Gustavo Macalpin

La reciente entrevista de la senadora Lilly Téllez en Fox News desató un intenso debate tras presuntamente pedir la intervención de Estados Unidos en México.

La legisladora del PAN fue criticada por sus declaraciones, en las que sugirió que la ayuda de la administración de Donald Trump era necesaria para combatir a los cárteles en el país.

“Es absolutamente bienvenida la ayuda de los Estados Unidos para combatir a los cárteles en México. Ese es el sentir de la mayoría de los mexicanos”, aseguró la panista desde la cadena de noticias estadounidense.

Durante la entrevista, Lilly Téllez afirmó que el actual gobierno en México protege a los narcotraficantes y a los cárteles de la droga, por lo que es bien recibida la ayuda ofrecida por el presidente de Estados Unidos para combatirlos.

“Los únicos a quienes no les gusta que el presidente Trump intente ayudarnos a los mexicanos contra los cárteles son los narcopolíticos”, declaró la senadora, quien posteriormente compartió su intervención en la televisora en su cuenta de X.

Téllez enfatizó que su solicitud de ayuda no era un llamado a la intervención militar, sino a una colaboración más estrecha en la lucha contra el narcotráfico. Más tarde, en otro video, la senadora aseguró que no la harían callar.

Las declaraciones de Téllez provocaron una fuerte reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien criticó la postura de la senadora.

“No es menor que una senadora de la República haya dado una entrevista a un medio extranjero pidiendo la intervención. Yo nada más menciono que no es menor”, expresó la mandataria en su conferencia mañanera del jueves.

Sheinbaum defendió la soberanía de México y recordó que la intervención extranjera no es una opción. Asimismo, consideró que las palabras de Téllez no solo son peligrosas, sino que también van en contra de la Constitución mexicana, que prohíbe el intervencionismo.

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La extorsión es el delito que más golpea al sector empresarial en México, en el primer semestre de 2025 se alcanzó una cifra récord de 5 mil 887 víctimas, una de ellas es el empresario Moisés Muñiz, quien publicó un video en redes sociales anunciando el cierre de su restaurante de mariscos, en el municipio de Ensenada, Baja California por extorsiones ejercidas por el crimen organizado.

“Les quiero hacer un comunicado que es muy triste, muy fuerte y que no termino de procesar, y es la decisión de cerrar permanente mi negocio debido a la situación de inseguridad que enfrenta hoy, particularmente mi municipio de Ensenada”, afirmó Muñiz sobre su negocio ‘El Compa Moy’, ubicado en el estado de Baja California.

Además, aclaró que este cierre obedece a la ola de “extorsiones y cobro de piso” que ha sufrido en varias ocasiones, como muchas otras personas en el sector, pero “ya llegué al límite, no puedo exponerme, a mi familia, a mis clientes, a ese riesgo de que llegue un sicario cobarde (...) y nos asesine por vender comida”.

Distintas organizaciones, como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), han denunciado que la extorsión es el delito que más impacta a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

En cuanto a las respuestas de las autoridades, Muñiz aclaró que no solamente son incapaces de actuar, sino que también son cómplices del crimen organizado.

“El gobierno no nos quiere ayudar, las autoridades correspondientes tampoco. Estos grupos mencionan que ya tienen comprado tanto el gobierno estatal como federal, y por ende, los municipios, entonces: ¿A quién le pedimos ayuda?”, cuestionó el restaurantero.

A lo largo del video, el joven admitió que ponía en riesgo su vida solo por emitir este contenido en redes sociales, ya que los cárteles “se han apoderado de mi municipio, nadie ha tenido el valor de hablar o decirlo, y aquellos que quieren hacerlo terminan tres metros bajo tierra”.

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Hasta ocho años de cárcel se dará a las personas que intervengan o alteren sistemas de videovigilancia, popularmente conocido como “halconeo”, con la intención de cometer actividades delictivas, según una iniciativa que enviará la gobernadora Marina del Pilar Ávila al Congreso de Baja California.

La mandataria estatal lo dio a conocer este miércoles durante su conferencia matutina, en la que refirió que han trabajado de manera conjunta con el diputado local Jorge Ramos, además de referir lo que han hecho durante su administración para combatir este tipo de prácticas del crimen organizado.

“Hemos retirado, en esta administración, más de mil 600 cámaras de procedencia desconocida, de las cuales la mayoría corresponden justamente a este año”, citó Ávila Olmeda.

