La ContraCrónica

Se encuentra España inmersa desde hace dos semanas en una profunda crisis institucional a raíz de una reforma que, el Gobierno y sus socios, quieren llevar a término para forzar al Consejo General del Poder Judicial a nombrar ya a los magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden. La pretensión es en última instancia controlar lo más directamente posible a este tribunal mediante una añagaza legal consistente en dos pasos. El primero enmendar la ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, para que los magistrados del Tribunal Constitucional cuya designación le corresponde al Consejo General del Poder Judicial se haga por mayoría simple (y no cualificada como sucede ahora), pero, además, añadiendo una cláusula extra, la de que cada vocal sólo podrá proponer (es decir, votar) a un máximo de un candidato.

El segundo modificar la ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional, añadiendo que, si transcurridos nueve años y tres meses del nombramiento de los magistrados nombrados a propuesta del Gobierno o del CGPJ, «uno de estos órganos no ha realizado su propuesta, se procederá la renovación de los dos magistrados o magistradas por el órgano que ha cumplido a tiempo su deber constitucional». Junto a esto suprimen la capacidad del Constitucional para verificar los nombramientos de los magistrados, con lo que, una vez nombrados, su incorporación al Tribunal de Garantías sería automática.

Con esto lo que busca el Gobierno es complacer a sus socios independentistas de ERC y Bildu, a quienes necesita para seguir en el Gobierno el año que le queda y a quienes seguirá necesitando si, tras las próximas elecciones, se ve en posición de gobernar porque el bloque de centro-derecha no ha conseguido la mayoría absoluta. Controlar el Constitucional le permitirá, por ejemplo, blindar cambios legales como los que acaba de hacer respecto a los delitos de sedición y malversación. El primero lo ha eliminado, el segundo ha modificado al gusto de Esquerra Republicana, cuyos líderes fueron condenados por malversación tras los hechos del 1 de octubre de 2017. Es previsible que las dos modificaciones sean recurridas ante el Tribunal Constitucional por lo que precisa de una mayoría afín entre los jueces de este órgano.

Por otro lado, es previsible también que sus socios le reclamen a no mucho tardar que se convoque un referéndum de autodeterminación en Cataluña, algo que está prohibido por la Constitución ya que atenta contra el artículo 2, el que fundamenta la propia Constitución sobre la indisolubilidad de la nación española. El Gobierno ha dejado entrever que se trataría de una simple consulta, es decir, un referéndum consultivo que contempla la Constitución para “materias de especial trascendencia para todos los ciudadanos”. Algo como un referéndum de autodeterminación sería sin duda una materia de especial trascendencia, pero en el pasado el Constitucional dejó claro que no se pueden celebrar referéndums consultivos en los que una de las respuestas vaya contra la Constitución.

Con un Tribunal Constitucional afín a sus intereses los jueces podrían cambiar de opinión y validar la consulta de la que hablan en el entorno del Gobierno. Eso permitiría a Sánchez satisfacer una vez más las demandas de sus socios independentistas y adquirir así más tiempo en Moncloa, que es de lo que trata.

Pero el Constitucional no ha pasado por el aro. Esta misma semana decidió suspender de forma cautelar la tramitación de las modificaciones legales en las Cortes. El tribunal decidió por seis votos a favor y cinco en contra que la suspensión cautelar debía estimarse al ser una cuestión que afecta no solo a la Ley Orgánica del TC, sino también a la propia Constitución, y atendiendo a la doctrina que emana del Tribunal Europeo de Derechos Humanos donde se establece que el amparo debe ser efectivo y no meramente declarativo.

Entretanto la batalla política se ha recrudecido. El Gobierno y sus socios han cargado furiosamente contra los jueces acusándoles en algunos casos de dar un golpe de Estado. La Comisión Europea, por su parte, ha avalado la actuación del Tribunal Constitucional, recordando al Gobierno que debe respetar al tribunal y cumplir las normas. Aprovechó también para enviar a Sánchez el mensaje de que las reformas judiciales requieren consultarse con todas las partes implicadas. No cabe, por tanto, modificar las reglas con cambios unilaterales y realizados a toda prisa. El asunto, como vemos, ha ido muy lejos colocando al Gobierno en la picota una vez más. Por de pronto ha huido hacia delante. El PSOE prepara una proposición de ley de urgencia en la que incorporará las dos enmiendas suspendidas por el Constitucional.

