El lunes a mediodía la jueza Susana González La Riva dirá si Norberto Metz es penalmente responsable del homicidio culposo de Juan Cruz Manfredini. Así lo es para la Fiscalía que pidió una pena de cuatro años de prisión para el ex gerente local de Camin Cargo Control S.A. y para la familia del joven que solicitó cuatro y medio y 200 mil pesos de multa.

Juan Cruz murió el 21 de octubre de 2010 tras cuatro días de agonía. Tenía el 95 por ciento de su cuerpo quemado por una explosión en el dúplex de Cuyo 1388 donde funcionaba clandestinamente el depósito de muestras de combustibles y fertilizantes donde trabajaba. El juicio analizó la responsabilidad de Metz y próximamente deberá ser juzgado el representante nacional de la firma, Marcelo Camin.

Hugo Fernández, abogado de la familia Manfredini, comentó a FM De la Calle que fue una investigación con mucha prueba aunque "uno no puede decir qué pasó por la cabeza de un juez". Destacó que "lo importante es que se haya debatido", más teniendo en cuenta el intento del primer fiscal de la causa de acordar una pena de tres años en un juicio abreviado para el gerente de la empresa Marcelo Camin.

"Cuando se va a debate hay que reproducir todo lo que se hizo en forma oral, a riesgo de eso, la familia prefirió en honor a la memoria de su hijo que esto salga a la luz, que se debata y se conozca cómo trabajan estas empresas, esto es un tema de precarización laboral donde para ofrecer un producto barato, a bajo costo, la empresa pone en riesgo a los trabajadores y a un montón de gente".

Fernández explicó que se trata de "una empresa internacional con sede en Houston” y otra que se llama Camin Cargo Argentina. “El gerente de Argentina es Marcelo Camin y está imputado también pero, por un recurso de Casación, todavía no llegó su debate. Con respecto al jefe local lo que había que demostrar era el nivel y grado de responsabilidad que teníaal manejar la delegación de Bahía Blanca, ese fue el nudo principal. Se apuntó a tratar de demostrar claramente que esta persona tenía toma de decisión".

"Es importante porque no hay muchos antecedentes de gente de una empresa, del personal jerárquico que sea responsable penalmente. Muchos terminan en un abreviado, en una probation, y si no tienen antecedentes pareciera como que no debería ir preso una persona. Pero, la pucha, no solamente mató una persona -no tuvo la intención de matarlo pero es un homicidio culposo- (...), era una bomba de tiempo, no podés poner en una vivienda tipo dúplex, en un edificio acostado, muchas viviendas, ¿cuánta gente que va por recreación al Parque de Mayo sabía que a media cuadra había una bomba?", se preguntó.

El abogado dijo que para probar a qué se dedicaba -dedica- Camin Cargo Control hubo que escuchar a muchos especialistas. "Cuando viajan productos inflamables en buque se toma una muestra local y se hace un resguardo, se contrata a estas empresas para que cuando el buque llega a destino, si hay un tema de contaminación, tengan un respaldo de muestra. Por eso la actividad principal es guardar muestras, uno espera que lo hagan en un lugar seguro y no en un departamentito que alquilaron como casa habitación".

"La peligrosidad estuvo dada porque se almacenaron productos incompatibles entre sí. Había muchos tipos de gasolina que salen del puerto, naftas, gasolinas especiales que son altamente explosivas. Incluso como también hacían muestreo de fertilizantes había urea granulada, nitrato de amonio. Pareciera que no son peligrosos por sí solos pero los especialistas en explosivos nos explicaron que si mezclas fuel oil con nitrato de amonio se denomina ANFO, un explosivo casero con el que se voló la AMIA. Para que uno tenga dimensión de la peligrosidad. Podría haber muerto mucha más gente acá", advirtió.

Fernández agregó que "esta gente para ahorrar costos no tenía, como explicaron los técnicos, los productos peligrosos separados y en un lugar habilitado. Obviamente vino la jefa de Habilitaciones y dijo que esto no podía estar por el lugar directamente, es residencial, tendría que haber estado en el puerto o el parque industrial, un lugar preparado para tener este tipo de producto, no en el medio de la ciudad".

"Más de una empresa debería poner las barbas en remojo y por lo menos si contratan a una empresa para tomar una muestra requerir dónde la llevan. En el sistema penal se imputan personas determinadas pero posiblemente esto desemboque en alguna investigación, espero, es difícil entender la actividad porque los únicos que saben son los que la realizan".

"Esto es un contrato entre una empresa internacional que viene de afuera a buscar un producto -a la cual ni siquiera conocemos- y contrata un buque y el que vende el producto acá. Esas dos personas contratan a un tercero para que guarde la muestra. Esto debería reverse y las autoridades deberían mirar un poco más. Esa es la lucha de la familia, nadie les va a devolver el hijo, incluso en un momento se trató de desvirtuar esto como que había sido una mala manipulación de una garrafa de este muchacho. Le echaron la culpa al muerto que es lo más fácil", dijo.

En ese sentido comentó que " los médicos explicaron que estaba quemado el 95 por ciento del cuerpo y que si manipulas una garrafa lo lógico es que te quemes adelante, no que tengas una quemadura tipo V en la espalda, es imposible. El ambiente donde ponían estos productos generaba vapores, algo que detonó eso levantó una temperatura terrible e hizo lo que técnicamente se llama deflagración, una explosión".

La sentencia se conocerá el lunes a las 12 en el Juzgado Correccional Nº3 de Estomba 34. Más información en Exigimos Justicia para Juan Cruz Manfredini.

Entrevista realizada por Astor Vitali durante su columna cultural en el programa En Eso Estamos, que se emite de lunes a viernes de 9 a 12 por FM De la Calle 87.9 Mhz de Bahía Blanca.

Decreto 721: un globo de ensayo para las fuerzas armadas

A principios de mes se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 721/2016 del presidente Mauricio Macri a través del cual derogó la disposición tomada en 1984 por el gobierno de Raúl Alfonsín para restar autonomía a los militares y dejar en manos de los políticos elegidos democráticamente las decisiones vinculadas con la órbita castrense. La medida provocó el rechazo de organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas.

La especialista en temas de Defensa Nacional, Estrategia y Geopolítica y secretaria del Centro de Militares por la Democracia, Elsa Bruzzone, dijo a FM De la Calle que el decreto "ratifica lo que ya se venía haciendo, manejo de cuarteles, traslados, tareas administrativas y de funcionamiento interno" y no representa "ninguna autonomía", aunque lo calificó como "un globo de ensayo para ver si pueden acostumbrarnos a que las fuerzas armadas puedan intervenir en los asuntos internos del país".

Bruzzone explicó que la Ley de Defensa 16.970 de la dictadura de Onganía no distinguía las funciones de las FFAA en torno a la defensa exterior y la seguridad interior, lo que "permitió la utilización de las mismas en las tareas de represión interior con los resultados por todos conocidos".

Al asumir Raúl Alfonsín, mientras se redactaba una nueva Ley de Defensa, aprobó el decreto recientemente derogado y "controló" a las fuerzas". "Cuando la ley es sancionada en 1985, y más después con la reglamentación de la ley bajo el gobierno kirchnerista, este decreto ya prácticamente queda sin efecto porque tiene que ver con tareas administrativas, con el con el manejo hacia adentro de las FFAA".

"Como bien lo explica el Decreto 721, el poder civil sigue teniendo el control y el manejo en los ascensos, a partir de coronel y los grados superiores se sigue requiriendo el acuerdo del Senado, en los puestos más altos el Poder Ejecutivo con el Ministerio de Defensa designan, los planes de estudios siguen estando en manos del Ministerio, las hipótesis de conflicto las fija el gobierno nacional".

