El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) observó, por mayoría, la compra de la estancia María Dolores, un campo de más de 4.400 hectáreas ubicado en Florida que el Instituto Nacional de Colonización (INC) se propone adquirir por 32 millones de dólares.

La decisión fue tomada con los votos del presidente del TCR, Francisco Gallinal, del Partido Nacional, y de los tres ministros designados por blancos y colorados: Darwin Machado, Linder Reyes y Álvaro Ezcurra. Votaron en contra los tres representantes del Frente Amplio: Miguel Aumento, Enrique Cabrera y Flora de Santis.

La resolución aprobada por mayoría planteó cuatro observaciones sobre la adquisición del predio. 

Una de ellas parte de la base de que lo que ocurrió fue un compra directa, para la cual se hubieran requerido los votos de cuatro de los cinco directores de Colonización. En esta ocasión, la compra fue aprobada con el voto de tres directores. 

La segunda observación, según la mayoría, responde a la vigencia de una “prenda” sobre el sistema de riego existente en el predio. Según el dictamen, en la operación no se establece si esa prenda, un bien mueble, estaba incluida o no en el precio acordado por la compra. 

Las otras observaciones respondieron a que, según los ministros, Colonización carecía de disponibilidad en su presupuesto para afrontar la compra y que el gasto por US$ 32 millones supera además la asignación presupuestal anual del organismo. 

Del otro lado, los ministros designados por el actual oficialismo rechazaron las objeciones. Según informó La Diaria, alegaron que no se trata de una compra directa, sino del ejercicio de un derecho de preferencia previsto en la Ley de Colonización, para el cual alcanza con mayoría simple. También relativizan la prenda, y aseguran que puede resolverse al momento de la escritura definitiva.

Este episodio se suma a una polémica que ya estaba planteada. La compra fue anunciada por el secretario de Presidencia, Alejandro “Pacha” Sánchez, durante el pasaje del cortejo fúnebre de José Mujica frente a la sede del MPP, y fue presentada como un homenaje al expresidente. Semanas más tarde, el presidente del INC, Eduardo Viera, debió renunciar al conocerse que era colono, algo incompatible con su cargo según la Constitución.

La oposición cuestionó el precio —unos 7.500 dólares por hectárea— y la oportunidad política del anuncio. El oficialismo defendió el proyecto: dijo que se instalarían allí 16 nuevos tambos, con una producción estimada en 10 millones de dólares anuales y un impacto económico que podría llegar a los 60 millones.

Ahora, el INC debe resolver si reitera el gasto e intenta levantar las observaciones. Según el artículo 211 de la Constitución, si Colonización insiste y el Tribunal mantiene su postura, será la Asamblea General la que deberá pronunciarse.