Pues bien, para analizar esto con más calma y de la forma más precisa posible nos acompaña hoy en La ContraCrónica Guadalupe Sánchez, que ya ha pasado por el programa en otras ocasiones. Guadalupe es abogada, gerente del bufete Novalex, columnista en The Objective y toda una experta en el derecho de autor.

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#FernandoDiazVillanueva #tribunalconstitucional

Kiev ha vuelto a ser atacada de forma directa por el ejército ruso, pero no con baterías de artillería, sino mediante drones baratos de fabricación iraní. El ataque de este lunes fue tan intenso que la ciudad tuvo que encender las alertas de ataque aéreo. Las fuerzas armadas ucranianas, entretanto, han tenido que esmerarse en derribar todos los drones posibles antes de que impactasen ya que se dirigían directos hacia objetivos civiles. Aseguran que han derribado ya más de 30 drones. Lo más dramático de todo es que en el momento en el que se produjo el ataque, la ciudad se recuperaba de un bombardeo previo sobre infraestructuras energéticas y de suministro de agua que habían dejado a parte de la ciudad a oscuras y sin calefacción.

Volodímir Zelenski compareció por televisión y a través de las redes sociales para informar que el suministro eléctrico había conseguido restablecerse para un total de seis millones de personas, pero, a pesar de ello prosiguen los cortes de electricidad en diez regiones del país. En algunos casos los daños son cuantiosos y se tardarán semanas e incluso meses en ser reparados del todo. Zelenski ha vuelto a hacer un llamado a los países occidentales para que le transfieran sistemas de defensa aérea lo más modernos posible. Parte de esa ayuda ya ha empezado a llegar. Estados Unidos, Alemania, España y Noruega han enviado al país varios tipos de sistemas de defensa antiaérea. Los españoles les han enviado, por ejemplo, el sistema Hawk, los estadounidenses están ultimando el envío del sistema Patriot, muy avanzado y de gran efectividad.

El ataque sistemático a las centrales eléctricas para matar de hambre y frío a los ucranianos es la última táctica desplegada por el Kremlin, que pretende así compensar las pérdidas territoriales de los últimos meses y endulzar la humillación sufrida hace un mes en Jersón, de donde los soldados rusos tuvieron que salir sin siquiera presentar batalla. Los combates a ras de tierra se concentran ahora en la pequeña ciudad de Bajmut, en el frente oriental, donde el ejército ruso trata de llevarse un premio de consolación tras varios meses de derrotas y repliegues constantes. Para la ofensiva de Bajmut Rusia está empleando tropas regulares y mercenarios del grupo Wagner cuyos integrantes provienen a menudo de las cárceles rusas.

Los ataques aéreos sobre la capital realizados desde la frontera norte han llevado a los analistas a valorar la posibilidad de que Putin tenga ya listo un nuevo asalto sobre Kiev, una ofensiva a gran escala que lanzaría en la parte más dura del invierno y tras haber dejado a la ciudad sin luz, agua y calefacción. De este modo le sería más fácil avanzar sobre ella y rendirla con sus divisiones acorazadas. Hay motivos para pensar que puede abrirse un nuevo frente en el norte y, de hecho, el ejército ucraniano cuenta con él. Vladimir Putin acaba de visitar Minsk, capital de Bielorrusia, donde se ha reunido con Aleksandr Lukashenko. Es la primera vez que Putin visita personalmente Minsk desde hace tres años por lo que algo importante debía traerse entre manos.

En febrero el Gobierno de Lukashenko permitió que parte de la ofensiva inicial se desplegase desde su territorio, pero sin que unidades bielorrusas participasen en la misma. Podría suceder que esta vez el ejército bielorruso si se sume al ruso en la invasión poniéndoselo aún más difícil al ejército ucraniano, que tendría que atender a dos frentes muy distantes entre sí. También es posible que simplemente traten de jugar al despiste haciendo creer a los ucranianos que se avecina una ofensiva al norte de Kiev, algo que les obligaría a distraer efectivos del Donbás. No sabemos lo que pasará al final, pero algo se está moviendo al norte de Kiev y eso ya de por sí es motivo de alarma.

