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El Índice de Precios de Consumo (IPC), que recoge la evolución de los precios de la cesta de la compra, volvió a subir ayer. Esta vez lo ha hecho en un 0,6 % en noviembre respecto a octubre, y acumula ya más de un 19 % de incremento desde que llegó Sánchez. En esta ocasión el encarecimiento de los precios de los carburantes, de la electricidad y el gas han sido los principales culpables, aunque los alimentos siguen dando guerra. El chocolate es el producto que más se ha encarecido (se paga un 21,2 % más que hace un año), y le siguen los zumos de frutas, la carne de ovino y caprino y el cacao y el chocolate en polvo, con entre un 15 % y un 10 % de subida.
Los economistas están de acuerdo en que es difícil que mejore el panorama siguiendo la actual política económica del Gobierno. «Si el Gobierno sigue incrementando el gasto torpedea la política monetaria de bajada de tipos de interés del Banco Central Europeo y complica la situación. Si a eso le añadimos las subidas de impuestos que prevé el Gobierno, lo único que harán es tensar los precios. Menos mal que el banco central no está en manos del Gobierno: si lo estuviera, abriría la máquina de imprimir papel y tendríamos una inflación desorbitada debajo del brazo», apunta José María Rotellar, profesor y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria.
El economista Lorenzo Bernaldo de Quirós remarca que nuestra inflación está aumentando y cayendo menos que en la eurozona, que daña no solo a los consumidores sino a la capacidad competitiva de las empresas, y que hay que buscar la solución por otro sitio: «Hay que poner fin a la sangría fiscal, y eso solo es posible recortando un gasto público absolutamente desorbitado que este Gobierno no tiene interés alguno en recortar».
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La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos sigue planteando dudas sobre el impacto que producirá en la economía global y española. El catedrático Mikel Buesa afirma en nuestro podcast que el impacto en el crecimiento de nuestra economía será importante si el presidente lleva a cabo las medidas que anunció durante la campaña: «Nos reducirá la capacidad de crecimiento de manera muy importante, porque en los últimos años nuestro crecimiento ha tenido que ver con la exportación. Es verdad que una parte importante de esas exportaciones de servicios han tenido que ver con el turismo, pero como además Trump ha prometido que parará la guerra en Oriente Medio, el turismo hacia el norte de África, Asia y Oriente Medio se recuperará, con lo que desaparecerá ese incremento de turistas que hemos recibido por la crisis de Oriente Medio».
Sería una consecuencia colateral, en este caso llegada por algo positivo (el fin de la guerra), pero lo que tendría una repercusión pésima sería la imposición de unos aranceles del 20-30 %. «Si te ponen un arancel del 20 %, tú pones otro del mismo porcentaje o superior. Esto puede desencadenar una caída importante del comercio mundial, y al caer el comercio mundial, caerán las exportaciones americanas, europeas, chinas y de todos», añade Buesa. Por este motivo, tiene sus dudas de que se aplique finalmente tal cual está prevista: «Aprobar una subida arancelaria tan generalizada no es sencillo. Entre otras cosas, tendrá que obtener el acuerdo en la Cámara de Representantes y el Senado por mayoría reforzada. Además, deberá tener en cuenta la respuesta de los países afectados. En el comercio internacional hay un principio general de reciprocidad».
En vista de este panorama, Pin Arboledas piensa que Trump va a cambiar la negociación multilateral con la Unión Europea y con otros mercados por negociaciones bilaterales: «La estructura mental de Trump es la de un negociador empresarial al que le gusta más negociar que tener que enviar a los expertos a negociar con los expertos de la Unión Europea», señala. «Le irá mejor a los países que negocien mejor. Puede que algunos de nuestros productos compitan directamente con productos de los italianos y puede que los italianos, a través del sistema lobby que existe en Estados Unidos, sean más capaces de negociar adecuadamente que los españoles», añade.
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El Gobierno ha anunciado esta semana cincuenta nuevas posibles subidas de impuestos, entre las que se incluye un nuevo impuesto a la banca. Los expertos lo ven contraproducente: «La banca se ha gestionado muy bien durante estos años. Está mucho más saneada y tiene un colchón de capital muy potente, adquirido además en una época en la que los tipos de interés eran negativos y la economía no iba bien. Ahora no podemos olvidar lo fácil que es darle un golpe a los bancos y que se genere una crisis financiera», señala Daniel Lacalle, economista jefe de Tressis, en una conversación que puede oírse pulsando en el enlace que hay bajo estas líneas.
