Un caso de acoso laboral desató esta semana una crisis en el Poder Judicial.

El lunes pasado los gremios de jueces, defensores públicos, actuarios, informáticos, forenses, psicólogos y funcionarios realizaron un paro exigiendo la salida del director de los Servicios Administrativos del Poder Judicial, Marcelo Pesce, que había recibido varias denuncias de acoso laboral.

Pesce renunció ese mismo día, sin esperar el final de una investigación administrativa iniciada la semana pasada por la Suprema Corte de Justicia. Horas antes el jerarca, que ocupaba un cargo de confianza, había perdido el apoyo de la presidenta de la corporación, Doris Morales.

Distinta fue la postura de los otros ministros de la Suprema Corte, que optaron por esperar los resultados de la investigación, argumentando que debían otorgarle garantías a Pesce. La investigación recibió más de 30 testimonios sobre los maltratos.

Pesce fue designado en 2017 para un puesto que, en la jerga judicial, se denomina el “sexto ministro” de la Suprema Corte.

Junto a dos funcionarios de su confianza fue denunciado por: insultos y destratos a los trabajadores, hostigamiento a través de las cámaras de vigilancia, revisión del trabajo en las computadoras de los empleados, obligación de pedir permiso para ir al baño y levantarse del escritorio, y obstaculización de los tiempos para comer y descansar.

Estas denuncias se precipitaron luego del suicidio de un trabajador, ocurrido el mes pasado y atribuido a las presiones que recibía.

El Observador señala que el funcionario fallecido le llevaba la agenda a Pesce y que éste le había quitado esa tarea. Según la denuncia del gremio, se lo aisló, se le prohibió hablar con sus compañeros y se lo dejó a cargo de la reposición del papel higiénico de la oficina, bajo amenaza de sumario si faltaba ese elemento en los baños.

Según publicó ayer el semanario Búsqueda, la problemática del acoso laboral creció en Uruguay en los últimos años. Según los datos difundidos por la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social en las memorias anuales de la cartera, en 2022 fueron 630 los planteos por vulneración de derechos fundamentales en el trabajo (acoso moral laboral, acoso sexual laboral, represión sindical, discriminación y otras denuncias) en un total de 2.907 denuncias. Eso representó un crecimiento cercano al 50% en relación con 2021, cuando se recibieron 2.808 denuncias, 421 de las cuales correspondieron a una vulneración de los derechos humanos en el ámbito laboral. Más aún, ese dato superó el doble de la cifra de 2020, cuando hubo 292 denuncias de ese tipo en una totalidad de 2.185. En 2019, antes de la pandemia, las denuncias de vulneración de los derechos humanos en el ámbito laboral habían sido 429. Sin embargo, todavía no existe legislación específica que castigue estas acciones.

La Tertulia de los Jueves con Alejandro Abal, Marcia Collazo, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo.