que no dudan en recurrir a Salvador Allende cuando son emplazados, pero en que lo silencian metódicamente cuando hacen llamados a la “responsabilidad” y a la “prudencia”.

Como sostén político, por mucho que esté respaldada por la precariedad del empleo y el endeudamiento, quizás esta sea la principal característica del modelo chileno, y la que mejor se puede proyectar al resto de los países de América Latina y, más aún, al “período de ajuste” a que están siendo obligados hoy los trabajadores europeos: la extraordinaria capacidad de la clase política para el gatopardismo, el disimulo y el arreglo entre cuatro paredes. Su olímpica capacidad para decir que “reconocen” lo que de hecho no reconocen, para decir que “están dispuestos a escuchar” lo que de hecho no escuchan, para afirmar, sin que se les mueva ni un músculo de la cara, que han tratado de hacer algo cuando de hecho acaban de hacer lo contrario.

Lagos diciendo que las concesiones mineras se concedieron por que Chile “no tenía recursos” para explotar nuevos yacimientos de cobre; Bachelet, y todo el espectro político, anunciando una nueva ley de educación, Bitar afirmando que los créditos universitarios con aval de Estado beneficiaron a los estudiantes, Piñera declarando que el movimiento estudiantil de 2011 era “una lucha grande, noble y generosa”, son sólo algunos de los momentos estelares de un estilo general.

Hay que considerar que cada gobierno dura sólo cuatro años. Si hay protestas “hay que escuchar a la gente”, aunque luego no se haga nada. Si las protestas siguen hay que formar una comisión enorme e inoperante “para que todos estén representados”. Si el asunto se agrava hay que formar una comisión de expertos y mandar un proyecto de ley al parlamento. Si se está obligado por la presión política probar una ley hay que redactarla de manera vaga, que la haga inaplicable, o que impida su fiscalización. Si los apuran para que fiscalicen hay que elegir al peor de todos los empresarios, al que está al borde de la quiebra o es extremadamente corrupto, para castigarlo públicamente, con escarnio, mientras se salva a todos los otros. Si el que resulta castigado tiene conexiones suficientes con el poder político hay que denostarlo con bombos y platillos, durante un tiempo breve, y después tramitar en silencio y en las sombras sus apelaciones y compensaciones.

Pero si todo esto falla, y el movimiento social se empecina en llenar una y otra vez las calles, hay que llamar a la “responsabilidad”, a respetar los “canales de comunicación”. Hay que asustar con el “caos”, con los “poderes fácticos”, hay que recordar que “Chile es una tarea de todos”, apelar a las opiniones de los “expertos”, a lo que se hace en los “países desarrollados”, hay que asustar veladamente con que “no queremos repetir las desgracias que vivió nuestro país”. Hay que acusar a los “intransigentes” de no estar “abiertos al diálogo”, de “no respetar las reglas básicas de la democracia”, y de “poner en peligro el prestigio internacional de nuestro país”. Maquiavelo podría escribir nuevamente El Príncipe con todo esto, pero tendría que gastar el triple de páginas.

5. Disciplinamiento de la subjetividad individual

a. La “corrupción” como modo de vida

En su dimensión subjetiva, este patrón de comportamiento de los funcionarios del Estado, que se supone que deben velar por el beneficio de los ciudadanos a los que representan y que pagan sus salarios, se hace posible por la sostenida promoción del interés meramente individual, del beneficio puramente particular, sin miramientos ni cuidados de ningún tipo por el entorno, o por quienes puedan sufrir las consecuencias. La promoción de una mentalidad exitista, fuertemente presionada por el ansia de demostrar logros y estándares de consumo, una mentalidad en que no hay límites al beneficio propio, que sueña con una cierta impunidad ante los daños que pueda causar, y que en todo caso se desentiende de toda responsabilidad social o solidaria, salvo en las excepciones consagradas de “ayuda al prójimo” que se han revestido completamente de paternalismo, de falsa buena conciencia, e incluso de ocasión de negocios. Dos ahora tradicionales instituciones chilenas son una muestra dramática de esto último: la “Teletón”, que se hace para beneficiar a los niños discapacitados, y el “Hogar de Cristo”, que ha sido concesionado por la Iglesia Católica a una empresa privada.

