Hoy la política migratoria no solo amenaza a quien no tiene papeles. También está golpeando a personas que hicieron trámites, pagaron tarifas, renovaron permisos y siguieron procesos legales.
Jóvenes con DACA están perdiendo permisos de trabajo por retrasos. Solicitantes de asilo de Cuba, Venezuela, Haití y otros países siguen en pausa. A otros se les imponen nuevas tarifas.
También hay presión sobre el TPS, sobre la residencia permanente y hasta sobre ciudadanos naturalizados.
Esto cambia la conversación: el problema ya no es solo la frontera. Es la inseguridad jurídica de millones de migrantes dentro de Estados Unidos.
La pregunta para la comunidad es: ¿qué pasa cuando cumplir la ley ya no garantiza protección?
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