Juan José Pon Méndez, consejero jurídico del gobierno estatal, explicó que es una iniciativa de reforma al Artículo 317 del Código Penal, con el propósito de reformar la conducta penal conocida como “halconeo”.

“En primer lugar vamos a incrementar la sanción penal: de 1 a 3 años pasaría de 5 a 8 años de prisión. Asimismo, estamos previendo nuevas conductas como la de intervenir, alterar o dañar el sistema de videovigilancia si se encuentra instalado en las vialidades públicas o en inmuebles donde se preste algún servicio público”, detalló.

Pon Méndez agregó que también sancionarán la instalación de estos sistemas para los supuestos anteriores de vialidades o inmuebles públicos.

“Aquí sí es importante recalcar que no se va a sancionar, que no es un delito que los particulares continúen instalando, o utilizando, cámaras de videovigilancia en sus domicilios”, aclaró.

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La alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante Martínez, declaró que tener o no tener una visa no es una medida de la honorabilidad de una persona. La funcionaria abordó el tema públicamente tras la revocación del documento migratorio de su esposo, un anestesiólogo de profesión.

En una entrevista, Bustamante Martínez confirmó que su visa personal sigue vigente, pero la de su cónyuge, el Dr. Luis Manuel Pimentel, le fue retirada el pasado 8 de agosto. «Los motivos son inexplicables y sin ninguna explicación», afirmó.

La alcaldesa enfatizó que su esposo no es un funcionario público y que se dedica a atender clínicas privadas y hospitales. Por tanto, consideró que la revocación de la visa es un problema que le puede ocurrir a cualquier ciudadano.

«Él es un ciudadano común y corriente al que le puede pasar a cualquiera», expresó, y añadió: «¿Eso mide su honorabilidad y su vida? No».

Cuestionada sobre si va a cruzar a Estados Unidos, la presidenta municipal de Mexicali dijo que podría hacerlo, pero “no tiene la necesidad”.

Norma Bustamante aseguró que a lo largo de su trayectoria ha actuado con “honorabilidad, transparencia”, y que nunca ha tenido problemas más allá de alguna posible multa de tránsito. Reafirmó que ni su honorabilidad ni la de su esposo se definen por la posesión de una visa estadounidense.

La alcaldesa manifestó su esperanza de que en algún momento el gobierno de Estados Unidos brinde una explicación por la decisión, aunque hasta el momento no han recibido ninguna. También se deslindó de cualquier diálogo con autoridades federales o el consulado, señalando que la situación de su esposo, aunque similar a la de otros funcionarios, es un asunto personal.

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Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, aseguró que fue por temas “administrativos” que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa, y dijo que está en un proceso para tratar que se le permita nuevamente la entrada a ese país.

“Estamos en ese proceso”, respondió al salir de la antigua sede del Senado de la República donde asistió al informe legislativo de Gerardo Fernández Noroña.

Al preguntarle por qué le retiraron la visa, respondió: “por temas administrativos y hay mucho respeto a la soberanía de ese país, pero seguimos con mucha coordinación y comunicación”, sostuvo.

La mandataria afirmó que, pese a no tener dicho documento, sigue teniendo trato con funcionarios estadounidenses.

“Seguimos trabajando con mucha coordinación con el gobierno de Estados Unidos, mucho respeto siempre, y muy tranquila aquí trabajando con el trabajo de la transformación”, refirió.

La gobernadora asistió al informe legislativo del presidente del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña. Fue la única mandataria estatal en acudir a este evento.

En mayo de este año se conoció que el gobierno de Estados Unidos revocó la visa a la gobernadora de Baja California y a su esposo, Carlos Torres Torres, quien además era funcionario del gobierno estatal, aunque días después renunció al cargo de coordinador de proyectos.

Hasta ahora, la gobernadora morenista no ha sido clara sobre los motivos que provocaron el retiro de su visa, aunque el senador Fernández Noroña ha asegurado que se trató por cuestiones relacionadas con Carlos Torres Torres, sin precisar las razones.

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Norma Bustamante, alcaldesa de Mexicali, y su esposo, Luis Samuel Guerrero, se suman a la polémica sobre el retiro de visas de Estados Unidos a funcionarios públicos en México.

Fue tanto a Bustamante, como a su marido, Luis Samuel Guerrero, a quienes les fue retirado el documento, según información de Zeta. El semanario agregó que la orden de retirar la visa a Guerrero se hizo extensiva para su esposa.