En La ContraRéplica:

- El origen del coronavirus

- Referéndum consultivo en Cataluña

- La emigración levantina a América

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#FernandoDiazVillanueva #ucrania #bielorrusia

Los rigores del invierno han llegado este año anticipadamente a las islas británicas. Un fuerte temporal de nieve que azotó Gran Bretaña durante la primera quincena hizo caer los termómetros hasta los 15 grados bajo cero en Escocia y puso en jaque la red eléctrica, que tuvo que poner en marcha dos centrales de carbón para atender a la demanda aterida de frío. Durante esos días pudimos ver imágenes de postal de las principales ciudades inglesas bajo una generosa capa de nieve en un país en el que llover llueve mucho, pero no suele nevar demasiado.

Pero el clima no es lo único que ha empeorado en el Reino Unido. La situación económica es mala. La inflación es altísima, superior al 10%, y se está cebando en los alimentos y la energía. El desencanto está al cabo de la calle y, tal y como era previsible, se han ido encadenando los problemas laborales. Las huelgas son el pan de cada día. Han realizado, están realizando o realizarán paros en los próximos días el Sistema Nacional de Salud, las ambulancias, los profesores, los agentes aduaneros, el servicio de correos, el personal de los aeropuertos, los autobuses y los ferrocarriles. Todos piden aumentos en el salario porque los precios no dan tregua, pero al tratarse en muchos casos de servicios públicos esos incrementos salariales tendrían que pagarse con impuestos o con deuda.

En eso mismo es en lo que se escuda el Gobierno de Rishi Sunak, quien considera que las demandas sindicales son de máximos, poco realistas y tendrían como consecuencia que la inflación empeorase. Para garantizar algunos servicios esenciales como el de las ambulancias o las aduanas, ha movilizado al ejército para conducir las ambulancias o llevar a término las gestiones aduaneras, algo que ha enfurecido aún más a los sindicatos. El coste para la economía británica de todas estas huelgas va a ser muy elevado, los analistas calculan que se acercará a los 5.000 millones de euros en un momento en el que la economía atraviesa una profunda crisis y las expectativas no son buenas.

En Londres, entretanto, arrecia otra crisis, esta de tipo político. Desde septiembre el país ha tenido tres ministros y otros tantos Gobiernos, un nuevo monarca ha llegado al palacio de Buckingham y el partido gobernante se encuentra dividido y asediado por los laboristas de Keir Starmer, a quienes las encuestas les aseguran el Gobierno tan pronto como se celebren elecciones. Nada queda ya de aquella victoria aplastante que Boris Johnson obtuvo hace sólo tres años en las elecciones de 2019, sólo un mes antes de que se consumase el Brexit.

Muchos culpan a eso mismo, a la salida de la Unión Europea, de la situación actual. Algo de cierto hay en ello. Abandonar la Unión Europea no ha sentado bien a la economía británica, que sigue sin encontrar su lugar bajo el sol. El comercio con sus antiguos socios ha disminuido sensiblemente, pero no se ha materializado el milagro económico del que hablaban los partidarios del Brexit. La realidad es que, seis años después del referéndum, los británicos son más pobres, la economía está en recesión, todo está mucho más caro y las huelgas han interrumpido el tráfico ferroviario, las escuelas e incluso los hospitales. El Servicio Nacional de Salud, la institución más querida del país, atraviesa una crisis, faltan médicos, unos 7 millones de personas se encuentran en las listas de espera y las ambulancias son escasas. El descontento es la tónica. Pocas veces un temporal de invierno había encajado de manera tan precisa con el estado de ánimo de un país.

En La ContraRéplica:

- Pensiones de los funcionarios

- ¿Son árabes los marroquíes?

- Por qué no me gusta el fútbol

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#FernandoDiazVillanueva #reinounido #crisis

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Lima decidió el viernes pasado que Pedro Castillo, detenido unos días antes acusado de dar un golpe de Estado, tendrá que pasar en prisión preventiva un total de 18 meses. El presidente fue arrestado, según la fiscalía, "en flagrancia" cuando huía a la embajada de México después de haber ordenado por televisión que se disolviese el Congreso, se interviniese la Justicia y quedase decretado el toque de queda en todo el país. Que Castillo fuese detenido en plena huida ha llevado al fiscal a considerar que existe un altísimo riesgo de fuga. Eso y que los delitos que se le imputan son de la máxima gravedad. Sobre Pedro Castillo caen las acusaciones de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la seguridad pública. A eso habría que sumarle los casos de corrupción de los que se le acusa. Sólo lo primero, el golpe de Estado, podría terminar costándole muchos años de cárcel, entre diez y veinte años según la legislación peruana. De momento se mantendrá hasta mediados de 2024 en el penal de Barbadillo, el mismo en el que se encuentra Alberto Fujimori.