El estado de la subjetividad pública que ha originado esta mentalidad hace posible que haya médicos de los hospitales públicos que concursan como profesionales privados a la licitación de las prestaciones que ellos mismos deberían realizar en su jornada regular de trabajo, y que puedan ganar esos concursos y ofrecer esas prestaciones en esos mismos horarios, sin dejar de percibir lo que el Estado les paga regularmente.

Hace posible que los sostenedores privados de los colegios básicos y medios fomenten que sus alumnos sean diagnosticados como personas que tienen “necesidades educativas especiales” (como el déficit atencional, o los trastornos leves de lenguaje) sólo porque debido a eso recibirán el triple de la subvención que reciben por un niño “normal”.

Hace posible que los médicos de zona en la atención primaria atiendan sus pacientes particulares en los horarios para los que están contratados por el Estado, o que los alcaldes desvíen los fondos que reciben para educación hacia otros servicios, o incluso hacia sus propios sueldos, sin que nadie fiscalice realmente.

Hace que los parlamentarios de este país decidan de mutuo acuerdo, con unanimidad transversal a su orientación política, trabajar sólo dos días a la semana, para poder viajar los otros tres días, con pasajes pagados por el Estado, a sus regiones sólo para hacer permanente campaña para su reelección.

Hace que los partidos políticos elijan sin consulta ciudadana alguna a las personas que ocuparán los cargos parlamentarios de sus colectividades que quedan vacantes por renuncia o muerte de sus titulares.

Hace que los profesores de las universidades estatales formen programas de post grado que administran de manera particular, usando el nombre y las instalaciones de la universidad, a cambio sólo de un porcentaje de lo que recauden por matrícula o escolaridad; o que formen sociedades privadas para participar en concursos públicos usando el nombre de la universidad, y frecuentemente su infraestructura.

Hace que los funcionarios públicos que dirigen los órganos fiscalizadores del Estado pasen habitualmente a formar parte de los directorios de las empresas privadas que fiscalizaban.

Hace que los funcionarios públicos redacten los contratos entre la empresa privada y el Estado de manera intencionalmente vaga, garantizando márgenes de ganancia con cargo al Estado, y dificultando toda fiscalización o penalización por los incumplimientos contractuales de los privados, aún cuando frecuentemente se gravan con altas multas los eventuales incumplimientos del Estado.

Hace que existan millonarios “fondos reservados” de la Presidencia de la República y de los principales ministerios, que por acuerdo nuevamente transversal, todos los sectores políticos aceptan que no sean susceptibles de cuentas formales o de escrutinio público.

Hace que el Senado Universitario de la universidad de todos los chilenos exija financiamiento invocando su carácter estatal, pero que simultáneamente se niegue, incluso ante los tribunales, a dar conocer los sueldos de sus funcionarios y profesores, cuestión a la que está obligada por ley, argumentando que es una institución autónoma del Estado. Y la lista de estos ejemplos, que corre como secreto a voces en todos los sectores de la sociedad chilena, podría estirarse hasta el infinito.

Dos cuestiones son esenciales en estos mecanismos: su “normalidad” y su elitismo. Lo que una visión moralizante, y apresurada, podría describir como “corrupción” en realidad es parte del funcionamiento normal, ampliamente institucionalizado, del sistema. Describir con un cierto respaldo teórico este carácter, de tal manera que no quede entregado a la estimación moralizante, o relegado al espacio de la excepción o lo incidental (porque en realidad no se trata, ni por el monto ni por la frecuencia, ni de excepciones ni de “incidentes”) requiere considerar al interés burocrático como algo específico, no como una simple prolongación “anómala” o “corrupta” del interés capitalista. Requiere, en el fundamento, una descripción del “neoliberalismo” profundo no ya como una prolongación exclusiva de la lógica capitalista sino, basalmente, como una combinación, una alianza de clase, entre el interés capitalista y el interés burocrático.

La cuestión de fondo es que no estamos aquí en presencia de una “complicidad” del Estado con el lucro capitalista, como si esa complicidad fuese una anomalía, una especia de traición a los “verdaderos” fines del Estado moderno. Estamos realmente, y de manera directa, ante la esencia del Estado: los agentes estatales tienen intereses propios, constituyen parte de una clase social. Forman, junto con los burócratas en las propias grandes empresas y bancos capitalistas (los funcionarios directivos superiores, no propietarios), una parte del bloque de clases dominantes, que usufructúa, a partir de la apropiación y el reparto de plusvalía, de la riqueza real creada por los productores directos.

b. Elementos para un análisis de clase

Más que esta cuestión de fundamento, que relaciona la situación global de la profundización del modelo “neoliberal” con la emergencia del poder burocrático, me interesa el carácter elitista de este modo de organizar la dominación social.

Desde luego, tratándose de una forma de organizar la explotación, se trata de una situación dominada desde grupos minoritarios. En la tradición marxista, de manera mucho más sincera, se puede obviar la elegancia oblicua y mistificadora del término “élites”, con que las designa la sociología burocrática estándar, y tratarlos como lo que realmente son: un bloque de clases dominantes.

Un bloque de clases burgués burocrático que a su vez es atravesado por una drástica diferenciación en estratos. La enorme desigualdad en la distribución del ingreso que he comentado en párrafos anteriores de este mismo texto puede ser entendida, en términos de clase y estratos sociales, como la profunda diferencia que separa a poquísimos grandes capitalistas nacionales (mucho menos del 1% de la población) y a los funcionarios superiores de la empresa privada y el aparato del Estado (que fácilmente alcanzan a un 10% de la población) y el otro 90% de los chilenos.

Respecto de la primera cifra, el escaso 1% (o incluso 0,1%) de los chilenos que son grandes capitalistas, banqueros o comerciantes, cabe una reflexión melancólica. En realidad sus riquezas, enormes y desproporcionadas para el resto de los chilenos, no son sino las migajas que quedan en manos de los sátrapas intermediarios una vez que el gran capital trasnacional ha saqueado las riquezas producidas en Chile. La verdad cruda y trágica, es que prácticamente toda la riqueza significativa que produce este país se la llevan las empresas trasnacionales. Y para constatar esto basta con recorrer los principales enclaves desde los que se genera el “éxito” del modelo chileno: el 70% de las exportaciones de cobre y la mayor parte de la propiedad de las AFP están en manos del capital extranjero. Los capitalistas “nacionales” mantienen fuertes lazos de propiedad, y de endeudamiento, con el capital trasnacional. O, en resumen, el capitalismo “nacional” no tiene prácticamente nada de nacional.

La segunda cifra, en cambio, es relevante para la pequeña política de este pequeño país. Cuando vemos que el sistema de salud privada afilia al 16% de la población, esta cifra es muy significativa. Se trata de las familias que pueden pagarla. Se trata de los medianos empresarios pero, sobre todo, de los grandes funcionarios, que pueden usufructuar tanto del Estado como de la empresa privada desde sus “experticias”, desde sus gerencias interesadas, desde la manipulación no sólo de los fondos públicos, que constituyen en realidad la principal “empresa nacional”, sino incluso de los fondos privados que les son encargados por pequeños y medianos propietarios de acciones. El caso de la empresa Ripley es ilustrativo respecto de este segundo aspecto: sus propios gerentes estafaron a los pequeños propietarios de acciones que los mantenían en sus cargos. Una situación que se repite cotidianamente, por cierto con volúmenes de riqueza muchísimo mayores, a lo largo de toda la economía capitalista, a nivel mundial.

c. El disciplinamiento de los explotados

Frente a esos privilegiados está el 90%, constituido por los que produce toda la riqueza real. Desde los pequeños empresarios expoliados por el capital financiero y comercial, pasando por los pequeños y medianos funcionarios del Estado y los sectores profesionales, hasta llegar por fin a los trabajadores que producen bienes tangibles, que son, en buenas cuentas, el origen de la plusvalía que logra mantener a todo el resto.