Tanto él como Rafael Pampillón, catedrático de la Universidad CEU San Pablo, coinciden en que la banca aprendió mucho de la crisis de 2008 y sería «una locura» volver a ponerle este tipo de palos en las ruedas.
Lacalle señala que el impuesto que se quiere poner ahora a los bancos «no tiene ningún sentido», y que ya el gravamen de los dos últimos años era «confiscatorio, completamente injustificado y anticompetitivo. Ahora intentan crear otro impuesto que va directamente contra los consumidores y los clientes del sector bancario».
El economista y Pampillón hablan también del impuesto al diésel propuesto por el Gobierno: «Vuelve a demostrarnos que cuando un Gobierno incentiva un cambio tecnológico o hacia una forma de de transporte, detrás viene una subida de impuestos. La razón por la que se incentivó el diésel era precisamente porque había unos beneficios fiscales y porque era menos contaminante. Ahora que el diésel es el más importante, le suben los impuestos. Estamos con una política completamente confiscatoria». «Hay que prestarle mucha atención a la facilidad con la que los gobiernos asumen que los beneficios de los bancos son una especie de cuestión garantizada. Por otro lado, el Gobierno habla de los beneficios de los bancos en términos absolutos, algo que no tiene ningún sentido. Un banco que gana 2.000 millones pero invierte 45.000, obviamente gana bastante menos que Yolanda Díaz, que gana 84.000 euros y no invierte nada», apunta Lacalle.
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Los economistas Lorenzo Bernaldo de Quirós y José María Rotellar analizan en nuestro podcast las consecuencias de que aún no se hayan aprobado los Presupuestos, y ambos coinciden en que lo mejor sería que se prorrogasen los anteriores: «Si presentaran y llevaran adelante los Presupuestos que tienen en la cabeza, sería absolutamente desastroso», afirma Bernaldo de Quirós. «España necesita una política económica, fiscal y presupuestaria radicalmente distinta a la que se está haciendo», añade. «Pueden prorrogarlos, porque los intereses económicos nacionales no les importan nada, sobre todo teniendo en cuenta el horizonte penal y el deterioro que se está registrando en el clima económico y social del país».
Rotellar sostiene que España necesita unas cuentas públicas nuevas, y como estima que este Gobierno no sería capaz de sacarlas adelante de manera coherente, piensa que lo mejor es que convoque elecciones.
Los economistas se muestran contrarios a los impuestos a la banca y a las empresas energéticas, y alertan sobre el impacto que tendrán sobre las inversiones: «El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que prevé que se inviertan 300.000 millones en cinco años con el 80 % de aportación del sector privado, no se va a llevar a cabo», sostiene Bernaldo de Quirós. Compañías como Repsol ya han dicho que se llevarán inversiones fuera de España. «Son impuestos discriminatorios y, a mi juicio, inconstitucionales», afirma Rotellar. «Repsol ya ha puesto las cartas sobre la mesa porque está muy harta de aparecer siempre como la mala de la película, cuando las empresas son las que crean prosperidad, riqueza y empleo», añade.
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Carbó y Pampillón: «El plan presupuestario que el Gobierno ha enviado a Bruselas es difícilmente cumplible»
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El catedrático de la Universidad Complutense Mikel Buesa y el profesor del IESE José Ramón Pin Arboledas comentan en nuestro podcast el plan del Gobierno para subir en 60.000 millones de euros sus ingresos en impuestos y así igualarnos con la media de la Unión Europea en recaudación fiscal sobre el PIB (la llamada presión fiscal).
El Ejecutivo de Sánchez sostiene que estamos cuatro puntos por debajo de la media europea. Para llegar a su nivel, solo se les ocurre subir los impuestos. ¿Pagamos pocos impuestos? «Depende de lo que den a cambio», sostiene Buesa. «En esta cuestión de la presión fiscal hay un pequeño engaño: no se tienen en cuenta las cotizaciones sociales. Lo que pagamos al Estado son impuestos y cotizaciones sociales, y las cotizaciones sociales en España son algo más altas que en otros países europeos», añade.
