Health Systems (video)

The presentation will review existing approaches and available policy options to improve access to health care services and financial protection against health shocks for informal-sector workers (ISWs). Findings from some country cases based on published and unpublished reports and on structured interviews of expert informants will be discussed. The ISWs are typically left behind and have been referred to as “the missing middle.” They find themselves financially unprotected against health shocks and with limited access to quality and timely health care. ISWs are generally reluctant to enroll in insurance schemes, including social health insurance (SHI), community insurance, and other arrangements. Further, initiatives to enroll them in self-financed contributory schemes have generally resulted in adverse selection, as those with high anticipated health needs are more willing to pay and enroll than others, thus threatening the schemes’ financial viability. Successful initiatives to cover this population group are the ones where government has abandoned its expectations to derive relatively substantial revenue from it. Offering this group a benefits package that is relatively smaller than that of formal workers and charging them a premium that is only a fraction of that charged to formal workers is a strategy used by some countries to limit the need for public subsidies. Switching from SHI to a tax -financed system is an alternative strategy adopted by others. While there is evidence that greater insurance coverage has improved access to health services for ISWs and their dependents, in several countries it has not yet improved financial protection for this target group. A broad set of reforms will be required to strengthen the supply side to ensure that additional public financing translates into improved coverage for ISWs. Finally, large and sustained economic growth is indispensable to achieve UHC, as it creates the public resources to subsidize coverage for the poor and ISWs.

La Base de Datos de Salud Global y Derechos Humanos ("Global Health and Human Rights Database" en inglés) es una base de datos de leyes de alrededor del mundo en materia de salud y derechos humanos. Con la colaboración de una red mundial de socios--incluyendo a ONGs, académicos e investigadores particulares--la base de datos ofrece un sitio web interactivo, investigable y completamente indexado de jurisprudencia, constituciones e instrumentos internacionales. El Instituto O'Neill para el Derecho de Salud Nacional y Global de la Universidad de Georgetown ("O'Neill Institute for National and Global Health Law at Georgetown University" en inglés) y Lawyers Collective te invitan a participar en un webinar que presentará la base de datos a los participantes y resaltará sus principales características.

The Global Health and Human Rights Database is a free online database of law from around the world relating to health and human rights. With the collaboration of a worldwide network of partners—including NGOs, academics and private researchers—the database offers an interactive, searchable, and fully indexed website of case law, national constitutions and international instruments. The Lawyers Collective and the O’Neill Institute for National and Global Health Law at Georgetown University invite you to participate in a webinar that will introduce participants to the database and highlight its main features.

Esta ação é uma iniciativa que visa reduzir a judicialização da saúde através de diálogo entre os diversos atores dos Sistemas de Justiça e de Saúde, com a instituição de comitês locais. A aplicação desta experiência resultou uma redução expressiva no ingresso de novas demandas judiciais de medicamentos ou internações.

El sistema de salud chileno es un sistema mixto, y ha enfrentado procesos de judicialización principalmente en materia de los seguros privados de salud, a partir de la reforma al sistema del año 2005. Las acciones judiciales han aumentado progresivamente año a año reclamando por los reajustes de los planes privados, debido a las diferencias de precios en relación al sexo y edad de los cotizantes o beneficiarios, afectando especialmente a las mujeres y personas de edad avanzada. Asimismo, este proceso se ha dado principalmente en el marco del reajuste del precio de los planes que los seguros pueden realizar año a año, lo cual ha llevado a la presentación de miles de acciones por medio de la acción de protección del derecho de propiedad sobre los derechos incorporales que emanan del contrato de salud. La judiacialización en el sub-sistema público es escasa y sólo se da en casos puntuales con relación a la reclamación por el acceso a medicamentos. La presentación examinará el proceso de judialización en Chile, tanto en el sector público como privado. Particularmente se analizarán los principales criterios jurisprudenciales para la protección del derecho y los desafíos generados por el proceso de judicialización"

El gobierno del Perú ha tomado la decisión de implementar un conjunto de medidas que tienen como objetivo alcanzar la cobertura universal en salud de manera que, progresivamente, toda la población se encuentre protegida, con servicios e intervenciones de salud cada vez mejores y un financiamiento adecuado. Estas medidas, que en términos simples buscan eliminar las restricciones normativas, administrativas, organizacionales y procedimentales que impiden el ejercicio del derecho a la salud, se articulan alrededor de tres componentes principales:

Ampliar la cobertura poblacional de protección en salud;

Mejorar los servicios de salud públicos; y

Defender los derechos de los usuarios.

La ampliación de la cobertura poblacional implica, en primer lugar, eliminar las restricciones administrativas que impiden la protección de la población residente en las zonas más alejadas, de la población indocumentada y de la población residente en albergues, entre los grupos principales en los que se encontró enormes dificultades para el cumplimiento de los dispositivos administrativos necesarios para su incorporación como asegurados del Seguro Integral de Salud, básicamente por fallas del propio estado. En segundo lugar, considerar criterios de vulnerabilidad adicionales al de pobreza, de manera que se extienda la protección social a través del Seguro Integral de Salud a los recién nacidos, con la aspiración de que a partir del presente año 2014 todo recién nacido en nuestro país se encuentre protegido en salud, a las gestantes y puérperas, a los niños en edad preescolar y a los escolares de inicial y primaria, grupos estos últimos en una etapa clave de la vida para la cual es de la mayor importancia contar con una condición de salud que permita el desarrollo pleno de sus potencialidades. Y, además, asociar la protección en salud con el esfuerzo por la formalización, de manera que se incorporen automáticamente como asegurados del Seguro Integral de Salud a los independientes pequeños contribuyentes del Nuevo Régimen Único Simplificado.

