La ANEP resolvió ayer que iniciará acciones judiciales contra un grupo padres que pertenecen a una comunidad menonita de Florida y que no envían a sus hijos a la escuela.

Según informó El País, las autoridades educativas detectaron en 2023 que 11 niños del colectivo menonita de inmigrantes de Estados Unidos "no asisten a centros educativos públicos ni privados".

Después de verificar la situación, funcionarios de la Anep mantuvieron varias reuniones con las familias, donde se les resaltó el valor que le da el Estado uruguayo “a la obligatoriedad de la asistencia de los niños a centros educativos públicos o privados, así como la garantía del cumplimiento del derecho a la educación y al servicio de una educación de calidad" (según expresa informe del área de jurídica).

Los funcionarios le ofrecieron a los padres ciertas escuelas públicas del departamento para que sus hijos asistan a ellas, e incluso ayudarlos a abrir un colegio privado autorizado, pero los padres no aceptaron las opciones.

Los menonitas sostuvieron que los 11 menores "están siendo enseñados por dos educadores, en forma presencial, para lo cual previamente los niños fueron inscritos en el Colegio Face Primary Army, radicado en Estados Unidos, el cual les envía a los educadores los programas, materiales didácticos y recursos". Además recordaron que en su comunidad los niños tienen que ser instruidos solo por educadores menonitas. Y puntualizaron que "no están de acuerdo con integrar a sus niños con otros que no pertenecen a la misma".

La presidenta del Codicen de la ANEP, Virginia Cáceres, explicó ayer la resolución.

"Este consejo entiende que el homeschooling no está habilitado en nuestro país. Todos quienes vivan dentro de nuestro territorio tienen que acatar nuestras normas. Y las normas establecen que hay centro públicos, hay centros privados habilitados o autorizados, y es obligación de los padres enviar a sus hijos a uno de esos centros, y es un derecho de los niños poder concurrir a un centro educativo".

Dentro del Codicen, el único voto en contra fue del consejero Juan Gabito. El jerarca entendió que no se puede iniciar acciones judiciales sin antes dar vista a la otra parte, para que pueda presentar sus descargos. Pero además discrepó con la decisión misma de llevar el tema a la justicia ya, argumentó, los niños no se encuentran en situación de abandono, porque están debidamente contenidos y educados por sus padres".

Para Gabito, los padres están amparados con el derecho a elegir las instituciones y maestros que quieran, y con la libertad de culto, en relación a que invocan tener una formación de ese carácter confesional. “No comparto que se equipare a una situación como si los padres se hubieran desentendido y hubieran privado el derecho de educación a los hijos. Se lo están dando a su modo, en uso de una libertad constitucional”, indicó Gabito.

La Tertulia de los Viernes con Alejandro Abal, Gustavo Calvo, Juan Grompone y María Josefina Plá.