Como he indicado más arriba, para el 90% la realidad es la precariedad del empleo, el endeudamiento debido al altísimo costo que representa para las familias proveerse de servicios de salud, educación y previsión, y debido también a la gruesa usura que campea en el crédito comercial.

Para la política concreta, para la expresión de la indignación, estas precariedades tienen, sin embargo, un signo contrario, que complejiza las perspectivas del movimiento social. Por un lado, la precarización de las condiciones laborales es evidente, masiva, y vivida de manera ampliamente consciente por los trabajadores.

Pero esa misma precariedad los mantiene atados al poco y mal empleo que logran obtener: la sindicalización, la negociación colectiva, la protesta más o menos pasiva en el puesto de trabajo, son percibidas en general como conductas riesgosas. Y los empleadores mantienen políticas permanentes para prolongar esta inseguridad, recordarla constantemente, hacer pesar de tiempo en tiempo el poder arbitrario que poseen como recurso disciplinante.

La prepotencia de los empresarios chilenos se ha hecho famosa en América Latina. Los empresarios grandes por su prepotencia real, respaldada por un pod

Presentación de STALIN de Trotsky

En memoria de Alberto Arregui - una pérdida trágica

ALAN WOODS

Fue la noticia más inesperada e impactante que podía esperar, algo completamente inimaginable. Ayer por la mañana, en medio de una reunión sobre la crisis del Bréxit, nos enteramos de la muerte repentina de un querido compañero y amigo, Alberto Arregui.

El impacto fue aún mayor, porque Ana y yo habíamos estado con él solo un par de semanas antes. Alberto y su compañera de toda la vida, Blanca, nos habían invitado a cenar. Salió de la cocina, donde había estado trabajando durante muchas horas, preparando una comida deliciosa, con una sonrisa amplia y llena de vida, como siempre. Siempre lo recordaré así.

Alberto Arregui Álava nació el 20 de agosto de 1954 en Tudela, Navarra, y estudió en la escuela de los jesuitas de Tudela. Más tarde comenzó a estudiar derecho en Pamplona, pero sus estudios se vieron interrumpidos cuando decidió dedicarse a la lucha por la emancipación de la clase obrera.

Él podría haber elegido otro curso. Proveniente de una familia de clase media relativamente próspera, podría haber logrado una carrera fácil y lucrativa como abogado o como político exitoso. Pero desde temprana edad, decidió embarcarse en otro camino, un camino difícil, lleno de dificultades y peligros. Permaneció fiel a ese curso consistentemente por el resto de su vida.Conocí a Alberto durante la lucha clandestina contra la dictadura de Franco en los años setenta. Entonces se lo conocía por su nombre de partido, Manu, y muchos de nosotros todavía lo llamábamos por ese nombre. Los viejos hábitos tardan en morir.

Jugó un papel importante en el trabajo de brindar asesoría legal a trabajadores y sindicalistas como estudiante de derecho. En condiciones de ilegalidad, en las cuales los sindicatos libres no estaban permitidos, esta era una tarea difícil, pero la abordó con su entusiasmo y espíritu habituales, y participó activamente en la gran huelga de la mina de Potasas en Navarra en 1973. Mi primer encuentro con él fue tres años después en Madrid. Me mudé a Madrid para vivir clandestinamente a principios de enero de 1976 y fui responsable de establecer la sección española de la Internacional Marxista. En ese momento él era un miembro activo del Partido Socialista (PSOE) y de las Juventudes Socialistas de Navarra.

Recuerdo nuestra primera conversación como si fuera ayer. Inmediatamente me llamó la atención como un joven extremadamente inteligente y capaz. La conversación giró en torno al tema del movimiento carlista, que todavía era fuerte en Navarra en ese momento. Recuerdo que se sorprendió de que una persona británica estuviera tan familiarizada con esa cuestión. En años posteriores, a menudo me recordaba esa conversación, que fue el comienzo de una larga y fructífera colaboración.

Desde ese momento, descubrimos que estábamos en un terreno común. Se unió a la tendencia marxista y desempeñó un papel extremadamente importante en el desarrollo de nuestro trabajo, no sólo en Navarra, sino en todo el Estado español. Puedo decir lo siguiente. En la organización española había muchos compañeros talentosos y capaces, pero Alberto Arregui estaba, más allá de la sombra de una duda, cabeza y hombros por encima del resto.

Establecimos una revista llamada Nuevo Claridad. Yo era el editor político, y residía en Madrid, y siempre esperaba ansiosamente recibir artículos del camarada Manu. Era un excelente escritor y orador. Otros compañeros eran capaces de escribir buenos artículos con ideas políticas correctas, pero sus artículos, además de un alto nivel político, estaban escritos en un estilo literario muy fino. Tenían una especie de brillo, y también un sentido del humor, que los distinguía como algo muy especial.

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Sus habilidades para hablar eran muy claras hasta el final en sus intervenciones extraordinarias en reuniones y conferencias de Izquierda Unida. En la reunión final en su casa justo antes de Navidad, nos mostró a Ana y a mí un video de sus intervenciones en una conferencia reciente de esa organización, que claramente tuvo un impacto considerable en los delegados. Sus discursos siempre tenían ese efecto.

Siempre tuvo una actitud sana y abierta hacia la vida y un buen sentido del humor.

Sin embargo, tenía más razones que la mayoría para quejarse. Desde muy temprana edad, Alberto tuvo que luchar con una seria discapacidad. Cuando aún era un niño, perdió su pierna izquierda en un accidente ferroviario. Como resultado, a menudo tenía dolores y malestar físico. Pero él nunca permitió que esto se mostrara. Nunca dejó que esto arruinara su vida o interfiriera con sus pasatiempos favoritos, que incluían la caza y la recolección de setas, un área en la que era especialmente hábil.

Aparte de una leve cojera, uno nunca adivinaría que tenía tal problema. Solo me enteré del asunto de su pierna por accidente en marzo de 1976, y fue un accidente muy afortunado para todos los involucrados. En el momento de la huelga general en Vitoria, decidimos llevar una multicopista a la UGT de esa ciudad, donde nuestra tendencia tenía una influencia decisiva. Este era un asunto arriesgado, ya que toda la ciudad estaba ocupada por policías armados. Y casi nos metimos en serios problemas.

Ser atrapado en una manifestación era un delito; ser atrapado llevando literatura de izquierda era aún más serio; pero ser atrapado transportando una imprenta ilegal era otra cosa. La multicopista se colocó frente al asiento del pasajero donde estaba sentado Manu. Estaba cubierta con una manta. Para hacerlo un poco menos incómodo, se quitó la pierna artificial (que parecía muy realista) y la colocó sobre la manta.

Llegamos a las afueras de Vitoria a primeras horas de la mañana. E inmediatamente nos detuvo la policía. Pensé que nuestra última hora había llegado cuando el policía miró dentro del auto y estaba mirando el lugar donde la imprenta estaba escondida debajo de la manta. "¿De dónde habéis venido?", preguntó. "Desde Madrid", respondió el conductor. En ese momento, el policía atónito notó la pierna artificial. Y sólo agitó su mano y dijo: "Continúen", así lo hicimos.

Ese día terminó en tragedia, cuando la policía armada rodeó la iglesia de San Francisco, arrojó botes de humo por las ventanas a un espacio lleno de gente donde una gran cantidad de trabajadores en huelga y sus familias estaban reunidos en una asamblea. Mientras la gente se tambaleaba saliendo por las puertas, medio asfixiadas, la policía abrió fuego con armas automáticas. Cinco trabajadores murieron por disparos y cientos más resultaron heridos. Otros murieron después de sus heridas. Tales eran los tiempos que vivíamos.