Bruzzone dijo que "el peligro es que se pudiera avanzar más adelante en una modificación de la Ley de Defensa Nacional donde con una simple letra que dijera ante una agresión externa o interna permitiera que la FFAA intervinieran en tareas de represión interior o en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Hay presiones desde hace cuatro o cinco años del Departamento de Defensa norteamericano a través del Comando Sur".

"Estas intervenciones han tenido resultados nefastos en México, en Colombia o inclusive en Honduras. Acá está prohibido pero se han reanudado las presiones y las hay también de integrantes de la política, de los grupos económicos, de nuestra justicia, que pretenden que esta línea divisoria caiga", afirmó y agregó que las contradicciones de la ley, por ejemplo, abarcan el envío de tropas a supuestas misiones de paz de Naciones Unidas que en realidad son ocupaciones de países "donde los integrantes de las misiones realizan tareas de seguridad interior, la mayor parte de las veces con resultados catastróficos para las poblaciones locales porque se producen violaciones a los derechos humanos".

Bases militares

"EEUU tiene en su mente la instalación de bases militares ya sean descubiertas o encubiertas, disfrazadas bajo el concepto de ayuda humanitaria ante desastres naturales, epidemias, pandemias, bases científicas para realizar estudios, o bases de control de la no proliferación de armas nucleares y de destrucción masivas. (...) Ellos tienen que tener libre acceso y control de recursos naturales que ya no poseen para seguir siendo la potencia dominante en el mundo", manifestó.

Tras mencionar las bases propias o de la OTAN en Colombia, Haití, Guantánamo, Puerto Rico, Perú, Chile, Paraguay y Malvinas, Bruzzone destacó que pretenden instalar una de carácter científico en Ushuaia "con acceso libre a la Antártida" que, junto a la de Malvinas, habilitaría el control del Atlántico Sur y su conexión con el Pacífico a través del Estrecho de Magallanes y el Canal de Beagle con proyección hacia el océano Índico.

"Además permite una presencia en zona donde toda la plataforma continental nuestra alrededor de las islas tiene yacimientos de hidrocarburos y minerales estratégicos e industria pesquera y tanto Ushuaia como Malvinas son la puerta de entrada a la Antártida que no solamente es la mayor reserva de agua dulce congelada del mundo sino que también -en el sector donde se superponen los reclamos de soberanía de Argentina, Chile y Gran Bretaña- se encuentran los mayores yacimientos de hidrocarburos del continente antártico". Hasta 2041 rige la prohibición de toda explotación de los bienes comunes aunque EEUU intentará impedir su prórroga por otros cincuenta años.

En San Ignacio, Misiones, también podrían construir una base. "En lugar de utilizar a Hamas o a Hezbollá en la zona de la Triple Frontera, que es uno de los puntos más importantes de carga y recarga del Acuífero Guaraní, (...) reflotan el fantasma de la presencia del Daesh o ISIS, como lo llaman en occidente, o del Frente al Nusra que está vinculado a Al Qaeda para reflotar las presiones que en su momento se hicieron sobre De la Rúa y Duhalde". "Dependerá de nosotros impedir que se consume", dijo.

El discurso de Gay

La integrante del CEMIDA se refirió además al discurso del intendente Héctor Gay del 25 de mayo en el cual habló de la existencia de enemigos internos y externos y “grupos perfectamente organizados que no tienen patria ni bandera, pero que sí quieren subvertir valores y adueñarse fundamentalmente de nuestros ideales y de nuestra juventud”.

"Este discurso me remite a la Doctrina de la Seguridad Nacional (...), me remite a tiempos que hemos vivido y a los cuales no quiero volver. No quiero volver a la década de 1930, a 1955, de ahí en adelante tampoco quiero volver a un 24 de marzo del 76 que es a lo que él me está remitiendo. El que no tiene patria ni nación es él porque la patria y la nación no son pasiones inútiles y un verdadero patriota y alguien que ama profundamente a su patria y a su pueblo no ve en el otro, en el pueblo, al enemigo", dijo.

Bruzzone reconoció que "tenemos enemigos de adentro" aunque apuntó a "los grupos económicos de poder, las corporaciones trasnacionales, los organismos financieros internacionales, estamos llenos de cipayos al servicio de intéreses foráneos". "Tenemos enemigos de afuera, sí señor, todo imperio, todo aquel que ejerce colonialismo, eso es enemigo, enemigo es el capitalismo que destruye vida humana, vida vegetal, vida animal, que destruye a la naturaleza y al planeta".

Sobre la aclaración del intendente, quien comentó que se refería al narcotráfico, la especialista afirmó: "Usted va a escuchar que utilicen el narcotráfico o el terrorismo, que los agiten como bandera, pero en realidad los destinatarios de eso son el pueblo, las organizaciones sociales, políticas, culturales, todos aquellos que luchan por la justicia social, por la independencia económica, por la soberanía política y la paz, el capitalismo".

CICOP cerró un 25% hasta agosto

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud provincial, CICOP, alcanzó un acuerdo "integral" con el gobierno bonaerense tras varias semanas de paros y protestas que incluye la recomposición salarial, mejora en las condiciones laborales y avances en la situación previsional.

El presidente del gremio, Fernando Corsiglia, dijo a FM De la Calle que en cuanto a lo salarial se plantó "un esquema a ocho meses con un 25 por ciento de aumento promedio de bolsillo en agosto. En lo que hace a condiciones de trabajo tiene que ver con compromisos que realizó el Ministerio de Salud en relación a cargos, se compromete a 300 cargos y llevar a adelante el proceso de una alta por cada baja que se produzca. Se comprometió a realizar refacciones en 21 establecimientos por un valor de 450 millones de pesos y un aumento de 120 por ciento al presupuesto para insumos en relación al 2015".

En el aspecto previsional se dará "continuidad a las jubilaciones que estaban en espera, acordamos que los que tienen 60 años de edad o más y 35 años de servicio o más puedan jubilarse, cosa que hasta ahora estaba detenida, sin pagar ningún cargo adicional. Se jubilarían por el viejo régimen. Tenemos 120 días de plazo para discutir acerca de la implementación del decreto actual en relación al cambio jubilatorio".

En cuanto a la evaluación del prolongado conflicto con el gobierno, Corsiglia aseguró que lograron "instalar en la agenda mediática la cuestión de la salud pública y al mismo tiempo quedó abierta la discusión para todos los problemas que seguimos teniendo. Desde el punto de vista del gremio fue positivo y para la salud pública es un pasito para intentar mejorar".

Columna realizada por Luis Ponte en su participación semanal durante el programa diario En Eso Estamos.

(Documento leído en Plaza Rivadavia) Un año pasó de la histórica jornada del 3 de Junio de 2015, donde centenares de miles, en todo el país, expresamos en las calles el grito profundo de ?#?NiUnaMenos?. Sin embargo los casos de femicidios no cesan y por el contrario, aumentan. Muchos de ellos continúan impunes, como es el caso del crimen de Katherine Moscoso. Hace pocos días, se cumplió un año de su asesinato y la principal línea de investigación en este caso toca a allegados al ex intendente K de Monte Hermoso, Marcos Fernández. En Pehuén Co, desapareció Andrea Esnaola, quien prácticamente dejó de ser buscada. Luciana Moretti fue descuartizada e incinerada, sin embargo la justicia decidió darle a Cuchán, su femicida, la libertad.