Entretanto las calles llevan varios días ardiendo. La presidenta Dina Boluarte ordenó el miércoles desplegar tropas de ejército en la ciudad de Arequipa, la segunda más poblada del país, para sofocar las violentas protestas que han estallado a raíz de la detención de Castillo. En el resto del país se ha declarado el estado de emergencia durante un mes para atajar los disturbios. Los manifestantes han incendiado edificios públicos y han cortado carreteras. Varios aeropuertos han tenido que ser cerrados como el de la propia Arequipa o el de Cuzco, principal centro turístico del país al que los extranjeros acuden para visitar las ruinas de Machu Pichu. Muchos de ellos han quedado allí atrapados. Hasta la fecha han muerto un total de 24 personas en los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.

Nada de esto se esperaba hace menos de dos semanas cuando la vicepresidenta Dina Boluarte se hizo con el Gobierno tratando de llevar a cabo una transición pacífica y ordenada. Castillo ha estado animando las protestas calificando de usurpadora a su sucesora que, hasta el día 7 de diciembre, fue su vicepresidenta. En paralelo, varios países hispanoamericanos con presidentes de izquierda como México, Colombia, Argentina, Venezuela y Bolivia han pedido la liberación de Castillo, a quien consideran víctima de una conspiración de la oligarquía. Emitieron un comunicado conjunto el lunes pasado, un comunicado auspiciado personalmente por Andrés Manuel López Obrador, pidiendo al nuevo Gobierno peruano que respetase la voluntad popular expresada en las elecciones del año pasado. Pero nadie ha violentado esa voluntad ya que Boluarte se presentó junto a Castillo y ambos llegaron juntos al poder en julio de 2021.

Estados Unidos y la Unión Europea, por su parte, apoyan a Boluarte. La reconocen como presidenta legítima y han pedido a todas las fuerzas políticas que contribuyan a la estabilización y pacificación del país para que se mantenga el orden constitucional. Boluarte, cuyo mandato expira en 2026, se ha mostrado dispuesta a convocar elecciones presidenciales en 2024 y poner fin a este asunto. Algunos dudan de que pueda alcanzar esa fecha si los partidarios de Castillo perseveran en su actitud. Pero el problema va mucho más allá. Incluso celebrando elecciones mañana nada sustancial cambiaría. En Perú parece todo diseñado para que la inestabilidad y los problemas sean la norma y no la excepción.

En La ContraRéplica:

- Sedición, malversación y la voluntad de poder

- Pensiones

- Marruecos e Israel

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#FernandoDiazVillanueva #peru #pedrocastillo

Temas tratados en la edición de La ContraRéplica de esta semana:

- La crisis de opiáceos en EEUU

- La integración de los inmigrantes

- Izquierda y derecha

- Federalización de España

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En la edición de hoy de El ContraPlano, el espacio dedicado al cine dentro de La ContraCrónica, los contraescuchas nos traen los siguientes títulos:

– «Nos vemos allá arriba” (2017) de Albert Dupontel - https://amzn.to/3V5WTGq

– «Designated survivor» (2017-2019) [serie] de David Guggenheim - https://amzn.to/3hvySe2

– «Homeland» (2011-2020) [serie] de Howard Gordon - https://amzn.to/3uZz7Bo

- La plataforma para todas las películas

Consulta en La ContraFilmoteca la selección de las mejores películas de este espacio - https://diazvillanueva.com/la-contrafilmoteca

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El fundador y exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, fue arrestado el lunes en las Bahamas horas después de que un tribunal estadounidense presentase cargos contra él. El fiscal federal del distrito sur de Nueva York le acusa de fraude electrónico, fraude de valores y lavado de dinero. La detención del que hasta hace sólo un mes era el mesías de las criptomonedas conmocionó a Wall Street y generó también inquietud en ciertos despachos de Washington por los que Bankman se había dejado caer en los tiempos en los que era una personalidad con la que políticos y celebridades posaban encantados. De eso no hace tanto, tan sólo un año cuando las criptomonedas estaban por las nubes y Bankman era el hombre de moda y la cara visible de una industria floreciente.