El crecimiento de la corriente marxista fue tal que la burocracia del PSOE, de la UGT y de las Juventudes Socialistas comenzaron una caza de brujas, claramente dirigida contra nuestra tendencia. Felipe González y los demás líderes del Partido recibían en secreto grandes cantidades de dinero de la socialdemocracia alemana. Estos subsidios tenían un precio, y el precio era que los socialistas españoles debían abandonar el marxismo y expulsar a la tendencia marxista.

La ola de expulsiones que siguió condujo a la completa destrucción de las Juventudes Socialistas, que era nuestro principal campo de trabajo. Los burócratas de las Juventudes Socialistas, siguiendo las órdenes de los líderes del Partido, convocaron asambleas de la organización en todas las regiones y plantearon un ultimátum: a favor o en contra de la dirección. En prácticamente todos los casos, los jóvenes socialistas se negaban, ante lo cual el burócrata anunciaba: "¡Esta Federación está disuelta!"

En Navarra, hubo tal alboroto que en un momento parecía que los burócratas iban a recibir una respuesta muy áspera. Solo fueron salvados por la intervención de nuestros compañeros, quienes evitaron actos de violencia física. Pero cuando el secretario general de las JS, cuyo nombre era Miguel Ángel Pino, salía por la puerta, fue seguido por una multitud de jóvenes socialistas burlones, que gritaban: "¡Pino, Pino, Pinochet!"

Manu fue expulsado, junto con los otros compañeros de la corriente marxista, en 1977. Pero estas represalias burocráticas no detuvieron el desarrollo de la tendencia marxista, que continuó luchando obstinadamente por las ideas del marxismo. Poco después, Alberto dejó Pamplona para vivir en Madrid con su camarada y esposa Blanca.

Recuerdo que la única condición que planteó para mudarse a Madrid fue que cada año se le permitiera ir a Pamplona a las fiestas de San Fermín, donde se pondría su pañuelo rojo y su ropa blanca para unirse a la fiesta. Hicimos todo lo posible para convencer a los camaradas que no participaran en la carrera tradicional (carreras frente a los toros), pero no sé qué efecto tuvieron nuestras advertencias...

Alberto y yo colaboramos muy bien juntos, hasta que me vi obligado a regresar a Gran Bretaña por razones de salud en 1983. Después de mi partida, hubo algunos conflictos entre los camaradas principales de la sección, lo que finalmente llevó a una división muy desafortunada. Esto significó que durante algunos años perdí contacto con Alberto, quien, sin embargo, continuó trabajando pacientemente en Izquierda Unida. Junto con un grupo de compañeros leales, en particular, Jesús Pérez y Jordi Escuer, organizó la corriente Nuevo Claridad en IU, que logró ganar importantes puntos de apoyo. Posteriormente lanzaron la corriente Manifiesto por el Socialismo.

A través de su trabajo incansable y la defensa constante de las ideas marxistas, fue elegido para los órganos principales de Izquierda Unida, donde ocupó la posición del ala de extrema izquierda. Nunca temió estar en minoría, fue un firme defensor del derecho de autodeterminación de Catalunya, una posición que lo puso en conflicto con Alberto Garzón y los demás líderes del partido, pero ésta fue una de las razones principales que nos llevaron a juntarnos otra vez.

Sobre la cuestión catalana, y sobre muchos otros temas, teníamos un acuerdo político completo. Esta fue la base sobre la cual restablecimos el contacto político y personal. Es en condiciones difíciles cuando se pone a prueba el valor de la solidaridad política, e incluso de la amistad personal. Desde ese punto de vista, la defensa de la autodeterminación catalana proporcionó un papel de tornasol infalible.

Nos impresionó mucho la línea adoptada por Alberto y la tendencia de Manifiesto por el Socialismo sobre la cuestión catalana. Entramos en discusiones, que estaban progresando muy bien, y sirvieron para demostrar que, independientemente de las diferencias pasadas, había un acuerdo completo sobre la mayoría, si no todas, las cuestiones fundamentales. Este fue un asunto de gran satisfacción para todos los camaradas de la CMI.

