A finales de 2024 el Gobierno español declaró el terreno del campus de CETEDEX, en Jaén, «Zona de Interés para la Defensa Nacional». Es una figura jurídica: una línea trazada alrededor de un sitio porque lo que se va a hacer dentro —antidrones, vehículos autónomos, inteligencia artificial militar— se considera sensible. España sabe dibujar esa valla, y sabe exactamente dónde.

A cuarenta kilómetros, en el Parque Empresarial Santana de Linares, ocurre otra cosa. Dentro del mismo recinto, Escribano proyecta una fábrica de vehículos militares para el Ministerio de Defensa. Y dentro de ese mismo recinto, la sociedad que opera la fábrica de coches, Santana Factory, pertenece desde febrero de 2026 a Coronet Iberia, de capital chino. En el parque están además Desay SV, tecnológica china de automoción que recibió 5,5 millones de euros en incentivos del Gobierno de España, y CEDAEC, el centro de fabricación aditiva que trabaja para Defensa.

Las administraciones no solo no separan esas dos ramas: las presentan juntas. La Junta define el parque como polo de «Defensa + automoción». Y el presidente de la Diputación de Jaén, en su discurso oficial de diciembre de 2025, lo dice en dos frases seguidas del mismo párrafo: que Escribano construirá vehículos militares en el parque empresarial de Santana, y que Desay, «también en el parque de Santana» y con 5,5 millones de incentivos del Gobierno de España, creará 300 empleos directos.

En este vídeo comparo dos cosas que sí están documentadas: cómo separa Estados Unidos las tecnologías chinas de sus cadenas sensibles, y cómo lo hace España.

También cuento lo que NO está probado, que es mucho. No hay ninguna evidencia de que las empresas chinas de Linares espíen, ni de que tengan acceso a información de Defensa. No consta que Coronet trabaje con Escribano. No consta que Desay suministre a Escribano. Santana Factory no fabrica vehículos militares. Ni BAIC automoción ni Desay SV fueron localizadas en la lista de empresas militares chinas del Pentágono. El empleo es real. Y nada de esto es delito.

La palabra correcta es «ecosistema industrial común», no «cadena contractual común». La diferencia importa, y en el vídeo la explico.

Trescientos catorce eurodiputados votaron para tumbar la ley que permite escanear mensajes privados en Europa. Doscientos setenta y seis votaron a favor de dejarla pasar. Y la ley salió adelante: era una segunda lectura, y ahí no basta con ser más — hacen falta 360 escaños. Ocurrió el 9 de julio, en el último pleno antes del verano.

En este vídeo repaso las tres capas que se están construyendo a la vez sobre el mismo aparato que llevas en el bolsillo: lo que dices, quién eres y lo que pagas.

La derogación que permite el escaneo voluntario nació en 2021 describiéndose a sí misma como «temporal y estrictamente limitada». El Parlamento la tumbó en marzo de 2026. Volvió en julio y sigue viva.

La cartera de identidad digital ya es ley europea: el Reglamento 2024/1183 obliga a cada Estado a ofrecerla. En España la presentó en 2024 el entonces ministro José Luis Escrivá. Dos meses después tomó posesión como gobernador del Banco de España, y en junio de 2025 declaró en el Congreso que allí están «absolutamente comprometidos con el euro digital». La cita está en el Diario de Sesiones.

Y hay un documento de enero de 2022 en el que la propia Comisión Europea responde que la cartera de identidad podría permitir «en el futuro pagos con un posible futuro euro digital».

También cuento lo que NO está probado, que es mucho: el euro digital todavía no existe, no hay un sistema europeo de crédito social, el BCE dice que «nunca será dinero programable», usar la cartera es voluntario y el escaneo excluye hoy las comunicaciones cifradas. Todo eso es cierto y está en el vídeo.

La pregunta que queda es otra: esas garantías, ¿están en la tecnología o están en una ley que se puede volver a votar?

Yo te enseño los documentos. La conclusión la sacas tú.

En Linares se vuelven a montar coches con una marca española histórica: Santana. La nave es pública, propiedad de la Junta de Andalucía, y su reforma costó más de 700.000 euros de dinero público.

Pero cuando miras qué se hace exactamente dentro de esa nave, aparece otra cosa. El propio consejero delegado explicó que la primera línea trabaja en formato SKD —Semi Knocked Down—: los vehículos llegan desmontados desde China y su producción se termina aquí. Y también se trabaja con vehículos que ya vienen montados.