Mañana se cumple una semana desde que se encontró el cuerpo de Micaela Ortega. Los gobiernos municipal y provincial fracasaron estrepitosamente en encontrarla y demostraron permanentemente que intervinieron sobre la base de responsabilizar a la propia Mica y su entorno familiar, reproduciendo e instalando prejuicios aberrantes, incluso en declaraciones a través de los medios, lo cual explica las enormes irregularidades de todo el proceso de investigación, desde la llegada tardía de la denuncia a la fiscalía, hasta la demora en encontrar información fundamental para avanzar en la misma. El rol de garante de impunidad a asesinos y violadores por parte del Estado incluye el abandono de la vivienda del sospechoso, la cual fue quemada la misma noche en que se conoció la muerte de Mica perdiendo allí la posibilidad de contar con mayores evidencias sobre lo sucedido.

En todos estos hechos, confluyen todo tipo de violencias hacia las mujeres y las niñas: institucional, simbólica, mediática. Las trabas y las desviaciones del foco de atención hacia la culpabilización de las víctimas y su entorno son moneda corriente, y las legitiman los propios funcionarios públicos, los medios de comunicación, y la sociedad en general. Son muestra más que suficiente de este sistema patriarcal que se pone de manifiesto y continúa instalado como reproductor de un régimen social que está putrefacto.

Hoy toda la ciudad de Bahía Blanca se encuentra conmocionada por el femicidio de Micaela Ortega. Miles salimos a la calle a pedir Justicia por el peor de los finales, después de 35 días de angustia y desesperación. Mica está muerta. Hoy una vez más, por ella y por todas gritamos #NiUnaMenos.El femicidio es el último eslabón de una larga cadena de violencias cuya responsabilidad es del Estado que continúa reproduciendo el patriarcado al servicio del capitalismo.

Pero ¿por qué afirmamos que el Estado es responsable? Porque, cuando hablamos de femicidios, no se trata de un conflicto privado entre dos personas, ni tampoco de un crimen pasional, está basado en una desigualdad sistemática en la que el Estado tiene responsabilidades, no sólo para penalizar al femicida, sino fundamentalmente para evitar los femicidios. Toda política pública, ya sea educativa, de promoción de la salud o de asistencia a la mujer, ha sido, al menos, insuficiente y en algunos casos, directamente, nulas. Además

son numerosos los casos en los que se han colocado al frente de instituciones públicas funcionarios de instituciones privadas relacionadas al Clero, o a grandes empresas para su beneficio.

Sabemos que si no hay presupuesto todo lo que nos prometan los gobiernos de turno, son palabras vacías. El presupuesto para el 2016 con el que cuenta el Consejo Nacional de las Mujeres, responsable de implementar la ley de protección integral contra la violencia de género, sancionada en 2009, representa “tan sólo el 0,0055 por ciento del total del presupuesto nacional, lo que equivale a 4,50 pesos por mujer para prevenir la violencia machista”. En Bahía Blanca el presupuesto otorgado a política de género es nulo. Por otro lado, ha pasado ya un año desde que se votó por unanimidad la emergencia por violencia de género en el Concejo Deliberante y a su implementación se ha destinado una suma mínima. Esto la constituye en una medida superficial que se ha convertido solamente en oportunidad para algunos funcionarios de lavarse la cara sacándose la foto días antes de aquel masivo 3 de Junio.

-Todo este cuadro se ve agravado por un contexto en que el ajuste que llevan adelante Macri, los gobernadores y las gobernadoras; golpean fuertemente nuestras espaldas: tarifazos, despidos, inflación. Frente a todo esto, somos las mujeres las primeras en salir a la calle para luchar por un salario igual a la canasta familiar, contra la precarización laboral, contra el trabajo en negro, por la apertura de jardines maternales en los lugares de trabajo, por licencias por violencia de género, por la educación pública y gratuita, y por salud gratuita y de calidad. Aún siendo reprimidas como ocurrió durante la semana en la provincia de Tierra del Fuego, donde la policía intentó aplastar la lucha de trabajadoras y trabajadores estatales a palazos, con balas de goma y quemando los acampes que tenían instalados hace 90 días. Hoy volvemos a decir que no hay trabajo digno si hay violencia.

Las cifras de mujeres sometidas a la trata ascienden a no menos de 1.500 al año. Según el Ministerio Público Fiscal, permanecen desaparecidas 3.281 mujeres y niñas. Es decir que con la Ley de Trata de Personas no se desmanteló una sola red. Solo cayeron personajes aislados, que generalmente forman parte del nivel más bajo del entramado que involucra a proxenetas, policía, poder judicial y político. El negocio de la trata y la explotación sexual ha crecido bajo el amparo institucional en Bahía Blanca, y en todo el país. Hoy en día se conocen públicamente más de 30 cabarets en esta ciudad. Son frecuentes los allanamientos y “rescates” que salen en los medios. Días atrás se allanaron dos, uno el barrio Saladero en la periferia de Bahía, y otro en la ciudad vecina de Punta Alta, donde se rescataron mujeres indocumentadas, incluso de otros países. ¿Qué ocurrió con estas mujeres? ¿Qué asistencia recibieron? ¿El Estado les garantiza vivienda, trabajo, y asistencia psicológica? El Estado es responsable de que estos lugares funcionen. Nadie fue procesado por esto.

Señalamos la responsabilidad que tienen los diferentes gobiernos cuando profundizan la criminalización a las mujeres por la realización de abortos de forma clandestina, como es el caso de Belén, la compañera presa hace 2 años, después de un procedimiento aberrante del cual todas las instancias del Estado fueron cómplices: desde los médicos que violaron el secreto profesional cuando llegó a la guardia de un hospital de Tucumán con hemorragias producidas por un aborto espontáneo, hasta la justicia cuando la condenó a 8 años de prisión. Alrededor de 3000 mujeres mueren o quedan mutiladas cada año debido a la exposición a pésimas condiciones sanitarias. Seguir penalizando el aborto es femicidio de Estado. Seguiremos exigiendo educación sexual laica, científica y gratuita para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. En este sentido rechazamos también el artículo del código civil, aprobado durante el gobierno kirchnerista, que plantea que “La existencia de la persona humana desde la concepción” confluyendo con preceptos religiosos, privilegiando los negocios de clínicas privadas y las relaciones carnales con el Vaticano.

-El Estado es el responsable de seguir reproduciendo políticas que sostienen un sistema patriarcal, machista, que engloba todo tipo de violencia hacia las mujeres y las niñas: el vaciamiento de políticas públicas, la desigualdad salarial, la falta de vivienda digna, la falta asistencia y refugio para las mujeres víctimas de violencia, la persecución e invisibilización de los pueblos originarios y sus padecimientos ante las diferentes empresas que los acosan, los corren, asesinan y envenenan, y todas las formas de discriminación, como la que laboralmente sufren por su identidad de género las mujeres trans, marginadas a la prostitución. Denunciamos también el asesinato de sus activistas, como el caso de Diana Sacayán. No podemos confiar en quienes han sostenido y sostienen esta situación de opresión y explotación del pueblo trabajador en general y de las mujeres, mujeres originarias y sectores LGTBI en particular.

-Los medios de comunicación también son responsables. Mediante sus patrones comunicacionales sexistas, misóginos y heterosexistas con reiterada violencia mediática a las mujeres y al colectivo LGTBI perpetuán el círculo de violencia simbólica, andamiaje que sostiene las demás violencias. La cosificación de las mujeres en los medios es un fenómeno que viene creciendo desde hace dos décadas de forma alarmante, impartiendo una pedagogía de la crueldad y maltrato a las mujeres y niñas.