Para Ana y para mí, era mucho más que una cuestión política. Siempre habíamos tenido una estrecha amistad personal con Alberto, que se remonta a 1976. Esos vínculos de amistad se reunieron en el transcurso del último período, y esto es algo que hemos atesorado, incluso por encima de cuestiones de solidaridad política.

Nuestra colaboración se profundizó con la publicación de la biografía de Stalin de Trotsky, que Alberto apreciaba mucho. Lo invitamos a hablar en la mesa de debate cuando presentamos el libro en Madrid, una invitación que aceptó sin dudarlo. Eso fue el 27 de noviembre de 2017. Y la colaboración política continuó profundizándose posteriormente.

El verano pasado, cuando Alberto Garzón publicó un artículo que atacaba los supuestos filosóficos básicos del marxismo, Manu me preguntó si estaba dispuesto a colaborar en una respuesta conjunta. Acepté con gusto, y de inmediato me puse a trabajar. El resultado final fue una respuesta teórica bastante larga, respondiendo a las tesis de Garzón, punto por punto. Fue publicado en Cuarto Poder, Rebelión y otros foros de izquierda en España, y creo que en general fue bien recibido.

El propio Alberto estaba muy satisfecho con esta colaboración, y en diciembre propuso que deberíamos considerar la posibilidad de producir material teórico conjunto en el futuro. Pensé que era una excelente propuesta, que debíamos poner en práctica decididamente. Nunca pensé que nuestra colaboración se detendría de una manera tan repentina y cruel.

Muchas veces habíamos invitado a Alberto y Blanca a Londres, pero siempre se lo impedían las presiones del trabajo. Pero esta vez nos encantó descubrir que planeaban visitarnos esta Semana Santa, junto con su hijo Jaime, que muestra un gran interés por la política, en particular sobre Irlanda y las ideas del gran marxista irlandés James Connolly.

Aparte de la política, una de las grandes pasiones de la vida de Alberto fue cocinar y recolectar setas, un tema sobre el que ha escrito un libro. Era un maestro del arte culinario, que se tomaba muchas molestias para producir las comidas más exquisitas. Ana y yo nos preguntábamos cómo podríamos ofrecer una recepción comparable en Londres. De hecho, estábamos hablando de esto el otro día. Luego llegaron las noticias de la muerte de Alberto.

Uno puede hacer todos los planes en el mundo, pero en última instancia, nada en esta vida es seguro. Qué frágil es la flor de la vida humana, y con qué facilidad se extingue la luz...

Pero al escribir sobre la vida de Alberto Arregui, no deseo hablar sobre la muerte. Eso no sería hacer justicia al hombre, quién era y qué representaba. Alberto era un hombre que amaba la vida en toda su maravillosa diversidad, con todas sus contradicciones y complejidades. Era lo opuesto a la imagen de caricatura que trata de representar a los marxistas revolucionarios como personas estrechas, secas y sin humor.

Cuando pienso en Alberto, siempre recuerdo la famosa cita del poeta romano Terencio, palabras que a Karl Marx le gustaba aplicar a sí mismo: "Homo sum, humani nihil a me alienum puto": "Soy humano y nada humano me es ajeno".

En una palabra, Alberto Arregui fue un gran hombre en todos los aspectos, y su muerte ha robado al movimiento a uno de sus líderes más destacados. Dejará un gran hueco, que será difícil de llenar.

Ha llegado el momento de decir adiós a un querido amigo y compañero.

Adiós, Alberto. Nunca te olvidaremos.

Enviamos nuestras más sinceras condolencias a Blanca, Nerea y Jaime, a Jesús y Jordi, y a todos los familiares, amigos y compañeros de Alberto.

Alan Woods, en nombre de todos los miembros de la Corriente Marxista Internacional.

Londres, 16 de enero de 2019.