Sus dos empresas, FTX y Alameda Research, quebraron con estrépito a mediados de noviembre dejando tras de sí un agujero milmillonario y poniendo contra las cuerdas a todo el sector de las criptomonedas. Ahora todo son problemas que nada tienen de cripto ya que están a la vista para todos. Este martes tenía previsto comparecer en el Congreso en una investigación que ha abierto para investigar el colapso de FTX, pero no le ha dado ni tiempo ya que los tribunales se han adelantado. Para ponerle a disposición judicial han tenido que solicitar su detención al Gobierno de las Bahamas, que era donde Bankman se había llevado la empresa y su residencia fiscal en 2021 tras abandonar Hong Kong.

Su empresa entró en crisis terminal en octubre. Los clientes empezaron a retirar sus fondos de forma masiva y proliferaban los rumores de que había estado transfiriendo miles de millones de dólares de activos de clientes para financiar inversiones un tanto arriesgadas de Alameda, un fondo de cobertura de criptomonedas controlado directamente por Bankman-Fried. Tan pronto como presentó la bancarrota, FTX se vio envuelto en una serie de disputas con reguladores de todo el mundo, algunos de los cuales intentaron apoderarse de los activos de la empresa en nombre de los clientes nacionales. FTX ha retenido parte de su acceso a cuentas bancarias y sistemas internos, amparándose en la protección legal que le otorga haber declarado la quiebra en EEUU.

Bankman-Fried entretanto trataba de aplacar a las autoridades de las Bahamas. Les ofreció permitir que los clientes de aquel país recuperasen sus fondos a pesar de que las retiradas de efectivo en FTX.com habían sido suspendidas. El trato se cerró y durante un día 15.000 particulares y empresas de las Bahamas pudieron retirar casi 100 millones. Ningún otro cliente tuvo semejante trato preferencial. Con eso Bankman pretendía comprar la tranquilidad en su país de adopción. Pero no le ha servido de nada. Tan pronto como la justicia estadounidense se ha puesto en marcha su plan se ha venido abajo.

Estados Unidos reclama la extradición para que pueda ser juzgado en Nueva York. Una vez allí podría encontrarse con más demandas como la que plantea la Comisión de Bolsa y Valores. También está acusado de haber desviado dinero para comprar inmuebles y de fraude en las donaciones a políticos que realizó a partir de 2020. Al parecer realizó estas donaciones en nombre de otras personas, algo que está terminantemente prohibido. Bankman y sus socios donaron más de 70 millones de dólares en dos campañas electorales. Él personalmente donó 40 millones de dólares en las elecciones de medio mandato a candidatos demócratas. Con eso, una vez más, buscaba sentirse protegido. Pero ha sido inútil. Ahora enfrenta un auténtico calvario judicial y nadie recuerda haberle saludado.

En La ContraRéplica:

- La fusión nuclear

- La ley de mercados digitales

- Anticapitalismo de opereta

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#FernandoDiazVillanueva #bankmanfried #ftx

Un tribunal de Moscú condenó el pasado viernes a ocho años y medio de cárcel al concejal moscovita y líder opositor Ilya Yashin por difundir a través de su canal de YouTube información falsa sobre las acciones del Ejército ruso en la guerra de Ucrania, más concretamente en la ciudad de Bucha. Yashin tiene 39 años y era uno de los pocos opositores que se encontraban en libertad, pero no ha durado mucho en esa condición. En julio la policía le detuvo y le encarceló. Todo lo demás ha venido solo tal y como anunció en su momento Amnistía Internacional. Tras la detención llegó el juicio y tras este la condena, una condena especialmente dura. Todo en muy poco tiempo.

A Yashin le han aplicado el artículo 207.3 del código penal ruso, un artículo incorporado a toda prisa tras la invasión rusa de Ucrania. Este mismo artículo ya fue empleado anteriormente para condenar a otro opositor, Alekséi Gorinov, por llamar guerra a lo que el Kremlin denomina oficialmente “operación militar especial”. Con Yashin ha pasado algo similar, pero ha ido más lejos ya que ha denunciado abiertamente los abusos de las tropas rusas en la ciudad de Bucha. La fiscalía pedía para él diez años de prisión, pero Yashin se considera inocente, en su descargo arguyó que lo que dejó escrito es una simple opinión, algo amparado por la constitución rusa.