El fortalecimiento de los servicios de salud públicos es la máxima prioridad para el Ministerio de Salud. La inversión prevista para 170 hospitales estratégicos, los 9 hospitales actualmente en construcción y los 22 que se prevé iniciar este año, así como el establecimiento de la planificación de las inversiones públicas en salud de manera multianual, multisectorial e intergubernamental, son una manifestación concreta y tangible de ello. Asimismo, el esfuerzo por revalorar al trabajador público de salud, actor fundamental en toda iniciativa de este tipo, no puede dejar de reconocerse que la nivelación de los ingresos de los médicos de Lima y los del interior del país, el establecimiento de incentivos para el trabajo especializado, para el trabajo en Atención Primaria de Salud, para el trabajo en zonas alejadas o para el mejor desempeño, son medidas importantes que conformen vayan implementándose en plenitud deberán contribuir a una mejora de la atención que alcance efectivamente a los usuarios. Junto con ellas, es de la mayor relevancia, y constituye el eje central de nuestra apuesta en el componente prestacional, acercar las intervenciones y servicios de promoción, prevención recuperación y rehabilitación a través de Redes Integradas de Atención Primaria de Salud, desarrollando acciones con la población desde antes de que se afecte por un problema de salud, articulando intervenciones con los otros actores que inciden en la situación de salud, haciendo uso de toda la oferta pública existente en un territorio e incluyendo atención médica especializada en estas redes, para transformar la dinámica actual de demanda que lleva a tener hiper congestionados los establecimientos de alta complejidad por ausencia de un nivel intermedio con capacidad resolutiva adecuada. Y en correlato con estas medidas, ampliar los horarios de atención en los hospitales mediante prestaciones complementarias para atender la demanda insatisfecha y mejorar el acceso a medicamentos esenciales complementando la dispensación en los establecimientos públicos, son acciones que deben llevarnos a mejorar la atención y la condición de salud de nuestra población.

Los esfuerzos deben traducirse en beneficios tangibles para la población, para que pueda ejercer efectivamente su derecho a la salud y con ello hacer del Perú un lugar más sano y mejor para vivir.

En México desde 1983 el derecho a la protección de la salud es un derecho constitucional, pero es hasta la reforma en materia de derechos humanos de 2011, en que empieza a haber instrumentos más efectivos para su judicialización.

México ha avanzado de manera importante en la cobertura universal con la reforma del Seguro Popular llevada a cabo en 2003 y con el enfoque de la cobertura explicita de intervenciones del propio Seguro Popular. La reforma del 2003 al sistema de salud mexicano, aunada a la composición dividida de los servicios de salud públicos y la reforma constitucional en materia de derechos humanos, abren nuevos paradigmas de cómo avanzar en la cobertura universal, ahora en un sentido vertical y al mismo tiempo en cómo mejorar la accesibilidad y la calidad de la atención. Los hechos anteriores hacen que México se enfrente a los nuevos retos que implica la judicialización del derecho a la protección de la salud frente a un sistema de salud dividido en universos distintos con intercambios de población frecuentes.

In the past two decades Brazil has experienced a surge in right to health litigation, with thousands of claims reaching the courts every year demanding the enforcement of the right to health against the state. At first sight, this might be interpreted as a positive development, a kind of "rights revolution" in which the legal world, i.e. lawyers and the judiciary, help individuals and groups to make their rights real against an inefficient and corrupt state that repeatedly violates the constitution. But is this borne by the facts? In this presentation professor Ferraz will challenge this view based on several years of empirical research which show, he will argue, that we should be at least much more cautious before celebrating litigation as an effective tool of social change.

Se analizarán las tendencias jurisprudenciales sobre el derecho a la salud en Uruguay, con especial énfasis en las prestaciones de medicamentos, reseñándose los argumentos principales de los jueces. El caso uruguayo resulta excepcional en el contexto latinoamericano por la baja litigiosidad, la existencia de posiciones distintas en la jurisprudencia y la institucionalización de instrumentos de priorización que han resultado exitosos. Sin embargo, en lo últimos años, un aumento de los casos planteados ante los tribunales ha generado preocupación en los actores del sistema de salud, quienes han generado una innovadora instancia de diálogo permanente entre el Ministerio de Salud Pública, el Poder Judicial y el Fondo Nacional de Recursos.

Muchos países han incorporado el "derecho a la salud" en sus disposiciones constitucionales. Esto ha sido la base para demandas ante los más altos tribunales con el fin de revocar decisiones desfavorables de cobertura de los sistemas de atención de salud. Teniendo en cuenta que por lo general estas demandas se conceden, este webinar examina las razones que pueden estar detrás de estas decisiones y las consecuencias no intencionales, pero adversas, cuando el poder judicial revoca las decisiones de los sistemas de salud.