Sin embargo, no se ha podido acreditar la sanción contra la alcaldesa debido a que ella no ha intentado cruzar hacia Estados Unidos.

Luis Guerrero es médico de profesión, pero tiene un cargo en la Secretaría de Salud y del Consejo Estatal de para la Prevención de Accidentes (COEPRA).

Según los reportes, indican que Norma Bustamante, alcaldesa de Mexicali, no tiene la costumbre de viajar a Estados Unidos, por lo que no había aclarado la situación sobre su visa.

Por medio de sus redes sociales, Bustamante negó que le haya sido retirado el documento migratorio, pero reconoció que la visa de su esposo fue retenida.

“En relación con la información sobre la situación migratoria de mi esposo Luis Guerrero, aclaramos que él fue entrevistado para revisión en la garita de Mexicali, tras hacer una serie de preguntas las autoridades retuvieron su visa sin motivo alguno o aviso previo, esto solo afecta a él en su situación de cruce fronterizo”, dijo en el post.

Empresarios de Mexicali y la directiva estatal del PAN exigieron a Bustamante Martínez que aclare el retiro de la visa, esto para evitar especulaciones y saber si se trata de una investigaciones o señalamientos más serios.

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La fiscal general del Estado de Baja California, Ma. Elena Andrade Ramírez, se autocalificó con un “humilde 10” el “compromiso” con el que ha llevado la dependencia a su cargo, según expresó durante su comparecencia realizada este miércoles en el Congreso del Estado.  

Lo respondió ante uno de los cuestionamientos de la diputada Yohana Sarahi Hinojosa Gilvaja, del Partido del Trabajo (PT), quien preguntó: “Del 1 al 10, ¿cómo calificaría usted el trabajo que ha realizado en su fiscalía, los resultados?”.  

Por lo anterior, Andrade Ramírez respondió, de entrada, que ella “no era la persona adecuada” para calificarse, además de asegurar que, con pruebas, ha estado al frente de la institución “sin horarios” y ha recorrido “todos los municipios” para atender a la ciudadanía, al grado que detectó a un servidor público que extorsionaba a gente con un familiar detenido, pues al parecer cobraba 18 mil pesos para no judicializar el caso.  

La petista insistió en la calificación del desempeño, pues de lo contrario le haría pensar que “no siente la seguridad de darse una calificación”, además de recordarle las 772 víctimas de homicidio en Tijuana.  

“Bueno, en cuanto a su primera observación, con todo respecto señora diputada, no quisiera pecar de arrogancia para darme una calificación. Yo, lo que puedo decir, en cuanto a mi compromiso y desempeño, me pongo un 10, junto con todo mi equipo. Y aclaro humildemente: no estoy calificando mi trabajo, no me atrevería a hacerlo, estoy calificando mi compromiso al 100”, expresó la fiscal general.  

Vale la pena mencionar que Baja California se ubica entre las siete entidades con mayor índice de homicidios dolosos, con un 7.1% del total nacional. Según el acumulado de enero a julio 2025, la entidad ocupó el cuarto lugar en el país con 134 víctimas, por debajo de Chihuahua, Sinaloa y Guanajuato.  

Incluso, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, incluyó a Baja California en un listado de alerta de los estados donde se debe tener más cuidado debido a la “violencia terrorista, la delincuencia y el secuestro”. La entidad está puesta en el tercero que es “Reconsiderar el viaje”, mientras que el cuarto es “No viajar”.

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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, fue vista en el concierto de Shakira realizado en el Estadio Caliente de Tijuana el pasado lunes 11 de agosto.

A su llegada, jóvenes que esperaban para ingresar la abuchearon y le reprocharon haber recibido un acceso preferente, exigiéndole que hiciera fila como el resto de los asistentes y que pusiera el ejemplo.

En un video que comenzó a circular en redes sociales la noche del martes, se observa a Ávila Olmeda vestida con camisa azul y pantalones blancos, acompañada de al menos otras cinco personas, uno de ellos aparentemente un guardia de seguridad.

En el clip se escucha a los jóvenes burlarse de la gobernadora, afirmando que “Nunca se puede perder ningún evento”, en alusión sarcástica a la presencia constante de la mandataria en este tipo de espectáculos masivos. Asimismo, se escuchan abucheos seguidos de gritos al unísono de “Fuera, fuera”, “Haz fila” y “Pon el ejemplo”.

De acuerdo con información en redes y medios locales, el operativo de acceso de la gobernadora causó algunos retrasos en la entrada del resto de los asistentes, por lo que algunos supuestamente no lograron ver el inicio del espectáculo.

