Esta semana se confirmó que el Estado uruguayo deberá pagar una indemnización de US$ 80 millones a una compañía panameña debido al cierre de Pluna Sociedad Anónima, ocurrrido hace más de diez años.

La resolución, adoptada este martes por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, fue la culminación de un arbitraje iniciado en 2019 por la empresa Caballero Verde, que controlaba la mayoría del paquete accionario de la aerolínea uruguaya, y que reclamaba por los daños y perjuicios que le provocó el cierre de esa firma, resuelto en 2012, durante el gobierno de José Mujica.

Ayer, luego de que se divulgara el fallo en la prensa uruguaya, varios dirigentes del oficialismo cuestionaron al Frente Amplio, por la gestión que derivó en el final de Pluna SA. Uno de ellos fue el precandidato nacionalista Álvaro Delgado, que hablando en un acto en Melo señaló que la noticia lo “indignó”.

"Después de hacer el esfuerzo titánico en un tribunal internacional le llegó una condena de 30 millones más intereses por los negocios mal hechos vinculados a Pluna durante los gobiernos del Frente Amplio", aseveró.

Por su lado, Mujica sostuvo que “los gobiernos son responsables” ante estos fallos adversos. Para el expresidente el cierre de Pluna era la única solución que tenía su adminitración: "Pluna era una cosa que estaba muerta hacía una década. Todos los pataleos que se hicieron, la alianza con Varig y todo lo demás no hizo más que empeorar el asunto".

Mujica agregó que “el fallo es el precio que pagamos por la dependencia”

"Algún día puede ser que las generaciones que vienen se aviven y los latinoamericanos seamos menos cornudos y seamos capaces de crear una corte de derecho que obligue a la inversión extranjera a pleitear acá".

La empresa Caballero Verde tomó en 2018 el control de Latin American Regional Aviation Holding Group (Larah), una firma a través de la cual LeadGate había adquirido en 2007 su participación en Pluna SA. Para ello, la compañía panameña fue comprando las acciones de los otros inversionistas privados que tenían participación en Larrah, entre ellos la canadiense Jazz Arlines, Matías Campiani, Arturo Álvarez Demalde y Sebastián Hirsch.

Caballero Verde compró aquellas aciones para luego iniciar un litigio internacional contra el Estado uruguayo basado en el tratado de protección y promoción de inversiones entre Panamá y nuestro país. El reclamo inicial era por US$ 800 millones. Sin embargo, la sentencia fijó la condena en US$ 30 millones. Según informó el Observador, la indemnización trepa a los US$ 80 millones porque incluye recargos por intereses y mora desde que ocurrieron los hechos, antes de 2012. Además, la sentencia le impuso al Estado una mora de US$ 500 mil por cada mes de atraso en el cumplimiento de la resolución, por lo que la cifra puede incrementarse aun más.

La Tertulia de los Jueves con Diego Irazábal, Victoria Pasquet, Ana Laura Pérez y Esteban Valenti.