Para analizar el proceso de vacunación en nuestro país, debemos darle una mirada global al asunto, despojándonos -si es que aquello es posible- de los apasionamientos políticos.

En una decisión involutiva, la corte constitucional le solicitó al congreso de la República que discutiera la aprobación de una ley que regule la eutanasia.

Estaba reducida a su mínima expresión. La acción implacable de la Fuerza Pública en su contra, llevó a sus hombres hasta el borde de su desaparición.

No es la primera vez que el jefe de la extrema izquierda es pescado por fuera del país. Los parlamentarios no estamos impedidos para viajar al exterior. Podemos hacerlo, como cualquier otro colombiano, eso sí, haciendo el previo aviso ante nuestro empleador, es decir el congreso de la República.

No viene al caso repetir los argumentos que son ampliamente conocidos y que están a punto de convertirse en lugares comunes, lo que no significa que no sean ciertos. Tampoco es menester insistir en lo nefasta que ha resultado la herencia que nos dejó el gobierno anterior, porque los efectos de ese legado los estamos padeciendo día a día.

Conmueve el alma que niños que han sido reclutados forzosamente pierdan la vida en acciones armadas emprendidas por la Fuerza Pública. Por supuesto que la vida y derechos de los menores, que gozan de protección constitucional especial, deben ser protegidos con especial celo.

El país no soporta una reforma tributaria más; por eso es nuestro deber el redoblar esfuerzos para que el país no claudique ante el encanto perverso del discurso socialista del SXXI.

Sus amenazas contra el presidente Duque son inaceptables. Pero además de la indignación que ellas producen, son la evidencia incontrastable de que Venezuela debe ser sancionada internacionalmente por ser un Estado protector del terrorismo.

Preguntémonos, con la mano en el corazón, qué hemos ganado con la supuesta desmovilización de las Farc. La violencia terrorista continúa, ahora con un brazalete distinto.

La estabilidad y el futuro de las EPM están en gravísimo riesgo. La junta directiva está cooptada por Quintero. Muchos de sus integrantes no son de nuestra región y, lo que es realmente delicado, parecen estar casados con los intereses particulares del alcalde y no con los de las emblemáticas Empresas Públicas de Medellín.