A fines de 2009 se presentó un Acuerdo para la Seguridad Democrática (ASD), respaldado por un amplio e inédito abanico político, social, gremial y religioso. El documento expone las bases doctrinales para un plan futuro de política criminal a nivel nacional, permite ampliar el debate social y enfoca la discusión de la denominada inseguridad sin el “facilismo represivo”.