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Los economistas Daniel Lacalle, economista jefe de Tressis, y Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, comentan en nuestro podcast su impresión sobre si un país como España puede funcionar sin Presupuestos, con unas comunidades autónomas pendientes de cómo les afecta lo que ocurra con la financiación de Cataluña y con la reducción de la jornada laboral encima de la mesa cuando el principal problema de la economía española es su baja productividad. Lacalle analiza también este programa las consecuencias sobre la economía del conflicto en Oriente Próximo.
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Los economistas Lorenzo Bernaldo de Quirós y José María Rotellar analizan en nuestro podcast la propuesta de reducir la jornada laboral impulsada por los sindicatos y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz: «No ha habido un solo caso en los países en donde se ha aplicado la reducción de jornada entre los años 1995 y 2007 en los que esta reducción de los horarios se haya traducido en un mayor número de trabajadores, y que no haya causado desempleo», indica Bernaldo de Quirós.
El economista añade que quienes más sufrirían las consecuencias de esa reducción de jornada serían las pequeñas y medianas empresas (pymes), que no hay que olvidar que representan más de dos tercios del tejido productivo español. Las grandes empresas no lo notarían.
Quirós y Rotellar hablan también de otras cuestiones importantes de la actualidad económica española: las consecuencias del cupo catalán sobre las demás comunidades autónomas españolas, las ventajas y desventajas de no aprobar los Presupuestos y los recientes cambios en el Banco de España. Sobre el cupo catalán, Quirós indica que «a priori se trataría de reducir aproximadamente entre un 30 % y un 60 % la aportación catalana a la caja común. Eso se traduce en una pérdida de ingresos para el resto de comunidades autónomas que habrá de ser compensado de alguna manera, y ya sabemos cómo tiende a compensar la pérdida de ingresos el actual Gobierno: con subidas de impuestos».
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Los catedráticos Mikel Buesa y Santiago Carbó coinciden en nuestro podcast en que los datos de la economía española que recientemente han revisado al alza Banco de España e INE no son parar tirar cohetes, como hace el Gobierno: «No es oportuno dar una lectura grandilocuente a lo que está representando el PIB o a que esté resistiendo el mercado de trabajo porque los españoles, en general, sienten otra cosa: que no han ganado poder adquisitivo; más bien lo contrario, y que su bienestar ha empeorado en estos años», señala Carbó.
Mikel Buesa añade que ha estado «revisando los datos que acaba de dar el INE, y no encuentro cambios relevantes respecto a lo que ya sabíamos que había ocurrido en este último quinquenio en la economía española: que está casi estancada y que la renta disponible de los españoles ha estado casi estancada».
Buesa reconoce que el PIB ha crecido, pero también ha crecido la población, de modo que el aumento del PIB per cápita es mucho más moderado. Además, «hemos tenido un proceso inflacionista que se ha comido en términos reales buena parte del crecimiento. Como además ha aumentado considerablemente la presión fiscal (los impuestos), lo que tenemos en el bolsillo los españoles es solo ligeramente superior a lo que teníamos en el año 2019».
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El catedrático de la Universidad CEU San Pablo Rafael Pampillón y el profesor del IESE José Ramón Pin Arboledas comentan en nuestro podcast las ventajas que va a traer la bajada de tipos de interés anunciada ayer por el Banco Central Europeo (en las hipotecas, en los créditos, en el ahorro, la inversión...) y el plan a largo plazo propuesto por el ex presidente de esta entidad, Mario Draghi, para que Europa pueda competir con China y Estados Unidos.
Como contábamos hace unos días en este periódico, Draghi hablaba de la necesidad de invertir 800.000 euros anuales para que Europa pueda jugar en la liga de los grandes. A este respecto, Pampillón lamenta que «Europa está fuera de la carrera en inteligencia artificial, en biotecnología, en investigación médica... Estamos muy alejados de China y Estados Unidos, que son los grandes competidores, los que registran más patentes. Europa es un parque temático donde está Gucci, Lamborghini, Rolex... Tenemos grandes marcas, turismo, pero muchos de nuestros investigadores se van a Estados Unidos y China». En ese contexto es en el que el catedrático explica que lo que dice Draghi es que esos 800.000 millones los debe invertir el sector privado, que es quien sabe dónde invertir, respaldado por unos eurobonos apoyados por los países de la UE y que puedan tener, por este motivo, una buena acogida en el mercado financiero.
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