Por eso, debemos organizarnos y abrirnos paso de manera independiente de estos sectores en la lucha por nuestros derechos.

Hoy nuevamente exigimos

• BASTA DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES. Abajo el capitalismo y el patriarcado. El machismo mata. Basta de femicidios. Basta de violencia institucional, laboral y simbólica. Basta de violencia mediática. Respeto y cumplimiento de Ley de Identidad de Género. Basta de travesticidios. Reconocimiento de la responsabilidad de los medios de comunicación hegemónicos en la reproducción de contenidos que fomentan comportamientos discriminatorios y misóginos. Exigimos algún tipo de penalización a estas prácticas por parte del Estado y apelamos a que la sociedad sea el observatorio crítico antes estas violencias.

• BASTA DE VACIAMIENTO DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN A LA MUJER. Que inmediatamente se destine presupuesto, reglamentación total y cumplimiento real de la Ley de Protección Integral a las Mujeres, con control de las organizaciones independientes. Creación de refugios integrales sin requisitos burocráticos para mujeres en situación de violencia y sus hijos e hijas. Asesoramiento legal y psicológico gratuito y apoyo económico. Por el cumplimiento de la Ley contra la Violencia Obstétrica. Declaración de Emergencia Nacional en materia de violencia hacia las mujeres. Personal capacitado e idóneo para recibir las denuncias en cada fiscalía y cada comisaría. Unificación de las causas de los fueros civil y penal.

• POR EL DERECHO AL ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO. Tratamiento y aprobación del proyecto de ley de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Separación de la iglesia del Estado. Derogación del artículo 6 del código civil. Cumplimiento del nuevo Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) en todas las instituciones de salud pública del país. Educación no sexista, científica y laica, por una implementación real de la ley de Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos, para formar en la igualdad y para una vida libre de discriminación y violencia machista. ?#?Libertad? Para Belén

• BASTA DE IMPUNIDAD! QUE APAREZCAN CON VIDA YA ANDREA ESNAOLA, MARIA CASH, MARITA VERÓN Y TODAS LAS MUJERES VÍCTIMAS DE LAS REDES DE TRATA. Desmantelamiento de las redes de trata y explotación sexual, comenzando por la participación de policías, jueces y funcionarios del Estado. Que se abran los archivos de inteligencia.

• POR EL RESPETO DE LA COSMOVISIÓN Y FILOSOFÍA DE VIDA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. BASTA DE FEMINICIDIOS. Reconocimiento de los derechos fundamentales como naciones diferentes, lo que incluye: idioma, territorio, derecho a la medicina ancestral, educación, etc. Juicio y castigo a todos los responsables de asesinatos sistemáticos y generalizados a mujeres originarias.

• POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES TRABAJADORAS Por un salario igual a la canasta básica. Basta de precarización laboral. Igual salario por igual trabajo. Por jardines maternales y guarderías en todos los lugares de trabajo. Trabajo genuino. Licencia por violencia de género. No al ajuste No a los despidos y suspensiones. Ley de trabajo genuino para las personas trans.

• CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL Libertad a las/os presas/os políticas/os. Derogación de la ley antiterrorista y abajo el Protocolo anti piquetes. • Prisión efectiva en cárcel común a José Pedraza responsable del asesinato Mariano Ferreyra y de las heridas a Elsa Rodriguez. Justicia para todos los asesinados por el aparato represor. Abajo la represión de Macri, los gobernadores y las gobernadoras en todo el país. Repudiamos enérgicamente la represión de la gobernadora Bertone en las provincias de Tierra del Fuego

Por todo esto volvemos a gritar:

NI UNA MENOS! NI UNA MUERTA MAS... NOS QUEREMOS VIVAS!

Por todo esto volvemos a afirmar:

EL ESTADO ES RESPONSABLE

EL ÚNICO CAMINO ES LA MOVILIZACIÓN Y LA LUCHA INDEPENDIENTE DEL CLERO Y DEL ESTADO.

Por todo esto volvemos a exigir justicia, volvemos a nombrarlas:

JUSTICIA PARA MICAELA ORTEGA, KATHERINE MOSCOSO, LUCIANA MORETTI, LETICIA CAYULI, IVON NOMBRAMOS A TODAS.

…JUSTICIA PARA TODAS!!!!

NI UNA MENOS, NI UNA MUERTA MAS!

CONVOCARON

Suteba, CEHUM, Colectiva Feminista, CTA, Kumelén Newen Mapu, Comunismo Revolucionario PMLM, Acciones Feministas, Socorristas en Red, Desbandadas, ATE, Mujeres Originarias por el Buen Vivir, Plenario de Trabajadoras-PO, Partido Solidario, Cardumen, Puño y Letra UNS, Artistas por la no Violencia, Watu Corriente Comunista, Colectivo Pueblo en Lucha, FM De la Calle, Pan y Rosas- PTS- Tesis XI, Subcomisión de Mujeres del Sindicato Químico y Petroquímico, Asociación Judicial Bonaerense, G83 en solidaridad + igualdad, Biocentro, CEIA avanza

(Documento leído en Plaza Rivadavia) Un año pasó de la histórica jornada del 3 de Junio de 2015, donde centenares de miles, en todo el país, expresamos en las calles el grito profundo de ?#?NiUnaMenos?. Sin embargo los casos de femicidios no cesan y por el contrario, aumentan. Muchos de ellos continúan impunes, como es el caso del crimen de Katherine Moscoso. Hace pocos días, se cumplió un año de su asesinato y la principal línea de investigación en este caso toca a allegados al ex intendente K de Monte Hermoso, Marcos Fernández. En Pehuén Co, desapareció Andrea Esnaola, quien prácticamente dejó de ser buscada. Luciana Moretti fue descuartizada e incinerada, sin embargo la justicia decidió darle a Cuchán, su femicida, la libertad.

Mañana se cumple una semana desde que se encontró el cuerpo de Micaela Ortega. Los gobiernos municipal y provincial fracasaron estrepitosamente en encontrarla y demostraron permanentemente que intervinieron sobre la base de responsabilizar a la propia Mica y su entorno familiar, reproduciendo e instalando prejuicios aberrantes, incluso en declaraciones a través de los medios, lo cual explica las enormes irregularidades de todo el proceso de investigación, desde la llegada tardía de la denuncia a la fiscalía, hasta la demora en encontrar información fundamental para avanzar en la misma. El rol de garante de impunidad a asesinos y violadores por parte del Estado incluye el abandono de la vivienda del sospechoso, la cual fue quemada la misma noche en que se conoció la muerte de Mica perdiendo allí la posibilidad de contar con mayores evidencias sobre lo sucedido.

En todos estos hechos, confluyen todo tipo de violencias hacia las mujeres y las niñas: institucional, simbólica, mediática. Las trabas y las desviaciones del foco de atención hacia la culpabilización de las víctimas y su entorno son moneda corriente, y las legitiman los propios funcionarios públicos, los medios de comunicación, y la sociedad en general. Son muestra más que suficiente de este sistema patriarcal que se pone de manifiesto y continúa instalado como reproductor de un régimen social que está putrefacto.

Hoy toda la ciudad de Bahía Blanca se encuentra conmocionada por el femicidio de Micaela Ortega. Miles salimos a la calle a pedir Justicia por el peor de los finales, después de 35 días de angustia y desesperación. Mica está muerta. Hoy una vez más, por ella y por todas gritamos #NiUnaMenos.El femicidio es el último eslabón de una larga cadena de violencias cuya responsabilidad es del Estado que continúa reproduciendo el patriarcado al servicio del capitalismo.

