La evolución reciente del Sahel central —Malí, Burkina Faso y Níger— no se explica por un simple relevo de actores externos, sino por una degradación acumulada de capacidades estatales, cohesión social y arquitectura de seguridad regional. La salida de Francia entre 2022 y 2024 cerró una fase que ya mostraba rendimientos decrecientes; la entrada de asistencia rusa (vía Wagner Group y, más recientemente, Africa Corps) no ha corregido las fallas estructurales ni ha replicado los activos críticos que se perdieron.
En Malí, la ruptura con la operación francesa —Operation Barkhane— vino acompañada de un giro soberanista de la junta. Hubo ganancias tácticas puntuales, incluida la recuperación de plazas simbólicas en el norte, pero el balance operativo sigue siendo adverso. La red afiliada a Al Qaeda en el Sahel, Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM), ha demostrado capacidad para coordinar ataques simultáneos contra instalaciones militares y nodos logísticos, incluso cerca de la capital. Esto no es un colapso estatal inmediato, pero sí evidencia de que el ciclo de iniciativa sigue del lado insurgente en amplias franjas del territorio.
El caso de Burkina Faso es más crítico. La estrategia de la junta ha priorizado la movilización interna (milicias VDP) y el control coercitivo sobre comunidades sospechosas de colaborar con insurgentes. El resultado es una espiral de violencia donde la distinción entre contrainsurgencia y castigo colectivo se difumina. En paralelo, tanto JNIM como Islamic State Sahel Province (ISSP) consolidan presencia en zonas rurales, cortan ejes de comunicación y presionan centros urbanos secundarios. La pérdida de control territorial no es total, pero sí suficiente para fracturar la gobernanza cotidiana y la economía local.
Níger partía de una posición relativamente más funcional antes del golpe de 2023. La salida de Francia y la erosión de la cooperación con Estados Unidos afectaron de manera directa capacidades que son difíciles de reemplazar: ISR (intelligence, surveillance, reconnaissance), movilidad aérea, entrenamiento especializado y coordinación transfronteriza. El acercamiento a Moscú ha sido más gradual y menos voluminoso que en Malí, y no ha compensado la pérdida de esos multiplicadores de fuerza. La presión de ISSP en la zona de Tillabéri y el efecto derrame hacia Benín y el norte de Nigeria apuntan a un problema regional en expansión, no a un teatro contenido.
La comparación arroja tres constantes. Primero, la insurgencia no retrocede de forma sostenida en ninguno de los tres países; se adapta, dispersa y vuelve a concentrarse con rapidez. Segundo, el reemplazo de un socio externo por otro no resuelve déficits estructurales: legitimidad estatal, servicios básicos, justicia local y economía política de las periferias. Tercero, la conducta de las fuerzas progubernamentales —incluyendo abusos contra civiles— alimenta el reclutamiento insurgente y erosiona la inteligencia humana, que es decisiva en este tipo de conflicto.
Reducir el problema a quién está presente —Francia ayer, Rusia hoy— pierde de vista el núcleo: Estados con baja penetración territorial, élites políticas fragmentadas y una geografía operativa que favorece a actores flexibles. Sin ISR sostenido, sin coordinación regional efectiva y sin una estrategia que combine seguridad con gobernanza local, el resultado es previsible: ciclos de ofensivas insurgentes, respuestas punitivas y expansión gradual de áreas grises.
El escenario más probable a corto plazo no es la “toma” de capitales, sino la consolidación de corredores yihadistas que conectan el triángulo Malí–Burkina–Níger con el litoral del Golfo de Guinea. Mientras ese patrón se mantenga, cualquier ganancia táctica seguirá siendo reversible y la estabilidad, contingente.
