Cuatro hombres y dos mujeres fueron imputados este lunes con los delitos de trata de personas y asociación para delinquir por la explotación laboral de 28 venezolanos.

El caso tenía como base una cantera de piedras preciosas en la zona de Catalán, a 60 kilómetros de la ciudad de Artigas. Los venezolanos eran atraídos al país con la promesa de salarios de miles de dólares pero la investigación de Fiscalía determinó que en el primer mes sólo llegaron a cobrar unos 150 dólares. Además, se constató que, al llegar, a algunas de estas personas se les retenía el pasaporte y que trabajaban siempre bajo vigilancia.

Todos los imputados deberán cumplir arresto domiciliario nocturno con tobillera electrónica por 120 días, tienen prohibido salir del país, debieron entregar sus documentos de viaje y no podrán comunicarse o acercarse a las víctimas a menos de 500 metros.

El propietario de la mina fue indagado, pero fue puesto en libertad ayer. La abogada de esta persona, Miredi Biscarra, dijo que su defendido "no tuvo vínculo laboral con las víctimas ni participación en la contratación, ni en el transporte ni el desarrollo de trabajo en el lugar"

El hecho generó repercusiones políticas, debido al cargo de una de las involucradas en la reclutación de las víctimas, era Jefa Notarial del Ministerio de Defensa. El ministro Javier García aclaró que se trata de una funcionaria de carrera, presupuestada y con más de 30 años de antigüedad. “No es asesora personal ni cargo de confianza”, indicó.

La Tertulia de los Miércoles con Pablo Díaz, Bruno Gili y Eleonora Navatta.