Un año antes había pasado algo parecido con otra marca histórica, Ebro, en la antigua planta de Nissan de Barcelona. Sobre el papel, mayoría española: 60 % Ebro, 40 % Chery. En la práctica, la documentación financiera describía una operación de «solo ensamblaje», con carrocerías que llegaban de China ya soldadas y ya pintadas. La soldadura y la pintura propias siguen sin hacerse: se han retrasado a 2027, y con ellas la contratación de entre 150 y 200 trabajadores.

En este vídeo no investigo a personas. Investigo un modelo: qué significa «fabricar» en estas plantas, cuánto valor industrial se queda realmente en España y cuánto dinero público lo está pagando.

También cuento lo que no está probado, que es bastante: no hay causa penal contra nadie de esta historia, no hay prueba de trato de favor, el empleo existe (70-90 trabajadores en Linares, 79 puestos comprometidos con la ayuda estatal) y esta política no es de un solo partido — la Junta del PP fue a buscar inversores a China con el mismo empeño que el Gobierno de Sánchez.

Y no es solo una discusión española. En diciembre de 2025, la Comisión Europea escribió esto en su estrategia de baterías: «La estrategia industrial agresiva de China utiliza la inversión extranjera directa para ampliar su dominio del mercado. En los últimos años, empresas extranjeras han adquirido proyectos críticos y han establecido operaciones de solo ensamblaje.» Y en ese mismo documento propone poner condiciones a la inversión extranjera para asegurar que aporta valor añadido, incluyendo transferencia de tecnología e integración en la cadena de suministro.

Documentos citados en el vídeo:

· Comisión Europea, «Battery booster strategy», C(2025) 8950 final, 16-12-2025

· Comisión Europea, «Industrial Action Plan for the European automotive sector», COM(2025) 95 final, 5-3-2025

· BORME: constitución de Santana Factory y Coronet Iberia (21 y 28-10-2024), cambio de administrador (26-6-2025) y de socio único (11-2-2026)

· Junta de Andalucía, nota de 24-9-2024

Yo te enseño los documentos. La conclusión la sacas tú.

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Soy Sandra Flores.

Trescientos catorce eurodiputados votaron para tumbar la ley que permite escanear mensajes privados en Europa. Doscientos setenta y seis votaron a favor de dejarla pasar. Y la ley salió adelante: era una segunda lectura, y ahí no basta con ser más — hacen falta 360 escaños. Ocurrió el 9 de julio, en el último pleno antes del verano.

En este vídeo repaso las tres capas que se están construyendo a la vez sobre el mismo aparato que llevas en el bolsillo: lo que dices, quién eres y lo que pagas.

La derogación que permite el escaneo voluntario nació en 2021 describiéndose a sí misma como «temporal y estrictamente limitada». El Parlamento la tumbó en marzo de 2026. Volvió en julio y sigue viva.

La cartera de identidad digital ya es ley europea: el Reglamento 2024/1183 obliga a cada Estado a ofrecerla. En España la presentó en 2024 el entonces ministro José Luis Escrivá. Dos meses después tomó posesión como gobernador del Banco de España, y en junio de 2025 declaró en el Congreso que allí están «absolutamente comprometidos con el euro digital». La cita está en el Diario de Sesiones.

Y hay un documento de enero de 2022 en el que la propia Comisión Europea responde que la cartera de identidad podría permitir «en el futuro pagos con un posible futuro euro digital».

También cuento lo que NO está probado, que es mucho: el euro digital todavía no existe, no hay un sistema europeo de crédito social, el BCE dice que «nunca será dinero programable», usar la cartera es voluntario y el escaneo excluye hoy las comunicaciones cifradas. Todo eso es cierto y está en el vídeo.

La pregunta que queda es otra: esas garantías, ¿están en la tecnología o están en una ley que se puede volver a votar?

Yo te enseño los documentos. La conclusión la sacas tú.

En el puerto de Ferrol hay nueve mil empleos que dependen de un astillero militar. Y una fábrica china proyectada a la entrada de la ría que promete dos mil. Las dos cifras son reales, y son de la misma ciudad.

SAIC Motor, el mayor fabricante de coches de China, ha elegido el Puerto Exterior de Ferrol para su primera planta en España. Enfrente están las fragatas F-100 de la Armada, con sistema AEGIS, y el astillero donde se construyen ahora mismo las F-110. El Mundo publicó que el Ministerio de Defensa maneja informes internos que hablan de «una amenaza». Ese informe no lo ha publicado nadie.

