En La Florida, durante el desalojo de la toma Dignidad, el delegado presidencial Gonzalo Durán anunció que, tras demoler las 194 viviendas que albergaban a unas 600 personas, se inhabilitará el terreno con zanjas y maquinaria pesada para evitar reocupaciones. La intervención responde al riesgo de incendios y deslizamientos y al negocio ilegal de venta y arriendo de sitios. Las familias están siendo reubicadas en albergues, casas de familiares o mediante subsidios de arriendo. La operación, con 800 efectivos, se desarrolló mayormente en calma, aunque hubo dos detenidos por incidentes menores.