Esta no es la primera ocasión en que la gobernadora es captada en conciertos multitudinarios. Ya ha sido vista en presentaciones de otros artistas populares como Julión Álvarez, donde se le vio cantando corridos; así como con Alejandro Sanz, Gloria Trevi y Yuri, éstos últimos donde también fue abucheada.

Esta recurrencia fue motivo de comentarios sarcásticos entre los asistentes, que cuestionaron la frecuencia con la que autoridades estatales acuden a este tipo de eventos en lugar de atender las urgencias de otros ciudadanos.

La noche del concierto de Shakira, residentes del fraccionamiento Jardines de Progreso, en Mexicali, realizaron un bloqueo de la carretera Mexicali-Tijuana para exigir una solución a los constantes apagones eléctricos y la falta de respuesta oficial. El cierre, que duró cerca de dos horas, ocurrió en paralelo a la presencia de la gobernadora en el evento musical.

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Por una interrupción de servicio de energía eléctrica en plena canícula, residentes del poniente de Mexicali bloquearon la autopista a Tijuana, a la altura de la colonia Progreso.

Los apagones se registraron durante la tarde de este lunes y se mantuvieron hasta la noche cuando se registraron temperaturas superiores a los 40 grados.

Molestos por la inacción de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), decenas de personas impidieron el paso vehicular a la ciudad de Mexicali y el tránsito hacia Tecate y Tijuana lo que generó confrontación con los conductores de vehículos.

Los apagones de este lunes se registraron en varios puntos de la ciudad. Además de la delegación Progreso, a las 18 horas permanecían sin luz centenares de casas de las colonias y fraccionamientos como la Hidalgo, Portales, Palacio, entre otras.

El bloqueo de esta vialidad no es un hecho aislado, en 2024, vecinos de la misma colonia realizaron una protesta similar por la misma causa. Los inconformes acusaron que, aunque autoridades de la CFE han asegurado en repetidas ocasiones que las fallas han sido resueltas, los apagones continúan y las afectaciones persisten, incluso en zonas aledañas como el Ejido Puebla.

De acuerdo con residentes, la falta de energía eléctrica no solo impide el uso de aparatos de aire acondicionado, sino que también representa un riesgo para la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con padecimientos crónicos, al aumentar la posibilidad de golpes de calor y deshidratación.

Vecinos hicieron un llamado a la CFE y a las autoridades competentes para que se atienda de forma definitiva el problema, al considerar que ya no se trata solo de un tema de servicio público, sino de derechos humanos debido a las condiciones extremas de calor en Mexicali.

Vale la pena mencionar que Mexicali alcanzó este jueves 7 de agosto una temperatura de 52.7 °C, la más alta registrada en la ciudad durante un verano desde que existen mediciones oficiales, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a la población.

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El alcalde de Nogales, Juan Francisco Gim, se suma la lista de funcionarios mexicanos a los que el gobierno de Estados Unidos les ha retirado la visa americana. Así lo confirmó este jueves en un video compartido en su cuenta de X en el cual asegura “tener la conciencia en paz”.

El caso de Juan Francisco Gim se suma al de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, cuya visa de turista al igual que la de su esposo, Carlos Torres Torres, también fue revocada por la administración de Donald Trump.

Mediante un comunicado oficial, el presidente municipal de esta región de Sonora salió a pronunciarse sobre el retiro de su visa, afirmando que lo hace con “absoluta transparencia” y porque busca “dar la cara”.

“Efectivamente, el gobierno de Estados Unidos ha tomado una medida respecto a mi situación migratoria, lo cual respeto. Ante estas circunstancias mantengo la tranquilidad y la conciencia en paz, porque no se me calificó absolutamente de nada indebido”, declaró el funcionario.

Dijo estar seguro de que el tiempo le dará la razón y enfatizó que “no se trata de una cacería ni un escándalo”, pue se trata de un proceso administrativo que está enfrentando con responsabilidad y respeto.

Añadió que, pese a la medida, continuará trabajando con normalidad, incluso participando en reuniones binacionales de temas de seguridad.

“Sigo trabajando de manera normal y con la misma intensidad. Me encuentro en mi oficina cumpliendo con mis deberes. Atiendo temas urgentes importantes de nuestra ciudad”, expresó en su mensaje, el cual concluyó haciendo un llamado a evitar la confrontación política y las divisiones.

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