Trescientos catorce eurodiputados votaron para tumbar la ley que permite escanear mensajes privados en Europa. Doscientos setenta y seis votaron a favor de dejarla pasar. Y la ley salió adelante: era una segunda lectura, y ahí no basta con ser más — hacen falta 360 escaños. Ocurrió el 9 de julio, en el último pleno antes del verano.

En este vídeo repaso las tres capas que se están construyendo a la vez sobre el mismo aparato que llevas en el bolsillo: lo que dices, quién eres y lo que pagas.

La derogación que permite el escaneo voluntario nació en 2021 describiéndose a sí misma como «temporal y estrictamente limitada». El Parlamento la tumbó en marzo de 2026. Volvió en julio y sigue viva.

La cartera de identidad digital ya es ley europea: el Reglamento 2024/1183 obliga a cada Estado a ofrecerla. En España la presentó en 2024 el entonces ministro José Luis Escrivá. Dos meses después tomó posesión como gobernador del Banco de España, y en junio de 2025 declaró en el Congreso que allí están «absolutamente comprometidos con el euro digital». La cita está en el Diario de Sesiones.

Y hay un documento de enero de 2022 en el que la propia Comisión Europea responde que la cartera de identidad podría permitir «en el futuro pagos con un posible futuro euro digital».

También cuento lo que NO está probado, que es mucho: el euro digital todavía no existe, no hay un sistema europeo de crédito social, el BCE dice que «nunca será dinero programable», usar la cartera es voluntario y el escaneo excluye hoy las comunicaciones cifradas. Todo eso es cierto y está en el vídeo.

La pregunta que queda es otra: esas garantías, ¿están en la tecnología o están en una ley que se puede volver a votar?

Yo te enseño los documentos. La conclusión la sacas tú.

En el puerto de Ferrol hay nueve mil empleos que dependen de un astillero militar. Y una fábrica china proyectada a la entrada de la ría que promete dos mil. Las dos cifras son reales, y son de la misma ciudad.

SAIC Motor, el mayor fabricante de coches de China, ha elegido el Puerto Exterior de Ferrol para su primera planta en España. Enfrente están las fragatas F-100 de la Armada, con sistema AEGIS, y el astillero donde se construyen ahora mismo las F-110. El Mundo publicó que el Ministerio de Defensa maneja informes internos que hablan de «una amenaza». Ese informe no lo ha publicado nadie.

En este vídeo repaso lo que sí tiene documento detrás: las dos leyes chinas de 2015 y 2017 que obligan a que barcos y empresas puedan ponerse al servicio de su Estado; la tecnología ISAC, que la Unión Internacional de Telecomunicaciones define como la capacidad de una red para detectar y seguir objetos con sus propias señales; y los diez centímetros de precisión que MasOrange anuncia en su propia web para el «sensing» de su 5G-Advanced, ya desplegado en A Coruña.

Y también lo que NO está probado, que es mucho: no hay ni un documento que diga que la fábrica vaya a usar esa tecnología, ni que vaya a tocar la red de Navantia, ni que la infraestructura de Ferrol tenga hoy capacidad de radar.

Yo te enseño los hechos. La conclusión la sacas tú.

Ceuta ha sobrepasado cualquier capacidad de respuesta del Estado. Once mil inmigrantes deambulando sin control, agentes de los servicios de inteligencia marroquíes detectados en territorio español, y yihadistas ya expulsados que han vuelto a entrar. Y una plaza española que, por un acuerdo de hace décadas, ni siquiera está bajo el paraguas de la OTAN.

Hablo con Rubén Pulido, experto en inmigración y columnista de The Epoch Times, sobre la crisis real que se vive en Ceuta ahora mismo: el colapso de los servicios básicos, el aumento de agresiones y la falta de unidades especializadas para identificar amenazas entre la población que sigue llegando. Pulido explica también por qué España evita señalar a Marruecos como el adversario que, según él, ya está actuando como tal — con episodios de espionaje que han llegado hasta la propia Guardia Civil.

El análisis y las cifras son de Rubén Pulido; la conclusión, la sacas tú.

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Soy Sandra Flores.

Mientras cada vez más personas cuestionan la posición del Gobierno respecto de Marruecos tras la invasión de Ceuta, una conexión ha saltado al debate público.

Un marroquí, vinculado a la casa real alauí, establecía estrechos lazos con figuras muy destacadas del PSOE durante los meses en los que Pedro Sánchez cambió radicalmente la posición de España respecto de Marruecos. Y todo ello, mientras debía más de cuatro millones de euros a Hacienda.

La cifra concreta estuvo publicada ocho años seguidos en un listado del Estado: 4.338.172,72 euros. Y de un año a otro, dejó de estarlo.

El hombre de esa cifra es El Khalil Binebine, empresario marroquí de familia ligada al círculo privado de Hassan II. En abril de 2022 apareció como miembro del consejo asesor de GATE Center, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero — mientras esa misma deuda seguía publicada en el listado de grandes deudores de Hacienda. Reconstruyo la cronología completa: la Alianza de Civilizaciones de la ONU, el giro español sobre el Sáhara, y lo que sí —y lo que no— se puede demostrar de esta historia.