Pero ¿por qué afirmamos que el Estado es responsable? Porque, cuando hablamos de femicidios, no se trata de un conflicto privado entre dos personas, ni tampoco de un crimen pasional, está basado en una desigualdad sistemática en la que el Estado tiene responsabilidades, no sólo para penalizar al femicida, sino fundamentalmente para evitar los femicidios. Toda política pública, ya sea educativa, de promoción de la salud o de asistencia a la mujer, ha sido, al menos, insuficiente y en algunos casos, directamente, nulas. Además

son numerosos los casos en los que se han colocado al frente de instituciones públicas funcionarios de instituciones privadas relacionadas al Clero, o a grandes empresas para su beneficio.

Sabemos que si no hay presupuesto todo lo que nos prometan los gobiernos de turno, son palabras vacías. El presupuesto para el 2016 con el que cuenta el Consejo Nacional de las Mujeres, responsable de implementar la ley de protección integral contra la violencia de género, sancionada en 2009, representa “tan sólo el 0,0055 por ciento del total del presupuesto nacional, lo que equivale a 4,50 pesos por mujer para prevenir la violencia machista”. En Bahía Blanca el presupuesto otorgado a política de género es nulo. Por otro lado, ha pasado ya un año desde que se votó por unanimidad la emergencia por violencia de género en el Concejo Deliberante y a su implementación se ha destinado una suma mínima. Esto la constituye en una medida superficial que se ha convertido solamente en oportunidad para algunos funcionarios de lavarse la cara sacándose la foto días antes de aquel masivo 3 de Junio.

-Todo este cuadro se ve agravado por un contexto en que el ajuste que llevan adelante Macri, los gobernadores y las gobernadoras; golpean fuertemente nuestras espaldas: tarifazos, despidos, inflación. Frente a todo esto, somos las mujeres las primeras en salir a la calle para luchar por un salario igual a la canasta familiar, contra la precarización laboral, contra el trabajo en negro, por la apertura de jardines maternales en los lugares de trabajo, por licencias por violencia de género, por la educación pública y gratuita, y por salud gratuita y de calidad. Aún siendo reprimidas como ocurrió durante la semana en la provincia de Tierra del Fuego, donde la policía intentó aplastar la lucha de trabajadoras y trabajadores estatales a palazos, con balas de goma y quemando los acampes que tenían instalados hace 90 días. Hoy volvemos a decir que no hay trabajo digno si hay violencia.

Las cifras de mujeres sometidas a la trata ascienden a no menos de 1.500 al año. Según el Ministerio Público Fiscal, permanecen desaparecidas 3.281 mujeres y niñas. Es decir que con la Ley de Trata de Personas no se desmanteló una sola red. Solo cayeron personajes aislados, que generalmente forman parte del nivel más bajo del entramado que involucra a proxenetas, policía, poder judicial y político. El negocio de la trata y la explotación sexual ha crecido bajo el amparo institucional en Bahía Blanca, y en todo el país. Hoy en día se conocen públicamente más de 30 cabarets en esta ciudad. Son frecuentes los allanamientos y “rescates” que salen en los medios. Días atrás se allanaron dos, uno el barrio Saladero en la periferia de Bahía, y otro en la ciudad vecina de Punta Alta, donde se rescataron mujeres indocumentadas, incluso de otros países. ¿Qué ocurrió con estas mujeres? ¿Qué asistencia recibieron? ¿El Estado les garantiza vivienda, trabajo, y asistencia psicológica? El Estado es responsable de que estos lugares funcionen. Nadie fue procesado por esto.

Señalamos la responsabilidad que tienen los diferentes gobiernos cuando profundizan la criminalización a las mujeres por la realización de abortos de forma clandestina, como es el caso de Belén, la compañera presa hace 2 años, después de un procedimiento aberrante del cual todas las instancias del Estado fueron cómplices: desde los médicos que violaron el secreto profesional cuando llegó a la guardia de un hospital de Tucumán con hemorragias producidas por un aborto espontáneo, hasta la justicia cuando la condenó a 8 años de prisión. Alrededor de 3000 mujeres mueren o quedan mutiladas cada año debido a la exposición a pésimas condiciones sanitarias. Seguir penalizando el aborto es femicidio de Estado. Seguiremos exigiendo educación sexual laica, científica y gratuita para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. En este sentido rechazamos también el artículo del código civil, aprobado durante el gobierno kirchnerista, que plantea que “La existencia de la persona humana desde la concepción” confluyendo con preceptos religiosos, privilegiando los negocios de clínicas privadas y las relaciones carnales con el Vaticano.

-El Estado es el responsable de seguir reproduciendo políticas que sostienen un sistema patriarcal, machista, que engloba todo tipo de violencia hacia las mujeres y las niñas: el vaciamiento de políticas públicas, la desigualdad salarial, la falta de vivienda digna, la falta asistencia y refugio para las mujeres víctimas de violencia, la persecución e invisibilización de los pueblos originarios y sus padecimientos ante las diferentes empresas que los acosan, los corren, asesinan y envenenan, y todas las formas de discriminación, como la que laboralmente sufren por su identidad de género las mujeres trans, marginadas a la prostitución. Denunciamos también el asesinato de sus activistas, como el caso de Diana Sacayán. No podemos confiar en quienes han sostenido y sostienen esta situación de opresión y explotación del pueblo trabajador en general y de las mujeres, mujeres originarias y sectores LGTBI en particular.

-Los medios de comunicación también son responsables. Mediante sus patrones comunicacionales sexistas, misóginos y heterosexistas con reiterada violencia mediática a las mujeres y al colectivo LGTBI perpetuán el círculo de violencia simbólica, andamiaje que sostiene las demás violencias. La cosificación de las mujeres en los medios es un fenómeno que viene creciendo desde hace dos décadas de forma alarmante, impartiendo una pedagogía de la crueldad y maltrato a las mujeres y niñas.

Por eso, debemos organizarnos y abrirnos paso de manera independiente de estos sectores en la lucha por nuestros derechos.

Hoy nuevamente exigimos

• BASTA DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES. Abajo el capitalismo y el patriarcado. El machismo mata. Basta de femicidios. Basta de violencia institucional, laboral y simbólica. Basta de violencia mediática. Respeto y cumplimiento de Ley de Identidad de Género. Basta de travesticidios. Reconocimiento de la responsabilidad de los medios de comunicación hegemónicos en la reproducción de contenidos que fomentan comportamientos discriminatorios y misóginos. Exigimos algún tipo de penalización a estas prácticas por parte del Estado y apelamos a que la sociedad sea el observatorio crítico antes estas violencias.

• BASTA DE VACIAMIENTO DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN A LA MUJER. Que inmediatamente se destine presupuesto, reglamentación total y cumplimiento real de la Ley de Protección Integral a las Mujeres, con control de las organizaciones independientes. Creación de refugios integrales sin requisitos burocráticos para mujeres en situación de violencia y sus hijos e hijas. Asesoramiento legal y psicológico gratuito y apoyo económico. Por el cumplimiento de la Ley contra la Violencia Obstétrica. Declaración de Emergencia Nacional en materia de violencia hacia las mujeres. Personal capacitado e idóneo para recibir las denuncias en cada fiscalía y cada comisaría. Unificación de las causas de los fueros civil y penal.

