El largo periplo de Cabildo Abierto (CA) en busca de su reforma constitucional “contra la usura y por una deuda justa” tuvo hito clave este lunes, cuando ese partido entregó en el Parlamento más de 322.000 firmas.

Ese día, hablando en conferencia de prensa, el coordinador de la campaña, Enrique Montagno, destacó que se haya logrado el objetivo pese a que CA no contó con el respaldo de otras fuerzas políticas.

Además, aseguró que sus dirigentes cabildantes ya revisaron en detalle las firmas presentadas para asegurarse de que en la Corte Electoral no haya un descarte significativo.

"Llevó 18 meses entre planificación y ejecución, realmente haber llegado a las firmas hoy es una alegría para todos. Cabildo fue contra viento y marea juntando las firmas cuando creían que no íbamos a llegar. Con poca experiencia, con cuatro años de historia, nos dimos la alegría de decir “vamos a llevar adelante este plebiscito” cuando todos creían que no lo íbamos a lograr".

Recordemos que la recolección de firmas se lanzó en agosto de 2023, luego de que se frustraran varios intentos de CA por sacar adelante una ley sobre reestructura de deudas de personas físicas.

La primera meta era convocar el plebiscito para el próximo 27 de octubre, pero como para la fecha límite no se había superado con suficiente holgura el mínimo de firmas requeridas (el 10% del padrón electoral, es decir unas 276 mil), se resolvió continuar con la recolección y apuntar a que la consulta popular se celebrara junto con las elecciones departamentales de mayo próximo. , resta ahora la confirmación de la Corte Electoral.

El texto que presentó CA plantea, entre otras cosas, que corresponde al Parlamento determinar por ley el límite máximo de la tasa de interés a cobrar por las obligaciones por todo concepto. Esta ley, señala, deberá ser aprobada con una mayoría especial de dos tercios del total de componentes de cada una de las cámaras. Y mientras esa nueva ley no exista, la reforma constitucional fija el interés máximo por todo concepto en una Tasa Efectiva Anual del 30% (treinta por ciento) sobre los montos convertidos a Unidades Indexadas.

También estipula que las deudas contraídas hasta el 18 de julio del año 2023 podrán ser canceladas por el deudor si paga el monto inicialmente convenido, convertido a UI al valor de la fecha de otorgamiento del crédito originario, aplicándole una tasa efectiva anual del 4% por concepto de intereses, multas, recargos y cualquier otro tipo de gastos. A ese importe se le descontarán los pagos ya efectuados por el deudor por todo concepto convertidos a UI.

La propuesta es resistida por los otros partidos del oficialismo, por el Frente Amplio y por el sistema financiero, quienes entienden que provocaría una retracción en el mercado de crédito.

La Tertulia de los Jueves con Pablo Díaz, Cecilia Eguiluz, Ana Laura Pérez y Esteban Valenti.