El Gobierno nacional lanzó una estrategia de abordaje integral para que la salud mental se convierta en política de Estado en Argentina. Con una perspectiva territorial y una mirada transdisciplinaria, el Ministerio de Salud que lidera Carla Vizzotti, en articulación con otros ministerios, sociedades científicas, expertos, redes de usuarios y la sociedad civil, impulsa una transformación que podría ser “revolucionaria”. Para ello, la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, que prevé la externación de los 12 mil usuarios internados, será fundamental. La marcha hacia la “desmanicomialización” busca consolidar sus pasos, bajo la idea de que “el encierro no cura”. La apuesta a “Menos encierro con más Estado” que fomenta el gobierno prevé un cambio de paradigma: el reemplazo de las instituciones monovalentes (de una sola especialidad, psiquiatría) y la restitución de derechos. "Vamos a cuidar la salud mental desde la perspectiva de derechos, libre de violencias, y desde el respeto a las diversidades", explicó el presidente Alberto Fernández al presentar el plan.
La iniciativa se apoyará de la única manera en que se pueden apoyar las iniciativas: con fondos. A los 3.700 millones de pesos que el gobierno destinaba a salud mental, se sumaran 4 mil millones más. Se alcanzarán los 7.660 millones y, en efecto, se fortalecerá el presupuesto actual en Salud Mental que el Ministerio de Salud dispone en un 107 por ciento.