• POR EL DERECHO AL ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO. Tratamiento y aprobación del proyecto de ley de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Separación de la iglesia del Estado. Derogación del artículo 6 del código civil. Cumplimiento del nuevo Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) en todas las instituciones de salud pública del país. Educación no sexista, científica y laica, por una implementación real de la ley de Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos, para formar en la igualdad y para una vida libre de discriminación y violencia machista. ?#?Libertad? Para Belén

• BASTA DE IMPUNIDAD! QUE APAREZCAN CON VIDA YA ANDREA ESNAOLA, MARIA CASH, MARITA VERÓN Y TODAS LAS MUJERES VÍCTIMAS DE LAS REDES DE TRATA. Desmantelamiento de las redes de trata y explotación sexual, comenzando por la participación de policías, jueces y funcionarios del Estado. Que se abran los archivos de inteligencia.

• POR EL RESPETO DE LA COSMOVISIÓN Y FILOSOFÍA DE VIDA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. BASTA DE FEMINICIDIOS. Reconocimiento de los derechos fundamentales como naciones diferentes, lo que incluye: idioma, territorio, derecho a la medicina ancestral, educación, etc. Juicio y castigo a todos los responsables de asesinatos sistemáticos y generalizados a mujeres originarias.

• POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES TRABAJADORAS Por un salario igual a la canasta básica. Basta de precarización laboral. Igual salario por igual trabajo. Por jardines maternales y guarderías en todos los lugares de trabajo. Trabajo genuino. Licencia por violencia de género. No al ajuste No a los despidos y suspensiones. Ley de trabajo genuino para las personas trans.

• CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL Libertad a las/os presas/os políticas/os. Derogación de la ley antiterrorista y abajo el Protocolo anti piquetes. • Prisión efectiva en cárcel común a José Pedraza responsable del asesinato Mariano Ferreyra y de las heridas a Elsa Rodriguez. Justicia para todos los asesinados por el aparato represor. Abajo la represión de Macri, los gobernadores y las gobernadoras en todo el país. Repudiamos enérgicamente la represión de la gobernadora Bertone en las provincias de Tierra del Fuego

Por todo esto volvemos a gritar:

NI UNA MENOS! NI UNA MUERTA MAS... NOS QUEREMOS VIVAS!

Por todo esto volvemos a afirmar:

EL ESTADO ES RESPONSABLE

EL ÚNICO CAMINO ES LA MOVILIZACIÓN Y LA LUCHA INDEPENDIENTE DEL CLERO Y DEL ESTADO.

Por todo esto volvemos a exigir justicia, volvemos a nombrarlas:

JUSTICIA PARA MICAELA ORTEGA, KATHERINE MOSCOSO, LUCIANA MORETTI, LETICIA CAYULI, IVON NOMBRAMOS A TODAS.

…JUSTICIA PARA TODAS!!!!

NI UNA MENOS, NI UNA MUERTA MAS!

CONVOCARON

Suteba, CEHUM, Colectiva Feminista, CTA, Kumelén Newen Mapu, Comunismo Revolucionario PMLM, Acciones Feministas, Socorristas en Red, Desbandadas, ATE, Mujeres Originarias por el Buen Vivir, Plenario de Trabajadoras-PO, Partido Solidario, Cardumen, Puño y Letra UNS, Artistas por la no Violencia, Watu Corriente Comunista, Colectivo Pueblo en Lucha, FM De la Calle, Pan y Rosas- PTS- Tesis XI, Subcomisión de Mujeres del Sindicato Químico y Petroquímico, Asociación Judicial Bonaerense, G83 en solidaridad + igualdad, Biocentro, CEIA avanza

(Documento leído en Plaza Rivadavia) Un año pasó de la histórica jornada del 3 de Junio de 2015, donde centenares de miles, en todo el país, expresamos en las calles el grito profundo de ?#?NiUnaMenos?. Sin embargo los casos de femicidios no cesan y por el contrario, aumentan. Muchos de ellos continúan impunes, como es el caso del crimen de Katherine Moscoso. Hace pocos días, se cumplió un año de su asesinato y la principal línea de investigación en este caso toca a allegados al ex intendente K de Monte Hermoso, Marcos Fernández. En Pehuén Co, desapareció Andrea Esnaola, quien prácticamente dejó de ser buscada. Luciana Moretti fue descuartizada e incinerada, sin embargo la justicia decidió darle a Cuchán, su femicida, la libertad.

Mañana se cumple una semana desde que se encontró el cuerpo de Micaela Ortega. Los gobiernos municipal y provincial fracasaron estrepitosamente en encontrarla y demostraron permanentemente que intervinieron sobre la base de responsabilizar a la propia Mica y su entorno familiar, reproduciendo e instalando prejuicios aberrantes, incluso en declaraciones a través de los medios, lo cual explica las enormes irregularidades de todo el proceso de investigación, desde la llegada tardía de la denuncia a la fiscalía, hasta la demora en encontrar información fundamental para avanzar en la misma. El rol de garante de impunidad a asesinos y violadores por parte del Estado incluye el abandono de la vivienda del sospechoso, la cual fue quemada la misma noche en que se conoció la muerte de Mica perdiendo allí la posibilidad de contar con mayores evidencias sobre lo sucedido.

En todos estos hechos, confluyen todo tipo de violencias hacia las mujeres y las niñas: institucional, simbólica, mediática. Las trabas y las desviaciones del foco de atención hacia la culpabilización de las víctimas y su entorno son moneda corriente, y las legitiman los propios funcionarios públicos, los medios de comunicación, y la sociedad en general. Son muestra más que suficiente de este sistema patriarcal que se pone de manifiesto y continúa instalado como reproductor de un régimen social que está putrefacto.

Hoy toda la ciudad de Bahía Blanca se encuentra conmocionada por el femicidio de Micaela Ortega. Miles salimos a la calle a pedir Justicia por el peor de los finales, después de 35 días de angustia y desesperación. Mica está muerta. Hoy una vez más, por ella y por todas gritamos #NiUnaMenos.El femicidio es el último eslabón de una larga cadena de violencias cuya responsabilidad es del Estado que continúa reproduciendo el patriarcado al servicio del capitalismo.

Pero ¿por qué afirmamos que el Estado es responsable? Porque, cuando hablamos de femicidios, no se trata de un conflicto privado entre dos personas, ni tampoco de un crimen pasional, está basado en una desigualdad sistemática en la que el Estado tiene responsabilidades, no sólo para penalizar al femicida, sino fundamentalmente para evitar los femicidios. Toda política pública, ya sea educativa, de promoción de la salud o de asistencia a la mujer, ha sido, al menos, insuficiente y en algunos casos, directamente, nulas. Además

son numerosos los casos en los que se han colocado al frente de instituciones públicas funcionarios de instituciones privadas relacionadas al Clero, o a grandes empresas para su beneficio.

Sabemos que si no hay presupuesto todo lo que nos prometan los gobiernos de turno, son palabras vacías. El presupuesto para el 2016 con el que cuenta el Consejo Nacional de las Mujeres, responsable de implementar la ley de protección integral contra la violencia de género, sancionada en 2009, representa “tan sólo el 0,0055 por ciento del total del presupuesto nacional, lo que equivale a 4,50 pesos por mujer para prevenir la violencia machista”. En Bahía Blanca el presupuesto otorgado a política de género es nulo. Por otro lado, ha pasado ya un año desde que se votó por unanimidad la emergencia por violencia de género en el Concejo Deliberante y a su implementación se ha destinado una suma mínima. Esto la constituye en una medida superficial que se ha convertido solamente en oportunidad para algunos funcionarios de lavarse la cara sacándose la foto días antes de aquel masivo 3 de Junio.

