Desde que el coronavirus llegó a Ecuador, hace un año, se ha registrado un constante exceso de mortalidad. Los datos revelan tres oleadas del virus: La primera azotó en abril a las provincias costeras, sobre todo a Guayas y Santa Elena; la segunda golpeó al centro y norte del país entre julio y agosto; y la tercera, que aún está en curso, afecta a varias provincias, principalmente a Carchi.

Aún quedan por identificar 62 cuerpos de personas que murieron en el primer pico de la pandemia y hay decenas de familias que buscan a sus seres queridos. La vacunación es otro tema que genera preocupación.

Patricio Pazmiño, ministro de Gobierno, realizó esta tarde una inspección en el Centro de Privación de Libertad Zonal 8, en Guayaquil, luego de la masacre del pasado martes 23 y de los desmanes registrados la madrugada de este jueves 25.

El funcionario manifestó que el centro penitenciario está controlado, sin alteraciones del orden público, aunque admitió que hay espacios en el sitio “por solucionar”.

El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad aseguraba que la situación estaba controlada en las cárceles donde varios amotinamientos dejaron 79 muertos, pero incluso hasta la noche del miércoles se registraron nuevos ataques en el Centro Regional de Guayaquil. 

Familiares de fallecidos y exdirectivos de la institución hablaban de la crueldad de los ataques, de la formación de nuevos liderazgos en las bandas, de una supuesta pérdida de hegemonía de la banda Los Choneros, pero sobre todo una presunta pérdida de autoridad por parte de la entidad que administra las cárceles.

El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad informó que hubo 75 muertos en una serie de revueltas que estallaron en el sistema penitenciario. 

La violencia se apoderó de tres cárceles en Guayaquil, Cotopaxi y Turi, y el presidente Lenín Moreno atribuyó los motines a “organizaciones criminales” que lanzaron una arremetida simultánea.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) puede recibir hasta esta medianoche las objeciones a los resultados de la primera vuelta. Dentro del organismo se analizaba la respuesta que dará a Contraloría y Fiscalía por la investigación que se proponen hacer al sistema informático del organismo. 

Los vocales habían llegado a un acuerdo para entregar a la Fiscalía la información de la base de datos de las elecciones, dentro de la investigación previa por una denuncia planteada por el movimiento Pachakutik, que alega un presunto fraude electoral. 

Casi paralelo al anuncio de los resultados oficiales de la primera vuelta electoral, la Fiscalía del Estado inició una investigación previa por una denuncia de dirigentes políticos de Pachakutik. 

Esta institución intentó ejecutar una primera diligencia para “registrar y retener” la base de datos del sistema informático del Consejo Nacional Electoral, que no se efectuó.

Los alcaldes de Quito y Guayaquil, Jorge Yunda y Cynthia Viteri, se han pronunciado a favor de la importación por parte de los municipios y privados de las vacunas contra el COVID-19.

Viteri junto con los gremios comerciales y médicos realizaron el pedido formal al presidente Lenín Moreno a través de una carta firmada durante una rueda de prensa.

La falta de resultados oficiales y los entredichos tras el acuerdo de Guillermo Lasso y Yaku Pérez provocan que otros expresidenciables se pronuncien. Xavier Hervas, quien terminó en el cuarto puesto de las elecciones, dijo que se debe realizar un recuento total de votos. 

Expresidentes del desaparecido Tribunal Supremo Electoral coincidieron en que hay hojas de rutas definidas en la ley para procesar las denuncias de fraude o las impugnaciones de actas. Carlos Aguiñaga afirmó que la autoridad electoral debe dar certeza de que sus actos gocen de legalidad y legitimidad frente a cualquier petición.