La masacre de Bucha, perpetrada por los rusos durante el mes de marzo en la localidad ucraniana del mismo nombre situada unos kilómetros al norte de Kiev, conmocionó a la opinión pública mundial a principios de abril. El Gobierno ucraniano denunció la ejecución de más 400 civiles. Naciones Unidas, por su parte, ha conseguido documentar medio centenar de ejecuciones y el Tribunal Penal Internacional está investigando lo que ocurrió allí y baraja calificarlo como crimen de guerra. Rusia, por su parte, la niega y dice que ha sido una fabricación occidental para desacreditarles.

Con la detención, juicio y condena de Ilya Yashin el régimen de Putin consolida su ofensiva contra la disidencia interna. A estas alturas ha desmantelado en su práctica totalidad la oposición política y todas las críticas a su Gobierno han sido silenciadas. Yashin se limitó a denunciar lo que había pasado allí partiendo de los testimonios, fotografías y vídeos a los que pudo acceder. Hizo un trabajo periodístico de denuncia, pero eso no está permitido hoy en Rusia. Desde que comenzó la guerra de Ucrania, el Gobierno ruso ha detenido, multado y encarcelado a miles de personas por participar en manifestaciones pacíficas o simplemente por pronunciarse públicamente contra la guerra. Para hacerlo se escuda en figuras legales, muchas de ellas recién creadas, como la de información falsa o desprestigio de las fuerzas armadas rusas.

Pero si algo ha quedado claro tras la ejemplar condena a Ilya Yashin es que hoy en Rusia ha desaparecido por completo la libertad de expresión y, como consecuencia, la de prensa. Quien se aventure por ese sendero sabe que le espera un arresto, un juicio, una sanción y probablemente también una condena a prisión. Antes de la invasión de Ucrania los opositores y la prensa libre en Rusia se encontraban asediados, hoy el régimen ha aniquilado todo atisbo de disidencia interna. Esto saca del escenario a la oposición y transforma definitivamente a Rusia en una feroz dictadura, algo con lo que siempre soñó Vladimir Putin y que ha terminado consiguiendo.

En La ContraRéplica:

- Los abusos de Apple con la App Store

- El PP cómplice del PSOE

- Chilenoflautismo

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Las protestas contra el velo islámico obligatorio continúan en Irán tres meses después de que estallasen. A lo largo de la semana pasada se convocó una huelga de tres días que remataron con una gran manifestación por las calles de Teherán. El Gobierno ya no sabe qué hacer para detener esto, pero entre sus planes no se encuentra suprimir el hiyab. A cambio ofrecen cambios en el modo en el que se implementan las normas de vestimenta. Se ha hablado, por ejemplo, de disolver la policía de la moralidad y de emplear procedimientos más persuasivos para que las iraníes cumplan con la legislación referente al velo.

El problema que tiene el Gobierno de Ebrahim Raisi es que las demandas de los manifestantes van ya mucho más lejos del asunto particular del hiyab. Es cierto que todo esto empezó en septiembre tras la muerte en dependencias policiales de Mahsa Amini, una joven de 22 años que fue detenida tras ser sorprendida circulando sin el velo islámico, pero también lo es que el malestar provocado por la muerte de Amini ha terminado sirviendo de catalizador a otro tipo de demandas que permanecían aletargadas dentro de la sociedad iraní en espera de la ocasión propicia. Esa ocasión parece haber llegado y el régimen es muy consciente de la amenaza.

Eso vendría a explicar como la represión se ha intensificado en el último mes. Aparte de los muertos y heridos en el curso de las manifestaciones, la justicia ya ha sentenciado a muerte a dos personas por haber participado en las protestas. La última este mismo lunes, cuando un tribunal de la ciudad de Mashdad, en el noreste del país, ordenó que se ahorcase en público a un joven por haber matado a dos policías a mediados de noviembre durante una algarada callejera. La semana pasada fue ejecutado otro joven por agredir con un machete en Teherán a un miembro de los Basij, la milicia dependiente de los guardianes de la revolución, que desde el principio se está empleando a fondo para reprimir a los manifestantes.

Ambas ejecuciones han ocasionado que más gente salga a la calle, esta vez para denunciarlas. Se trata de concentraciones silenciosas con velas que se organizan en las redes sociales. Están prohibidas, pero se celebran igualmente para desesperación de las autoridades. Hasta la fecha se estima que han muerto más de 400 personas y hay al menos 15.000 detenidos que atestan las comisarías y las cárceles. Pero el Gobierno no quiere dar su brazo a torcer. El hiyab es uno de los pilares sobre los que descansa la república islámica prácticamente desde su fundación hace cuarenta años. Creen que no pueden hacer una concesión semejante sin poner en peligro todo lo demás.