Yo te enseño los hechos. La conclusión la sacas tú.

Cada vez que Ceuta, Melilla o las relaciones con Marruecos saltan a los titulares, el debate en España se atasca en la política partidista y en la diplomacia bilateral.

Pero mientras miramos la valla fronteriza, a pocos kilómetros del Estrecho de Gibraltar se está desplegando una reconfiguración económica e industrial gigantesca que casi nadie analiza en profundidad.

En este vídeo te enseño el mapa completo: cómo la irrupción de China en el Magreb, el control de infraestructuras críticas como Tánger Med y la cadena global de baterías están cambiando las reglas del juego en la frontera sur de Europa.

En España, la ley prohíbe cambiar el uso de un monte quemado durante treinta años. Esta semana, mientras casi 80.000 hectáreas ardían entre Ávila y Madrid, el país entero discutía esa ley.

Pero esa discusión tapa algo más importante: por qué el monte ya no encuentra quien lo cuide antes de que llegue el fuego.

En este vídeo te enseño el mecanismo completo: el abandono del monte privado, el minifundio, y cómo el diseño de las ayudas empuja al pequeño propietario a ceder la gestión de su tierra durante diez o veinte años — sin que nadie le obligue a nada.

Los medios oficiales lo llaman "crisis migratoria". Pero cuando 50.000 personas cruzan a una ciudad de 80.000 habitantes en pocas horas —y las fuerzas marroquíes se apartan— la pregunta es otra.

En esta entrevista hablo con Taleb Ali Salem, periodista, analista político y activista saharaui, una de las voces más directas contra la doctrina expansionista del régimen marroquí. Con él analizamos por qué lo de Ceuta y Melilla se parece tanto a la Marcha Verde de 1975, qué es la doctrina del "Gran Marruecos" que incluye Ceuta, Melilla y las Canarias, y por qué sostiene que la respuesta del Gobierno español está poniendo en riesgo la integridad territorial de España.

Yo te enseño los hechos. La conclusión la sacas tú.

¿Estamos ante un drama humanitario o ante una estrategia de presión geopolítica perfectamente ejecutada?

En este vídeo analizamos la grave situación que se vive en las fronteras de Ceuta y Melilla. Mientras la versión oficial e institucional insiste en calificar los hechos de "crisis migratoria", diversos analistas y voces críticas advierten de un patrón diferente: el uso de la presión migratoria como una estrategia de Zona Gris o Guerra Híbrida, trazando paralelismos inevitables con la Marcha Verde de 1975.

Examinamos los datos sobre el terreno, la inacción inicial en la frontera marroquí, los límites legales y operativos de las fuerzas de seguridad españolas y los antecedentes históricos que explican este pulso en el norte de África.

¿Crees que la situación actual responde únicamente a un fenómeno migratorio o existe una intencionalidad política detrás?

¿Qué medidas debería tomar España para garantizar la seguridad territorial en Ceuta y Melilla?

Déjame tu opinión abajo en los comentarios.

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#Ceuta #Melilla #España #Marruecos

El Departamento de Guerra de Estados Unidos —el que hasta hace poco se llamaba de Defensa— tiene prohibido financiar a CATL, el mayor fabricante de baterías del mundo: lo considera una empresa militar china.

En España, el Gobierno le ha concedido cerca de 300 millones de euros de dinero público para levantar su mayor fábrica de Europa, en Figueruelas, Zaragoza.

Misma empresa. Dos gobiernos occidentales. Dos decisiones opuestas.

En este vídeo te enseño el caso entero: la fábrica, el informe con el que España se ofrece como puerta de entrada de China hacia Europa e Hispanoamérica, los aranceles que Bruselas puso para protegerse, y por qué —según el propio informe del Gobierno y la prensa que lo ha leído— la tecnología que de verdad importa se licencia, no se transfiere.

Soy Sandra Flores.

#CATL #China #IndustriaEspañola

Hoy te contamos de lo que nadie habla. Plus Ultra fue solo la punta del iceberg. El verdadero negocio era mover el petróleo sancionado de Venezuela — y esta semana, el hombre que lo gestionaba con Zapatero lo confirmó ante un juez.

Julio Martínez, presunto testaferro del expresidente, declaró en la Audiencia Nacional que fue Zapatero quien "marcaba los pasos a seguir": la mediación en el rescate público de Plus Ultra, la comisión pactada, y la puerta que le abrió hasta Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, para gestiones que incluían la deuda con PDVSA, la petrolera del Estado. En el sumario hay más: una carta de intenciones de una empresa china dirigida a "la Oficina del Presidente Zapatero" para comprar ese mismo petróleo.

Los hechos están sobre la mesa. La conclusión, la sacas tú.

FUENTES PRINCIPALES

— Auto de la Audiencia Nacional, DP 77/2024 (magistrado Calama)

— Informe UDEF 1908/26

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Soy Sandra Flores.

#Zapatero #Venezuela #China