En este vídeo repaso lo que sí tiene documento detrás: las dos leyes chinas de 2015 y 2017 que obligan a que barcos y empresas puedan ponerse al servicio de su Estado; la tecnología ISAC, que la Unión Internacional de Telecomunicaciones define como la capacidad de una red para detectar y seguir objetos con sus propias señales; y los diez centímetros de precisión que MasOrange anuncia en su propia web para el «sensing» de su 5G-Advanced, ya desplegado en A Coruña.

Y también lo que NO está probado, que es mucho: no hay ni un documento que diga que la fábrica vaya a usar esa tecnología, ni que vaya a tocar la red de Navantia, ni que la infraestructura de Ferrol tenga hoy capacidad de radar.

Yo te enseño los hechos. La conclusión la sacas tú.

Ceuta ha sobrepasado cualquier capacidad de respuesta del Estado. Once mil inmigrantes deambulando sin control, agentes de los servicios de inteligencia marroquíes detectados en territorio español, y yihadistas ya expulsados que han vuelto a entrar. Y una plaza española que, por un acuerdo de hace décadas, ni siquiera está bajo el paraguas de la OTAN.

Hablo con Rubén Pulido, experto en inmigración y columnista de The Epoch Times, sobre la crisis real que se vive en Ceuta ahora mismo: el colapso de los servicios básicos, el aumento de agresiones y la falta de unidades especializadas para identificar amenazas entre la población que sigue llegando. Pulido explica también por qué España evita señalar a Marruecos como el adversario que, según él, ya está actuando como tal — con episodios de espionaje que han llegado hasta la propia Guardia Civil.

El análisis y las cifras son de Rubén Pulido; la conclusión, la sacas tú.

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Soy Sandra Flores.

Mientras cada vez más personas cuestionan la posición del Gobierno respecto de Marruecos tras la invasión de Ceuta, una conexión ha saltado al debate público.

Un marroquí, vinculado a la casa real alauí, establecía estrechos lazos con figuras muy destacadas del PSOE durante los meses en los que Pedro Sánchez cambió radicalmente la posición de España respecto de Marruecos. Y todo ello, mientras debía más de cuatro millones de euros a Hacienda.

La cifra concreta estuvo publicada ocho años seguidos en un listado del Estado: 4.338.172,72 euros. Y de un año a otro, dejó de estarlo.

El hombre de esa cifra es El Khalil Binebine, empresario marroquí de familia ligada al círculo privado de Hassan II. En abril de 2022 apareció como miembro del consejo asesor de GATE Center, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero — mientras esa misma deuda seguía publicada en el listado de grandes deudores de Hacienda. Reconstruyo la cronología completa: la Alianza de Civilizaciones de la ONU, el giro español sobre el Sáhara, y lo que sí —y lo que no— se puede demostrar de esta historia.

Yo te enseño los hechos. La conclusión la sacas tú.

Cada vez que Ceuta, Melilla o las relaciones con Marruecos saltan a los titulares, el debate en España se atasca en la política partidista y en la diplomacia bilateral.

Pero mientras miramos la valla fronteriza, a pocos kilómetros del Estrecho de Gibraltar se está desplegando una reconfiguración económica e industrial gigantesca que casi nadie analiza en profundidad.

En este vídeo te enseño el mapa completo: cómo la irrupción de China en el Magreb, el control de infraestructuras críticas como Tánger Med y la cadena global de baterías están cambiando las reglas del juego en la frontera sur de Europa.

En España, la ley prohíbe cambiar el uso de un monte quemado durante treinta años. Esta semana, mientras casi 80.000 hectáreas ardían entre Ávila y Madrid, el país entero discutía esa ley.

Pero esa discusión tapa algo más importante: por qué el monte ya no encuentra quien lo cuide antes de que llegue el fuego.

En este vídeo te enseño el mecanismo completo: el abandono del monte privado, el minifundio, y cómo el diseño de las ayudas empuja al pequeño propietario a ceder la gestión de su tierra durante diez o veinte años — sin que nadie le obligue a nada.

Los medios oficiales lo llaman "crisis migratoria". Pero cuando 50.000 personas cruzan a una ciudad de 80.000 habitantes en pocas horas —y las fuerzas marroquíes se apartan— la pregunta es otra.

En esta entrevista hablo con Taleb Ali Salem, periodista, analista político y activista saharaui, una de las voces más directas contra la doctrina expansionista del régimen marroquí. Con él analizamos por qué lo de Ceuta y Melilla se parece tanto a la Marcha Verde de 1975, qué es la doctrina del "Gran Marruecos" que incluye Ceuta, Melilla y las Canarias, y por qué sostiene que la respuesta del Gobierno español está poniendo en riesgo la integridad territorial de España.

Yo te enseño los hechos. La conclusión la sacas tú.