El juego de las mediciones
Ayer informamos que la Fiscalía General requirió a la titular del Juzgado Federal Nº2, Gabriela Marrón, la "inmediata prohibición" del vertido en la Ría de Bahía Blanca de los efluentes sólidos, gaseosos o líquidos, consecuencia del proceso industrial que las empresas del polo petroquímico y ABSA vierten a través de ductos y canales construidos y utilizados a tal fin o arroyos de uso público.
La presentación está firmada por el fiscal Alejandro Cantaro quien dialogó con Mauro Llaneza durante el programa En Eso Estamos de la FM de la Calle explicando los alcances judiciales.
El funcionario dijo que "primero, entendemos que es un delito -vertido de residuos tóxicos peligrosos- que está sancionado por una ley con consecuencias penales. Lo segundo, efectivamente en este vertido, desde el inicio hasta hoy, es porque la OPDS (quien controla el vertido del Polo Petroquímico en la Ría) trabaja en función de una resolución de la autoridad del agua que indica algunas medidas que son posibles de verter y nosotros lo que le estamos diciendo a la jueza es que la medición de estos estándares no deberían hacerse con esta resolución de la autoridad del agua que está creada para medir vertidos que son arrojados en aguas abiertas y este estuario claramente no es de aguas abierta".
A su vez, Cantaro expreso que "lo cierto es que si son residuos tóxicos no debería dictarse una prohibición ahora sino que debería estar prohibido ya. Pero como está este juego donde hasta cierto nivel es posible verter entonces nosotros estamos diciendo que no es racional manejarse con ese estándar y acompañamos además a la jueza estudios en la causa. No nos olvidemos que esta es una denuncia hecha por pescadores artesanales, que ellos lo indicaban y se ha comprobado que varias especies tiene en el hígado, y lo que es mucho más peligroso en la musculatura residuos de metales pesados, lo que afecta a la salud pública, obviamente.