Por de pronto lo que sí se puede apreciar por las calles de las ciudades iraníes es que la policía de la moral está mucho menos presente que antes. Han repintado los vehículos en los que patrullan para evitar ser identificados y procuran ser discretos en los controles rutinarios. Esto ha llevado a muchas mujeres, especialmente las jóvenes, a quitarse el velo en público. Hasta hace unos meses eso hubiese supuesto arresto e interrogatorio. Hoy ya son menos comunes las detenciones porque la policía se refrena y porque los problemas que tienen las fuerzas del orden son mucho más graves. La revuelta del hiyab se ha transformado en una contrarrevolución cuyas consecuencias podrían ser en el medio plazo determinantes para el país.

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El miércoles pasado el Congreso de Perú destituyó al presidente Pedro Castillo poco después de que anunciase por televisión que disolvería el parlamento, convocaría elecciones constituyentes e implantaría una dictadura de facto anulando el poder judicial. Los congresistas no esperaron mucho, incapacitaron en el acto a Castillo, a quien apenas le quedaban ya aliados, y eligieron a la vicepresidenta Dina Boluarte como su sucesora. De este modo tan abrupto ha terminado la presidencia de Pedro Castillo, que comenzó a finales de julio del año pasado tras ganar por un estrechísimo margen las elecciones a Keiko Fujimori. Entre medias todo ha sido inestabilidad y problemas por lo que el desenlace tampoco ha sido especialmente sorprendente.

Castillo fue detenido por la policía en el palacio presidencial y ha sido acusado de delito de rebelión. Trató primero de huir a la embajada de México y pedir asilo político allí, algo que el Gobierno de López Obrador estaba dispuesto a concederle, pero no hubo lugar ya que fue arrestado y puesto a disposición judicial antes de que pudiese llegar alcanzar su destino. Boluarte, la primera mujer que llega a la presidencia de Perú, trató de dejar claro desde el primer minuto que rechazaba la decisión de su antiguo jefe de romper con el orden constitucional y prometió un Gobierno de consenso.

Antes de la destitución y la crisis constitucional que ha ocasionado, el ambiente ya era muy tenso. Castillo anunció la disolución del Congreso horas antes de que los parlamentarios debatiesen su destitución a través de un proceso de vacancia, el tercero en su contra desde que asumió el poder. Los 17 meses que Castillo ha pasado en la presidencia se han caracterizado por los escándalos de corrupción y la agitación política continua. Hizo y rehízo el gabinete ministerial continuamente, hasta 75 ministros llegó a nombrar, creando una sensación general de zozobra y transmitiendo al mercado mucha inquietud en un momento en el que la economía va cuesta abajo.

Con Castillo el país ha tocado fondo tras seis años de crisis política permanente agravada por la pandemia, que en Perú ha hecho verdaderos estragos. El desempleo y la inflación se han incrementado al tiempo que la confianza en la clase política ha ido descendiendo y hoy se sitúa en mínimos. La fragmentación en el Congreso es la norma y en las últimas elecciones presidenciales, celebradas a dos vueltas entre abril y junio del año pasado, fueron la demostración más palpable de esto. Castillo y Fujimori pasaron a segunda vuelta con un porcentaje de votos muy pequeño. Terminó ganando Castillo, pero por sólo 44.000 votos y dos décimas porcentuales de diferencia. El congreso quedó en manos de la oposición anticipando que Castillo iba a tener muy difícil gobernar y completamente imposible sacar adelante sus promesas electorales.

Desde entonces el enfrentamiento entre el poder legislativo y el ejecutivo ha sido la norma, pero la presidencia en lugar de buscar puntos de acuerdo se ha embarcado en una orgía de corrupción y clientelismo que derivó en tres procesos de vacancia. Castillo tenía los días contados en la Casa de Pizarro y decidió tirar hacia delante emulando a Alberto Fujimori en 1992 cuando disolvió el parlamento y se arrogó poderes dictatoriales. Esta vez a Castillo no le ha salido la jugada porque tenía en contra a todo el mundo: al congreso, a los jueces, al ejército y a sus propios aliados políticos, que no dudaron en traicionarle. La crónica de una muerte anunciada que ha acabado de la peor manera posible con un autogolpe de Estado.

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