Se acumulan los conflictos laborales en el Servicio Canario de la Salud. Los médicos llevan meses en pie de guerra con una doble reclamación. A nivel estatal exigen un Estatuto Marco propio al Ministerio de Sanidad, razón por la que cada mes realizan una semana de huelga. Solo entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 se suspendieron en el Archipiélago 45.200 consultas, 1.200 operaciones y 2.200 pruebas diagnósticas. El coste estimado es de 200 millones de euros. Y las negociaciones entre las partes permanecen bloqueadas. Se suma un desencuentro de carácter autonómico por el que los facultativos también han comenzado a movilizarse. En 2023 acordaron con la Administración una serie de mejoras laborales y retributivas (de la carrera profesional o las horas de guardia) que denuncian que no se están cumpliendo. Como consecuencia, han redoblado la presión y han renunciado a las conocidas como "peonadas". Es decir, cualquier actividad voluntaria fuera de la jornada habitual, desde consultas hasta pruebas y cirugías.
El conflicto, que dura ya meses, está llevando al límite la capacidad del servicio público. Desde la Consejería, su titular Esther Monzón pide responsabilidad porque "cada intervención que no se hace significa reprogramarla, ponerse otra vez en lista de espera, deteriorar la calidad de vida del paciente". En la antena de la SER ha reconocido sentirse responsable y ha pedido disculpas a los ciudadanos. Sobre el impacto que tendrá la suspensión de las peonadas, sostiene que será diverso según el servicio y el hospital pero ofrece una medida: actualmente el SCS paga 30 millones de euros en estas horas extra.
Dinero y nuevas contrataciones: las claves para desactivar el conflicto
Si bien desactivar la huelga estatal depende de las negociaciones del Ministerio, apagar el foco autonómico está en manos de las conversaciones entre los sindicatos y el Servicio Canario de la Salud. La consejera ha revelado cuánto costaría satisfacer las reclamaciones de los profesionales: unos 90 millones de euros. La cifra ya ha sido trasladada a los servicios de Hacienda y Monzón se encuentra de un informe que concluya si puede o no efectuar el desembolso: "Hay que recordar que la Consejería de Sanidad ha incrementado en esta legislatura su presupuesto en mil millones de euros. Tenemos que esperar. No sé qué nos contestará Hacienda".
Entre las reclamaciones autonómicas de los facultativos también se encuentran incentivos y organizar el trabajo adaptando las limitaciones y descansos de jornadas. Tanto la ordinaria como la de guardia en días laborales y en sábados, domingos y festivos. Monzón apunta que algunas de las peticiones conllevan nuevas contrataciones para ampliar las plantillas. En este sentido, ha admitido la falta de personal existente: "No hay médicos en paro".