-Todo este cuadro se ve agravado por un contexto en que el ajuste que llevan adelante Macri, los gobernadores y las gobernadoras; golpean fuertemente nuestras espaldas: tarifazos, despidos, inflación. Frente a todo esto, somos las mujeres las primeras en salir a la calle para luchar por un salario igual a la canasta familiar, contra la precarización laboral, contra el trabajo en negro, por la apertura de jardines maternales en los lugares de trabajo, por licencias por violencia de género, por la educación pública y gratuita, y por salud gratuita y de calidad. Aún siendo reprimidas como ocurrió durante la semana en la provincia de Tierra del Fuego, donde la policía intentó aplastar la lucha de trabajadoras y trabajadores estatales a palazos, con balas de goma y quemando los acampes que tenían instalados hace 90 días. Hoy volvemos a decir que no hay trabajo digno si hay violencia.

Las cifras de mujeres sometidas a la trata ascienden a no menos de 1.500 al año. Según el Ministerio Público Fiscal, permanecen desaparecidas 3.281 mujeres y niñas. Es decir que con la Ley de Trata de Personas no se desmanteló una sola red. Solo cayeron personajes aislados, que generalmente forman parte del nivel más bajo del entramado que involucra a proxenetas, policía, poder judicial y político. El negocio de la trata y la explotación sexual ha crecido bajo el amparo institucional en Bahía Blanca, y en todo el país. Hoy en día se conocen públicamente más de 30 cabarets en esta ciudad. Son frecuentes los allanamientos y “rescates” que salen en los medios. Días atrás se allanaron dos, uno el barrio Saladero en la periferia de Bahía, y otro en la ciudad vecina de Punta Alta, donde se rescataron mujeres indocumentadas, incluso de otros países. ¿Qué ocurrió con estas mujeres? ¿Qué asistencia recibieron? ¿El Estado les garantiza vivienda, trabajo, y asistencia psicológica? El Estado es responsable de que estos lugares funcionen. Nadie fue procesado por esto.

Señalamos la responsabilidad que tienen los diferentes gobiernos cuando profundizan la criminalización a las mujeres por la realización de abortos de forma clandestina, como es el caso de Belén, la compañera presa hace 2 años, después de un procedimiento aberrante del cual todas las instancias del Estado fueron cómplices: desde los médicos que violaron el secreto profesional cuando llegó a la guardia de un hospital de Tucumán con hemorragias producidas por un aborto espontáneo, hasta la justicia cuando la condenó a 8 años de prisión. Alrededor de 3000 mujeres mueren o quedan mutiladas cada año debido a la exposición a pésimas condiciones sanitarias. Seguir penalizando el aborto es femicidio de Estado. Seguiremos exigiendo educación sexual laica, científica y gratuita para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. En este sentido rechazamos también el artículo del código civil, aprobado durante el gobierno kirchnerista, que plantea que “La existencia de la persona humana desde la concepción” confluyendo con preceptos religiosos, privilegiando los negocios de clínicas privadas y las relaciones carnales con el Vaticano.

-El Estado es el responsable de seguir reproduciendo políticas que sostienen un sistema patriarcal, machista, que engloba todo tipo de violencia hacia las mujeres y las niñas: el vaciamiento de políticas públicas, la desigualdad salarial, la falta de vivienda digna, la falta asistencia y refugio para las mujeres víctimas de violencia, la persecución e invisibilización de los pueblos originarios y sus padecimientos ante las diferentes empresas que los acosan, los corren, asesinan y envenenan, y todas las formas de discriminación, como la que laboralmente sufren por su identidad de género las mujeres trans, marginadas a la prostitución. Denunciamos también el asesinato de sus activistas, como el caso de Diana Sacayán. No podemos confiar en quienes han sostenido y sostienen esta situación de opresión y explotación del pueblo trabajador en general y de las mujeres, mujeres originarias y sectores LGTBI en particular.

-Los medios de comunicación también son responsables. Mediante sus patrones comunicacionales sexistas, misóginos y heterosexistas con reiterada violencia mediática a las mujeres y al colectivo LGTBI perpetuán el círculo de violencia simbólica, andamiaje que sostiene las demás violencias. La cosificación de las mujeres en los medios es un fenómeno que viene creciendo desde hace dos décadas de forma alarmante, impartiendo una pedagogía de la crueldad y maltrato a las mujeres y niñas.

Por eso, debemos organizarnos y abrirnos paso de manera independiente de estos sectores en la lucha por nuestros derechos.

Hoy nuevamente exigimos

• BASTA DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES. Abajo el capitalismo y el patriarcado. El machismo mata. Basta de femicidios. Basta de violencia institucional, laboral y simbólica. Basta de violencia mediática. Respeto y cumplimiento de Ley de Identidad de Género. Basta de travesticidios. Reconocimiento de la responsabilidad de los medios de comunicación hegemónicos en la reproducción de contenidos que fomentan comportamientos discriminatorios y misóginos. Exigimos algún tipo de penalización a estas prácticas por parte del Estado y apelamos a que la sociedad sea el observatorio crítico antes estas violencias.

• BASTA DE VACIAMIENTO DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN A LA MUJER. Que inmediatamente se destine presupuesto, reglamentación total y cumplimiento real de la Ley de Protección Integral a las Mujeres, con control de las organizaciones independientes. Creación de refugios integrales sin requisitos burocráticos para mujeres en situación de violencia y sus hijos e hijas. Asesoramiento legal y psicológico gratuito y apoyo económico. Por el cumplimiento de la Ley contra la Violencia Obstétrica. Declaración de Emergencia Nacional en materia de violencia hacia las mujeres. Personal capacitado e idóneo para recibir las denuncias en cada fiscalía y cada comisaría. Unificación de las causas de los fueros civil y penal.

• POR EL DERECHO AL ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO. Tratamiento y aprobación del proyecto de ley de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Separación de la iglesia del Estado. Derogación del artículo 6 del código civil. Cumplimiento del nuevo Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) en todas las instituciones de salud pública del país. Educación no sexista, científica y laica, por una implementación real de la ley de Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos, para formar en la igualdad y para una vida libre de discriminación y violencia machista. ?#?Libertad? Para Belén

• BASTA DE IMPUNIDAD! QUE APAREZCAN CON VIDA YA ANDREA ESNAOLA, MARIA CASH, MARITA VERÓN Y TODAS LAS MUJERES VÍCTIMAS DE LAS REDES DE TRATA. Desmantelamiento de las redes de trata y explotación sexual, comenzando por la participación de policías, jueces y funcionarios del Estado. Que se abran los archivos de inteligencia.

• POR EL RESPETO DE LA COSMOVISIÓN Y FILOSOFÍA DE VIDA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. BASTA DE FEMINICIDIOS. Reconocimiento de los derechos fundamentales como naciones diferentes, lo que incluye: idioma, territorio, derecho a la medicina ancestral, educación, etc. Juicio y castigo a todos los responsables de asesinatos sistemáticos y generalizados a mujeres originarias.

• POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES TRABAJADORAS Por un salario igual a la canasta básica. Basta de precarización laboral. Igual salario por igual trabajo. Por jardines maternales y guarderías en todos los lugares de trabajo. Trabajo genuino. Licencia por violencia de género. No al ajuste No a los despidos y suspensiones. Ley de trabajo genuino para las personas trans.

• CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL Libertad a las/os presas/os políticas/os. Derogación de la ley antiterrorista y abajo el Protocolo anti piquetes. • Prisión efectiva en cárcel común a José Pedraza responsable del asesinato Mariano Ferreyra y de las heridas a Elsa Rodriguez. Justicia para todos los asesinados por el aparato represor. Abajo la represión de Macri, los gobernadores y las gobernadoras en todo el país. Repudiamos enérgicamente la represión de la gobernadora Bertone en las provincias de Tierra del Fuego

Por todo esto volvemos a gritar:

NI UNA MENOS! NI UNA MUERTA MAS... NOS QUEREMOS VIVAS!

Por todo esto volvemos a afirmar:

EL ESTADO ES RESPONSABLE

EL ÚNICO CAMINO ES LA MOVILIZACIÓN Y LA LUCHA INDEPENDIENTE DEL CLERO Y DEL ESTADO.

Por todo esto volvemos a exigir justicia, volvemos a nombrarlas:

JUSTICIA PARA MICAELA ORTEGA, KATHERINE MOSCOSO, LUCIANA MORETTI, LETICIA CAYULI, IVON NOMBRAMOS A TODAS.

…JUSTICIA PARA TODAS!!!!

NI UNA MENOS, NI UNA MUERTA MAS!

CONVOCARON

Suteba, CEHUM, Colectiva Feminista, CTA, Kumelén Newen Mapu, Comunismo Revolucionario PMLM, Acciones Feministas, Socorristas en Red, Desbandadas, ATE, Mujeres Originarias por el Buen Vivir, Plenario de Trabajadoras-PO, Partido Solidario, Cardumen, Puño y Letra UNS, Artistas por la no Violencia, Watu Corriente Comunista, Colectivo Pueblo en Lucha, FM De la Calle, Pan y Rosas- PTS- Tesis XI, Subcomisión de Mujeres del Sindicato Químico y Petroquímico, Asociación Judicial Bonaerense, G83 en solidaridad + igualdad, Biocentro, CEIA avanza

A las 17: #NiUnaMenos El Estado es responsable

Desde la Colectiva Feminista de Bahía Blanca convocaron a "encontrarnos para gritar y denunciar que no queremos Ni Una Menos". Desde las 16:30 sonarán en la Plaza Rivadavia las cuerdas de candombe llamando a la movilización que comenzará a las 17.

"Un año pasó de la histórica jornada del 3 de Junio de 2015, donde centenares de miles, en todo el país, expresamos en las calles el grito profundo de #NiUnaMenos. Sin embargo los casos de femicidios no cesan y por el contrario, aumentan. En todos estos hechos, confluyen todo tipo de violencias hacia las mujeres y las niñas: institucional, simbólica, mediática. Las trabas y las desviaciones del foco de atención hacia la culpabilización de las víctimas y su entorno son moneda corriente, y las legitiman los propios funcionarios públicos, los medios de comunicación, y la sociedad en general", aseguraron desde la Colectiva.

Agregaron que "son muestra más que suficiente de este sistema patriarcal que se pone de manifiesto y continúa instalado como reproductor de un régimen social que está putrefacto. El Estado tiene responsabilidades fundamentalmente para evitar la situación en la que miles de mujeres nos encontramos hoy; aún seguimos

esperando que las promesas se materialicen".

Por todo esto volvemos a decir:

Basta de violencia hacia las mujeres

Basta de vaciamiento de políticas de protección a la mujer

Por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito

Basta de impunidad! Que aparezcan con vida ya Andrea Esnaola, Maria Cash, Marita Verón y todas las mujeres víctimas de las redes de trata

Por el respeto de la cosmovisión y filosofía de vida de los pueblos originarios

Bastaa de feminicidios

Por los derechos de las mujeres trabajadoras

EL ESTADO ES RESPONSABLE

NI UNA MENOS, NI UNA MUERTA MAS, VIVAS NOS QUEREMOS

Femicidio de Mica: "La realidad demuestra que el Estado es responsable"

La abogada de la familia de Micaela Ortega, Fernanda Petersen, dijo a FM De la Calle que "trabajan en la reconstrucción de los hechos ocurrido el 23 de abril para "saber qué es exactamente lo que pasó y poder acreditar la totalidad de los agravantes que se le han imputado a (Jonathan) Luna el día que se negó a declarar, que es el homicidio agravado criminis causa".

"Esto es: que mató a la víctima para ocultar otro delito agravado por alevosía y por violencia de género, es decir, por femicidio. Creemos que el móvil de Luna era el abuso sexual y ante la imposibilidad de llevarlo adelante mató a Micaela y luego, como última alternativa, robó alguna de sus pertenencias".

El martes la madre y el padre de Micaela se reunieron con la dra. Rodríguez, secretaria de la Fiscalía, quien los acompañó y contuvo desde lo personal durante la búsqueda. "La investigación obviamente que tiene fallas porque si no no se hubiera llegado a este desenlace, no me refiero solamente a la muerte de la nena, sino que se podría haber dado con ella antes y se hubiera evitado este calvario de 35 días de búsqueda donde no solamente la familia sino toda la sociedad estaba involucrada".

"No podemos ser tan ingenuos de pensar que no va a haber más casos como el de Micaela en Bahía Banca o en la zona y las fuerzas de seguridad no están capacitadas para investigar un hecho por fuera de lo que se denomina inseguridad o un robo común o un robo simple. Lo toman en principio como una cuestión intra familiar, que es una discusión", comentó Petersen y agregó que "lo primero que se hace es victimizar a la víctima olvidando el rol que tiene dentro de la investigación que es esto, el de víctima, y probablemente el desenlace lo demuestre pero, mientras tanto, se van investigando y se van poniendo en tela de juicio actitudes o características de la personalidad y eso influye en la mirada que se le da desde lo judicial y desde lo político a la investigación".

La abogada destacó que "la realidad es que en esto se demuestra que el Estado es responsable. Es responsable por la falta de asignación de recursos, porque no supervisa y porque cuando hay que dirigir una investigación en la cual lo que se investiga es la posible muerte de una mujer, el cometimiento de un femicidio, todavía no estamos a la altura de tener una investigación con perspectiva de género y de comprender realmente cuál es la problemática que se está atravesando".

En cuanto a la estigmatización de Micaela, Petersen opinó que "determinados medios de comunicación lo pusieron como tema fundamental, que tenía determinada cantidad de perfiles de Facebook, cómo se vestía, si era o no adecuado su comportamiento para su edad. Desde el poder político local también, desde el momento en que el intendente dice que Micaela era la responsable por su búsqueda de que hubiera hechos de inseguridad en la ciudad -el secretario de Seguridad es responsable de esta situación- demuestra que se minimiza la búsqueda cuando se trata de una niña y más si se trata de una niña que no pertenece a determinada clase social o a determinadas familias o casta bahiense".

"Todo lo que dijo la madre desde el primer momento, que Micaela había sido captada por las redes sociales, que había sido víctima de esto, el sábado a la noche quedó acreditado y todo lo que desde el poder político y desde determinados medios de comunicación se decía, una vez más lo que muestra es el prejuicio y el desconocimiento de la problemática que atañe a todas las mujeres y que no es casualidad que estemos de vuelta frente a la movilización del 3 de junio del #NiUnaMenos", dijo.

Sobre la situación de la concubina de Luna, María Espinosa, la abogado aseguró que "podría haber tenido otro tipo de actitud" para colaborar con la investigación y por eso analizarán "las posibilidades de futuras imputaciones". Por otra parte, adelantó que pedirán el juicio político al juez de Ejecución Penal Pablo Chirinos, quien autorizó la salida transitoria del acusado que posibilitó su fuga, porque "tal vez si esta persona no hubiera estado en libertad, Micaela hoy estaba con vida".